La escuela en venta
José María Navajas
El liberalismo pivota siempre sobre el que es el elemento central de su ideología, esto es, su concepción de la libertad: se es libre siempre y cuando uno pueda hacer algo sin que nadie le impida realizar ese algo. Para el esquema liberal, todos los individuos gozan de unos derechos prepolíticos siempre amenazados por la ley del Estado. Por tanto, para el liberalismo el Estado y la ley del Estado son siempre una restricción y coerción contra la libertad individual.
La ideología liberal se vale de este esquema para defender la continua privatización de todos los ámbitos sociales, así como de promover la destrucción de los sistemas públicos estatales. No sorprende pues, en última instancia, el liberalismo es una ideología al servicio del interés privado y contraria al bien común. Lo fue en sus orígenes, lo ha sido durante los últimos doscientos años, y lo sigue siendo hoy día.
Si bien el liberalismo perdió gran parte de su prestigio en los años veinte y treinta del pasado siglo, tanto por las nefastas consecuencias sociales, económicas y políticas a las que llevaron sus principios; como por su incapacidad de medirse en el ámbito académico e intelectual contra sus críticos —los Mises y los Hayek fueron barridos de la arena académica por los Keynes y los Sraffa—. Y si bien se mantuvo parcialmente ausente durante las aproximadamente dos décadas de capitalismo regulado (años 50 y 60), el liberalismo no tardó en volver como reacción allá por los inicios de 1970. Y su objetivo era claro: volver a desregular los mercados y mercantilizar todos los ámbitos posibles de la sociedad. Para lo cual, inevitablemente, debía destruir los sistemas públicos y estatales que protegían y garantizaban derechos básicos de la ciudadanía como el trabajo, la sanidad o la educación.
Ya en 1971 Lewis Powell, juez asociado de la Corte Suprema de EEUU, escribió un famoso Memorandum confidencial para el U.S. Chamber of Commerce en el que alertaba de las ideas contrarias al sistema de libre empresa, insistiendo en combatirlo tanto desde el ámbito privado como desde el poder político, y poniendo énfasis en el campo educativo, que en la práctica se convertiría en la defensa a favor de las charter schools, la eliminación de la educación pública y la limpieza ideológica de las universidades:
«No ha de haber ninguna vacilación en atacar a los Nader, los Marcuse y otros que busquen abiertamente la destrucción del sistema. No ha de haber duda en abogar en todos los espacios públicos por el apoyo al sistema de libre empresa».
Es siguiendo esta consigna como se crean y financian toda una serie de fundaciones privadas de corte liberal y reaccionario para promover dichas ideas y desatar tremendas campañas contra el sistema público y el Estado de Bienestar: la Heritage Foundation (1973) fundada por E. J. Feulner, quien fue presidente de la Societé du Mont-Pelerin, sociedad creada bajo inspiración de Von Hayek —quien había dejado de escribir tratados de economía desde que Sraffa realizara una durísima crítica a la obra teórica del liberal austriaco en 1932, dedicándose desde entonces a la propaganda ideológica—, rescatado entonces de su merecido ostracismo intelectual y elevado por los nuevos liberales a la cúspide con el premio Nobel de Economía en 1974, eso sí, con Keynes bien muerto y enterrado; la Fundación Coors, la Fundación Olin —quien promocionó las ideas de Huntington y Fukuyama—, la Lynde and Harry Bradley Fundation o el American Enterprise Institute.
En realidad, la estrategia para la destrucción de los sistemas de educación públicos y su mercantilización tenía una doble variante, pero su principio volvía a ser el mismo: la libertad.
Por un lado, al entender que el Estado restringe la libertad, se considera que o es la propia familia la que debe educar en el ámbito de la familia, defendiendo la desinstitucionalización de la educación y la escolarización en casa. Tal es el caso de autores como John Holt: How children fail (1964), How children learn(1967), The underachieving school (1969); Ivan Illich: Deschooling Society (1971); Harold Bennet: No More Public School (1972); y John Taylor Gatto. O la familia debe poder elegir la educación de sus hijos en centros privados donde se sigan los particularismos e inclinaciones de dicha familia. Pero si elevamos esta concepción de libertad de «elección de centros» por parte de las familias e individuos a la categoría de derecho que ha de ser garantizado por el Estado, entonces surge una tercera red de centros: los colegios privados concertados, esto es, instituciones privadas sustentadas por fondos públicos.
Reforzando una tendencia que viene de atrás, la actual LOMCE no garantiza plazas suficientes para el alumnado en los centros públicos como aseguraba la legislación de 1985, sino que abre la garantía de dichas plazas también a los centros privados concertados, permitiendo el crecimiento de los mismos. La falsa «libertad de elección» de centro se convierte así en un principio segregador y elitista. De hecho, la combinación del sistema de centros de «excelencia», del sistema «bilingüe» y de la «zona única» de escolarización ha llevado a comunidades como Madrid a tal desigualdad que la sitúan a la cabeza en España en nivel de segregación social en la escuela entre 2012 y 2015 —niveles equiparables a Brasil, México o Hungría—, seguida de Cataluña.
Por otro lado, había que poner la institución pública al servicio del interés privado y de la mercantilización, de forma que de la escuela salieran personas que cumplieran adecuadamente con las exigencias del mercado: personas «libres», esto es flexibles, capaces de trabajar un día en una empresa, ser despedidos y trabajar al siguiente en otra, en las despóticas condiciones que el mercado impone.
Los think tanks y teóricos del liberalismo comenzaron a preparar las bases para poder llevar a cabo estas reformas en el interior de la institución de educación pública. En 1973, y bajo la dirección de Edgar Faure, se publicó el informe Aprender a ser: La educación del futuro, en cuyo preámbulo se anunciaba ya que
«Despertando la motivación y organizando la polivalencia se puede reconciliar la democratización de la enseñanza con la racionalidad económica”. Insistiendo más adelante en este principio dada “la necesidad que se viene sintiendo desde el comienzo de este siglo, y más particularmente desde el final de la guerra, de exigir a la educación que se adapte más, por una parte, a las necesidades de la sociedad, en especial a las exigencias económicas».
Desde entonces, el empuje de la reacción liberal en favor del interés privado no ha ido sino en aumento. Las grandes empresas y patronales pronto hicieron suya la labor de destrucción de la educación pública, valiéndose para ello de su propio poder coercitivo tanto dentro como fuera del Estado. En 1995 el Banco Mundial publicó el informe Prioridades y estrategias para la educación, donde se indicaba «el papel que pueden desempeñar los gobiernos mediante la aplicación de políticas financieras y administrativas racionales que estimulen la expansión del sector privado y la mejora del funcionamiento de las instituciones públicas». Un año después la OCDE establecía en sus Cuadernos de Economía Política Nº 13 cuál era el camino a seguir con la educación pública:
«Las familias reaccionarían violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza, y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Eso se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de tal manera que se evita el descontento generalizado de la población».
Las presiones del mercado también permitieron la formación de organismos e instituciones estatales para la promoción de sus intereses. En el caso español tenemos la creación en 2001 de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). La ANECA posee un Consejo Asesor compuesto por prestigiosas personalidades del mundo académico, profesional y empresarial. En los principios de evaluación de la ANECA se valoran méritos de gestión y administración, dedicación a actividades profesionales en empresas o patentes con registros de propiedad intelectual. Pero, a su vez, la ANECA realiza publicaciones ligadas a los propósitos de la UNICE (la patronal europea) contra el sistema de educación pública: el ataque a la consideración del profesor como funcionario y su conversión en mero asalariado en el I Foro ANECA (2004) y el Proyecto REFLEX (2007), o la mercantilización de la enseñanza en El debate sobre las competencias. Una investigación cualitativa en torno a la Educación Superior y el mercado de trabajo en España (2009).
Finalmente, los gobiernos —y en especial los gobiernos conservadores— se han plegado a las exigencias del interés privado y mercantil, convirtiéndolo en ley. El ejemplo paradigmático de ley liberal ha sido la LOMCE, que ya en su preámbulo indica: «La lógica de esta reforma se basa en…», a lo que le siguen toda una serie de términos del ámbito exclusivo del mercado capitalista; facilitar la empleabilidad, espíritu emprendedor, competir con éxito, puestos de trabajo, crecimiento económico, valor añadido, competitividad del país…
Como ya se ha podido advertir, la falsa dicotomía y oposición entre un Estado coactivo y una supuesta libertad individual sostenida por los liberales, desaparece en el mismo instante en que éstos llevan a cabo sus políticas. El liberalismo siempre se ha valido de los elementos más restrictivos, coactivos y violentos del Estado para poner en manos privadas y mercantilizar todos los espacios posibles de la sociedad, con consecuencias nefastas. La educación pública es sólo uno de estos ámbitos continuamente atacados desde este tipo de posiciones ideológicas, pero es uno de los más importantes pues sólo el sistema público de educación garantiza el derecho universal a la misma.
