La represión policial y judicial en la India de Modi: presentación de dos casos

Carlos Valmaseda

La República de la India es un estado que cumple los estándares habituales de cualquier democracia formal: elecciones multipartidistas, libertad de prensa, un sistema judicial relativamente independiente, etc. En los últimos años, sin embargo, especialmente a raíz de las dos mayorías absolutas que ha conseguido en las elecciones federales el partido ultrareligioso y neoliberal BJP, se aprecia una seria erosión palpable en muy diversos frentes y con un elemento clave: la imposición de la ideología hindutva frente a la tradicional visión de la India como un crisol de culturas. Esta ideología da por sentado que India es la tierra de los hindúes y por tanto los miembros de cualquier otra religión, especialmente los musulmanes, deben someterse a la exclusivista visión que el BJP y su casa madre, el RSS, tienen del hinduismo, o abandonar el país. “¡Vete a Pakistán!” es la respuesta inevitable ante cualquier musulmán que se oponga mínimamente a este programa. Hoy, claramente, los musulmanes están en vías de convertirse en ciudadanos de segunda clase en India. No está de más recordar que suponen aproximadamente un 15% de la población del país con 195 millones de personas, siendo India el tercer país por número de musulmanes tras Indonesia y Pakistán, seguidos por Bangladesh –por lo que si no se hubiese producido la Partición en 1947 India sería sin ninguna duda el primer país del mundo por número de musulmanes–, y proyectándose que pueda ser el primero hacia 2050.

Pero no es solo la religión una de las causas de discriminación. El sistema de castas que sigue rigiendo en la vida social y política india deja dos sectores más especialmente desamparados: los dalits, antes conocidos como intocables, es decir, aquellas personas consideradas impuras y fuera del sistema de castas propiamente dicho y, aunque con cambios en los últimos decenios, dedicadas tradicionalmente a los trabajos también considerados impuros –limpieza de letrinas, trato con cadáveres tanto de personas como de animales, etc.– y adivasis, esto es, grupos étnicos y tribales de India que también están fuera del sistema de castas. Los adivasis han habitado tradicionalmente las zonas más agrestes y boscosas del país, y son quienes más están sufriendo el acoso extractivista neoliberal en busca de recursos naturales.

Siendo estos grupos los principales perjudicados, la deriva hindutva del partido en el gobierno amenaza también a muchos otros sectores no conformes con esta visión extremadamente simplista y agresiva del futuro del país. El BJP sigue una política sistemática de ocupación de cualquier parcela de poder en todos los ámbitos sociales: universidades, donde se coloca en puestos clave de gestión a fieles al partido; medios de comunicación, especialmente las cadenas de televisión, ridiculamente estridentes pero efectivas en la transmisión de esta cosmovisión nacionalista excluyente, siempre contra Pakistán y ahora contra China; judicatura, donde han conseguido que el Tribunal Supremo, tradicional contrapeso al Ejecutivo se haya plegado a los intereses del BJP, etc., etc.

La actuación de las fuerzas policiales es un elemento más de este engranaje. A menudo corruptas y con una cierta tendencia al uso gratuito de la violencia, como muestran los numerosos casos de lo que allí se conocé como encounters y que no es más que la simple aplicación de la ley de fugas. Utilizada sin reparo contra la delincuencia común, se usó para acabar con la insurgencia comunista naxalita en los 60 en Bengala, la independentista sij en los 80, y siempre en Cachemira. Resulta demasiado prolijo extenderse en todos sus casos, pues solo en el estado de Uttar Pradesh y en el plazo de los tres últimos años hubo 125 asesinatos extrajudiciales. Algunos ejemplos recientes son los 8 islamistas que presuntamente habían huído de la prisión asesinando a un funcionario de prisiones y muertos en un descampado en Bhopal en 2016; los tres emigrantes en busca de trabajo asesinados recientemente y presentados como terroristas islamistas, aunque en este caso los ejecutores fueron del ejército, no de la policía; o el caso especialmente escandaloso de Vikas Dubey. Durante años, este gangster de Uttar Pradesh había llevado a cabo sus actividades político-delictivas en esa extraña amalgama de delincuencia y política que afecta especialmente a dicho estado conocida como Mafia Raj. El 3 de julio de 2020 un destacamento de la policía fue a detenerlo y, posiblemente temiendo su ejecución en un “encuentro”, montó una emboscada –tras el chivatazo de otros policías– en la que, junto a varios cómplices, mató a 8 policías y huyó. El día 9 de julio se entregó públicamente en un templo en Madhya Pradesh. Al día siguiente, mientras era conducido de vuelta a UP, presuntamente el coche de policía volcó, Dubey se hizo con una pistola y no hubo más remedio que abatirlo. Todo ello ya había sido predicho, punto por punto, días antes por multitud de usuarios de internet. Ningún caso mejor que este para hablar de la crónica de una muerte anunciada.

El caso Bhima Koregaon

Siendo sin duda las ejecuciones extrajudiciales uno de los ejemplos más terribles del uso desproporcionado de la fuerza, vamos a centrarnos en este artículo en otro elemento del engranaje represivo: el encarcelamiento sin juicio durante años de oponentes políticos, generalmente activistas de derechos humanos o militantes de izquierda. Para ello vamos a analizar con más detenimiento dos casos de plena actualidad: Bhima Koregaon y los disturbios de febrero de 2020 en Nueva Delhi.

El caso Bhima Koregaon comienza, curiosamente, con una batalla que los ingleses ganaron contra un ejército del imperio marati, en la actual Maharashtra, el 1 de enero de 1818. Las tropas inglesas estaban compuestas en su mayor parte de miembros de la casta mahar, esto es, dalits o intocables. Los ingleses erigieron un monolito en Koregaon para celebrar la victoria  y honrar a los soldados muertos y, a partir de 1928, a iniciativa de B.R. Ambedkar, en la fecha de la batalla los dalits ambedkaristas celebran la victoria de los mahar sobre el régimen dominado por  miembros de la casta superior peshwa del imperio maratí, a los que veían como sus opresores.

Paralelamente, en 1689 el emperador mogol Aurangzeb torturó, ejecutó y mutiló al marajá Sambhaji, segundo gobernante de la dinastía marati. Según la leyenda, los restos de Sambhaji, arrojados al río Bhim, fueron recogidos por Govind Mahar, quien los cosió y también efectuó los rituales funerarios e incineró el cuerpo en Vadhu Budruk, una aldea no lejana a Koregaon y donde se construyó un memorial, presuntamente también realizado por los mahars. Pero los marathis de casta superior se oponían a esta explicación de la historia, y más concretamente a la presencia de una placa que reconocía la participación de los mahars.

En 2018 se iba a celebrar el 200 aniversario de la batalla. Con este motivo el 31 de diciembre de 2017 se celebró en Pune, una ciudad de Maharashtra, un evento, llamado Elgar Parishad, organizado por una coalición de 260 ONGs con la participación de unas 35.000 personas. El programa consistió en una serie de charlas, discursos y actividades culturales. Uno de los objetivos declarados era oponerse a la violencia comunal impulsada por grupos hindutvas, en general con la excusa de la defensa de las vacas.

El día 1 de enero de 2018, como cada año, miles de dalits acudieron a Koregaon, o Bhima Koregaon. Hasta entonces todas las celebraciones habían sido siempre pacíficas, pues existía bastante armonía entre las diferentes castas de la población, pero este año había aumentado la tensión a causa de la disputa en el pueblo vecino de Vadhu Budruk sobre quién había efectuado los ritos funerarios de Sambhaji. Diversas organizaciones hindutva habían convocado una contramanifestación. Entre los organizadores destacaban Milind Ekbote y ‘Sambhaji’ Bhide. Se desató la violencia contra los dalits y una persona perdió la vida. Al día siguiente, 2 de enero, se produjeron manifestaciones de protesta por toda la zona y se presentó una denuncia contra los responsables de las organizaciones hindutva responsables de la violencia.

La primera respuesta de la policía fue de total inactividad, esperando instrucciones del gobierno del estado de Maharashtra, en aquel momento en manos del BJP. En febrero, el Tribunal Supremo criticó al gobierno del estado por su tardanza en detener a Ekbote. Este sería detenido poco después aunque prontamente liberado. En un giro de 180º de los acontecimientos, el gobierno estatal del BJP presentó lo sucedido como una conspiración por parte de elementos maoístas para incitar a la violencia, recurriendo a la por aquel entonces extendida acusación de la existencia de “urban naxals”, guerrilleros comunistas emboscados en las ciudades. La explicación oficial sería que Elgar Parishad habría sido el evento en el que se planificó la violencia. En junio de 2018 serán detenidos conocidos activistas por los derechos humanos o izquierdistas. A todos ellos se les acusará de vínculos con el ilegalizado Partido Comunista de India (maoísta). Se trata de  Surendra Gadling, Sudhir Dhawale, Rona Wilson, Shoma Sen y Mahesh Raut. En agosto son también puestos en arresto domiciliario y más tarde encarcelados el poeta  Varavara Rao, la abogada Sudha Bharadwaj, y los activistas Arun Ferreira y Vernon Gonsalves. El goteo de detenciones, no obstante, se ha mantenido hasta fechas muy recientes, como el profesor de la Universidad de Delhi Hany Babu. Previamente habían sido encarcelados los intelectuales Anand Teltumbde, autor de la fundamental Republic of Caste: Thinking of Equality in the Era of Neoliberalism and Hindutva  y Gautam Navlakha.

En febrero de 2019 , The Washington Post publicó que Teltumbde había sido arrestado como parte de “la mano dura del gobierno contra abogados y activistas” críticos con Modi. Más de 600 académicos publicaron una declaracion conjunta en apoyo de Teltumbde, condenando la acción del gobierno como una “caza de brujas” y solicitando la detención inmediata de las acciones contra él. Además, más de 150 organizaciones e intelectuales, entre los que se encontraban Noam Chomsky y Cornel West, firmaron una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en las que consideraban a los cargos “fabricados” y pedían la intervención de la ONU. También Amnistía Internacional expresó su preocupación. Esta organización acaba de de paralizar sus actividades en el país por el acoso que sufren por parte del gobierno, que consideran una represalia por sus actividades.

Tras más de dos años de detención, todos siguen presos y algunos de ellos con importantes problemas de salud, como Varavara Rao, que con casi 80 años se contagió de COVID-19 en la cárcel y ha tenido serios problemas neurológicos. Por aplicacion de la estricta ley antiterrorista, la UAPA (Unlawful Activities Prevention Act), no está claro cuando serán liberados ni cuando se celebrará el juicio, que puede tardar años.

Las protestas por la CAA y los disturbios en Delhi de febrero de 2020

En su política de acoso contra la minoría musulmana, el parlamento de la Unión, dominado por la coalición de la que el BJP es la fuerza hegemónica, el NDA, aprobó el 12 de diciembre de 2019 un nueva ley, la Ley de Enmienda sobre Ciudadanía, CAA por sus siglas en inglés [Citizenship Amendment Act]. La ley iba asociada a una propuesta de Registro Nacional de Ciudadanos, NRC por sus siglas en inglés [National Register of Citizens]. La ley tiene una larga historia con epicentro en el estado de Assam, fronterizo con Bangladesh. En Assam se considera, de manera errónea, que buena parte de su población musulmana son emigrantes ilegales procedentes del vecino país y, temiendo la “desnaturalización” de la cultura assamesa, exigieron durante muchos años ese registro de ciudadanía en el que se demostrase la procedencia de cada ciudadano. Curiosamente, cuando finalmente se realizó dicho registro, resultó que casi dos millones de personas de religión musulmana, pero también hindú, quedaron excluidos. Para solucionar este problema, la nueva ley proponía una enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1955 para facilitar la ciudadania india a toda persona de religión hindú, sij, budista, jainita, parsi y cristiana de Afganistán, Bangladesh y Pakistán que supuestamente hubiese sufrido persecución religiosa. Lógicamente, los musulmanes no eran incluidos en esta enmienda.

La aprobación de la ley provocó una ola de movilizaciones en contra en las que participaron no solo musulmanes sino todos aquellos opuestos a esta evidente discriminación. Fueron especialmente populares el uso de la bandera tricolor india y las lecturas públicas del preámbulo de la Constitución cuyo texto reza así:

«Nosotros, el pueblo de India, habiendo decidido solemnemente constituir India en una República democrática soberana secular socialista –estos dos últimos elementos añadidos en una enmienda en tiempos de Indira Gandhi– y garantizar a todos sus ciudadanos justicia, social, económica y política; libertad de pensamiento, expresión, creencias, fe y culto; igualdad de estatus y de oportunidades; y promover entre ellos toda fraternidad asegurando la dignidad del individuo y la unidad e integridad de la nación; en nuestra Asamblea Constituyente este 26 de noviembre de 1949, por tanto adoptamos, aprobamos y nos damos a nosotros mismos esta Constitutción.»

Como muestra de estas movilizaciones presentamos aquí al conocido actor Naseeruddin Shah leyendo el preámbulo mientras TM Krishna canta el himno nacional en estilo carnático:

Fueron especialmente activos los estudiantes universitarios, lo que provocó a su vez una violenta respuesta policial en diversos recintos universitarios. Pero sin duda la iniciativa más popular fue la sentada realizada fundamentalmente por mujeres musulmanas en el barrio delhita de Shageen Bagh y que no terminó hasta que las medidas de confinamiento por el coronavirus obligaron a su desmantelamiento.

En otro barrio del noreste de Delhi, Jaffrabad, también se estaba llevando a cabo una sentada de mujeres contra la CAA. El 23 de febrero de 2020 un líder del BJP, Kapil Mishra, emplazó a la policía a despejar la calle en la que se encontraba la sentada amenazando con hacerlo él mismo con sus partidarios si no actuaban. Tras el ultimátum de Mishra estalló la violencia por ambos lados. El 25 de febrero sin embargo, hubo un cambio importante. Turbas con cascos y palos, piedras, espadas o pistolas y con la bandera azafrán del nacionalismo hindú, entraron en barrios musulmanes mientras la policía se lo miraba inactiva cuando no se unía a ellos. De las 53 personas asesinadas, dos tercios fueron musulmanes a los que se les disparó, golpeó, acuchilló o se les quemó vivos. Entre los muertos también hubo un policía, un oficial de inteligencia y una docena de hindús. Miles de personas, fundamentalmente musulmanes, perdieron todas sus pertenencias y negocios en los incendios intencionados. Hay que decir también que se produjeron momentos de solidaridad entre personas de diferente fe protegiendose entre sí.

 

Tras el estallido, la policía creó una comisión de investigación para establecer responsabilidades. Esa misma policía que vemos en este vídeo obligando a cantar a palos el himno nacional indio a 5 chicos musulmanes heridos. Uno de ellos moriría a los pocos días:

No es por tanto extraño que en las investigaciones acabasen detenidos o acusados más musulmanes, 582, que hindús, 571, cuando 190 FIR –First Information Report, una especie informe preliminar redactado por la policía– estuvieron basados en denuncias de hindúes frente a 410 de musulmanes.

Pero esto era solo un primer paso. El siguiente fue acusar de incitación a la rebelión a todos aquellos que participaron en las movilizaciones contra la CAA. Una vez más, las víctimas se convirtieron en los acusados. Muchos de ellos son mujeres, una clara muestra de la relevancia que éstas tuvieron en las movilizaciones. Entre las detenidas, se encuentran las estudiantes del colectivo Pinjra Tod Natasha Narwal y Devangana Kalita, o la también estudiante Safoora Zargar, a quien a pesar de estar embarazada y en pleno confinamiento por el coronavirus se le negó repetidamente la posibilidad de salir de la cárcel bajo fianza. Las detenciones se produjeron a veces por mítines celebrados meses antes de los disturbios en Delhi, como en el caso del Dr. Kafeel Khan. Otro de los detenidos recientemente es el dirigente estudiantil Umar Khalid, que une al ser de origen musulmán el agravante de ser comunista. En una vuelta de tuerca de esta política represiva, se ha implicado en las investigaciones al secretario general del CPI(M), Sitaram Yechuri; a Yogendra Yadav, líder de una organización especialmente preocupada por los problemas ecológicos y del campesinado, Swaraj Abhiyan; a la conocida economista Jayati Ghosh; al profesor de Delhi University y activista Apoorvanand; y al director de películas documentales Rahul Roy. Todos ellos muy críticos con el gobierno del BJP.

Resulta difícil predecir la evolución de la situación política. Modi sigue gozando de una gran popularidad entre amplios sectores de la población. A pesar del evidente fracaso de su modelo de crecimiento económico y su promesa de creación de millones de puestos de trabajo, el aprovechamiento e incitación a las tensiones religiosas –acaba de quedar impune por el Tribunal Supremo la demolición de la mezquita Babri Masjid en 1992— y un nacionalismo exacerbado por el conflicto siempre latente con Pakistán y ahora con China, ha conseguido de momento el beneplácito de la población. Sus últimas medidas económicas, no obstante, de completa liberalización del campo, está provocando un fuerte movimiento de protesta entre sectores que generalmente lo han apoyado. Habrá que estar atentos a la evolución.