Los \u00faltimos d\u00edas de la Comisi\u00f3n Barroso se consumen en una incesante actividad: acaban de finalizar las negociaciones sobre el CETA, el tratado de libre comercio entre la UE y Canad\u00e1 y se aceleran las rondas que deben culminar en un tratado de libre comercio e inversi\u00f3n con EEUU, el TTIP. Ambos tratados tendr\u00e1n efectos devastadores para el empleo y la econom\u00eda si no lo impedimos a trav\u00e9s de una movilizaci\u00f3n masiva en m\u00faltiples \u00e1mbitos.<\/p>\n
La Uni\u00f3n Europea admite en sus informes la destrucci\u00f3n de entre 430.000 y 1.100.000 puestos de trabajo<\/a>, confiando que los empleos se recuperar\u00e1n reorientado la producci\u00f3n hacia el mercado estadounidense. Pero la realidad es que en un entorno de d\u00e9bil demanda internacional, tal esperanza es meramente propagand\u00edstica: nos sirve de ejemplo el NAFTA, un acuerdo de dimensiones muy parecidas que redujo el empleo en m\u00e1s de 1.000.000 de personas tan s\u00f3lo en EEUU<\/a>.<\/p>\n Si no es el crecimiento, \u00bfqu\u00e9 objetivos persigue esta negociaci\u00f3n? Nada menos que debilitar la soberan\u00eda democr\u00e1tica frente al poder econ\u00f3mico. \u00bfC\u00f3mo? Profundizando en la no-coincidencia entre mercados y soberan\u00edas, ya sea reforzando un aparato de gobernanza supraestatal sistem\u00e1ticamente sesgado contra los intereses de la mayor\u00eda de ciudadanos, ya sea eliminando los escasos aranceles que permanecen, consolidando nuestra inserci\u00f3n perif\u00e9rica en la divisi\u00f3n mundial del trabajo.<\/p>\n Esta voluntad antidemocr\u00e1tica se observa en la actividad diaria de la Comisi\u00f3n. Su agenda y compromisos se definen en el m\u00e1s absoluto secreto, obligando incluso al Defensor del Pueblo europeo a abrir una investigaci\u00f3n. Y mientras los eurodiputados permanecen ajenos a las negociaciones, sin ni tan siquiera acceso a los documentos de los acuerdos hasta el mismo d\u00eda de su firma, los grupos de presi\u00f3n empresariales no dudan en utilizar su influencia para orientar la redacci\u00f3n del TTIP. Sabemos, por ejemplo, que de 130 reuniones preparatorias, 119 fueron con representantes corporativos, quienes fueron extremadamente claros en sus prioridades.<\/a><\/p>\n En primer lugar, en palabras del lobbysta Shaun Donelly, se trata \u00abde acabar con el principio de precauci\u00f3n\u00bb<\/a>. Este principio, que rige en temas como la salud p\u00fablica y el medio ambiente, nos protege de las agresivas campa\u00f1as de la agroindustria, de los grupos farmac\u00e9uticos o del sector qu\u00edmico, que quieren imponer el uso de tecnolog\u00edas o la comercializaci\u00f3n de productos cuya seguridad no est\u00e1 probada.<\/p>\n Este principio es el que ha permitido que Europa mantenga una regulaci\u00f3n m\u00e1s estricta en el uso de pesticidas en la agricultura o de agentes qu\u00edmicos en bienes de consumo diario; ha evitado la extensi\u00f3n indiscriminada del uso de hormonas en el ganado o de t\u00e9cnicas de miner\u00eda y extracci\u00f3n energ\u00e9tica sumamente agresivas. Pero la propia Comisi\u00f3n define tales protecciones como \u00abbarreras al libre comercio\u00bb, priorizando la obtenci\u00f3n de un beneficio al bienestar ciudadano. Curiosamente, en cuesti\u00f3n de patentes, la posici\u00f3n ser\u00e1 la contraria: imponer nuevas barreras a la entrada de medicamentos gen\u00e9ricos o a la creaci\u00f3n de nuevas pautas de consumo cultural.<\/p>\n Pero hay m\u00e1s. La creaci\u00f3n de un \u00fanico mercado transatl\u00e1ntico tambi\u00e9n tendr\u00e1 efectos negativos sobre la regulaci\u00f3n laboral y financiera. El incremento de la competencia entre las mayores econom\u00edas del mundo continuar\u00e1 la carrera hacia el dumping salarial, social y fiscal que la globalizaci\u00f3n impone a los Estados, con el fin de asegurar una primac\u00eda competitiva tan fugaz como da\u00f1ina para trabajadores y trabajadoras.<\/p>\n Otra demanda regulatoria es la liberalizaci\u00f3n del sector p\u00fablico, con nuevas presiones para asegurar el funcionamiento \u00abcompetitivo\u00bb del transporte y las infraestructuras p\u00fablicas, los servicios sociales, la salud o la educaci\u00f3n. Las menguantes salvaguardas que existen para asegurar una pol\u00edtica industrial eficaz y un Estado del bienestar guiado por el inter\u00e9s p\u00fablico se disolver\u00e1n en beneficio de los grandes grupos corporativos, sean estos europeos o estadounidenses.<\/p>\n Por supuesto, las multinacionales no s\u00f3lo pretenden influenciar en la actividad legislativa de los Estados a trav\u00e9s de la persuasi\u00f3n y los contactos informales y las \u00abpuertas giratorias\u00bb, si no que quieren dejar en el propio texto del Tratado, otra de sus demandas, ya incorporada en el CETA, que es la creaci\u00f3n de tribunales internacionales de arbitraje (ISDS). Este permitir\u00e1 a las empresas denunciar a cualquier Estado que incorpore cambios legislativos que da\u00f1en sus intereses de inversi\u00f3n. Cualquier Gobierno progresista se puede ver expuesto a pagar indemnizaciones multimillonarias. Estos tribunales, adem\u00e1s, permanecen ajenos a las salvaguardas habituales en la legislaci\u00f3n estatal; por ejemplo, las empresas tendr\u00e1n la posibilidad de participar en la elecci\u00f3n de sus miembros, asegur\u00e1ndose siempre una visi\u00f3n favorable a sus denuncias.<\/p>\n