Argentina: Endeudamiento hasta el infinito
José Castillo
(LA ARENA)
La Presidenta anunció que pagará toda la deuda pendiente con el Club de París. Lo hará de contado y apelando a las reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Se trata de una medida similar a la que implementó Néstor Kirchner para cancelar la deuda con el FMI.
Este pago de contado que se realiza en el mismo momento en que se sostiene, desde distintas instancias del gobierno, que no hay dinero para dar respuesta a reclamos de docentes, estatales y profesionales de la salud que en muchos lugares del país reclaman por sus haberes.
Cristina Fernández de Kirchner utilizó el Día de la Industria para anunciar el pago de 6.706 millones de dólares a los gobiernos que componen el Club de París. La jefa de Estado, rodeada de gobernadores y sindicalistas afines, señaló que se trata de «una de las deudas más genuinas». El empresario Enrique Pescarmona, después de aplaudir rabiosamente, asintió que «es el mejor uso que se le puede hacer a las reservas». El gobierno alega que pagando de esta manera no pasará por el «filtro del FMI» y que el país ganará «confianza internacional». Curiosamente similar a los dichos de Néstor Kirchner al abonar de contado a ese organismo a fines del 2005, con el argumento del «desendeudamiento». El balance es sencillo: hoy, a apenas tres años, la Argentina tiene una deuda sideral (parecida a la de 2001), que se sigue renegociando hasta el infinito, y se encuentra frente a peligrosos vencimientos en los años inmediatos.
Es importante dimensionar el monto del pago en juego. Comparemos. Con los 6.700 millones de dólares (o lo que es lo mismo, 20.800 millones de pesos), se podrían construir 700.000 viviendas populares, o 700 escuelas, o 210 hospitales o se podrían otorgar $ 1.000 pesos de emergencia a cinco millones de docentes y estatales hasta fin de año. Estamos hablando de una cantidad que ensombrece cualquier cantidad pensable asignada para redistribución de la riqueza o políticas sociales en general.
¿A quién le pagamos?
El Club de París es un organismo financiero integrado por 19 naciones, entre ellas, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Italia, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza, países acreedores permanentes. Un miembro acreedor nuevo es Rusia que canceló su deuda en 2005 y pasó a tener ese carácter. Los socios económicos que patrocinan al Club de París son principalmente, el FMI y el Banco Mundial. Casi un centenar de países del mundo son o han sido deudores de este «club», que nació en 1956. Argentina integró el triste privilegio de ser uno de los «deudores inaugurales», bajo la dictadura militar de la llamada «Revolución Libertadora» de Aramburu y Rojas. Junto al ingreso al FMI, la subordinación al flamante Club de París, fueron hechos definitorios de la semicolonización de nuestro país después del derrocamiento de Perón.
La presidente en su discurso tuvo una contradicción importante. Por un lado dijo que la deuda con el Club de París es «de las más legítimas». Pero a la vez reconoció que «viene de larga data. El 45 por ciento de esa deuda es anterior a la recuperación de la democracia». Es decir, que su origen está en la monumental estafa que organizó la dictadura, y que hasta tiene un fallo de ilegitimidad en su contra. Incluso la parte más «moderna» de esa deuda merece ser puesta en duda: se trata de los fondos de lo que se llamó en su momento el «blindaje» de fines del año 2000, armado por varios países centrales para «garantizar» el pago de los vencimientos de deuda del primer trimestre del 2001, meses antes de que el país cayera en default.
¿Cómo se tomó la decisión?
Se podrá discutir hasta el infinito si fue una decisión tomada por Cristina Kirchner «en soledad» o si hubo una consulta en la que participó un selecto grupo de funcionarios. Pero lo que resulta sumamente sugestivo es que esta decisión de pago se haya tomado una semana después de la reunión de la presidente con el representante del Departamento de Estado norteamericano para América Latina. Thomas Shannon, quien visitó al país días atrás y se reunió con Cristina hizo una serie de sugerencias: que Argentina pague 20.000 millones de dólares a grandes empresas y multinacionales (esencialmente privatizadas), quienes iniciaron juicios contra nuestro país en el CIADI (tribunal que depende del Banco Mundial); que se reabran las negociaciones con los «holdouts» (bonistas que quedaron fuera del canje del 2005); y, casualmente, dar una señal a los mercados avanzando un pago con el Club de París. Todo esto para «recrear un clima de inversión» y cumplir con el tratado bilateral de inversiones que tiene firmado Argentina con los Estados Unidos.
Las «formas institucionales»
Hay que destacar que, tal como lo anunció en el mismo discurso la propia Cristina Kirchner, ella «instruyó para el pago a su Ministro de Economía». Encontramos aquí una doble violación a la institucionalidad. La primera es que el gobierno hace uso, como si fueran propias, de las reservas del Banco Central, sin detenerse en la figura de autonomía del organismo. Es importante remarcarlo: las reservas del Central no pertenecen al gobierno; no deben confundirse con los superávit de Tesorería. Las reservas acumuladas (47.000 millones al momento de la decisión de pagar) son el respaldo del país frente a su base monetaria, y su administración y gestión exige que sus decisiones se tomen con autonomía a las necesidades coyunturales del gobierno. Cabe mencionar que esta violación flagrante del propio estatuto del Banco Central no es la primera vez que se comete: ya había sucedido lo mismo a finales del 2005, cuando en una operación idéntica se «canceló» por adelantado la deuda argentina con el FMI (en ese caso se trató de 9.000 millones de dólares). Pero existe además una segunda violación jurídica, en este caso más grave, aunque como la vienen cometiendo todos los gobiernos desde 1983 a esta parte, ya parecemos estar acostumbrados. La Constitución Nacional dice tajantemente que es el Congreso de la Nación el que está encargado de decidir sobre las decisiones relativas a endeudamiento. Blanco sobre negro: la deuda debe discutirse en el Parlamento, que a partir de ahí «instruye» al Ejecutivo (para utilizar el mismo eufemismo que utilizó el martes la Presidenta). Que esto no se haga tiene consecuencias notables: desde hace años duerme en los cajones de nuestro Poder Legislativo la sentencia del juez Ballesteros, que declara ilegal el endeudamiento externo argentino realizado en la época de la dictadura militar (y del cual descienden, refinanciaciones mediante, todos los posteriores hasta el actual). Un debate parlamentario sobre la deuda externa y sus formas de refinanciación nos llevaría inmediatamente a la discusión imprescindible: su ilegitimidad de origen.
¿Y la deuda interna?
Se ha consumado un nuevo capítulo del saqueo comenzado a mediados de la década del 70. No por repetido deja de ser cierta la afirmación: la mayor hipoteca que pesa sobre la sociedad argentina es la ilegal, inmoral e impagable deuda externa. Por eso aparece una vez más la pregunta lacerante, obsesiva, incómoda para muchos: ¿y la deuda que tiene este gobierno y tuvieron los anteriores con los docentes, estatales y profesionales de la salud? ¿Y la deuda con los jubilados, los cuales tienen la mayoría de sus ingresos bajo la línea de pobreza? ¿O con los desocupados, muchos de ellos jefes de hogar que cobran 150 pesos al mes y aún no consiguieron trabajo digno? ¿Y la deuda con millones que viven en la pobreza?
Es evidente que para algunos en nuestro país, y se expresó en los grandes empresarios, funcionarios y lamentablemente también sindicalistas que aplaudieron de pie tras el anuncio, las prioridades son otras. Se levantarán de hombros ante los interrogantes del párrafo anterior y señalarán que «primero hay que recrear la confianza y la inversión». Los que tenemos una visión distinta de lo que debe ser la economía, y la entendemos íntimamente vinculada a las problemáticas políticas y sociales, no podemos dejar de señalar, desde la ética más elemental, que lo que estamos viendo es dinero destinado a usureros internacionales que nos vienen saqueando desde hace décadas, para generar «climas de negocios» que pueden en el futuro beneficiar a algunos sectores empresariales, pero muy difícilmente al conjunto del pueblo.
José Castillo es economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).