Un punto de encuentro para las alternativas sociales

Gobierno Democrático y Popular de Río Grande del Sur: un año y medio de alternativas

El Palacio Piratini, sede del Gobierno del Estado de Río Grande del Sur (RS), en el centro histórico de la ciudad capital, Porto Alegre, compartiendo el espacio de una plaza en pendiente, con la catedral, el palacio de la Asamblea Legislativa (Parlamento del Estado) y uno de los más viejos teatros, no puede dejar de sorprender al nuevo visitante: una pancarta colgada en la fachada llama a participar en la jornada de actividades del Dia Internacional de la Mujer Trabajadora; en el interior, obviamente construcción señorial de aires decimonónicos, neoclásicos, barrocos, va a encontrar carteles con diferentes motivos de izquierda y, más importante, un comportamiento inusitadamente amable de parte de los funcionarios y personal que atiende. Es el Gobierno Democrático y Popular de RS, que ya tuvo que acatar una moción aprobada en la Asamblea Legislativa prohibiendo a los y las telefonistas de la Casa atender las llamadas con un, por veces, combativo «Aló, Gobierno Democrático y Popular de RS» demasiado agresivo y duro, sin dudas, para la derecha gaúcha.

La sede del conjunto de secretarías (ministerios) es una construcción moderna, muy céntrica también, con clara voluntad faraónica, de forma piramidal, obvio. Dos alas con más de veinte pisos, para poder ser vistas desde bien lejos y desde las que se consiguen varias de las más bonitas vistas de la ciudad. También ahí el ambiente refleja el cambio de gobierno. Cambio que, sin embargo, no siempre es posible percibir nítidamente sin haber conocido la situación anterior. En la planta 17, sede de la Secretaría para el Desarrollo y Asuntos Internacionales (SEDAI), cuando los actuales inquilinos tomaron posesión, encontraron despachos de la General Motors (GM) y la FORD. Junto a las instalaciones, también los funcionarios públicos a su servicio. Una opción política muy clara la del anterior Gobernador.

Fue, precisamente, en relación con esas dos grandes transnacionales estadounidenses del automóvil que el Gobierno Democrático y Popular de Olivio Dutra, apoyado por un frente de organizaciones de izquierda cuya columna vertebral es el Partido de los Trabajadores, sufrió la primera gran ofensiva, con eco en todo Brasil, de un frente formado, esta vez, por la patronal, la derecha con mayoría en la Asamblea y casi todos los medios de comunicación de masas, en realidad y prácticamente un monopolio relacionado con la famosa Red Globo.

Ésa y otras tres decisiones tomadas al principio de la gestión: llevar a la Justicia Federal el contrato de la deuda con el Gobierno Federal realizado por el anterior gobernador; la asistencia a la reunión de gobernadores con el presidente de la República, durante la crisis de la deuda de los Estados; la comparecencia a la Marcha de los 100.000, en Brasilia, bajo las banderas del «Fuera Fernando Henrique Cardoso, fuera el FMI»; permiten ver con meridiana claridad la orientación política del nuevo gobierno. «Las cuatro decisiones muestran un gobierno: preocupado, a veces hasta demasiado, con la opinión pública y con la actual correlación de fuerzas; pero dispuesto a avanzar, con cautela, «sin golpes» como dicen ellos, en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo para Río Grande del Sur y el país.» («O Sul de novo se levanta» Raimundo Rodrigues Pereira, en «Teoria & Debate» n.42, agosto/set./oct. 99).

El Gobierno planteó renegociar con las dos montadoras yanquis los contratos que éstas habían cerrado con el anterior gobierno. Pero, antes de poder hablar nada, el griterío en la Asamblea se hizo ensordecedor; los titulares de prensa escrita, radio y televisión anunciaban el caos absoluto; la patronal, mostrándose aterrorizada y muy agresiva, auguraba la noche más negra para la economía gaucha. De hecho, los contratos firmando por el anterior gobernador y la GM y la FORD eran considerados como conquistas históricas por la burguesía gaucha e, incluso, en algunos sectores del campo democrático y popular había interés por las montadoras, creyendo en la propaganda que anunciaba puestos de trabajo y desarrollo tecnológico.

Los contratos eran ciertamente históricos, sobretodo para GM y FORD que recibieron dos tipos de promesas: préstamos sin plazo de retorno, con intereses simbólicos y sin corrección monetaria, además de obras y servicios gratuitos; exenciones fiscales. En resumen, el Estado gastaría un billón de reales (US$ 1: R$ 1,75, aproximadamente) desembolsado para ayuda inmediata y cinco billones en exenciones y préstamos futuros.

Cuando Olivio Dutra tomó posesión del cargo, el contrato con la GM estaba muy avanzado. Faltaban sólo algunas obras de infraestructura de la ayuda inmediata y los incentivos prometidos. En el caso de la FORD, la cosa era muy diferente; el contrato no era tan generoso para la FORD como el firmado con la GM y, además, cuando la toma de posesión, apenas habían iniciado las obras de preparación del terreno para instalación de la montadora. Con la GM, el acuerdo acabó llegando a buen puerto después de cuatro meses de negociaciones: la montadora resolvió adelantar lo que el Gobierno necesitaba para hacer las obras de infraestructura y anticipó pagos del préstamo que había recibido y que, según el contrato, hubiera tenido que devolver solamente en el año 2002. Con la FORD no fue posible el acuerdo; la montadora decidió romper las negociaciones. De un lado, no aceptaba las condiciones mínimas planteadas por el Gobierno; del otro, porque, gracias a la intervención del Gobierno Federal y de una decisión del Congreso Federal, reabriendo incentivos especiales, prefirió trasladarse al Estado de Bahía.

Con el tiempo, caerían algunos de los argumentos/mitos que más utilizaran los valedores de las transnacionales yanquis, como, por ejemplo, el de la creación de empleo. Cuando Flavio Koutzii, de la coordinación política del Gobierno, consiguió, vía mandato judicial, los contenidos del contrato con la GM, ya se había visto que la empresa solamente se comprometía a crear 1.300 empleos directos, muy lejos de las decenas y hasta centenas de miles directos e indirectos anunciados y prometidos a bombo y platillo. El Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Sociales y Económicos (DIEESE), por su parte, había mostrado también que la industria automovilística está en los últimos lugares de la lista de los sectores creadores de empleo (artículo citado).

En relación con la deuda del Estado con la Unión, el Gobierno de RS no optó por la moratoria en el pago que algunos sectores exigían y que, por ejemplo, el Gobernador de Minas Gerais, Itamar Franco, sí decretó. Desde el Palacio de Piratini se prefirió la vía de la contestación institucional que «podría tener más apoio de los sectores intermedios de la opinión pública» (artículo citado). En esa misma línea, debe ser interpretada la asistencia de Olivio Dutra a la reunión de los gobernadores con el Presidente de la República, en un intento de «explotar al máximo los límites de la negociación» (citada) ante la opinión pública.

Junto con esas dos decisiones, que podrían expresar la vertiente más moderada, por utilizar algún término y a riesgo de ser injusto, tomadas de acuerdo con la valoración de que «la coyuntura política actual es todavía muy difícil para los sectores populares que el Gobierno representa», y que ya fueron blanco de muchas y duras críticas dentro y fuera del PT, destaca la opción de participar en la «Marcha de los 100 mil», en Brasilia, agosto del 99. Olivio Dutra fue el único gobernador que participó de esa marcha a favor del «impeachment» del presidente de la República y la salida del FMI de Brasil, convocada por el Frente Nacional de Lucha, marco en el que se encuentran partidos de izquierda, la CUT, el MST, movimientos populares, pastorales de la Iglesia y otras organizaciones sociales.

En el poco más de un año y medio de gobierno, el Ejecutivo, que encontró un Estado que el anterior gobernador dejó en quiebra, ya consiguió aclarar y estabilizar en gran medida las cuentas; crear el seguro agrícola; poner en marcha la reforma agraria de acuerdo con las organizaciones campesinas, destacadamente el MST; declaró el Estado zona libre de transgénicos; creó miles de plazas para alumnos y para profesores en las escuelas públicas, junto con una «constituyente escolar» que se propone la «construcción democrática de una escuela pública», abriendo espacios para la participación de la comunidad escolar (Prestação de contas do Gobernó do RS/1999); puso freno a las privatizaciones recuperando una potente inversión pública; consiguió reorganizar la seguridad pública haciéndola transparente; creó los Sistemas Unificados de Salud y los Consejos de Salud invirtiendo en menos de un año más que en los últimos diez años juntos en esa área; creó la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (4 de agosto de 1999); inició el proceso de extinción de la FEBEM (institución responsable de los delincuentes jóvenes, tristemente famosa, sobre todo, por su actuación en São Paulo).

Por lo que hace a la acción en el área del desarrollo económico, el Gobierno está impulsando una estructura que ya existía, sólo sobre el papel, las COREDES (Consejos Regionales de Desarrollo), con los objetivos de: elaborar planes de desarrollo regional, asistir a los parados en la búsqueda de empleo, estimular la creación y desarrollo de cooperativas, ayudar técnica y económicamente a las pequeñas y medianas empresas. Socios destacados del Gobierno e importantes protagonistas en este programa son la ANTEAG (Asociación Nacional de Trabajadores en Empresas de Autogestión y Participación Accionaria) y el DIEESE (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Sociales y Económicos). Es ése un instrumento clave para la creación y desarrollo de lo que el Gobierno denomina «economía popular y solidaria». Para ese fin, está programado un seminario internacional, el próximo mes de noviembre, en Porto Alegre en el que se encontrarán experiencias brasileñas e internacionales tanto en el área de políticas públicas para la creación de empleo y renta como en el de propuestas alternativas y autoorganizadas de producción y desarrollo económico y social. «Conseguimos una notable y mucho más justa redistribución de la renta del sector público o institucional, principalmente a través del Presupuesto Participativo. Queremos avanzar en la socialización también de la riqueza producida en el sector económico, que es tarea mucho más complicada» (Sergio Kapron, entrevista con el autor, junio de 2000).

Sin dejar el terreno de la economía, pero con un carácter más político, también el gobierno de Olivio Dutra se comprometió a fondo en la convocatoria de un Foro Social Mundial, el próximo mes de enero, en Porto Alegre, planteando la contestación con alternativas al Foro Económico Mundial de Davos, en la perspectiva de crear espacios internacionales que posibiliten un desarrollo económico y social alternativo al neoliberalismo. Organizaciones sociales, políticas, sindicales y personalidades de todo el mundo (Nelson Mandela entre otras) ya confirmaron su presencia y compromiso con la propuesta.

Hasta aquí, es evidente que asistimos a una experiencia de gobierno clara y coherentemente de izquierda y completamente comprometido con su base de apoyo, trabajadores y clases populares. Pero, y principalmente, la relevancia y carácter revolucionaria de ésta reside no sólo en la definición de objetivos e implementación de política coherentes con aquellos, «la obra más relevante de nuestro gobierno fue la construcción de una nueva relación entre ciudadanía y Sector Público garantizando el pleno control social sobre el Estado. La participación comprometida de más de 190.000 gauchos (as) en las plenarias del Presupuesto Participativo demuestra el deseo popular de participación y crea un marco histórico en las relaciones políticas en Río Grande del Sur.» («Seis meses de governo», Asesoría de Prensa del Gabinete del Gobernador)

Efectivamente, desde el primer día, el Gobierno de RS viene poniendo en práctica, a nivel de Estado, algunas de las acciones políticas, sociales y económicas que ya demostraran éxito en la administración municipal de la capital y otras ciudades. Destacan, entre ellas, el Presupuesto Participativo (OP); un nuevo esquema de relaciones Estado-municipios-regiones; algunas propuestas de desarrollo económico y social, entre las cuales de servicios de renta mínima y otras ya reseñadas anteriormente. En relación al OP, vale la pena señalar que está en su segundo año de ejercicio. Todas las ciudades y regiones del Estado han celebrado ya asambleas ciudadanas. En el primer año, la participación total se cifra en unas 400.000 personas. Número que supera el millón en el segundo OP estatal que se celebra en este año 2000. De acuerdo con informaciones del propio Gobierno y otras sobre el terreno, la participación del proceso de OP en el Estado está por encima, proporcionalmente, a la de la propia capital.

Pero, más importante incluso que esas cifras, con no ser poca cosa, es la dimensión cultural y política de ese proceso de democracia participativa y propuestas de desarrollo económico popular y solidario en el marco ahora, no de una ciudad más o menos grande, sino de un Estado de diez millones de habitantes, entre los más desarrollados de Brasil e incluso América Latina. No son necesarios muchos argumentos para entender, de un lado, la importancia de esta experiencia para la izquierda en todo el mundo en términos teóricos y prácticos; así como, por el otro, de la potencialidad a corto y medio plazo, en términos de consecuencias concretas y prácticas, de la misma en el escenario político tanto de Brasil como de América Latina.

©EspaiMarx 2000 Artículo incorporado el 12 Noviembre, 2000

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