El derecho internacional está del lado de Irán, así que, ¿por qué el Consejo de Seguridad de la ONU culpa a la víctima?

A medida que se intensifican los ataques de Estados Unidos e Israel, Teherán insiste en que está librando una guerra defensiva legítima. Las represalias y la complicidad de terceros países están configurando ahora un frente jurídico paralelo.

Irán está siendo atacado. Justo cuando parecía posible un avance diplomático sobre el llamado programa nuclear de Irán, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos el 28 de febrero, matando al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y masacrando al menos a 165 colegialas. Mientras Washington y Tel Aviv continúan bombardeando hospitales, escuelas e infraestructuras civiles, el número de víctimas mortales ha superado las 1900.

Incluso aceptando las acusaciones occidentales contra Irán, no existe una base jurídica clara para la campaña estadounidense-israelí. Las alegaciones de «proteger a los iraníes» y de «autodefensa preventiva» no son motivos reconocidos para el uso de la fuerza en virtud de la Carta de las Naciones Unidas ni del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), la condena no se dirigió contra Washington ni Tel Aviv, sino contra Teherán, en particular por los ataques de represalia en todo el Golfo Pérsico.

Irán sostiene que ha actuado dentro del marco del derecho internacional. Sus ataques se han centrado en instalaciones militares e infraestructuras vinculadas directamente al esfuerzo bélico. Las autoridades presentan la campaña como una cuestión de supervivencia más que de castigo. Según la versión de Teherán, las principales violaciones recaen en quienes iniciaron la agresión contra la República Islámica.

El uso y abuso del derecho internacional

El derecho internacional dista mucho de ser perfecto. Su arquitectura moderna tomó forma en paralelo a la expansión imperial y a menudo ha reflejado las jerarquías de poder imperantes. Su aplicación sigue siendo selectiva, mientras que las interpretaciones jurídicas se ven frecuentemente condicionadas por la influencia geopolítica. Sin embargo, incluso este sistema imperfecto impone restricciones. Proporciona un marco destinado a limitar la escalada y a proteger a la población civil de los peores excesos de la guerra.

En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza solo está permitido en dos circunstancias: la legítima defensa tras un ataque armado, o la autorización explícita del Consejo de Seguridad. El artículo 51 afirma el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva en caso de que se produzca un ataque armado:

«Ninguna disposición de la presente Carta menoscabará el derecho inherente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de que se produzca un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas».

Los artículos 39 y 42 facultan al Consejo para autorizar la acción militar con el fin de restablecer la paz y la seguridad internacionales:

«Artículo 39 – El Consejo de Seguridad determinará la existencia de cualquier amenaza a la paz, violación de la paz o acto de agresión y formulará recomendaciones, o decidirá qué medidas se adoptarán de conformidad con los artículos 41 y 42, para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».

«Artículo 42 – Si el Consejo de Seguridad considerara que las medidas previstas en el artículo 41 serían insuficientes o han resultado ser insuficientes, podrá emprender las acciones que sean necesarias, mediante fuerzas aéreas, navales o terrestres, para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Dichas acciones podrán incluir demostraciones de fuerza, bloqueos y otras operaciones de las fuerzas aéreas, navales o terrestres de los Estados Miembros de las Naciones Unidas».

Ni Israel ni los Estados Unidos fueron atacados por Irán antes de lanzar sus ataques. Tampoco obtuvieron la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En su lugar, se han planteado narrativas jurídicas alternativas. Una de ellas se centra en el cambio de régimen enmarcado en la doctrina de la «responsabilidad de proteger» (R2P), invocada en casos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, la R2P no se ha consolidado como derecho consuetudinario vinculante. Los críticos sostienen que su ambigüedad corre el riesgo de rebajar el umbral de intervención al permitir que los Estados poderosos disfracen sus objetivos estratégicos como imperativos humanitarios.

Según Jason Athanasios Doukakis en la Yale Review of International Studies, la R2P «no tiene el estatus de obligación jurídica debido a su definición y alcance vagos, a la falta de un mecanismo prescrito a través del cual delegar la autoridad y a un marco de aplicación no especificado».

Utilizar la R2P para justificar un ataque contra Irán resulta aún más absurdo, dado el genocidio de palestinos en Gaza perpetrado por Tel Aviv y Washington y los ataques contra civiles iraníes.

Una segunda justificación es la doctrina de la autodefensa preventiva: la afirmación de que se puede recurrir a la fuerza para prevenir un ataque inminente. Incluso Estados Unidos se dio cuenta de lo absurdo de este argumento durante la guerra de Irak, y en su lugar esgrimió argumentos enrevesados según los cuales la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU durante la Guerra del Golfo permitía el uso de la fuerza para detener las armas de destrucción masiva de Irak. Ni siquiera ese argumento es válido hoy en día.

El artículo 51 se refiere explícitamente a un ataque armado que ya ha tenido lugar. Ampliar la doctrina para incluir amenazas anticipadas debilitaría una de las restricciones fundamentales de la Carta respecto al uso unilateral de la fuerza.

Respuesta mesurada y proporcionada

No solo la guerra en sí misma es ilegal según el derecho internacional, sino también su forma de llevarla a cabo. Según el derecho internacional, la legítima defensa debe ser proporcionada (en respuesta a un ataque) y necesaria (para promover objetivos que prevengan futuros ataques). De lo contrario, una pequeña escaramuza fronteriza podría convertirse en un conflicto nuclear.

La proporcionalidad y la necesidad forman parte del derecho internacional consuetudinario, una fuente jurídica que proviene de la práctica constante de los Estados a lo largo de un extenso período de tiempo.

Así se ha afirmado en casos jurídicos internacionales como «Nicaragua contra Estados Unidos de América», en el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró que existía una «norma específica según la cual la legítima defensa solo justificaría medidas que fueran proporcionales al ataque armado y necesarias para responder a él, una norma bien establecida en el derecho internacional consuetudinario».

El primer día de la guerra, Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y bombardearon una escuela primaria de niñas, matando al menos a 180 personas, de las cuales 165 eran niñas pequeñas. Esto no logra en modo alguno ningún objetivo militar. De hecho, al asesinar a Jamenei y matar a civiles inocentes, los agresores dificultaron la negociación.

Mientras tanto, a pesar de que Irán lanzó miles de misiles y drones en represalia, oficialmente solo han perecido 16 israelíes, 13 soldados estadounidenses y 20 personas en todo el Golfo. Los principales objetivos de Irán han sido bases militares y edificios que albergan a soldados estadounidenses —objetivos legítimos dado su papel en el ataque a la República Islámica—. Irán también ha atacado embajadas, no con el objetivo de asesinar a diplomáticos, sino para destruir operaciones de espionaje.

Lo más controvertido ha sido el ataque contra una planta de desalinización en Baréin, que suministra agua. Según el artículo 52(1) del Protocolo Adicional de la Convención de Ginebra, «los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias». Concretamente, el artículo 54 establece: «Queda prohibido atacar, destruir, retirar o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil».

Irán sostiene que estaba respondiendo con medidas de represalia a la destrucción de una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, la única que abastece de agua a los 150 000 residentes, mientras que Baréin cuenta con múltiples instalaciones capaces de mantener el suministro.

En el marco del derecho de los conflictos armados, tales acciones se analizan a veces a través de la doctrina de las represalias beligerantes, un concepto estrictamente definido que se refiere a medidas que normalmente serían ilegales, pero que pueden llegar a ser admisibles como respuesta de último recurso ante una violación grave previa.

Las interpretaciones consuetudinarias subrayan que las represalias deben ser proporcionadas, deben tener como único objetivo obligar a la parte contraria a volver a una conducta lícita y deben emplearse solo después de que hayan fracasado otras vías de reparación. Teherán presenta el ataque contra la infraestructura de Baréin como una señal coercitiva destinada a disuadir de nuevos ataques ilegales contra instalaciones civiles indispensables dentro de Irán.

Los defensores de esta postura argumentan que, cuando las instituciones internacionales no logran prevenir las violaciones, las represalias limitadas pueden funcionar como uno de los pocos mecanismos de aplicación disponibles a través de los cuales los Estados que se enfrentan a adversarios militarmente superiores pueden imponer costes y restablecer un grado de reciprocidad jurídica.

Mentiras en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Esta interpretación ha tenido escasa repercusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dado que Estados Unidos ejerce el derecho de veto como miembro permanente, era poco probable que se aprobara cualquier resolución que condenara las acciones estadounidenses. En cambio, se culpó a Irán de la escalada de la guerra.

La Resolución 2817 reafirma la integridad territorial y la independencia política de Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania, al tiempo que reitera su derecho a la autodefensa, a pesar de su papel como anfitriones de bases militares extranjeras utilizadas en operaciones contra Irán.

No hay pruebas de que Irán haya atacado deliberadamente ninguna infraestructura civil (con la excepción de las plantas desalinizadoras de Baréin para disuadir los ataques contra las plantas iraníes). Incluso incluyendo al personal militar, el número total de víctimas mortales de los ataques de Irán es inferior a 50. Entre los pocos civiles que murieron, muchos fueron alcanzados por escombros caídos de misiles interceptados. No es Irán quien ataca hospitales, escuelas y civiles inocentes. Son Israel y Estados Unidos.

Teherán y sus aliados se remiten a la Resolución 3314 (1974) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), que define la agresión de manera que incluye situaciones en las que un Estado permite que otro Estado utilice su territorio para lanzar ataques contra un tercer país. El artículo 3(f) identifica la provisión de espacio aéreo, bases o plataformas logísticas para la acción militar como una conducta que puede constituir en sí misma una agresión.

Desde esta perspectiva, los Estados que facilitan tales operaciones corren el riesgo de perder su condición de neutralidad y pueden verse sujetos a medidas defensivas proporcionadas destinadas a detener los ataques en curso.

La Resolución 3314 ha influido en la evolución jurídica posterior, incluida la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que ampliaron la posibilidad de responsabilidad penal individual para los líderes implicados en la planificación, facilitación o apoyo de actos de agresión.

La reciente resolución también condena el cierre selectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Teherán replica que los bloqueos en tiempo de guerra están reconocidos por el derecho marítimo consuetudinario si se declaran y se aplican de manera efectiva. Señala además que el estrecho se encuentra en parte dentro de las aguas territoriales iraníes y omaníes.

Quizás a lo que la resolución se refería en realidad era al derecho de paso inocente, que permite a los buques no militares atravesar las aguas territoriales. Este derecho forma parte del derecho internacional consuetudinario, pero está codificado en el artículo 17 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

Sin embargo, el Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar ofrece más detalles sobre el derecho internacional consuetudinario vigente. Los artículos 93 a 108 permiten los bloqueos siempre que se declaren (artículo 93) y sean efectivos (artículo 95). Siempre que se respeten estas condiciones, el artículo 98 establece que:

«Podrán capturarse los buques mercantes de los que existan motivos razonables para creer que infringen un bloqueo. Los buques mercantes que, tras una advertencia previa, se resistan claramente a la captura podrán ser atacados».

El cierre del estrecho de Ormuz no debe considerarse únicamente como una forma de presión de Irán sobre la economía mundial, sino como un bloqueo de las mercancías que llegan a los Estados del Golfo. Irán anunció su bloqueo, y este está demostrando su eficacia a la hora de debilitar a los países del Golfo. Contrariamente a lo que afirma la resolución, esta acción cumple con el derecho internacional.

China y Rusia se abstuvieron finalmente, criticando la resolución por desequilibrada, al tiempo que buscaban preservar los lazos diplomáticos y económicos con sus socios del Golfo.

Antes de su aprobación, Pekín y Moscú condenaron la resolución por ser desequilibrada y no señalar la causa fundamental del conflicto.

Otro fracaso

El Consejo de Seguridad de la ONU se constituyó tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de prevenir los conflictos. Su reciente resolución los ha fomentado, al no denunciar a los agresores: Estados Unidos, Israel y los países que albergan bases militares hostiles.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha argumentado de manera similar que el derecho internacional se está aplicando de forma selectiva, señalando las respuestas occidentales a Gaza y al estrecho de Ormuz como prueba de lo que Teherán considera un doble rasero en su aplicación.

Incluso una declaración vaga que condenara la guerra —que Rusia redactó pero que no logró que se aprobara— habría sido mejor. En cambio, el Consejo de Seguridad de la ONU empeoró las cosas al ocultar el papel de los Estados del Golfo en el bombardeo de Irán y al condenar a Teherán por defenderse.

Irán sostiene que ha tratado de limitar las bajas civiles y centrarse en objetivos directamente vinculados al esfuerzo bélico. Si el derecho internacional se aplica de forma selectiva —protegiendo a los agresores mientras se condena a quienes afirman defenderse—, su autoridad corre el riesgo de erosionarse.

Para los Estados que se enfrentan a amenazas existenciales, el cumplimiento de las leyes de la guerra puede dejar de parecer una opción estratégica y, en cambio, asemejarse a una peligrosa ilusión.