La movilización en España

EspaiMarx

Texto presentado por EspaiMarx en las jornadas La Mala Europa, “Soggetti ed esperienze sulle lotte operaie e i movimenti sociali dentro la crisi in Europa e nel Mediterraneo” celebradas en Roma el 12 de marzo de 2011.

La crisis económica capitalista ha afectado de manera especialmente dura a España cuya economía productiva dependía del motor de la construcción de viviendas y del turismo.

Durante los últimos quince veinte años la economía española experimentó un fuerte auge. El tirón económico se basó en la locomotora tradicional del turismo, relanzada con los fastos de las Olimpiadas de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la construcción inmobiliaria. Con la creación de la moneda única la banca española pudo disponer de una masa de dinero colosal que poder prestar en crédito para la compra de vivienda. Se produjo una expansión gigantesca y anárquica de la construcción –pareja a la corrupción política­­-, generada por las empresas inmobiliarias al sobornar a los funcionarios y dirigentes políticos con el fin de recalificar terrenos donde construir.

Cuando estalló la crisis económica mundial, el mercado inmobiliario estaba saturado y por tanto, el modelo basado en la construcción de vivienda estaba a punto terminar. La actual situación es que oficialmente en España hay más de 2 millones 300 mil viviendas nuevas sin vender. A eso habría que añadir los que están a medio edificar y las viviendas compradas por propietarios particulares que están siendo puestas a la venta, por no poder hacer frente a la hipoteca. En paralelo millones de familias españolas se vieron endeudadas con los bancos que les habían ofrecido todo tipo de facilidades para tomar dinero en préstamo para las hipotecas en unos niveles de altísimo riesgo. Sobre estas familias ha caído el paro y un gran número de personas han perdido su vivienda al no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

En España la crisis financiera internacional cayó sobre esta situación de partida. La banca española, además de las pérdidas sufridas por la compra de productos americanos de alto riesgo -hedge founds- se encontró envuelta en su propia política enloquecida de oferta fácil de dinero que había disparado el precio de la vivienda de forma astronómica. Pero la banca ha logrado pasar el paquete a la sociedad española y en lugar de pagar los riesgos corridos, es parte del grupo acreedor del Estado al comprar la deuda pública que el propio estado emite para financiar la deuda externa, compra que hace mediante créditos tomados en préstamo al estado al 1% para recibir una tasa de ganancia por la deuda de un 8%.

La situación de crisis ha adquirido entre nosotros una especial agudeza. En estos momentos el paro sobrepasa el 20% de la población española, y 4 millones 700 mil parados. Recordamos que el paro promedio para las “economías avanzadas” es según el FMI, del 8%.

El Gobierno español dio un giro radical en su política social y económica en Mayo de 2010 en perjuicio de las clases populares y a favor de los intereses de la banca y las empresas. Este cambio fue marcado por la Comunidad Europea- Merkel y el gobierno del PSOE se puso a imponerlo de forma dura e inmediata. En Julio el PSOE asume drásticamente una política económica neoliberal, con el apoyo de los partidos nacionalistas de derechas, aprueba la reforma laboral con importantes recortes sindicales: facilidad de despidos y más baratos, la practica eliminación de los convenios colectivos, reducción de salarios a los funcionarios del 5% y congelación de estos y de las pensiones para el 2011,… y anuncia que al final de año ampliará la edad de jubilación y el cómputo de años para calcular las pensiones, entre otras restricciones.

Todo ello liquidaba el marco tradicional de concertación de las políticas sociales y laborales, con los sindicatos y partidos – el denominado “pacto de Toledo”-. Los sindicatos mayoritarios, CC.OO y UGT, quedan sorprendidos porque el gobierno no les ha propuesto negociar la reforma, como era habitual en los últimos años, y anuncian huelga general, que fue pospuesta hasta después del verano, para el 29 de Septiembre, mientras que los sindicatos minoritarios y pequeños grupos políticos-sociales reclaman realizar la huelga antes de aprobar la reforma laboral.

El hecho de que se pospusiese la respuesta a la agresión hasta después de las vacaciones de verano da idea de la desgana con la que se propusieron la movilización las dos centrales sindicales mayoritarias

La huelga general del 29S, que apoyan todos los sindicatos, partidos de izquierda y grupos sociales, fue seguida mayoritariamente en algunos sectores de la industria y servicios, y tuvo menor repercusión en otros sectores de trabajadores asalariados y muy poco en comercios pequeños. A tener en cuenta que los funcionarios, sector castigado de forma directa por las últimas medidas no se movilizaron a penas.

En la huelga se observó la incorporación a la movilización de sectores jóvenes, que no están sindicados ni organizados políticamente, pero que no quieren permanecer pasivos. La mayoría de los 4 millones de parados españoles no se movilizó. Ni las barriadas de los cinturones obreros y de trabajadores, las ciudades dormitorio, ni los jóvenes de esas periferias de las conurbaciones se movilizaron en su mayoría. A pesar de que el desempleo se ceba de forma muy principal en estos sectores, y de que la misma prolongación de la vida laboral cierra la aparición de los puestos de trabajo a su alcance.

Con posterioridad a esta acción, que quedó como un hecho puntual, y tras el cual las centrales sindicales no propusieron nuevas acciones, las dos centrales mayoritarias se sentaron a negociar con el gobierno y la patronal. El plazo máximo dado por el gobierno del PSOE era finales de enero, y si no se alcanzaba un compromiso, el gobierno asumía imponer por ley la reforma A finales de enero se alcanzó un acuerdo firmado por todos los agentes sociales, que se ajusta a las exigencias marcadas por el FMI y del BCE, y que fue muy elogiado por los representantes de los empresarios. También las centrales mayoritarias participantes se felicitaron del compromiso, a pesar de los tremendos recortes sociales que acarrea contra los derechos laborales, los salarios y derechos de negociación colectiva.

Sobre los contenidos de acuerdo, cabe resumir que su objetivo es reducir el importe de las pensiones y alargar la edad de jubilación. La pensión media se reducirá en un 20% cuando se implante en su totalidad. En consecuencia el trabajo informal que no cotiza, el trabajo a tiempo parcial, los falsos autónomos, o los trabajadores con salarios cercanos al mínimo interprofesional serán los que más sufrirán en el futuro las secuelas del acuerdo.

La actual situación pone de manifiesto en primer lugar, la escasa implantación de las fuerzas sindicales y políticas que están a favor de responder a la crisis con una movilización sostenida. En segundo lugar, la incapacidad de las fuerzas sindicales emergentes, que surgieron como rechazo a la política sindical de los grandes sindicatos, para poder ser una alternativa. Salvo en Euskadi y Galicia, los intentos de establecer objetivos de movilización alternativos, de crear un calendario de movilizaciones sostenidas etc. por parte de estas otras fuerzas sindicales no han tenido repercusión. Les falta implantación territorial, carecen de militancia suficiente, se encuentran muy dispersas y de espaldas las unas a las otras, y caen a menudo en posiciones vanguardistas y sectarias.

En cuanto a las centrales mayoritarias, carecen de tradición de movilización y su presencia activa en los centros de trabajo, salvo en algunos sectores, es escasa. Su presencia en muchas empresas y sectores de trabajadores se limita a la acción desarrollada durante las jornadas previas a las elecciones de representantes sindicales. La acción sindical la realizan solo a nivel de negociación por arriba con el gobierno y la patronal. Ya hace mucho tiempo que las elecciones de delegados a los comités de empresa son utilizadas simplemente como medio para decidir, según el número de delegados adheridos a una u otra central, el tipo y composición de las mesas negociadoras. La afiliación sindical en España es de las más bajas de Europa. Con solo un 17% de afiliación y 1 millón 200 mil afiliados para CCOO y 1 millón 50 mil, para UGT. Entre la mayor parte de sus afiliados se ha perdido la cultura de la movilización, del trabajo cotidiano en el centro de trabajo, y tan solo se adhieren a los sindicatos por los servicios que estos le ofrecen; esta ha sido la cultura que los propios sindicatos han impulsado en su seno. Las uniones locales y comarcales, estructuras territoriales que les permitirían hacer trabajo organizativo entre los parados y los precarios en los barrios fueron liquidadas hace años.

La movilización para la huelga fue protagonizada fundamentalmente por las militancias con memoria de anteriores periodos, que corrieron con el trabajo de extensión de la lucha. Los sectores de trabajadores más jóvenes, sin experiencia sindical y marcados por la precarización participaron poco en la extensión de la lucha. La función pública, a pesar del golpe salarial permaneció desmovilizada en su mayoría. Lo cierto es que la tradicional desmovilización social fue creada de facto por las fuerzas políticas y sindicales españolas. Los sindicatos a pesar de su escasa afiliación son de largo las fuerzas sociales con más implantación, tanto los partidos políticos como las asociaciones cívicas, que hoy día se autodenominan “movimientos”, tienen muy escasa afiliación.

Los partidos políticos, incluso los más de izquierdas desarrollan su actividad fundamental de cara a las elecciones para la participación en el poder institucional. Algunas fuerzas políticas tienen militancia sindical, dedicada en su mayoría a las tareas de estructura del sindicato, en torno a los puestos profesionales o liberados y funcionan como grupos de presión interna. No existe trabajo militante de base organizado para impulsar la vida sindical en la empresa y tampoco existe militancia de base en los barrios. Las pocas organizaciones de base de los partidos de izquierda que las poseen se mantienen con una vida hacia adentro, y sirven en todo caso para las campañas electorales, pero cada vez menos. Incluso en la izquierda, la vida política se ha profesionalizado casi por entero.

Las asociaciones denominadas movimientos nuevos son instituciones registradas con escasa vida hacia fuera, pero que permiten a determinadas personas acceder a subvenciones y convertirse en agencias de gestión de necesidades ciudadanas, además adquieren poder de representación de los problemas que les ocupan ante la sociedad; no han sido plataformas para la organización de las gentes que les permitan luchar ellos mismos por sus problemas. Todo esto explica en buena medida la extraña situación española de desmovilización en comparación con la de otros países en parecidas circunstancias.

Esta desorganización y profesionalización viene de atrás en el tiempo. Se comenzó a producir aceleradamente desde el periodo de la transición española, al ser desorganizado el movimiento democrático de masas existente, como consecuencia de los pactos políticos de la transición, que consistieron en la desactivación del movimiento democrático a cambio de que la izquierda fuese legalizada y pudiese participar en las elecciones y en la gestión política institucional. El hundimiento del movimiento democrático de masas, que, medido en términos electorales había llegado a darle al PSUC -Cataluya- en 1977 un 16% de votos –su realidad efectiva, era en consecuencia mucho mayor- precipitó a la izquierda en el profesionalismo político y el institucionalismo a un punto insospechado por las mismas direcciones que impulsaron los pactos y el proceso de transformación; o en la vanguardización carente de realidad. Esta situación ha hecho que se haya roto la continuidad cultural de la izquierda, trabajosamente reconstruida en España desde finales de los 50 –el movimiento de CCOO- y los sesenta –el movimiento democrático estudiantil, las asociaciones de vecinos, la organización de mujeres dentro de las propias asociaciones- bajo la dictadura franquista.

Una cultura obrera de barrio que era sostenida por familias de izquierdas, con compromiso militante y deseo de saber para emanciparse, desapareció. Se hundió el movimiento estudiantil, los movimientos de renovación pedagógica fueron disueltos mediante la cooptación de cuadros a las instituciones administrativas del aparato escolar y las asociaciones de vecinos decayeron, abandonas a su suerte por los partidos de izquierda que retiraron de ellas su militancia.

En este entorno se desarrolló una situación de prosperidad y despilfarro, durante los últimos 20 años anteriores a los 3 últimos antes de la crisis. Las obras públicas de las olimpiadas, las exposiciones y los fastos del 92, seguidas del boom inmobiliario produjeron una cultura de despilfarro inmediato, de desprecio por el estudio y el esfuerzo. El desarrollo de un consumo diario de gadgets, de necesidad de renovar el automóvil, de viajes turísticos de baja calidad al extranjero. Hay una generación de personas entre los 30 y los 40 años que han soñado con enriquecerse, con no ser trabajadores, con no querer ser explotados. Se ha construido un mundo de ficción, pero a la vez una cultura de vida y unas expectativas de futuro basadas en la privacidad, la insolidaridad y la despolitización. Las aspiraciones de estas generaciones están troqueladas por el consumo y unas expectativas de vida basadas en el ascenso social, que recién comienza a ser golpeada por la crisis. Se abre paso muy lentamente la idea de que esta crisis no va a ser algo para “un par de años”. Hay una falta de experiencia colectiva sobre lo que es la lucha de masas.

Una nueva cultura de masas creada por la penetración de la vida cotidiana por el capitalismo de bienes de consumo caló entre las clases trabajadoras. Su implantación en España se impuso, a partir de una sociedad mayoritariamente despolitizada e individualista, abocada a la vida privada por la cultura impuesta durante 40 años de franquismo. En esa situación, una izquierda que no había sabido entrever la gravedad del problema cultural que sobrevenía, desactivó a los sectores sociales organizados en el movimiento democrático antifranquista, que constituían, en verdad, la única democracia realmente existente, y que eran los portadores de las únicas prácticas reales de cultura y vida democráticas, más allá del mero sufragio electoral.

Una dificultad añadida ha sido la llegada de varios millones de trabajadores emigrados de América latina, del norte y del centro de África, que colaboraron con su esfuerzo en el auge económico español y que ninguna fuerza política o sindical ha logrado organizar o proteger. La clase trabajadora española se encuentra pues segmentada por el lugar de origen de una parte importante de sus trabajadores.

La pérdida de la cultura democrática creada en torno al movimiento obrero, en una sociedad sometida al franquismo durante 40 años, es una grave losa que pesa sobre nuestro país, un añadido sobre las condiciones difíciles de lucha que se producen en toda Europa, y que se irá removiendo poco a poco y sólo en la medida en que las fuerzas de la izquierda sean capaces de tener en cuenta las transformaciones que ha provocado en la sociedad en general y en la clase trabajadora en particular la desaparición de las anteriores culturas materiales autónomas, que eran el suelo en el que se reproducía la izquierda, y que elabore una práctica política que haga frente a este problema.

Por lo demás la vida intelectual de la izquierda española es sobremanera escasa. No lo requiere la política entendida como gestión administrativa y lucha electoral.

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