El destronamiento de la reina Isabel II en 1868 abrió un conjunto de expectativas políticas y sociales que fue más lejos de lo que algunos conspiradores hubieran deseado. Ello es debido a la gran movilización popular y su participación en un rico tejido de asociaciones, y del impacto del sufragio universal. Una cosa es que el régimen no alterase la noción de propiedad burguesa y otra que la actitud defensiva de los sectores conservadores y ultramontanos no tuviese una base real, basada en el miedo a la Constitución de 1869 y las nuevas reglas del juego que imponía. En cierto modo, el conjunto de experiencias republicanas preparó el consenso entre los partidarios del orden en los años venideros. El republicanismo federal liderado por Francesc Pi y Margall y la cantonal (1873), deben tenerse en cuenta como uno de los hitos más importantes de los procesos de cambio “desde abajo” de toda nuestra historia contemporánea. Un ensayo teórico y práctico de soberanía individual y de democracia con pocos intermediarios. Se ha venido insistiendo demasiado en los aspectos doctrinales del ideario de Pi o en la fragmentación interna del republicanismo. Esta visión tradicional se debe sustituir por otra que ponga el acento en la calidad de las propuestas de mejora social lanzadas por los cantonales o en las experiencias cotidianas de conflicto. En suma, republicanizar la historia de la República.
Ciertamente, para una buena parte de Cataluña, el País Valenciano o Andalucía, la noticia de la proclamación de la República el día 11 de Febrero no fue sino un hecho gratamente esperado. En realidad, el régimen nacía lleno de incertidumbres. Como han señalado los clásicos C.A. Hennesy o J. Termes, se trató de un relevo en el gobierno pero sin un paralelo cambio constitucional. Un gobierno de transacción, de mayoría republicana, que debía de convivir con una asamblea donde se invertían los términos, con una filiación mayoritaria radical. Los objetivos del primer gobierno consistieron en controlar la situación política y mantener el orden público por encima de cualquier otro proyecto. Quizás no se ha señalado suficientemente el carácter no deseado de la evolución política durante 1873, la revuelta federal y cantonal. Esta experiencia no ha ocupado en la memoria democrática española el lugar que ha podido tener la Commune de París en la cultura política francesa y europea. A ello han contribuido diversos factores, sin duda, pero también el deseo de los republicanos posibilistas seguidores de Emilio Castelar -responsable del giro conservador que anticipó el golpe de estado de Pavía-, obsesionados en distanciarse de los federales y acercarse al contra-modelo de orden, eficacia y conservación representado por la III República francesa.
El sexenio fue uno de los momentos propicios para replantear las reclamaciones populares de reforma agraria. Durante aquellos años se incrementaron en toda España las huelgas de colonos, la ocupación de dehesas y la destrucción de cercas, las talas de árboles, los pasquines amenazadores, el incendio de pajares y de pastos, y un sin fin de situaciones herederas de una larga tradición de protesta. Un indicio que el régimen fue lejos en el terreno social -al margen de la ley de protección del trabajo de menores del 24 de julio, o los debates sobre la abolición de la esclavitud-, fue la repercusión que tuvo entre los conservadores el artículo adicional de la ley de 20 de agosto relativa a la redención del foro gallego, la rabassa morta catalana, o el treudo aragonés. Éste último, de manera ambigua, abría la posibilidad de la redención del censo enfitéutico. Observadores venidos de Barcelona oyeron cómo las gentes reunidas en cafés y tabernas creían que “la tierra no era de nadie y que los frutos eran de todos”. Sintomáticamente, un antiguo amigo de Prim, Enric Climent, rico hacendado del Ampurdán y ex gobernador civil de Girona, lamentaba que los colonos se creían con el derecho de no pagar sus obligaciones y, por esta razón, era “imposible que la gente honrada y de alguna posición se adhiera a la República”.
En realidad, el frente antirrepublicano era muy amplio, abarcaba desde el carlismo hasta el liberalismo progresista y radical. Quizás sorprenda saber que personalidades carlistas habían depositado esperanzas en una República que precipitase una reacción favorable a su causa. Unos planteamientos que recordaban la necesaria expiación social anunciada por el escritor y político Juan Donoso Cortés. En palabras del general navarro Joaquín Elío a su rey: “Tal vez, Señor, no es muy cristiano lo que voy a decir, pero considero necesario para la buena curación de España un poco de 93 o un poco de República”. Por su lado, para el sector liberal y progresista el problema central fue también el control del ejército. Un análisis calcado al efectuado por escritores y periodistas conservadores. Víctor Balaguer, quizás el principal dirigente progresista del principado, recibió diversas cartas que reclamaban urgentemente una dictadura militar, y ello antes que Pi y Margall fuese nombrado presidente. Uno de los amigos de Balaguer, Francisco Burgadas, le decía que “los catalanes todos, sin distinción de partidos, estamos hartos de derechos individuales”. Otro de sus corresponsales le avisaba que en Barcelona “recorren nuestras calles una o dos músicas celebrando la proclamación de la República Federal (…) Nuestra situación es triste y crítica, pues hoy ya no es la República Federal la que aclaman, sino la Federal Social”.
Una de las principales manifestaciones de la republicanización de la vida política fue la transformación radical de los cuerpos armados. Lejos de aplazar el cambio (primero ganar la guerra y después proclamar la federal), la revuelta militar republicana fue la forma principal de canalizar los proyectos republicanos más avanzados. También, como hemos visto, fue el objeto principal de los ataques conservadores, acobardados por la dimensión que había tomado el cambio desde abajo. La guerra carlista y el largo conflicto cubano fueron el terreno forzado por las circunstancias en el cual se desarrolló la federal. Sería un error considerar la guerra solo como un elemento disuasivo del proyecto republicano, y no como el elemento que catalizó las políticas republicanas. En ciertos momentos, el conflicto bélico y los batallones republicanos conducidos por diputados “en misión” fueron los únicos instrumentos reales de cambio. La contraposición entre cantonal y federal, desde este punto de vista, no tiene razón de ser, si lo que se pretende es no devaluar la intensidad de la movilización federal.
El decreto de disolución del ejército regular y su conversión en uno de voluntarios, realizado por la diputación de Barcelona el 10 de marzo, contagiaría no sólo el distrito catalán, sino otros colindantes. El ejército no desapareció formalmente, pero ni la composición ni el funcionamiento interno de los cuerpos, ni el comportamiento público de los soldados fue el mismo que en tiempos de la monarquía. A pesar de ello, también hubo oficiales, pocos, comprometidos con el nuevo orden republicano. Un capitán del regimiento de caballería de Alcántara, Francisco Araque, se dirigió a los soldados del cuartel de las atarazanas de Barcelona diciéndoles que ya no eran militares “sino ciudadanos”, y a continuación quemó las antiguas ordenanzas porque que ya no servían. Los soldados vestían garibaldinas, gorros frigios y se ponían galones al margen de la uniformidad. Lucían cabellos descuidados y largas barbas, y ostentaban con orgullo escarapelas republicanas. Nos servirá como ejemplo el comportamiento de la columna mandada por el coronel Miguel Vega. Sus soldados pasaban las noches en las tabernas gritando vivas a la federal y ¡fuera listas y abajo los entorchados del general que es un tirano! Y todo ello lo amenizaban con canciones ofensivas al clero, la música de la Marsellesa y el himno de los puritanos. Este era un paisaje habitual en la revuelta y suministró la imagen más radical de los republicanos, unido a otro elemento simbólico, el petróleo, importado de la Commune, y que también sirvió para estigmatizar la célebre huelga y sublevación de Alcoy del mes julio. Con pesar, el diario conservador madrileño La Epoca, reprodujo una carta del por entonces gobernador militar de Girona, Arsenio Martínez Campos, donde afirmaba que “sin Ejército no hay nacionalidad posible en estos tiempos”.
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