El legado de Auschwitz
Eduardo Subirats
Los reiterados tributos oficiales a las víctimas de los campos de concentración europeos, creados durante la Segunda Guerra Mundial, pareciera que iban a poner un fin a su lógica del genocidio. A comienzos del siglo XXI es difícil creer que sea éste el caso. Las guerras de los Balcanes, las atrocidades que se sucedieron en África y en las guerras de Irak y Afganistán señalan más bien una espantosa regresión histórica. Las masacres y genocidios, los desplazamientos de millones de humanos, el confinamiento masivo en campos de concentración o de refugiados y, no en último lugar, los movimientos migratorios provocados por la pobreza y la destrucción ecológica no han cesado de multiplicarse.
Según los datos facilitados por el Committee for Refugees and Immigrants de Estados Unidos, en el año 2006 existían en el mundo 33 millones de personas involuntariamente desplazadas de sus hábitats originales. De ellos, 21 millones los constituyen las llamadas “personas internamente desplazadas,” es decir, relocalizadas dentro de sus propias fronteras nacionales. Los 12 millones restantes son refugiados que han huído a segundos países en busca de seguridad política y económica.
Sudán y Colombia se mencionan como ejemplos de desplazamientos internos promovidos por la violencia militar, con cifras que alcanzan hasta los 5 y 3 millones de refugiados, respectivamente. La crisis humanitaria más reciente la brinda Irak con un millón 700 mil desplazados internos y más 2 millones que han abandonado el país.
Oficialmente estas movilizaciones son temporales. Pero en países como Colombia, el regreso a sus hogares de los desplazados, que son indígenas y mestizos en su mayoría, es imposible, puesto que sus tierras oficialmente “abandonadas” son apropiadas legalmente por corporaciones y organizaciones militares. Existen más de 2 millones de afganos en campos y refugios provisionales desde hace más de 20 años. La cifra récord la configuran los palestinos: 3 millones de desplazados hace medio siglo. El número de estos llamados “refugiados perpetuos” en el mundo asciende a un total de 8 millones. Y estas cifras no hacen sino multiplicarse de año en año al amparo de lucrativas guerras y tráfico de personas.
En las declaraciones oficiales, los campos de concentración del nacionalsocialismo del siglo pasado se condenan y consagran como un evento único en la historia de la humanidad, cuyos motivos, métodos y objetivos escapan a la luz de la razón. Implícita o explícitamente se atribuye su responsabilidad a voluntades perversas y patologías racistas.
Sin embargo, los genocidios industriales del siglo XX no constituyen un hecho aislado. Las minas y las mitas coloniales de la América española constituyen un paradigma histórico de racionalización militar de un sistema etnocida de producción. Las cifras del genocidio colonial americano son imprecisas. Pero los cálculos más conservadores las sitúan en torno a las decenas de millones.
El tráfico internacional de esclavos africanos constituye un prefacio sórdido a los genocidios europeos del siglo XX, con cifras asimismo escalofriantes. El propio nombre de campos de concentración fue acuñado por el colonialismo británico en África del Sur antes de que lo esgrimiera el imperialismo alemán.
Tras estos crímenes contra la humanidad existen, sin lugar a dudas, voluntades enfermas. Pero sus procesos genocidas están atravesados por la limpia racionalidad que define la acumulación de capital, la expansión de mercados y la concentración de poder y riqueza. Aproximadamente la mitad de las víctimas de los campos de concentración nazis eran campesinos eslavos, gitanos y comunistas que la máquina militar devoraba a lo largo de su expansión hacia el este.
Su exterminio estaba ligado a un principio económico: racionalizar la producción agraria, liberándola de sus trabas precapitalistas. Una de las razones que justificaban la elimina- ción de los guetos judíos de Europa central eran sus formas de vida tradicional, resistente a la economía de mercado y a las exigencias de la industrialización agraria. Estos genocidios esgrimieron asimismo un principio de seguridad: sus víctimas eran potenciales insurgentes contra el sistema que las desalojaba de sus ciudades y sus tierras.
Aunque jurídica y mediáticamente se contemple como una realidad aparte, el flujo migratorio masivo de nuestros días obedece a los mismos principios: la expansión territorial de poderes corporativos, crecientes desigualdades económicas y sociales entre las naciones ricas y las regiones neocoloniales, la degradación ambiental y la violencia. Sus cifras son asimismo turbadoras. En Europa existen 83 millones de inmigrantes legales y un número indeterminado, entre 4 y 7 millones, de denominados “sin papeles”. En Estados Unidos la cifra oficial de estos inmigrantes no legalizados asciende a 12 millones.
En lugar de confrontar las causas de este desorden global, los intereses económicos y militares que lo sostienen, los líderes mundiales han optado por la criminalización de sus víctimas y la militarización de sus conflictos. El propio concepto de “inmigrante ilegal” es una construcción tan arbitraria. El término fue acuñado por el colonialismo británico para combatir una indeseada inmigración de judíos a Palestina en los años de su persecución nazista en Alemania. Las frases sobre la amenaza que estos inmigrantes representan para el mercado laboral, su viciosa asociación con el crimen organizado y las retóricas de su no integración nacional encubren el efectivo desmantelamiento de los derechos humanos a escala global.
Los campos de detención y concentración, y la militarización de los movimientos migratorios generados por las guerras, la miseria y el expolio no son precisamente una solución a estos dilemas. Son parte del problema. Sólo la confrontación transparente de la creciente extorsión económica de las regiones más ricas del planeta por poderes corporativos multinacionales, de las causas reales del deterioro ambiental, y de los tráficos de armas y humanos, y sólo la implementación de auténticos programas de desarrollo sustentable podría poner un punto final a esta lógica del genocidio: el legado de Auschwitz. Pero la condición primera para poder encontrar una solución a estos dilemas es su debate público.
(Este artículo ha sido censurado por El País, de Madrid, en el momento en que los líderes europeos administran la expulsión de millones de inmigrantes ilegalizados.)
