Expertos y democracia

De entre lo que se ha podido leer en la prensa, me parece que lo escrito por el epidemiólogo Antoni Trilla al principio de la pandemia señala claramente las distinciones fundamentales:

La semana pasada algunos medios de comunicación cuestionaron si el Comité Científico de la Covid-19 del Ministerio de Sanidad, del que formo parte, había participado o no en la toma de decisiones al respecto de las medidas de confinamiento que ahora continúan. El Comité Científico de la Covid-19 está a disposición del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), un organismo técnico de alto nivel, adscrito a la dirección general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.

Un comité científico tiene la función de dar su opinión independiente y tratar de responder las preguntas o dudas que le pueden plantear tanto responsables técnicos como responsables políticos, que son quienes tienen el mandato de los ciudadanos para tomar las decisiones. Así es como ha de funcionar y cómo funciona el comité. He participado en muchos similares a lo largo de mi vida profesional: cada uno tiene que saber cumplir su papel.

[…] Finalmente, los responsables políticos, elegidos democráticamente, son quienes deben tomar y toman las decisiones. Una tarea muy difícil y de una enorme responsabilidad. (Antoni Trilla, “De científicos, técnicos y responsables políticos”, La Vanguardia, Barcelona, 12-04-2020)

Empezando por el final de la cita, la primera distinción importante se da entre la política y la opinión experta, científica. En democracia la responsabilidad final recae en los políticos que han sido elegidos para decidir. Pueden tomar más o menos en consideración las opiniones de los científicos, pero a ellos corresponde la decisión final y es a ellos a quienes se les debe pedir cuentas.

En una posición cercana a la política están los responsables técnicos que actúan dentro de la administración. En este caso, aunque su formación sea científica, y quizás en algún momento de su carrera hayan trabajado como investigadores, hay que considerarles como administradores políticos, sean funcionarios o cargos de libre designación. Su situación es la misma que la de cualquier otro cargo técnico al servicio de la administración. Su trabajo y sus decisiones son responsabilidad última del político que dirige su departamento.

En relación a la pericia científica, el conocimiento científico es el que se expresa a través de artículos científicos sometidos a revisión por colegas, pero también el que se elabora en los comités que asesoran a los gobiernos en sus decisiones. Si tomamos como ejemplo, la pandemia de la covid-19, por una parte, tendríamos los epidemiólogos y expertos en salud pública que trabajan principalmente en universidades o centros de investigación, que han publicado estudios en revistas científicas sobre el desarrollo de la enfermedad, y que en algunos casos han dado su opinión experta sobre las medidas que toman las autoridades. Algunos de estos científicos también se han dirigido a la opinión pública a través de la prensa, de los medios audiovisuales y de las redes sociales. En otro apartado podemos situar aquellos expertos que forman parte de comités asesores de los gobiernos, ya sea en consejos permanentes o bien en organismos creados específicamente para la situación actual.

Los científicos que trabajan principalmente como investigadores independientes deben regirse por las reglas generales de la investigación científica y gozan en principio de libertad para orientar sus trabajos en el sentido que crean conveniente para el avance del conocimiento. Deberían, pero, ser cautelosos cuando se dirigen directamente a la ciudadanía, siendo conscientes de que la sanitaria es solo una de las facetas de la crisis creada por la pandemia, y que el ser especialistas en una ciencia no les da especial autoridad en relación a las medidas políticas. En una situación intermedia se encuentran los científicos que, fuera de los focos mediáticos, forman parte de algún consejo que asesora a las autoridades. Vamos a examinar con más detalle el papel de estos expertos.

Quién es experto

Harry Collins es uno de los sociólogos de la ciencia que ha dedicado más atención al papel de los expertos en la sociedad. Su trabajo se sitúa en la influyente corriente conocida como Estudios sociales de la ciencia, que parte del principio de simetría, según el cual el científico social debe explicar las creencias consideradas verdaderas y las consideradas falsas apelando a causas sociales del mismo tipo, prescindiendo de la noción de verdad como correspondencia con el mundo exterior. En sus últimos libros considera que está linea de investigación ha conseguido desmontar una visión idealista de la ciencia, mostrando los factores sociales del funcionamiento real de la institución científica; pero con ello ha socavado la confianza de la gente en la ciencia, de tal modo que parece que no exista verdadera opinión experta y que en realidad quizás “todos somos expertos científicos”, como se pregunta en el título de uno de sus libros recientes (Collins 2014)⁠.

Para empezar a responder a esta cuestión, hay que tener en cuenta que los expertos no son solamente los que tienen títulos académicos que los acreditan como tales. Por ejemplo, los agricultores que intervienen en los debates sobre el uso de fertilizantes sintéticos no tienen conocimientos profundos de química o de biología, no son expertos científicos, pero son expertos en cómo se utilizan los productos en la práctica real, en qué condiciones se manipulan, con qué precauciones… Algunos activistas que participaron en los primeros tiempos de la lucha contra el SIDA son otro ejemplo de expertos “no titulados”. Su interacción con investigadores y médicos para conseguir que se extendiera el uso de fármacos todavía no totalmente probados les llevo a adquirir un conocimiento de la enfermedad complementario al de los científicos.

Pero Collins y sus coautores creen que existe una pericia científica genuina que es útil para la elaboración de las políticas públicas. En este sentido, no todo el mundo es experto. Es decir, no vale igual la opinión de los expertos que la de los legos. La pericia científica es en buena parte un conocimiento que no se puede aprender solo leyendo artículos, ni que sean artículos primarios de investigación; ya no digamos leyendo literatura de segunda o tercera mano, o artículos de divulgación. La pericia es también un conocimiento tácito que no está totalmente contenido en los libros o los artículos de la especialidad y que se adquiere a través de la interacción social con otros expertos, en el día a día de los laboratorios, en las reuniones científicas, etc. Esta teoría social de la pericia no debe confundirse con la que niega la existencia de auténticos expertos diciendo que simplemente es experta aquella persona que la sociedad reconoce como experta.

Estos investigadores en sociología de la ciencia llegan a estas conclusiones a partir del estudio empírico de las comunidades científicas. Harry Collins, por ejemplo, ha dedicado décadas a estudiar la comunidad de los físicos que se dedican a la detección de ondas gravitatorias. Sin ser físico, ha conseguido tal familiaridad con esta especialidad que, como experimento sociológico, se sometió a un test anónimo que consistía en mantener una conversación con expertos sobre una noticia científica. El resultado fue que estos no pudieron detectar que Collins no era un auténtico experto. Por supuesto, en esta prueba no se le hizo ninguna pregunta que comportara conocimiento matemático avanzado, ni tampoco del tipo “¿con quien hiciste el doctorado?”. Collins llama a esta capacidad de interaccionar con una comunidad científica, aunque se sea incapaz de contribuir al progreso científico, pericia interaccional para distinguirla de la pericia contributiva de los verdaderos expertos. Los divulgadores científicos, los periodistas científicos, los periodistas económicos… son expertos interaccionales. En realidad, incluso en una especialidad tan reducida como la detección de ondas gravitacionales, hay muchos científicos trabajando cada uno en una subespecialidad muy concreta, de tal modo que lo que realmente les une como comunidad es la pericia interaccional. Solo son expertos contributivos en su propia subespecialidad.

Las personas legas que adquieren conocimiento sobre un tema científico mediante la lectura de fuentes secundarias, o incluso primarias, pueden tener la impresión falsa de que se han convertido en expertos. Pero la verdadera pericia solo se adquiere dentro de la comunidad científica. A veces estas personas legas toman partido a favor de la posición de algún científico disidente sin ser conscientes de la razones que tiene la comunidad científica pertinente para rechazar esta posición. Collins relata que en 1996 leyó un artículo de un físico especialista en ondas gravitacionales que le pareció que, si era correcto lo que decía, representaba un avance merecedor del premio Nobel. Cuando lo comentó con los físicos realmente practicantes en esta especialidad, se dio cuenta de que este artículo no había tenido ninguna repercusión entre sus colegas, por razones que solamente se entienden desde el interior de la comunidad científica. Hay una diferencia entre “leer fuentes primarias” y tener pericia substantiva. La diferencia es el conocimiento tácito.

Otro hecho que han destacado los sociólogos de la ciencia es que las posiciones se polarizan a medida que nos alejamos del núcleo de la comunidad científica pertinente. Lo que entre los científicos más especializados en un tema son dudas devienen certezas polarizadas en la periferia de la comunidad científica. Por ejemplo, algunos de los científicos que niegan la causa humana del cambio climático no son especialistas en este tema aunque sí son eminentes y muy reconocidos en otros campos. Los mismos científicos pueden contribuir a esta polarización cuando pasan del debate científico a la campaña pública. Cuando dejan de tomarse en serio los argumentos de los colegas y actúan de cara a la audiencia externa, ridiculizándolos o ignorándolos.

Como he apuntado anteriormente, Collins y uno de sus coautores más constantes, Robert Evans, han dado últimamente un giro a sus anteriores posiciones relativistas en relación al valor de la ciencia y se muestran contrariados por el hecho que la crítica sociológica de la ciencia haya llevado a una desconfianza general hacia esta institución y hacia el conocimiento científico (Collins y Evans 2017). Su conclusión final es que, aunque la sociología de la ciencia ha tenido el valor positivo de desmitificar la ciencia y mostrar que no es más que una institución humana con sus complejidades, tiene sentido considerar que su producto, el conocimiento científico, es valioso. Es decir que no todos somos expertos. En algunos campos, hay autentica pericia, y la ciencia es la mejor manera de intentar entender algunos aspectos del mundo (físico, biológico o social). Pero, a mi entender, se quedan a medio camino, cuando insisten en obviar la noción de verdad a la hora de defender por qué la ciencia es mejor que otras alternativas. Si la ciencia no capturase alguna verdad, provisional y aproximada, ¿por qué razón, habría de preferirse a otras formas de investigación?

El funcionamiento de los comités de expertos

¿Cual es el papel de los comités de asesores científicos en una democracia? Diversos estudios han examinado el funcionamiento de los comités de expertos en distintos contextos. Por ejemplo, ⁠en una investigación sobre el Consejo de Salud de los Países Bajos (Bijker, Bal, y Hendriks 2009), sus autores formularon algunas conclusiones normativas, que expondré a continuación.

Partiendo de la base que la decisión no corresponde a los científicos sino a los responsables políticos, interesa que la opinión experta sea independiente. Independiente de la lucha partidista a corto plazo, de los intereses económicos, y en general de los puntos de vista de parte. Esto puede parecer una posición idealista que pretende una ciencia pura, libre de valores. Pero no es así. Precisamente por saber que los valores sí que están presentes en la ciencia como práctica y en sus productos, el diseño de los comités científicos debe incorporar mecanismos para conseguir que sus dictámenes sean útiles socialmente.

Uno de estos mecanismos es la selección de los componentes de estos comités y especialmente de su dirección. A veces se ha propuesto, en nombre de la “democratización de la ciencia”, que se incorporen a estas comisiones, personas ajenas a la ciencia establecida. Por ejemplo, representantes de partes interesadas o afectadas, socialmente o económicamente. Aunque en principio parece que esto las hace más democráticos, los autores citados creen que es mejor que los científicos trabajen solos y que sea en otros ámbitos donde se confronten sus recomendaciones con otras consideraciones más generales.

También es importante que los participantes en estas comisiones puedan discutir libremente con sus colegas. Para ello debe haber una cierta reserva en los debates, sin que se muestren públicamente las discrepancias.

Un requisito necesario para que pueda haber un asesoramiento científico de calidad es la existencia de una estructura científica independiente, pública. Algunos estudiosos han mostrado que hay campos de la ciencia, como la biomedicina o la investigación farmacéutica, en los cuales es difícil encontrar especialistas independientes. Muchas de las personas que se dedican a estas especialidades tienen intereses materiales en el sector industrial. Ya sea porque reciben financiación privada de sus proyectos de investigación, porque realizan tareas remuneradas de asesoramiento, o directamente porque son accionistas de empresas del sector. Sheldon Krimsky (2003, 111) ⁠cita una encuesta de 1992 a 800 profesores de biotecnologia norteamericanos que mostraba que el 45% eran consultores de empresas, casi un 25% recibía subvenciones de las industrias o tenia contratos con ellas, y un 8% tenia acciones en empresas relacionadas con los temas de su propia investigación. Un estudio sobre comités que elaboran guías clínicas en Estados Unidos y Canadá entre los años 2000 y 2010 mostró que un 48% de sus miembros manifestaron tener conflictos de intereses (Melo-Martín y Intemann 2018, 104)⁠. Aunque la existencia de posibles conflictos de intereses únicamente indica una sospecha de parcialidad, en algunos casos hay evidencia de sesgo a favor de los intereses económicos de la industria privada. Por ejemplo, en el de los estudios financiados por la industria del tabaco que durante años intentaron sembrar dudas sobre las investigaciones que mostraban la nocividad del hábito de fumar. Otro caso conocido es el de los científicos de la farmacéutica Merck que ocultaron datos sobre los efectos cardiovasculares adversos del medicamento antiinflamatorio Vioxx.

Como ha dicho un investigador en estos temas, en algunos campos es difícil encontrar expertos independientes; o no son suficientemente expertos o no son independientes. La solución solo puede venir de fortalecer el sector público de la ciencia: investigación en centros públicos. Y mecanismos de vigilancia como la exigencia de las declaraciones de posible conflicto de intereses para publicar en revistas científicas.

En otro estudio más reciente, un grupo de siete investigadores han analizado la práctica del asesoramiento científico a partir de entrevistas a los científicos que han participado en comités asesores relacionados con tres temas de política ambiental: la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono y el aumento del nivel del mar causado por el deshielo de la capa de hielo de la Antártida Occidental (Oppenheimer et al. 2019)⁠. Algunas de sus conclusiones son las siguientes:

• El diseño institucional de los comités de asesoramiento importa. Quién es escogido para formar parte de ellos, quién los preside, cuáles son las normas de funcionamiento, etc.
• Es importante distinguir entre recomendaciones prescriptivas (debería tomarse la medida X) y conclusiones del tipo “si se toma la medida X, es previsible que ocurra…” Evaluar las políticas concretas que deben adoptarse no debería ser tarea de los comités de expertos científicos.
• La búsqueda del consenso puede ser contraproducente. Mientras que en la actividad normal de la investigación científica el disenso, el desacuerdo, puede ser un motor de progreso, la actividad de asesoramiento para las políticas públicas tiende al consenso. Es decir, los expertos buscan establecer aquello en que la mayoría de la comunidad científica está de acuerdo. En algunos casos, esto hace poco útil su trabajo. Por ejemplo, en el caso de la evaluación de las consecuencias de la pérdida de hielo antártico, hubo un consenso sobre la realidad del deshielo, pero no sobre su magnitud y sobre las consecuencias que esto tenia en relación al aumento del nivel del mar en las distintas zonas del planeta, que era la pregunta que interesaba responder.
• No es posible separar totalmente la ciencia de los valores. Los expertos intentan separar los hechos científicos de cualquier juicio de valor. La sociología de la ciencia ha mostrado que este ideal no es posible de llevar a la práctica, suponiendo que ello fuera deseable. Es más realista tenerlo presente y en todo caso intentar hacer explícitos los valores y someterlos al control democrático.
• Los científicos han de alertar sobre los riesgos que detectan. En el caso del efecto de los gases CFC (clorofluorocarbonados) sobre la capa de ozono, fue importante que sus descubridores, Rowland y Molina, no se limitaron a publicar sus resultados en las revistas científicas, sino que hicieron campaña para llamar la atención de los científicos de otros campos y de la opinión pública en general sobre la necesidad de proteger la capa de ozono. Más allá del descubrimiento inicial del hecho que los CFC destruían la capa de ozono, calcularon las consecuencias de los diversos escenarios de emisión y sugirieron las medidas que debían tomarse.
• Los científicos tienen que ser conscientes de la cercanía de su propia pericia en relación a los distintos problemas. Deberían intervenir sobretodo cuando se trata de temas próximos a su campo específico.
• Los informes de los comités de expertos contienen convenciones que van más allá de los datos empíricos. En el caso de la lluvia ácida, por ejemplo, dos estudios diferentes establecieron valores distintos como umbral del grado de acidez a partir del cual se consideraba que un lago estaba afectado por la lluvia ácida. Esto no implica un desacuerdo entre los científicos sobre las medidas de la acidez, pero en cambio, sí afecta a las conclusiones finales sobre la gravedad del problema.

Veamos finalmente tres ejemplos cercanos de asesoramiento experto que nos pueden mostrar el distinto funcionamiento de estos comités:

• “Recomendaciones para la toma de decisiones éticas sobre el acceso de pacientes a unidades de curas intensivas en situaciones de pandemia”. Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Mayo de 2020. http://hdl.handle.neset/2445/154297.

• “Sobre el pasaporte inmunitario”. Comité de Bioètica de Cataluña. Marzo de 2021. https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/CBC/recursos/documents_tematica/passaport-immunitari.pdf

• “Alternativas de vacunación para las personas de menos de 60 años que ya recibieron una primera dosis de la vacuna AstraZeneca”. Grupo colaborativo multidisciplinar para el seguimiento científico de la COVID19. 10 de mayo de 2021. https://www.isglobal.org/es/gcmsc

En relación a la composición de estas comisiones de expertos, debe notarse que el Comité de Bioética de Cataluña es un organismo gubernamental formado por 25 miembros nombrados por un periodo de cinco años. En cambio, el Observatorio de Bioética y Derecho es una institución universitaria. En el caso de las recomendaciones citadas se detalla el nombre de las 19 personas que han elaborado dicho documento. Por último, el grupo colaborativo autor del tercer informe está formado por personas expertas de distintas disciplinas que se han unido para ofrecer su asesoramiento a las administraciones y a la sociedad en general. En este caso, el informe viene firmado por 12 expertos. Tenemos, pues, distintos grados de institucionalización.

El tercer documento es una recomendación de tipo científico en que se parte de la evidencia científica disponible. Los otros dos documentos contienen reflexiones bioéticas. En este caso la pericia que se reconoce en sus autores no es estrictamente biosanitaria, sino la de identificar y analizar los problemas éticos de algunas decisiones públicas.

Para concluir hay que insistir que el marco adecuado para situar el papel de la ciencia en las decisiones públicas es evidentemente el de la democracia. Una concepción de la democracia que pone la decisión última en la ciudadanía y no en los expertos o en la ciencia. Y que incorpora un cierto grado de deliberación, de ejercicio de la razón publica, en contraposición a las concepciones de la democracia como mercado político o como negociación de los intereses de las distintas partes.

El papel de los expertos científicos es importante porque la deliberación política debe utilizar el mejor conocimiento disponible. Porque no todos somos igualmente expertos en relación a un tema determinado. Y los comités de expertos han de organizar su trabajo de tal manera que sean útiles a la deliberación. Pero la decisión final siempre debe ser política.

Referencias

Bijker, Wiebe E, Roland Bal, y Ruud Hendriks. 2009. The paradox of scientific authority: The role of scientific advice in democracies. Cambridge, MA: MIT Press.

Collins, Harry M. 2014. Are we all scientific experts now? Cambridge: Polity.

Collins, Harry M., y Robert Evans. 2017. Why democracies need science. Cambridge: Polity.

Krimsky, Sheldon. 2003. Science in the private interest: Has de lure of profits corrupted biomedical resaarch? Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Melo-Martín, Inmaculada de, y Kristen Intemann. 2018. The fight against doubt: How to bridge the gap between scientists and the public. Nueva York: Oxford University Press.

Oppenheimer, Michael, Naomi Oreskes, Dale Jamieson, Keynyn Brysse, Jessica O’Reilly, Matthew Shindell, y Milena Wazeck. 2019. Discerning experts: The practices of scientific assessment for environmental policy. Chicago: University of Chicago Press.