Con alevosía y nocturnidad. La ley que facilita el «desahucio exprés» llegó a casa por navidad.
Nando Zamorano
El gobierno socialista, apoyado por el PP y el resto de grupos del Congreso, a excepción de IU-ICV y ERC, aprobó el pasado mes de octubre una reforma legal que servirá para acelerar los trámites legales que facilitará el desahucio de los inquilinos de viviendas de alquiler por impago. De puntillas, casi con nocturnidad y aprovechándose de las fechas vacacionales el día 28 de diciembre entraba en vigor una reforma legal que viene a satisfacer una reclamación que los grandes propietarios de viviendas, especialmente las promotoras, vienen reclamando desde hace tiempo.
La norma, cuyo nombre completo es Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y Eficiencia Energética de los Edificios, suprime trámites legales que se aplicaban hasta ahora y reduce los plazos de los procedimientos jurídicos para acortar los tiempos procesales. Se reduce de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador exige por requerimiento el pago de las deudas atrasadas y el momento en que puede presentar una demanda. El propietario podrá instar al desalojo del inquilino cuando este le adeude un mes. Si paga, podrá seguir en la vivienda, pero al siguiente incumplimiento podrá irse a la calle.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, subrayaba en un comunicado el pasado 23 de diciembre que esta ley supone «un paso adelante en la política del Gobierno para fomentar el arrendamiento y ampliar el mercado de alquiler«. ¿Cómo entender las declaraciones de la ministra responsable de vivienda? ¿Qué se pretende con una norma cómo esta en un momento en que la crisis económica afecta de forma significativa a los sectores más débiles de la sociedad? Las pistas las podemos encontrar en las declaraciones que unos días después hacía Pedro Pérez, que preside el G-14, un grupo de las 14 inmobiliarias españolas más importantes y que manifestaba que «La legislación de alquiler en España tiene una larguísima tradición de ineficiencia que nos ha llevado a esta situación, con un marco legal demagógico que ha cargado el peso expropiatorio sobre los hombros de los propietarios y ha generado un mal beneficio para el inquilino». Considera además que “la nueva ley protegerá más al propietario y está convencido de que aumentará la oferta, y en consecuencia, prevé un descenso de los precios en plazo de dos o tres años”.
No hay que dejarse engañar por las declaraciones de la ministra y las grandes promotoras, la reforma no facilitará el acceso a la vivienda y significará en cambio una mayor dificultad para la permanencia en ella de los inquilinos, sobre todo para los sectores sociales más desfavorecidos, aquellos que padecen de forma más cruda los efectos de la crisis económica. Ayudará, eso si, a las inmobiliarias que acumulan un buen número de viviendas en stock que no ha podido vender, para que puedan poner las bases para un nuevo proceso de acumulación basado en su salida al mercado mediante el alquiler. La nueva norma llega además en un momento especialmente delicado, justo cuando se padece una de las peores crisis económicas de la historia, con unas cifras de paro que rozan, y que todo indica superarán en los próximos meses, los cuatro millones de personas.
La preocupación de los grandes propietarios respecto al marco legal que regula el alquiler en España no es nueva. Ya en los últimos años del franquismo habían presionado mucho para modificar la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), de 1964 claramente beneficiosa para los inquilinos. Habrían de esperar al año 1985, bajo el primer gobierno del PSOE de Felipe González, para que se aplicaran políticas claramente liberales en materia de alquiler. Se trata del decreto 2/1985, comúnmente llamado Decreto Boyer que elimina los contratos de alquiler indefinidos y su subrogación familiar (transmisión del mismo contrato de padres a hijos o parientes cercanos), y fomenta una primera desregulación de los precios. Posteriormente la nueva LAU de 1994 aumentó la duración de los contratos hasta los cinco años e incorporó la posibilidad de tanteo a favor del inquilino, pero como contrapartida permitió aumentos ilimitados de alquiler y agilizó los procesos de desahucio por impago.
Revisando hemeroteca hace unos días, encontraba unas declaraciones Enric Reyna, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Barcelona del año 1998, en pleno boom inmobiliario, en un momento en que el precio de la vivienda subía y las ventas alcanzaban cotas históricas, donde ya reclamaba a la administración instrumentos para hacer “más atractiva” a los promotores la vivienda de alquiler.
Ahora parece que el problema de la vivienda no existe, como si el fin de la llamada “burbuja inmobiliaria” y el descenso de los precios de las viviendas producido en los últimos años hubieran supuesto el fin de las dificultades para el acceso, y la conservación de la vivienda. Aunque ya no produce titulares en los medios de comunicación, la situación lejos de mejorar no ha hecho más que empeorar. A los problemas para el acceso a la vivienda de los trabajadores mileuristas y de los jóvenes, hay que sumar las consecuencias de las altas cifras de paro está teniendo en amplios sectores sociales. Un nuevo fenómeno ha aparecido con la actual crisis económica, el de las personas que adquirieron su vivienda en los años del boom inmobiliario y hoy que se ven despojadas de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca. Una estimación prudente consideraría que este tipo de casos se han multiplicado por cuatro desde el año 2007. Así nos encontramos con que el problema de la vivienda, lejos de mejorar, no ha hecho más que empeorar para la mayor parte de las clases populares.
En el último informe sobre la pobreza en España publicado en 2008 por la Fundación FOESSA y Cáritas Española, que analiza el período 1994-2007, es decir antes de la llegada de los momentos más duros de la crisis, y cuyos datos por tanto han quedado hoy claramente superados, se constata que “la exclusión social es una realidad en más de un 17% de los hogares españoles, y las situaciones de exclusión severa afectan a un 5.3% de los hogares”. El informe revela además que existen algunos grupos de población que se consideran más vulnerables formados por ancianos, mujeres, niños e inmigrantes, a los que se habría de sumar el gran número de parados que no ha hecho más que crecer desde el 2007. Sin un parque público de viviendas sociales, como veremos más adelante, la suerte de todos estos colectivos en lo relativo a la vivienda queda en manos de la caridad, gestionada por diferentes entidades, como la misma Cáritas.
Mercado de vivienda y alquiler
Una de las características más significativas de la vivienda en el estado español es el bajo peso del alquiler respecto de la vivienda en propiedad. Según datos del Ministerio de la Vivienda, en el año 2006 había 1,8 millones de viviendas principales, o de primera residencia en régimen de alquiler. Esta cifra equivale, aproximadamente, a un 11% del total del parque de viviendas, muy por debajo de la media del 40% de los países europeos. Más escandalosas, si cabe, es la cifra del 2% que representan las viviendas sociales de alquiler, dentro del parque total de viviendas. Hay poca vivienda en alquiler y la inmensa mayoría de la que hay está en manos privadas, de manera que es arto difícil que se pueda producir una bajada de los precios en los próximos tiempos. La práctica inexistencia de un parque de vivienda social en alquiler, no sólo en la actualidad sino en cualquier momento desde la segunda mitad del siglo XX es una de los elementos característicos de la vivienda en España.
La forma de tenencia de la vivienda en el estado español es consecuencia directa de las políticas de vivienda llevadas a cabo, desde el franquismo hasta nuestros días, por los sucesivos gobiernos. La mayor parte de los países de Europa se encontraba al finalizar la Segunda Guerra Mundial con un parque de alquiler social prácticamente inexistente y canalizó el esfuerzo en política de vivienda hacia ese tipo de viviendas. A pesar del descenso de los parques de viviendas sociales, fruto de la aplicación de políticas de carácter liberal a partir de los años 80 del siglo pasado, estas todavía representan en Holanda el 35%, en el Reino Unido el 21%, en Suecia el 22% y en Francia el 17%.
Mientras en la mayor parte de los países europeos priorizaban el alquiler como forma de acceso a la vivienda España siguió un camino inverso. La política de vivienda del régimen franquista, para quien la vivienda significó un instrumento de legitimación política de gran importancia y este apostó firmemente desde un primer momento por la propiedad como forma de tenencia. Después de un periodo de autarquía que duraría desde 1939 hasta principios de los años 60, la toma del control del gobierno de un grupo de ministros tecnócratas del Opus Dei dio un giro marcadamente liberal a la política de vivienda (1)
Esta apuesta por la propiedad tenía un importante componente político, busca ganar adeptos, premia fidelidades políticas y servía como mecanismo de prevención de posibles brotes subversivos. La vivienda en propiedad fue, y de alguna manera sigue siendo, un mecanismo de control social muy importante. El esfuerzo económico que significa el pago de la hipoteca pendía como una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores y trabajadoras. Los créditos obtenidos para la compra de la vivienda provocan el endeudamiento por muchos años, siendo por lo tanto, mayor el interés por conservar el empleo y el salario y por hacer horas extraordinarias.
Por otra parte, las políticas de vivienda tienen también un marcado carácter socioeconómico. En lugar de ser un instrumento destinado a facilitar que el derecho a la vivienda se hiciera efectivo para la mayor parte de la población, pasan a ser un “comodín” de las políticas económicas. Su dependencia de las políticas de inversiones públicas y de crédito que utilizaran estos mecanismos como estímulo en momentos de recesión económica o de freno en los momentos de inflación.
Se trata de un mecanismo de acumulación de capital capaz de proporcional mas beneficios que la inversión industrial y que ha servido además como factor corrector de los ciclos económicos. El sector de la construcción ha sido un sector clave dentro del modelo de desarrollo económico español.
Oportunidades perdidas
Llegado a este punto creo que debemos hacer un poco de autocrítica desde la izquierda. Se han perdido oportunidades para reclamar, desde la movilización, una política de vivienda que hiciera efectivo el derecho a una vivienda digna y sobre todo para sentar a las administraciones y plantearles demandas concretas. La mayoría de los análisis que se hicieron confundió un elemento de carácter coyuntural, como era la llamada burbuja inmobiliaria, que no deja de ser más que un proceso de acumulación capitalista, con el origen del problema de la vivienda, que en España tiene un carácter estructural. El problema sigue y seguirá existiendo, independientemente del momento económico en que nos encontremos, si no hay un giro decidido y de ciento ochenta grados en las políticas públicas.
Respecto al autodenominado Movimiento por el Derecho a una Vivienda Digna, cabe preguntarse cómo después de sacar a decenas de miles de personas a la calle para reclamar el acceso a la vivienda, se puede diluir como si fuera un terrón de azúcar. Nuestros movimientos no pasan de ser proyectos, son como decía la letra de un fandango son “como la flor del almendro, que tiene la cara galana, pero se la lleva el viento de la noche a la mañana”. A mi entender, los movimientos han de estar protagonizados, no tanto por activistas sociales, sino por las personas que realmente padecen los problemas. Son estos quienes han de marcar los tiempos, las pautas, los objetivos. Así y solo así serán posibles movimientos de “masas” no sean flor de un día, sino que perduren en el tiempo y consigan generar autonomía propia.
Lo otro, no es más que teoría de elites, un grupo de activistas que se disputan la “hegemonía” dentro del movimiento, no para hacerlo crecer y fortalecerlo, sino para “llevarse el gato al agua” y después “tirar la caña” y pescar algún pececito despistado para sus filas. Poco importa como acaba la cosa, para este modelo los resultados serán positivos o negativos en función del mayor o menor control que el grupo ejerció sobre el intento de movimiento y del número de pececitos que pasaron a formar parte del grupo. ¿Y los avances, los objetivos? poco importa, desgraciadamente todo se supedita a lo anterior.
(1) Un hecho que facilita este giro económico fue la visita a España en febrero de 1959 de Gabriel Ferrás, director para Europa del FMI, y el informe posterior que recomienda acometer con urgencia medidas liberalizadoras para la economía española.
