El escudo de contramedidas de China: cómo Pekín está convirtiendo la guerra con Irán en una prueba para el petroyuan

El arma de las sanciones de Washington se enfrenta a un mercado demasiado grande como para aislarlo, y a un orden jurídico que Pekín parece ahora dispuesto a hacer cumplir

Cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, visitó Pekín el 14 de mayo, flanqueado por los principales industriales estadounidenses, las imágenes hablaban por sí solas. Washington acudió armado con aranceles, sanciones secundarias, tasas portuarias y amenazas sobre los cuellos de botella marítimos. Pero los ejecutivos que acompañaban a Trump revelaron la debilidad que se esconde tras la campaña de presión: EE. UU. no puede excluir a China de la economía mundial sin perjudicarse a sí mismo.

Esa confrontación explica por qué era importante la delegación de Trump en Pekín. La presencia de ejecutivos estadounidenses de los sectores financiero, tecnológico, manufacturero y logístico no fue solo una demostración de la fuerza de EE. UU. Fue una admisión de que las empresas estadounidenses siguen necesitando el mercado chino, la cadena de suministro y el ecosistema de pagos justo en el momento en que Washington está tratando de disciplinar a los tres. Esa contradicción se sitúa ahora en el centro de la actual crisis mundial.

Pekín traza sus límites legales

Ese es el contexto real de la nueva arquitectura legal de Pekín. El 7 de abril de 2026, el Consejo de Estado chino promulgó el Decreto n.º 834, el Reglamento sobre la Seguridad de las Cadenas Industriales y de Suministro. Menos de una semana después, el 13 de abril, publicó el Decreto n.º 835, el Reglamento para Combatir la Jurisdicción Extraterritorial Indebida Extranjera. Ambos entraron en vigor de inmediato.

En conjunto, estas medidas marcan un cambio: se pasa de las quejas reactivas de China sobre la extralimitación de EE. UU. a un marco formal de contramedidas que puede dirigirse contra la conducta comercial, las decisiones de cumplimiento normativo, los conflictos jurídicos transfronterizos y los intentos extranjeros de imponer normas unilaterales a las entidades chinas.

Pekín ha convertido el régimen de sanciones de Washington en un campo de batalla jurídico, armándose para castigar a los gobiernos, las empresas y las instituciones que aplican la presión extraterritorial de EE. UU.

Por eso la guerra de EE. UU. contra Irán tiene ahora consecuencias que van mucho más allá de Asia Occidental. Está poniendo a prueba el papel del dólar como moneda del comercio mundial de petróleo y acelerando la aparición de canales de pago respaldados por China diseñados para eludir el sistema financiero occidental. Mientras Irán se mantiene firme en el estrecho de Ormuz, se están concretando las negociaciones para el petróleo negociado en yuanes a cambio de un paso seguro por la vía navegable.

El Parlamento iraní también ha aprobado oficialmente la aplicación de peajes de hasta 2 millones de dólares a los buques petroleros que transiten por el estrecho, que probablemente también se pagarán en yuanes.

El Deutsche Bank ha declarado que la guerra con Irán podría suponer el nacimiento del petroyuan. Eso significaría el fin del dominio estadounidense sobre las finanzas y el comercio mundiales y, con ello, el papel que Washington se ha autoasignado como policía del mundo.

El petrodólar es la base del dominio del dólar en el comercio mundial. Mantiene al dólar como moneda de reserva global y proporciona a Washington su «gran garrote»: la capacidad de utilizar las sanciones como arma, aislar a personas e instituciones y excluir a Estados enteros del comercio mundial.

En respuesta a esta amenaza, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido otra advertencia: cualquier institución financiera que sea sorprendida apoyando a Irán podría enfrentarse a sanciones secundarias. En esta fase, la política se asemeja a un bombardeo económico indiscriminado.

Pekín deja de jugar a la defensiva

La amenaza se dirige en gran medida a los sistemas alternativos que China ha utilizado para eludir las sanciones de EE. UU. contra Rusia, Venezuela e Irán. Desde que Irán quedó sometido a duras sanciones, Pekín ha estado desarrollando modalidades de comercio que eluden las leyes sancionadoras del sistema financiero occidental.

De hecho, China no reconoce legalmente las sanciones unilaterales contra países, tras haber aprobado la Ley contra las Sanciones Extranjeras (AFSL) en junio de 2021.

Los particulares y las empresas chinas aún pueden quedar excluidos del sistema financiero occidental por las medidas estadounidenses. Pekín no puede impedir que Washington utilice como arma el acceso a las redes controladas por Estados Unidos. Sin embargo, el Estado chino no reconoce la legalidad de esas medidas y se niega a aplicarlas.

En otras palabras, si las instituciones chinas encuentran otros medios para comerciar con entidades sancionadas, incluidos los países sancionados, el Gobierno chino no considerará esa conducta como una infracción.

Los decretos 834 y 835 refuerzan ahora esa postura. China ha pasado de las contramedidas ad hoc a un marco jurídico integral y multiinstitucional de contrasanciones capaz de abordar la conducta comercial, las decisiones de cumplimiento normativo y los conflictos jurídicos transfronterizos. Las sanciones estadounidenses amenazan con excluir del comercio mundial a las personas, entidades y Estados afectados. Pero en un mundo cada vez más dependiente del comercio chino, Pekín tiene cada vez más bazas que Washington no puede igualar fácilmente.

Dado que China rechaza la legitimidad de las sanciones unilaterales —ejercidas de forma abrumadora por EE. UU.—, ha creado ahora un precedente legal para responder con contramedidas. Es fundamental que este marco se extienda ahora a Hong Kong, que durante mucho tiempo se ha considerado demasiado sensible para integrarse plenamente en el sistema de contramedidas de Pekín debido a su papel como centro jurídico y financiero internacional.

Los decretos proporcionan a Pekín un arma de la que carecía cuando se aprobó la AFSL en 2021: un escudo legal para los bancos, aseguradoras, puertos, transportistas y contratistas chinos atrapados entre la presión estadounidense y la ley de seguridad nacional china. Las multinacionales se enfrentan ahora al dilema que Washington ha impuesto durante mucho tiempo a otros. Obedecer las sanciones estadounidenses y arriesgarse a sufrir sanciones chinas, o cumplir con la ley china y enfrentarse a represalias estadounidenses.

Esa indecisión se ha vuelto más difícil de mantener. La guerra contra Irán, la amenaza estadounidense de sanciones secundarias y la campaña de presión sobre los puertos de CK Hutchison en Panamá han convertido a Hong Kong de una excepción financiera en una cuestión de seguridad nacional para Pekín.

El petróleo iraní construye la economía paralela

De esta presión ha surgido una compleja red diseñada por China e Irán para liquidar los pagos del petróleo al margen del sistema bancario internacional. Se trata, en efecto, de un acuerdo de «petróleo por infraestructura» que combina el trueque económico con la inversión estratégica, similar al acuerdo de China con Venezuela bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro.

A cambio del petróleo iraní, las empresas estatales chinas apoyan los sectores del transporte, la energía y las infraestructuras de Irán. Las estimaciones de los servicios de inteligencia sugieren que aproximadamente 8.400 millones de dólares se movieron a través de este canal en un solo año.

Esta red alternativa se sustenta en dos pilares fundamentales: Sinosure y Chuxin.

Sinosure es una agencia estatal de seguro de crédito a la exportación que apoya a los exportadores chinos y a la inversión en el extranjero mediante la cobertura de riesgos y soluciones de financiación.

Chuxin es una entidad financiera semiclandestina que gestiona los flujos de dinero entre contratistas chinos y entidades petroleras iraníes, eludiendo el sistema bancario supervisado por Occidente.

Gran parte de esta financiación china adopta la forma de crédito a la exportación. Los analistas describen este acuerdo como una «economía paralela a las sanciones» que combina herramientas de seguro, financiación de proyectos y liquidaciones de tipo trueque. Permite que el petróleo iraní siga circulando, al tiempo que convierte la presión occidental en un conducto para la infraestructura construida por China.

Esta cooperación entre China e Irán refleja una alianza económica silenciosa destinada a remodelar el sistema financiero mundial para reducir la dependencia de Occidente, generando un orden económico paralelo basado en bienes, proyectos y financiación alternativa en lugar de la moneda fuerte controlada por Washington.

A pesar de que el Tesoro de EE. UU. es consciente de este mecanismo, hasta ahora solo ha impuesto sanciones limitadas a entidades chinas de menor envergadura. Los principales actores, como Sinosure y Chuxin, permanecen al margen, en gran parte debido a su profunda implicación en la economía global. Es la misma razón por la que EE. UU. no ha sancionado a China en su conjunto; dado que China es tan crucial para el comercio mundial, equivaldría a sancionar a la mayor parte del mundo.

El peso comercial de China se está convirtiendo en un paraguas para los Estados sometidos a las sanciones de EE. UU. utilizadas como arma, que no son menos destructivas que los actos directos de guerra. Si este enfoque continúa expandiéndose, podría convertirse en una piedra angular del cambio global que se aleja de las finanzas centradas en el dólar hacia sistemas económicos de múltiples vías.

Hong Kong y el corredor de la banca en la sombra

Otro componente de este complejo sistema alternativo chino es la banca en la sombra. Un análisis del Departamento del Tesoro reveló que entidades de Hong Kong —la mayoría de ellas probablemente sociedades ficticias— participaron en 2024 en actividades financieras por valor de 4.800 millones de dólares potencialmente relacionadas con la banca en la sombra iraní.

El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones a otras cinco empresas de Hong Kong y a una de la ciudad china de Shenzhen por adquirir presuntamente piezas y herramientas occidentales para drones iraníes.

Varios altos cargos de Hong Kong también han sido objeto de sanciones estadounidenses. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, su predecesora Carrie Lam y altos cargos de la policía y la seguridad fueron señalados porque Washington se opuso a su gestión de las protestas de Hong Kong de 2019.

Según la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EE. UU.-China, a fecha de noviembre de 2025, EE. UU. había impuesto sanciones relacionadas con Irán a al menos 366 entidades en China continental o Hong Kong. Se acusó a algunos de esos objetivos de ayudar a transportar petróleo iraní utilizando empresas pantalla en Dubái y Hong Kong.

Según se informa, el sistema funciona así: el dinero procedente de las ventas de petróleo se mueve a través de una red de empresas ficticias, a menudo canalizado a través de instituciones financieras chinas, hacia Hong Kong, antes de ser convertido a otras divisas.

Gran parte del efectivo procedente de las ventas de petróleo a China permanece en cuentas bancarias en el extranjero, en centros financieros como Hong Kong, Dubái y Singapur. Los importadores y exportadores iraníes intercambian entonces divisas extranjeras entre sus diversas empresas ficticias en libros de contabilidad mantenidos en Irán.

Estos pagos se canalizan en gran medida a través de bancos chinos más pequeños que tienen operaciones globales limitadas y menos que perder si son sancionados. Las empresas ficticias establecidas por Irán en Hong Kong y otros lugares ayudan a gestionar los ingresos.

Uno de esos bancos, según afirman funcionarios estadounidenses, es el Bank of Kunlun. En 2012, Washington excluyó a Kunlun del sistema financiero estadounidense por presuntamente proporcionar cientos de millones de dólares en servicios financieros a bancos iraníes, incluyendo la transferencia de fondos y el pago de cartas de crédito. Esa sanción no hizo más que consolidar al Kunlun como canal preferido para facilitar el comercio con Irán en la moneda china.

El banco creció rápidamente. Una «parte significativa» de los ingresos petroleros de Irán se depositaba en el Kunlun a partir de 2022, según el Tesoro de EE. UU.. Según las acusaciones presentadas en los tribunales federales de EE. UU., se han utilizado empresas ficticias en Hong Kong y otros lugares para convertir yuanes chinos en dólares, euros y otras divisas extranjeras que Irán necesita.

Flotas en la sombra y cuellos de botella marítimos

La flota en la sombra es el brazo de transporte de este sistema. Estos buques cambian de nombre y de pabellón, transmiten señales GPS falsas, se ocultan, se identifican como buques diferentes durante sus travesías e incluso duplican transmisiones para crear buques fantasma.

En la actualidad hay más de 1.470 petroleros clasificados como parte de la flota fantasma o oscura, según el sitio web de seguimiento de buques TankerTrackers.com, lo que representa aproximadamente entre el 16,3 % y el 19,6 % de los petroleros que actualmente transportan petróleo, productos petrolíferos y productos químicos en todo el mundo.

La flota fantasma de Rusia también ha estado comercializando petróleo en rublos o en yuanes chinos, lo que socava aún más el petrodólar.

Estos petroleros «en la sombra» suelen utilizar un «pabellón de conveniencia» proporcionado por naciones más pequeñas y no occidentales, como Gabón, las Comoras o Camerún. Los registros navales de los Estados de abanderamiento son responsables de registrar la propiedad de los buques y los préstamos garantizados con los mismos, así como de investigar los incidentes. A cambio, los armadores pagan tasas. Algunos Estados pequeños subcontratan su registro naval a terceros.

El petrolero Jun Tong, conocido como Fair Seas hasta enero de 2024 y como Tai Shan hasta agosto, parece formar parte de la flota fantasma de China. Ha navegado bajo la bandera de Camerún, la de Malta, la de las Islas Marshall y la de Panamá.

Los buques de la flota fantasma suelen cambiar de propiedad en múltiples ocasiones, y, según se informa, recurren a sociedades ficticias en lugares con normativas de registro poco estrictas, como Dubái, Hong Kong y las Islas Marshall, para ocultar la identidad de sus propietarios finales.

Panamá se convierte en el punto de presión

De hecho, la bandera de Panamá parece ser la segunda más utilizada entre los buques fantasma.

Esa es una pista importante sobre la verdadera historia que se esconde tras la presión de EE. UU. sobre Panamá para expulsar a la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, de sus dos puertos en el Canal de Panamá.

Las sanciones de EE. UU. no están funcionando como se esperaba. Washington ha recurrido cada vez más a la imposición de sanciones unilaterales mediante la fuerza militar, como se ha visto en los últimos meses cuando las fuerzas estadounidenses confiscaron petroleros «en la sombra» como el Bella-1.

Si EE. UU. controla los principales cuellos de botella marítimos, como el Canal de Panamá, puede imponer sanciones unilaterales por la fuerza, al tiempo que se reserva el derecho de cobrar a determinados buques. Trump ya ha anunciado planes para imponer «tasas portuarias» a los buques de construcción china que pasen por puertos bajo jurisdicción estadounidense. Estas tasas podrían alcanzar los 1,5 millones de dólares por buque.

Esta es la lógica más profunda que subyace al intento de BlackRock y MSC de adquirir 43 de los 53 puertos internacionales de CK Hutchison, y la razón por la que China bloqueó la venta. BlackRock fue incorporada bajo la administración del expresidente estadounidense Joe Biden para trabajar para el Gobierno de EE. UU. y supervisar la asociación Build Back Better World (B3W), ahora denominada Global Infrastructure Partners (GIP).

BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, y sus adquisiciones de infraestructuras están directamente vinculadas al acuerdo del G7 con GIP. Esta relación ha continuado bajo la administración Trump.

La GIP fue diseñada para socavar la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China, que está construyendo infraestructuras críticas en todo el mundo. GIP, propiedad oficial de BlackRock, está intentando ahora adquirir o encontrar formas de hacerse con infraestructuras estratégicas, como se ha visto en Panamá.

Panamá, conectada con Hong Kong a través tanto de CK Hutchison como, posiblemente, del sistema de la flota en la sombra, se ha enfrentado este año a una intensa presión para confiscar los puertos bajo vagos motivos «constitucionales» que no se han especificado claramente. CK Hutchison está solicitando un arbitraje.

Aquí es donde los decretos de abril de China cobran mayor relevancia. En el caso de Panamá, la afirmación del Gobierno de que la confiscación se basa en motivos constitucionales dificulta que Pekín pueda impugnar directamente la decisión. Pero Panamá se enfrenta ahora a posibles consecuencias económicas en virtud de la legislación china. Pekín se reserva el derecho a responder con sanciones propias. Panamá no sería el primer país en confiscar ilegalmente importantes activos chinos.

La advertencia también va dirigida directamente a Washington. China se está preparando para responder si Estados Unidos sigue presionando tras secuestrar a Maduro de Venezuela, cortar el acceso de Cuba al petróleo, congelar los ingresos petroleros iraquíes y librar una guerra ilegítima contra Irán en el transcurso de solo unos meses.

Si Washington intensifica su bombardeo económico indiscriminado, Pekín cuenta ahora con un arsenal legal con el que responder.

Junto a su Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS), en rápido crecimiento y capaz de operar al margen de SWIFT, China avanza hacia un sistema financiero alternativo en el que los Estados pueden comerciar con quien elijan, libres del dictado financiero occidental que durante mucho tiempo ha funcionado como la arquitectura monetaria del imperialismo.

La guerra contra Irán ha sacado a la luz un sistema financiero paralelo, dejando al descubierto una arquitectura ya construida a lo largo de años de presión sancionadora y que ahora se ve aún más expuesta por cada nueva amenaza estadounidense.