Resulta dif\u00edcil no caer en la perplejidad al releer el art\u00edculo 35.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (CE) a la vista de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y social que est\u00e1 atravesando nuestro pa\u00eds. A pesar de los dram\u00e1ticos datos que trimestre tras trimestre nos ofrece la Encuesta de Poblaci\u00f3n Activa (EPA), el precepto sigue proclamando con rotundidad, y acaso tambi\u00e9n con ingenuidad, que todos los espa\u00f1oles \u201ctienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elecci\u00f3n de profesi\u00f3n u oficio, a la promoci\u00f3n a trav\u00e9s del trabajo y a una remuneraci\u00f3n suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ning\u00fan caso pueda hacerse discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo\u201d. Cualquiera que sea la interpretaci\u00f3n que se le d\u00e9, no puede negarse que su tenor literal contrasta vivamente con la situaci\u00f3n de paro generalizado provocada por la crisis, poniendo en entredicho la vigencia material del contrato social y pol\u00edtico que representa la Constituci\u00f3n de 1978.<\/p>\n
En efecto, seg\u00fan la EPA correspondiente al cuarto trimestre del a\u00f1o 2014, la tasa de paro alcanza al 23,70% de la poblaci\u00f3n activa y el n\u00famero de parados se sit\u00faa en 5.457.700, sin que se observen indicios realistas que sugieran una mejora sensible y sostenida de estas magnitudes en el futuro inmediato. Al contrario, el colapso de un modelo econ\u00f3mico basado fundamentalmente en el sector de la construcci\u00f3n permite aventurar que la tasa de desempleo no experimentar\u00e1 variaciones sustanciales en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, consolidando una bolsa irreductible de millones de personas que se encuentran en situaci\u00f3n de paro forzoso y sin posibilidad de encontrar un empleo. Los rostros de este drama son muy diversos, pero es evidente que el mayor sufrimiento humano se concentra en los hogares que tienen todos sus miembros en paro (1.766.300) y en los parados de larga duraci\u00f3n (2.754.100), que perdieron su empleo hace m\u00e1s de un a\u00f1o y suman m\u00e1s de la mitad del total de desempleados.<\/p>\n
En este contexto, empieza a abrirse paso una propuesta sumamente interesante que podr\u00eda contribuir a erradicar el desempleo y ofrecer una respuesta a la actual crisis del capitalismo: el trabajo garantizado. En general, puede afirmarse que un sistema de trabajo garantizado es aquel en que el Estado, actuando como empleador de \u00faltima instancia, ofrece un puesto de trabajo a todas las personas que, pudiendo y queriendo trabajar, no han logrado obtener un empleo en el mercado ordinario de trabajo. O, por expresar la idea desde otro \u00e1ngulo, el Estado se compromete a contratar a todos los desempleados que deseen trabajar, emple\u00e1ndolos en la satisfacci\u00f3n de una amplia gama de necesidades econ\u00f3micas, sociales y medioambientales que el mercado no considera rentables, pero que no por ello dejan de ser importantes para la sociedad. Concebido como un estabilizador autom\u00e1tico de la econom\u00eda, el trabajo garantizado opera de manera similar a otras prestaciones del sistema de Seguridad Social, particularmente el seguro de desempleo, amortiguando los efectos del ciclo econ\u00f3mico.<\/p>\n
Avalada por abundante literatura cient\u00edfica, la idea ha obtenido el respaldo expl\u00edcito de la OIT a trav\u00e9s del Pacto Mundial para el Empleo (2009) y de la Recomendaci\u00f3n 202 relativa a los pisos nacionales de protecci\u00f3n social (2012), evidenciando la convicci\u00f3n de la comunidad internacional acerca de su eficacia para combatir y erradicar el desempleo. Algunos pa\u00edses han puesto en marcha experiencias dignas de ser tenidas en cuenta, como es el caso de Argentina o la India. Otros, como Grecia, estudian seriamente la posibilidad de establecer un sistema de trabajo garantizado para hacer frente a la grave crisis econ\u00f3mica y social provocada por el neoliberalismo. En general, la propuesta empieza a percibirse como un instrumento \u00fatil para erradicar el paro y poner al d\u00eda el compromiso pol\u00edtico con el pleno empleo plasmado en el constitucionalismo democr\u00e1tico-social de posguerra.<\/p>\n
Su aplicaci\u00f3n en nuestro pa\u00eds exigir\u00eda una regulaci\u00f3n que fuera respetuosa con los presupuestos econ\u00f3micos del trabajo garantizado, procurando al mismo tiempo su adecuada integraci\u00f3n en el sistema espa\u00f1ol de relaciones laborales. En este sentido, consideramos que la creaci\u00f3n de una nueva relaci\u00f3n laboral de car\u00e1cter especial satisfar\u00eda ampliamente esta necesidad, permitiendo la plena normalizaci\u00f3n de los trabajos realizados en r\u00e9gimen de garant\u00eda de empleo. Adem\u00e1s, el marco institucional deber\u00eda adaptarse a la distribuci\u00f3n de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas: los Servicios P\u00fablicos de Empleo auton\u00f3micos se ocupar\u00edan de seleccionar a los solicitantes, mientras el Servicio P\u00fablico de Empleo Estatal asumir\u00eda la condici\u00f3n de parte en la relaci\u00f3n jur\u00eddica y el abono del salario a los trabajadores. Esta estructura permitir\u00eda aprovechar los actuales instrumentos de la pol\u00edtica de empleo, delegando en los Ayuntamientos el dise\u00f1o y la ejecuci\u00f3n de los programas de trabajo garantizado, en estrecha colaboraci\u00f3n con el sector sin \u00e1nimo de lucro.<\/p>\n
Partiendo de esta base, es posible aventurar que el trabajo garantizado se convertir\u00eda en un instrumento fundamental de la pol\u00edtica econ\u00f3mica, permitiendo no s\u00f3lo alcanzar el objetivo del pleno empleo, sino tambi\u00e9n detener y revertir el deterioro acelerado de las condiciones de trabajo que se viene produciendo en Espa\u00f1a desde que estall\u00f3 la crisis econ\u00f3mica. En efecto, el trabajo garantizado supondr\u00eda una alternativa a la precariedad laboral y a la econom\u00eda sumergida, constituyendo un piso salarial similar al SMI, pero mucho m\u00e1s efectivo. Las personas desempleadas siempre podr\u00edan acogerse a esta modalidad de trabajo y, por consiguiente, gozar\u00edan de un mayor poder de negociaci\u00f3n para obtener condiciones salariales al menos equivalentes en el \u00e1mbito privado, evitando situaciones de sobreexplotaci\u00f3n y de degradaci\u00f3n laboral. De facto, la retribuci\u00f3n del trabajo garantizado se comportar\u00eda como un suelo salarial de car\u00e1cter general, estableciendo la base m\u00ednima de las contraprestaciones econ\u00f3micas que los empresarios tendr\u00edan que satisfacer a sus trabajadores.<\/p>\n
Ahora bien, el impacto del trabajo garantizado sobre el mercado laboral no se limitar\u00eda a la materia salarial, sino que se extender\u00eda a las dem\u00e1s condiciones de trabajo, fomentando un mayor clima de respeto a la legislaci\u00f3n laboral y propiciando una evoluci\u00f3n muy positiva en nuestro sistema de relaciones de trabajo. Por ejemplo, en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales, la existencia de una reserva de empleo p\u00fablico caracterizada por un elevado nivel de protecci\u00f3n de la salud de los trabajadores permitir\u00eda a \u00e9stos evitar aquellos puestos de trabajo que no re\u00fanan las condiciones de seguridad necesarias, fijando un suelo contractual de naturaleza similar al que existir\u00eda en el \u00e1mbito de los salarios. Evidentemente, lo mismo ocurrir\u00eda con la duraci\u00f3n de la jornada laboral y, en general, con las dem\u00e1s condiciones de trabajo que disfrutan los trabajadores del sector privado. La implantaci\u00f3n de un sistema de trabajo garantizado respetuoso con los derechos laborales producir\u00eda un efecto positivo y de amplio alcance en el mercado de trabajo, contribuyendo a mejorar la eficiencia y eficacia de la legislaci\u00f3n laboral.<\/p>\n
Desde este punto de vista, el trabajo garantizado entronca con el esp\u00edritu y la letra de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola de 1978, dotando de contenido efectivo al derecho al trabajo reconocido en el art\u00edculo 35.1 de nuestra Carta Magna. Recordemos que este precepto se encuentra estrechamente unido al mandato constitucional del art\u00edculo 40.1 CE, que impone a los poderes p\u00fablicos la obligaci\u00f3n de realizar una pol\u00edtica orientada al pleno empleo, precisamente el objetivo fundamental del trabajo garantizado. Por tanto, su implantaci\u00f3n gozar\u00eda de un s\u00f3lido anclaje en el texto constitucional y podr\u00eda ponerse en pr\u00e1ctica sin necesidad de m\u00e1s reformas que las estrictamente necesarias para acomodar el marco jur\u00eddico e institucional vigente en nuestro pa\u00eds. Lo cual no significa, por supuesto, que no fuera conveniente abordar el debate sobre el trabajo garantizado en el contexto de un proceso constituyente orientado hacia la ampliaci\u00f3n de los derechos sociales fundamentales, as\u00ed como hacia su equiparaci\u00f3n con los derechos civiles y pol\u00edticos en t\u00e9rminos de exigibilidad ante los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n