Entrevista a Ricardo Robledo

Salvador López Arnal

«Los sucesos de Casas Viejas significaron la cristalización del desencuentro entre el campesinado más pobre y los ideales de la República con su promesa de reforma agraria y de mejora de las condiciones de trabajo.»

Ricardo Robledo (Lumbrales, Salamanca, 1946), ha sido profesor en la UAB, catedrático de Historia económica en la Universidad de Salamanca, presidente de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria (SEHA), fundador y editor del blog Conversación sobre la historia. Premio Trayectoria Académica 2022 de la Asociación Española de Historia económica (AEHE).Actualmente es investigador visitante de la Universitat Pompeu Fabra.

Entre sus obras principales cabe citar aquí: La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León, 1836-1913 (1984), Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria: 1760-1935 (1993), Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española (2007), Sombras del progreso. Las huellas de la historia agraria (2010), La universidad española, de Ramón Salas a la Guerra Civil (2014).

Su último libro publicado: La tierra es vuestra. La reforma agraria. Un problema no resuelto. España: 1900-1950, Barcelona, Pasado&Presente, 2022.

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«Con cuatro décadas de investigación a sus espaldas, pocos especialistas hay tan cualificados como Ricardo Robledo para ofrecernos una visión remozada e integral de la reforma agraria republicana» señala Eduardo González Calleja en el Prólogo. ¡Cuatro décadas nada menos! ¿De dónde su interés por la cuestión agraria española? ¿Indispensable para entender la evolución histórica de vuestro país?

Una pregunta de investigación de mi tesis de licenciatura de 1973, que aún no se ha agotado, es la del porqué del conservadurismo sociopolítico del campesinado castellano al comprobar que los líderes del Bloque agrario/CEDA fueron salmantinos. Gracias a la historia de la propiedad agraria pensaba que se podían lograr avances sustanciales en el conocimiento del pasado rural, las actitudes políticas y la conciencia social. Hoy habría que valorar más los comportamientos políticos. Sin duda alguna, la desigual evolución de la sociedad española es ininteligible sin conocer la historia de la cuestión agraria.

La tierra es vuestra, titula usted. ¿De quién debe ser la tierra?

A lo largo de la historia escucharás, blowing in the wind, «la tierra es para quien la trabaja». Los sujetos sociales, si es que no han desaparecido casi del todo, han ido variando: del campesinado parcelario al subordinado a las grandes firmas o distribuidoras. Pero hay una constante: «la empresa más extraña de todas las emprendidas por nuestros antepasados consistió quizás en aislar a la tierra y hacer de ella un mercado», cita de K. Polany con la que se abre el libro.

¿A qué llamamos reforma agraria? ¿En singular o en plural?

Por reforma agraria suele entenderse la legislación para redistribuir directamente la propiedad, individual o colectivamente, o proporcionar acceso a los derechos sobre la misma, lo que supone profundos cambios en las estructuras del poder económico y político de los terratenientes

¿No fue propiamente o no intentó ser una auténtica revolución, más que una mera reforma, de las relaciones de propiedad en el campo español?

Si nos ceñimos al caso español suele distinguirse entre la reforma agraria liberal del siglo XIX, que afectó a la propiedad eclesiástica y gran parte de los bienes comunales de los pueblos, de la que se llevó a cabo en los años 30 del siglo XX para reducir la desigualdad de la propiedad y aliviar el grave problema del paro. Cuando llegó la guerra civil, la reforma agraria republicana adquirió una intensidad de expropiación, cerca de 5 millones de hectáreas, que la hacen comparable a otras grandes reformas. El adjetivo de revolucionaria sería correcto.

¿Afectó solo a la propiedad de la tierra?

A la propiedad de la tierra y a su explotación. Aunque no saliera adelante una ley de arrendamientos favorable al colono (salvo en Cataluña, aunque fue impugnada en el Constitucional por la Lliga de Cambó), sí se promulgaron leyes de laboreo forzoso para evitar que el gran labrador dejara de dar trabajo. Cuando analizamos la conflictividad rural de la Segunda República llama la atención que se concentrara en el mercado del trabajo y no tanto en el mercado de la tierra.

¿Por qué se produjeron tantos enfrentamiento sociales en el mercado laboral?

La regulación del mercado de trabajo rural se concretó en el establecimiento de la jornada de ocho horas, de los jurados mixtos de patronos y obreros, y en el decreto de términos municipales, que obligaba a los patronos a emplear preferentemente a los braceros vecinos del municipio. Ahora bien, el poder de mercado acostumbraba a imponer su ley expuesta a la perfección en la frase «Ni bases, ni bolsa de trabajo», como condición para dar empleo. La legislación se desarrolló en un marco laboral coactivo desde el inicio de la República que a las pocas semanas aceptaba la militarización del orden público con la declaración del estado de guerra en Andalucía.

Los enfrentamientos se saldaron más de una vez con un gran número de muertos. Muy imparcial del todo no fue L. Caballero, que representaba a la UGT, cuando los anarquistas, partidarios de la acción directa y no de la negociación, le disputaban el espacio político.

«Un problema no resuelto. España: 1900-1950», una parte del subtítulo de su libro. ¿Sigue siendo a día de hoy un problema no resuelto?

Se puede afirmar que sí. Los efectos de la política agraria comunitaria (PAC) tienen unos incentivos que son proporcionales al tamaño físico de las explotaciones. Ha aumentado la concentración de la propiedad y el problema de la desigualdad permanece con unas características nuevas (industrialización de la agricultura).

¿Tenían preparación suficiente los reformadores republicanos? ¿Conocían bien la tierra que pisaban y sobre la que pretendía legislar?

No todos. Marcelino Domingo, el ministro que firmó la ley de 1932 que modificaba la arquitectura de la propiedad liberal surgida en las Cortes de Cádiz, tenía más dotes para ministro de Educación que para Agricultura. Aunque los que dirigían la reforma fueran ingenieros agrónomos. El problema no era tanto de incapacidad técnica sino de voluntad política.

Y esto cabe extenderlo a Azaña, el padre intelectual de la reforma de 1932 que fue quitando las aristas que pudieran molestar a las «clases medias terratenientes», como temía el presidente Alcalá Zamora, que por cierto pertenecía precisamente a ese grupo social.

¿La reforma agraria se limitó a la gran propiedad de las catorce provincias latifundistas?

La cuestión agraria, igual que la reforma, no se puede reducir al latifundio andaluz o extremeño, pues todos los aspectos —rentas, salarios, propiedad y explotación de la tierra— resultaron afectados por el reformismo republicano. Todas las regiones estuvieron implicadas en mayor o menor medida pues en todas las provincias, aunque no hubiera asentamientos de campesinos, se establecieron juntas provinciales de Reforma Agraria que sacaron a la luz los problemas agrarios más diversos (arrozales de Tarragona, parcelaciones en Mallorca, bienes comunales reivindicados en Galicia…), pero, sobre todo, el Registro de la Propiedad Expropiable (RPE) fue el medio de generalizar la reforma a todas las provincias o, dicho de otro modo, de generalizar el miedo a la reforma de todos los propietarios, bien tuvieran fincas en el norte o en el sur de España. Pues podían verse afectados si la reforma se ampliaba.

¿Por qué ha sido tan importante y decisivo en España, tal vez más que en otros países, el poder político, económico y social de los terratenientes, uno de los sectores más reaccionarios y duramente represor de las clases dominantes españolas?

No sé si España se lleva la palma. En el libro hago una mención a la masacre de 11.000 campesinos rumanos en 1907, atrapados entre una alta presión social sobre la tierra y una muy baja tasa de emigración restringida por el gobierno. Por otra parte, la lectura del Mussolini de Scurati ha servido para divulgar las brutalidades de los labradores hasta arrasar con las ligas de los campesinos. La incompatibilidad entre terratenientes y liberalismo/democracia es una tesis a la que presto atención.

¿Siguen teniendo poder o son ya parte de nuestro pasado histórico?

Las oligarquías se renuevan. En un discurso de Franco en Lugo en 1942 proclamó: «Nuestra Cruzada es la única lucha en que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos». Pero seguramente no fueron los mismos de antes de la guerra. Continuó el poder de aristócratas si bien, al igual que ocurrió con el relevo de las élites políticas, hubo oportunidades para que el estraperlo y el mercado negro encumbraran a nuevos ricos que se codearan con los ricos de siempre.

Las reformas emprendidas durante la II República, especialmente la del Frente Popular, ¿han sido los únicos intentos serios de reforma agraria en nuestro país?

Hasta 1931 no se llevó a cabo un proyecto de reforma que corrigiera sustancialmente el statu quo de las reformas agrarias liberales. En 1934, según los datos de las operaciones catastrales -que afectaban, es cierto, más a la España del Sur que a la del Norte- el 1,25 % de los contribuyentes poseía más del 40 por 100 de toda la riqueza rústica comprendida en el Avance Catastral, y el 2,33 % de aquellos, de más de la mitad. Este dato justifica la afirmación de que las reformas distributivas en la España del latifundio no habían tenido entidad suficiente como para cambiar la estructura social. Lo hemos demostrado al compararla con el Censo de 1860: la desigualdad se mantuvo o se agravó precisamente en aquellos partidos en los que el problema era inicialmente más grave (partidos andaluces y extremeños).

¿Se puede hablar propiamente de una reforma fracasada?

No del todo. Convendría tener en cuenta las ocupaciones de tierras en Extremadura durante la primavera del Frente Popular, legalizadas por el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que ascendieron a unas 270.000 hectáreas y la extensión de la reforma a otras provincias, ahora sin más titubeos que los límites financieros para dar crédito a los asentados. No olvidemos la variable del golpe militar, una amenaza desde abril de 1931, que llegó cuando se estaba tramitando en julio de 1936 el rescate de bienes comunales usurpados.

Incluso la ley agraria de 1932, prevista para llevarse a cabo en unos 10-15 años, tuvo consecuencias indirectas que tambalearon el orden social en más de un pueblo. El cambio político de los ayuntamientos posibilitó que los recursos comunales dejaran de tener un uso oligárquico. Y las movilizaciones sociales dieron lugar a una coyuntura económica inédita: bajó la renta de la tierra y subieron los salarios hasta 1934. El latifundista (o su administrador o el gran arrendatario) perdía no solo rentas económicas, (mientras la seguridad jurídica seguía amenazada por el RPE), sino también rentas políticas. El cambio de jerarquías sociales desconcertó.

¿Podía precisar algo más los efectos de este cambio jerárquico?

Hay dos frases que lo resumen. La queja de un terrateniente andaluz: es que se nos ha perdido hasta el respeto. Casi idéntica a la de una gran propietaria de Salamanca en carta al administrador en 1934: estamos en unos tiempos en que ya no se respeta ni a la Guardia Civil. Pero ¿qué significa «respeto» en un contexto de gran desigualdad? Más bien la humillación del otro. Quizá sea pertinente tener en cuenta la teoría del reconocimiento de Axel Honnet (relacionado con J. Habermas) que sostiene que los conflictos sociales pueden interpretarse más como una lucha por el reconocimiento del otro que como una protesta por la mera supervivencia.

¿Qué papel tuvieron las ideas? ¿Cuáles fueron las principales influencias intelectuales en la formulación de la reforma agraria?

Si prestamos atención a los economistas, la principal influencia fue la del institucionalismo defendido por la escuela histórica alemana. No se podía confiar exclusivamente en el mercado o en el juicio técnico, sino en la acción consciente de los poderes públicos, inspirada en la moral y el derecho. En cuanto a los socialistas podían compartir las ideas de la nacionalización de la tierra o del georgismo: el impuesto único sobre las plusvalías de «las rentas no ganadas» haría avanzar hacia una civilización más noble. De la inicial distancia con el mundo campesino que tuvo el PSOE, se pasó a defender la reforma de la tierra como aliento para la democracia.

¿Y las ideas de Joaquín Costa? ¿Qué papel han jugado las ideas y propuestas de este historiador, político y economista de Monzón?

Es el referente principal del reformismo español que tenía como criterios la defensa del modelo de la pequeña explotación como el más idóneo para impulsar el crecimiento económico, estabilidad y rentas bajas para el arrendatario, y suspicacia -más o menos beligerante- contra los terratenientes, por ser éstos los más favorecidos por el progreso del primer tercio de siglo. En esto último no hacía más que seguir a H. George convirtiéndose en el principal difusor. Si a estos criterios añadimos la importancia dispensada a la política hidráulica nos damos cuenta del extenso arco de las ideas costianas. De modo que, al final, todos bebían de Costa, bien fuera Fernando de los Ríos o F. Villalobos. La Segunda República supo reconocerlo en los debates parlamentarios.

¿Qué papel ha desempeñado la Iglesia Católica en toda esta historia? ¿Se mostró en algún momento partidaria de erradicar o disminuir las grandes desigualdades que han asolado el campo español?

La Iglesia Católica deslegitimizó la Segunda República y, estallada la guerra, avaló la tesis de la imposible conciliación escudándose en la Cruzada. El anti republicanismo dejó sin argumentos la política del llamado catolicismo social, en el que sin duda hay corrientes diversas. Es bien conocido cómo acabó el bien intencionado ministro de Agricultura Giménez Fernández de la CEDA cuando se salió del guion y se le ocurrió conceder algún derecho a los colonos.

Con la defensa acérrima del orden establecido y del principio absoluto de la libertad poco margen había para disminuir las grandes desigualdades. La amalgama de la defensa de la propiedad y de la religión dio alas al triunfo electoral de las derechas en 1933 y a la reacción social del bienio 1933-1935. Esto ha dejado sus huellas. Como explica el profesor Rodríguez López-Brea lo sustancial fue que, a diferencia de Alemania, Italia o Bélgica, los católicos políticos españoles mantuvieran después de 1945 un programa sustancialmente autoritario y antidemocrático.

Un autor que cita con admiración: Albert O. Hirschman. ¿Qué ha significado para usted? ¿Dónde radica su importancia?

Llama la atención tanto su itinerario académico, de heterodoxo, que lo alejó siempre del Premio Nobel como sus afinidades políticas en los años 30 cuando decidió viajar a Barcelona y alistarse en las Brigadas Internacionales. Su trabajo sobre el pensamiento reaccionario es fundamental: Retóricas de la intransigencia. También me ha ayudado a comprender las diferentes oportunidades de la acción colectiva —Hirschman distinguió de forma memorable entre Salida, voz y lealtad. Este libro de 1970 era una respuesta al economista M. Olson que venía a decir que al individuo le era más rentable no movilizarse que hacerlo. Su desgracia fue que lo desmintieron las movilizaciones de 1968. Por último, el trabajo que hizo Hirschman sobre la reforma agraria de Colombia me sirvió para comprender de otra forma los actos de violencia «espontáneos» de parte del campesinado español, por ejemplo en las invasiones de las fincas.

Una expresión de filosofía de la historia que usa en ocasiones: «escribir historia desde abajo». ¿Qué perspectiva es esa? ¿Qué significa para usted escribir historia desde abajo? ¿A qué abajo se refiere?

Esta expresión es tributaria de la forma de hacer historia que tuvieron los marxistas británicos a fines de 1950, en especial, E.P. Thompson, quien también defendió la noción de «economía moral» y un concepto de clase, nada abstracto. Eran voces críticas contra el dogmatismo del Partido comunista británico que cristalizaron en la revista Past and Present. «Desde abajo», quiere decir que la vida de las clases populares debía ser vista desde el propio contexto (su cultura, tradiciones, visión del mundo) y no desde las categorías de análisis ajenas a esta realidad vivida.

Hace usted referencia a un gran historiador del campo español, Edward Malefakis. ¿por qué habla de «herencia ambigua»?

La obra de Malefakis publicada en 1950 (un año después en Ed. Ariel, Barcelona) es un pilar de la historia agraria española. Somos deudores de muchas de sus análisis sobre la propiedad y explotación de la tierra, pero no de otros, que se han ido trasmitiendo con cierta pereza intelectual. Por ejemplo, la idea de los pequeños propietarios afectados por la reforma debido al RPE. La ambigüedad se percibe especialmente a la hora de interpretar los movimientos sociales: sorprende la equiparación de la revolución de octubre del 34 con el golpe militar del 18 de julio, pero rebajando la culpabilidad moral de la derecha en su apoyo al golpe porque la izquierda ya lo había hecho en 1934 «probablemente con un grado de provocación bastante inferior». Y aún llama la atención mucho más su afirmación de que las proclamas de Largo Caballero tuvieran la capacidad de aterrorizar tanto a extensos sectores de la población como para conseguir un amplio apoyo popular a la insurrección militar de julio.

Dedica un apartado (excelente, magnífico, conmovedor en mi opinión) a Casas Viejas. ¿Qué significó la dura represión en Casas Viejas para la II República Española? ¿Un inmenso error que hubiera podido evitarse?

Los sucesos de Casas Viejas significaron la cristalización del desencuentro entre el campesinado más pobre y los ideales de la República con su promesa de reforma agraria y de mejora de las condiciones de trabajo Sin duda podía haberse evitado, al menos, la barbarie de una represión desmesurada: incendio de la choza de la familia Seisdedos y a continuación el asesinato de doce campesinos que nada tenían que ver mayoritariamente con la sublevación de los anarcosindicalistas. El juez instructor nos da una pista «se cometieron algunas barbaridades, y creemos que fue para imponerse por el terror, como lo consiguieron». No se trató de ningún calentón. Predominaba la idea del anarquismo como un mal que se curaba con la represión a cuyo servicio estaba una concepción militarista del orden público, bien por el recurso de los estados de excepción o bien por el protagonismo de la guardia civil, cuerpo militar, en el mercado de trabajo. Su defectuosa gestión de los conflictos tuvo casi siempre el respaldo de la impunidad. Como ha demostrado el profesor Pérez Trujillano, el Tribunal Supremo nunca puso freno a las prerrogativas que las fuerzas de orden público tenían sobre la vida y la muerte de las personas, como demuestra la persistencia de la ley «de fugas».

¿Cómo se consiguió desde el Ministerio de Gobernación debilitar el poder de los anarquistas y, a partir de 1934, el de los socialistas?

No se eliminaron los métodos de la Dictadura o de la Restauración, por ejemplo, la ley de «de fugas» en la «Semana roja» de Sevilla (julio 1931), o se inventaron revoluciones para forzar preventivamente la represión contra el anarcosindicalismo. Las Leyes de Orden Público y la Ley de Vagos y Maleantes de junio 1933 se utilizaron principalmente contra los «enemigos de la República» de izquierdas. Cuando llegaron las derechas, los socialistas tuvieron que sufrir en carne propia la actitud provocativa de Salazar Alonso, el Dollfuss español, que no transigió ni con sus compañeros de ministerio. La huelga campesina de junio de 1934, la única que había conseguido un respaldo nacional, se declaró «servicio público nacional» para asegurarse la excepcional cosecha de trigo del siglo. Al tipificarse la acción huelguística como «sedición» o «rebelión», lo que se hacía en la práctica era militarizar a los jornaleros. La represión indiscriminada superó ampliamente el marco temporal de la huelga de junio.

Al Frente Popular no se le ocultó la importancia de la alianza obrera-campesina para avanzar en la consecución de cambios sociales profundos ¿Las políticas agrarias defendidas por el gobierno del Frente abonaron esa alianza?

Es muy tenue la frontera entre el pequeño campesino y el jornalero de modo que solo forzando los argumentos se puede hablar de enemistad permanente. El pequeño propietario se beneficiaba de la reforma laboral cuando trabajaba como obrero y si era colono le favorecían las medidas de estabilidad para los arrendatarios. La interacción entre gobierno y movilización social hizo que en poco más de tres meses se resolvieran los dos problemas creados por los gobiernos radicales-cedistas —el problema de los yunteros y el de los colonos desahuciados por la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1935— y que se iniciara el asentamiento de campesinos por el decreto de 20 de marzo de 1936. Se llevó a cabo la mayor parte del programa del Frente Popular, incluido el que afectaba a los rabassaires que habían logrado la hegemonía de la payesía. La guerra interrumpió dos proyectos importantes: el de rescate de bienes comunales y la reforma fiscal de Gabriel Franco.

Interesa esta autocrítica de Azaña «Nosotros…fuimos demasiado amables con los terratenientes. A veces casi deseo que los campesinos hubieran ocupado las tierras y entonces habríamos podido dejar que se quedaran en ellas; si eso hubiera pasado, [se] habría resuelto la cuestión agraria». Declaraciones de 8 de Marzo 1936 a la periodista Anna Brener, para el New York Times.

Se ha señalado en ocasiones que las prácticas colectivistas promovidas por la CNT o la UGT, no siempre contaron con el acuerdo y apoyo de los campesinos pobres y de los jornaleros agrícolas. ¿Fue así?

No fue fácil la coexistencia entre «individualistas» y «colectivistas» y menudearon los conflictos y los choques violentos entre «gente precipitada en la miseria» que proclamaba la utopía revolucionaria frente a «campesinos y arrendatarios sumidos en la pobreza». Las formas de exclusión social que provocaban estos conflictos no hacían sino generar inoperancia y desmoralización, los peores aliados para ganar la guerra.

Dicho esto, las colectivizaciones demostraron la viabilidad de la pequeña explotación y la colaboración en objetivos de servicios sociales, como la atención a los refugiados, o el abastecimiento a grandes ciudades.

¿Se puede hablar propiamente de una dura (y a veces criminal) contrarreforma agraria tras el triunfo del fascismo o incluso durante la guerra civil, en los territorios ocupados por los golpistas?

Cuenta Julián Zugazagoitia: «Lo que, en las ciudades, como Madrid y Barcelona, se conocía por el nombre de «paseos» —paseos que desembocaban en la muerte—, en los pueblos campesinos, y en esta denominación incluimos a capitales como Burgos, Valladolid y Cáceres, se llamaba «la reforma agraria». A los afectados por ella se les daba tierra, ¡poca!, sin renta y para siempre». Las cifras son elocuentes en provincias que no tuvieron asentamiento de campesinos por el IRA: Zamora y La Rioja, con 2.000 asesinados cada una, o Navarra con cerca de 3.000. Donde los hubo masivamente como en Badajoz las víctimas fueron 9.550 según F. Espinosa. Represión y contrarreforma agraria se constituyeron en ejes centrales de la economía política franquista, en la que también deben incluirse la política de la autarquía y la corrupción, que iban de la mano en un Estado militarizado.

La que hoy llamamos «España vaciada» fue hace años la España agrícola o más agrícola. ¿Víctima de la industrialización? ¿España ha dejado de ser un país agrícola? ¿Debemos sentir añoranza?

Son complejos los caminos de la despoblación de la España rural. La emigración campesina es un fenómeno tradicional cuyo último episodio había sido el flujo hacia América a principios del siglo XX como se analiza en La tierra es vuestra. La industrialización y sus cambios hicieron de gran tirón del campo especialmente a partir de 1950. Pero ahora juegan otros elementos que van complicando las soluciones, por ejemplo, la transición demográfica: menos niños y más supervivencia de los mayores. También evoluciona la dinámica del sector agrario y de la industria agroalimentaria. El problema fundamental no está tanto en la despoblación de los pueblos sino en el colapso de la actividad agraria que nos empuja hacia una agricultura sin agricultores, muy industrializada (es bien conocido el temor a las macrogranjas) y con impactos ambientales muy importantes. La evocación del mundo rural suscita añoranzas, pero también más de un rechazo.

Como escribió Alfonso Ortí, uno de los mejores expertos en J. Costa: «Modernizarse productivamente» a corto plazo ha supuesto para la mayoría de los agricultores contribuir, a medio plazo, a su suicidio social como clase agraria y forma de vida y, a largo plazo, a colaborar en la «liquidación del propio mundo rural».

¿Cómo resumiría la tesis principal del libro?

La principal tesis que sostenemos es que en 1931 no podía esperarse que el mercado resolviera las tensiones provocadas por estas tres variables: el paro creciente, una mayor sindicación rural y el aumento de las oportunidades políticas (derechos de asociación, libertad de expresión, etc.) que deparó el marco republicano. Y todo ello en una coyuntura económica internacional depresiva que ponía barreras a los hombres y a las mercancías. En aquellas circunstancias, la opción que mejor encajaba era apostar por un modelo de desarrollo centrado en la difusión de la pequeña explotación.

Muchísimas gracias por tu tiempo y por su amabilidad.

Fuente: El Viejo Topo, abril de 2023.