El conflicto étnico clasista y el estado colonial peruano

Jorge Lora Cam

Introducción: la coyuntura peruana, vuelve la rebeldía y sus fantasmas

La pregunta central que es silenciada por casi todo un país es ¿que es la nación peruana?, ¿son los criollos y sus descendientes?, ¿son los extranjeros que llegaron en varias oleadas? ¿O son los 55 pueblos originarios que viven siglos en estos territorios, la mayoría quechuas y aymaras? Historiadores y otros intelectuales coinciden en que es un tema pendiente a resolver, que esta en construcción o que no existe una nación. Lo real es que nunca existió un estado nacional, porque si lo que se podría llamar nación es multilingüe, multiétnica, de diversos ethos y culturas esa integración y unidad nunca ocurrió. Y, por otro lado, si el estado peruano es el mismo de origen colonial, enemigo de la formación de una nación y que maneja a su antojo los territorios, la economía, la política, la cultura, la salud, la educación y la justicia, entre otras relaciones, unicamente para ciertas clases y castas privilegiadas que saquean, despojan y explotan para su mezquino beneficio. Estamos ante un estado colonial que con el proyecto neoliberal entregó la soberanía a grandes potencias, corporaciones y una lumpen-oligarquía corrupta y solo le falta quitar el voto para que no haya indicios de democracia ni de derechos sociales. De aquí surge la pregunta que evitan responder quienes no quieren cambiar la írrita Constitución, si el suelo es propiedad de los dueños de un territorio, pero los recursos naturales del subsuelo pueden ser concesionados con derechos reales y llegar a la bolsa de valores ¿de qué Estado hablamos? De un Estado colonial. Hasta los Estados Unidos, que sí son nacionalistas, reconocen que suelo y subsuelo son de los propietarios. La constitución de 1993 gira en torno de este tema y por ello para el poder es sagrada.

Perú vive un golpe mas del Congreso promovido por el el poder real, por el Estado profundo, por la mafia aprofujimorista. Pedro Pablo Kucsinsky, Martín Vizcarra fueron sus primeras víctimas por jugar su propio juego, y ahora es Castillo que uso otra estrategia frente a ese poder: concilió, retrocedió, abandono el programa inicial. Pero sus culpas eran otras, radicaban en ser parte del pueblo, ser campesino indígena, aliado del sindicalismo clasista cuatro años atrás. El no conspiro, ni cerro el Congreso, solo lanzo como arenga de despedida la tarea pendiente: cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente.. (JL: «El largo golpe congresal, uno más – Rebelión»)

Luego de dos meses de una rebelión popular contra la ilegal destitución y apresamiento del Presidente Pedro Castillo por los grupos de poder real, las grandes corporaciones y la oligarquía plutocrática criolla y extranjera, mediante sus instrumentos políticos (Congreso), jurídicos (el sistema judicial) y militares (FFAA y PP) que rompiendo todos los parámetros legales en una clara politización de la justicia lo vacan sin proceso legislativo y vulnerando los códigos y procedimientos básicos de los procesos judiciales. El nuevo gobierno usurpador recurrió a una violenta represión en más de la mitad del país que habría dejado alrededor de 30 muertos y centenares de heridos. [1]

La tensión entre lo legal y lo que no lo es, nos lleva inevitablemente a examinar como fue la imposición del proyecto neoliberal del despojo hace tres décadas que generó a través de un autogolpe una Constitución irrita, nula, que sin embargo es la que rige el Estado de derecho y toda la trama legal. Igualmente[2], de este mismo modo, existen los otros organismos del sistema judicial: Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc de los que depende el sistema electoral, que en estos días quieren hacer cambios por que existen funcionarios probos que los incomodan.

Tras estos poderes existen algunos mitos y fetiches que ocultan su verdadera naturaleza. Uno de ellos es la defensa de la democracia en un país que apenas conoce sus rudimentos hace 40 años cuando aceptaron el voto universal y que se reduce al voto casi siempre controlado, violado y manipulado; o la separación de poderes y su mecanismo de «checks and balances» o frenos y contrapesos que se reduce mas a un contubernio de poderes para lograr sus fines. Ello es así porque, más allá de las disputas que puedan surgir entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la realidad es que todo es un sistema que se asienta sobre el capital, por lo que cualquier disputa siempre se resolverá en favor de éste. Otro mito es que la ley esta por encima de todo, cuando esta se ajusta a los objetivos del capital. Los fetiches también ayudan a encubrir la realidad del saqueo y despojo permanentes cuando usan la necesidad del crecimiento económico y de la inversión privada en aras del bienestar general y la estabilidad económica. «Cuando en realidad no solo evitan pagar sus impuestos sino que ademas buscan recibir ayuda estatal que sale de los impuestos a las rentas de trabajadores y todos los habitantes.» (Jorge Lora -JL-, «El largo golpe congresal, uno más» – Rebelión)

La rebelión, es una mas de las cientos en 500 años de colonialismo y neocolonialismo. Una mas en 200 años de falso republicanismo, del poder de los criollos y españoles que retornaron que siempre se basaron en el rentismo y el parasitismo estatal. («El largo golpe congresal, uno más» – Rebelión) En el 2022 tenemos un país riquísimo en recursos, en progresiva destrucción con una economía subordinada al capital financiero global, a la creciente producción de derivados; extractivista, basada en la minería del despojo; ecocida, con una agroindustria de la sobreexplotación y monopolizadora de las tierras arables de la costa, incluyendo irrigaciones; y en la construcción de infraestructura para las grandes corporaciones y viviendas para las nuevas clases medias residentes en la capital. En el otro extremo un 80% en la economía informal, en gran parte de sobrevivencia, que incluye una minoría en un extremo que incluye la minería ilegal, el cultivo de coca, la manufactura del vestido y otras industrias pequeñas y medianas sin registro y en el otro los que tienen trabajo ganando menos de un dólar la hora y los excluidos de las ciudades, los pueblos y de los andes apenas sobrevivientes. Las personas que viven con menos de 3 dólares al día suman el 28,6% de la población y 10 millones son calificados como pobres. Con criterios mas integrales, incluyendo salud, educación y vivienda aumentan a 41,7%, que en su mayoría sufren de desnutrición y son victimas de enfermedades careciendo de servicios de salud. La crisis educativa se expresa en que el 59% de las escuelas, en estado calamitoso y muchas de ellas sin agua, deben ser demolidas. En los dos últimos años se calcula en un millón de niños y adolescentes que no se matricularon, por falta de ingresos, enfermedades o la opción laboral.

En el otro extremo, entre los intermediarios en el poder, dominación y explotación la corrupción está generalizada y ocurre en todas las esferas gubernamentales. Durante el periodo 2017 al 2020, la Defensoría del Pueblo registró más de 27.000 casos en todo el país. En 5 años, Perú ha tenido 7 presidentes y las perdidas por corrupción en tres décadas ascienden a mas de 200 mil millones de dólares. Los responsables son 6 expresidentes del país: Alberto Fujimori (preso), Alejandro Toledo, Alan García (suicidado), Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynski y Martín Vizcarra, que están presos, condenados, investigados, prófugos o perseguidos por una justicia que elige a quienes castigar según intereses y la correlación de fuerzas. En seis años solo uno esta preso. (allí Faltan Merino, Sagasti y Castillo).

Sin embargo las razones morales, subjetivas, considero que fueron y son las mas poderosas causas coyunturales de esa respuesta movilizada de cientos de miles rechazando al neoliberalismo, a la corrupción, sus instrumentos políticos como el Congreso y el sistema de injusticia, el racismo y la discriminación autoritaria. Todo ello condensado por unos medios que saturaron durante 16 meses las mentes de la población con discursos de odio; con persecución de personas a condenar públicamente; con sumar procesos para lograr la vacancia, con la acusación de terroristas a cualquier resistencia al orden de sistema. Recordemos que la primera acusación contra Castillo de un supuesto cohecho fue la de Karelyn Lopez, una reconocida lobbysta de inversionistas que según la abogada Giuliana Pacheco confesó que fue un montaje. Ante las dudas de la opinión pública sobre la culpabilidad de Castillo, lograron armar hasta 50 libretos sin prueba alguna. («El largo golpe congresal, uno más» – Rebelión) Al respecto muchos creen dos cosas. La primera es que se Castillo se encontró en medio de un sistema de corrupción heredado que abarcaba todas las actividades presidenciales, con una administración inepta porque preferían parasitar al Estado que atender necesidades populares y, segundo, se rodeó de familiares y paisanos como asesores y funcionarios, que pretendieron aprovecharse de sus lugares de poder. Con ministros y personal de los mismos impuestos por partidos de izquierda corruptos que querían saldar cuentas del apoyo en campaña. En síntesis, llegó a un laberinto de intereses privados en el que se integró porque así funciona el sistema.

II. La izquierda popular frente al sistema neoliberal

Cada cien años recrudece la lucha indigena anticolonial, asi lo expresan

(según Genaro Ledezma) las Actas del Patronato de la Raza Indígena. Según ellas, entre 1922 y 1930 estallaron en Perú 697 rebeliones; ¡697 alzamientos en ocho años, es decir, un promedio de 70 anuales! ¡Un alzamiento cada cinco días! («La guerra de Perú») ¡Miles de muertos! ¡Cientos de miles de muertos! «Alzamientos sucedidos en silencio, combatidos en silencio, aplastados en silencio». («La guerra de Perú» / Pedro Salmerón Sanginés, La Jornada, 28-12-2022)

El dia 4 el pueblo esta convocado desde la Macroregión Sur a un paro nacional. Luego de la violenta represión que dejó mas de 30 asesinados, muchos esperaban que llegasen tiempos de sumisión y paz, sin embargo los días de fiesta de fin de año solo fueron una tregua. «Y es que sobre la gran diversidad de acciones autoconvocadas en cada pueblo o ciudad hay una unidad muy clara: la movilización social en el Perú es contra el poder económico que tiene tomado el Estado». («Lucha Indígena: El estado es el problema»” | Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural, 12/2022) Recordemos que no son nada nuevos los asesinatos a sangre fría, los estados de emergencia, la pérdida de derechos, los infiltrados, los allanamientos. Ocurren sin pausa, desde hace décadas, en los territorios ocupados por las mineras, petroleras, agroindustrias, madereras, etc. Todo crítico, contestatario o rebelde es señalado de «terruco» y debe ser eliminado. El imaginario terrorista esta instalado y es considerado un arma de estabilización.[3]

Conseguido el objetivo de controlar el ejecutivo por los beneficiarios del despojo colonial, del capital financiero y los dueños de los derivados (gran minería y agroindustria), por la oligarquía rentista coludida con la oligarquía chilena, por las mafias del narcotrafico instaladas en el sistema judicial y en las Fuerzas armadas y policiales (FFAA y PP) enlazadas a la DEA, por las mafias politicas parasitarias encabezadas por la derecha bruta y achorada (DBA) y por organizaciones criminales de representación oficial como el fujimorismo, hoy sus medios pretenden mostrar normalidad y que sigan llegando los capitales, asegurando satisfacer su codicia. Despues de la masacre, apresamiento y persecución de lideres sociales de la resistencia, se va configurando una verdadera dictadura militar con faz civil encarnada en la marioneta presidenta Dina Boluarte. Si los militares actuaban bajo las sombras y su presencia aparecía en el Congreso a través de ex almirantes de la marina que dirigieron la criminal guerra antisubversiva en los 80-90, se suman miembros del ejército pasivos y activos también con antecedentes represivos. Ahora, el poder institucional está en manos de los comandantes generales de las FFAA y PP y su gabinete militarizado, los fiscales supremos y la ultraderecha en el Congreso. El 18 de diciembre, el Poder Ejecutivo designó a Juan Carlos Liendo O’ Connor como nuevo director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en reemplazo de Wilson Barrantes nombrado por Castillo. Hecho relevante pues este señor con su diploma internacional de Oficial de Estado Mayor en el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation de los Estados Unidos y enlace con el Comando Sur, se asegura la subordinación del país a esta potencia imperial y nos trae a la memoria que Vladimiro Montesinos cuando aún era agente de la CIA se convirtió en jefe de inteligencia y principal asesor de Fujimori (1990-2000). Luego reordenan sus relaciones con la policia y otras fuerzas represivas, paralelamente a la corordinación con el congreso liderado por el criminal de guerra Williams Zapata, con el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio público, que harán los cambios juridicos necesarios para consolidar la dictadura. Exactamente lo que hicieron Montesinos y Fujimori hace 30 años.[4] Ejercito y marina unidos por Dina: almirantes Cueto-Montoya-y coronel retirado (r) Liendo decididos a imponer la dictadura fujimorista ante una inventada revolución senderista. De hecho, acaban de proponer que se legalice el reemplazo de la Presidenta en caso de ausencia por el presidente del Congreso.

Retrocedemos a una política medieval, con un país militarizado, 15 provincias con toque de queda y territorios en estado de emergencia, muchos presos y perseguidos políticos y un Presidente condenado a prisión preventiva por 18 meses sin proceso y sin sentencia. Se mantiene la potencialidad de la rebelión, de los Andes frente a la costa, de las múltiples nacionalidades en renovada autoidentificación contra los criollos, respuesta pacífica y de crítica anticolonial. Una demanda democrática, que no se puede enfrentar con la violencia de las armas, defensora de una política de mercado, sin república, sin democracia, con una Constitución producto de una dictadura y, por tanto, con un extremadamente precario estado de derecho y con instituciones cotidianamente cuestionadas por la corrupción y el dominio del interés privado y un sistema electoral mercantilizado y privatizado. Para una supuesta mejor gobernabilidad y crecimiento, se busca mayor inversión privada con 40 grandes proyectos por aprobar y otros tantos por prorrogar ( los contratos ley) , el aumento de las reducciones tributarias y las devoluciones de impuestos, mientras crecen las concesiones a los dueños del país.

Cuentan con el respaldo de sus fieles servidores públicos y privados, encerrados en castas y estamentos privilegiados en los que, para entrar a ellas hay que ser al menos de clase media, ser neoliberal, conservador, sumiso, consumista, racista y de preferencia tener un doctorado aunque sea falso o comprado. Se admiten marginalmente a los «emprendedores», a los que tienen capacidad política, a la izquierda contaminada que fácilmente se extravía. Es un momento más de retorno a la vieja política colonial. Fuera de ese Perú esta el otro, el de los nadies, los otros, los sin patria, los destinados a trabajar y sobrevivir. Están los informales (80%), los pobladores de provincias y distritos, los campesinos minifundistas, los que carecen de agua, energía o sistema de pensiones, las comunidades, los pueblos amazónicos, las víctimas de la minería y las nuevas grandes haciendas, y muchos de los que pensaban que en el siglo XXI con su voto identitario podían tener un presidente que cambie las cosas. Por lo contrario, se configura así otra sociedad sin derechos sociales y tampoco sin los mínimos derechos humanos. Donde la salud esta cada vez mas en manos privadas y médicos precarizados, una salud publica de la mendicidad, de la espera perpetua hasta que llegue la muerte; una educación embrutecedora muy alejada de la cuarta revolución industrial y de ampliar la conciencia social, de la incultura y la sumisión, que apenas sirve al extractivismo (con escuelas derruidas, niños desnutridos y cercanas a ser escombros) y una política estatal sin proyecto de vivienda.

Momento histórico de progresivo quiebre con la limeñidad y la desidentidad, con el racismo y el centralismo, contra las castas políticas, que sobrepasa a las organizaciones de izquierda y al caudillismo, que tiene nuevos líderes desde abajo, que ya no admite ser terruqueada y que aunque vota por sus candidatos se equivoca al pensar que con ello pueden cambiar al país, que defiende a su candidato indígena a pesar de sus graves errores, de su ineptitud tecnocrática y abandono del programa. Perú vive una ruptura cultural, una reidentificación indigena y afroperuana, un reinicio de la lucha anticolonial, anticorrupción y antipolítica oficial. Se reinicia un movimiento con demandas políticas por encima de otras reivindicaciones, la cínica «teoría de los dos demonios» (sendero y los militares), conveniente a los sectores que fueron cómplices y herederos de la dictadura, que plantea que tanto la represión militar como los movimientos revolucionarios –que representaban la amenaza del comunismo de la que pretendían proteger los militares al país– eran igualmente siniestros.

Castillo, según Héctor Bejar, traicionó al país y a sus electores[5]. Durante 14 meses retrocedió defensivamente y en su pragmatismo fue política e ideológicamente ambiguo, concilió con la derecha congresal. No rompió con las instituciones que lo limitaban. Si ya era casi imposible un cambio de izquierdas del país, en un sistema político sustentado y sostenido por corporaciones y blindado por la violencia real y potencial en pro y para las élites de la oligarquía plutocrática, con la fusión cívico-militar, sin la barrera entre el estado y lo privado, se acaba de instalar un Centro de monitoreo de la sociedad por el Ministerio de Defensa que prácticamente configura un Estado fascista. Está claro: se configura un estado fascista que va con todo contra los pueblos, el eje es la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) y los Ministerios de Defensa e Interior. Ante ello, la resistencia necesita ser muy creativa sin dejar de ser permanente, cada vez mas organizada, autodeterminada y autosustentable.

III. ¿Se configura un estado fascista colonial?

Las derechas peruanas:

…exigen más mano dura, piden persecución a la izquierda y organizaciones sociales, y demandan romper con gobiernos progresistas. La derecha acusa a supuestos «azuzadores» internos y externos por las protestas, negando una realidad de indignación popular por el descrédito de una clase política corrupta, incapaz y alineada con los poderosos. Ese rechazo se concentra contra el Congreso que representa todo eso y la exclusión, la pobreza y el racismo que sufren los sectores populares, especialmente las poblaciones andinas.(Carlos Noriega, «Sectores populares regresaron a las calles en los Andes peruanos» Pagina 12, 8 de enero 2023),

La violencia represiva en Perú no es mas que la continuación de 500 años de una historia colonial y los varios ciclos de recolonización, perfeccionada desde 1980 en adelante como respuesta a una rebelión armada anticolonial y la respuesta a 30 años de neoliberalismo inaugurado por Fujimori. Larga experiencia de las Fuerzas Armadas en la que se forja una cultura del «terruqueo» que califica a toda resistencia como terrorista y la culpa de ser el origen de su salvajismo genocida.[6] Este ethos del exterminio indígena se traduce en mirar a este como soldado y no como ciudadano. El pueblo debe obedecer y si responde debe ser escarmentado por sus propios hermanos policías o soldados. El exterminio en el imaginario oligárquico surge de su visión de que el mayor obstáculo al saqueo minero son los pueblos indígenas, pero como no pueden hacerlo hay que llamarlos al orden periódicamente mostrando la fuerza del Estado recolonizador. No es casual que individuos como Otárola se conviertan en expertos en imponer la minería a sangre y fuego (estuvo de negociador en las minas de Conga y en Tía María que terminó con el exterminio del oponente). A él se le atribuye la nueva masacre 17 muertos (sumando 50) y decenas de heridos en Juliaca-región Puno, zona quechua-aymara que enfrenta un escenario de guerra: aviones Antonov, helicópteros de combate, armas de guerra contra un pueblo rebelde pero indefenso.

Siendo parte de nacionalidades plurinacionales, recibieron el respaldo de pueblos de países vecinos. Nuevamente, como en la vieja colonia, reaparecen las luchas anticoloniales, ahora contra el despojo y saqueo neocolonial de mineras (cobre, litio, tierras raras, minerales estratégicos), hidrocarburíferas, agroindustriales, etc. sobre territorios sumidos en la miseria. Se juegan inversiones, reinversiones, exoneraciones tributarias, licencias de funcionamiento de grandes corporaciones que temen un retroceso en su política colonizadora. Es una guerra declarada de la dictadura contra los pueblos humildes e indefensos que solo buscan su sobrevivencia y por ello exigen la salida de la espuria Presidenta, el cierre del Congreso entreguista y corrupto, una nueva Constitución y en muchos casos la libertad de su presidente Castillo. La rebelión popular bajo la coordinación de organizaciones de base indígena y mayormente de izquierda (trabajadores, campesinos, estudiantes, informales, desempleados, etc.) continua en movimiento (paro macroregional, extensivo a todo el país) exigiendo la renuncia de la Presidenta, el cierre del Congreso, la libertad del Presidente Castillo y una asamblea constituyente. Hay que destacar que se trata del pueblo organizado, crítico de la sucia política neoliberal compartida por políticos y caudillos, por partidos de derecha e izquierda contaminada. El Gobierno y los poderes represivos no encuentran responsables y se creen sus mentiras acusando a Movadef, a Evo Morales, a la economía ilegal, al incomunicado Castillo, a los medios alternativos y a quienes se les ocurre imaginar. Entre los bárbaros de arriba no hay quien cierre el Congreso ni que destituya a los criminales, libere a Castillo y menos aún quien acepte convocar a un referéndum. Solo les queda recurrir al dominio neofascista y defender el neoliberalismo y el saqueo que es en lo que si están de acuerdo.

Mientras, las investigaciones a los expresidentes Toledo, Humala, Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra y la ex candidata Keiko Fujimori continuan en el sueño de los justos, esperando la impunidad. Se agregan las denuncias a la Fiscal de la Nación, a la JNJ, entre otros. La congresista por el Cusco Ruth Luque denunció ante la Sub Comisión de acusaciones constitucionales por infracciones constitucionales a la Presidenta Dina Boluarte y a Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves (artículos 108 y 121 del Código Penal). La DBA y sus mafias, bajo la dirección de Keiko-Montesinos buscan controlar todos los eslabones institucionales que le faltan para controlar todo el Estado, lo que los hace internamente inmunes a todo y continuan su escalada. Tienen el dominio total del sistema judicial (JNJ, MP, TC, MJ, PJ), del Congreso, FFAA, Sistema de Inteligencia. Han creado una oficina de corrdinación territorial de todo el pais y ahora pretenden modificar mas de 50 articulos de la constitución y sacar de sus cargos a los titulares del JNE, la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONPE) y la Defensoría del Pueblo.

En el nuevo gobierno de transición cambian los lugares de dirección política, el mando pasa del Congreso y sistema judicial al Gabinete, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en estrecha coordinación con el Congreso y los magistrados. Desde una perspectiva de clase sus líderes son civiles y militares de clase media o alta mestiza, desidentificada y desclasada[7], donde se funden la lumpenburguesía con el lumpenproletariado, los beneficiados por las políticas neoliberales y los que reciben las limosnas del «goteo», los parásitos del Estado (funcionarios, asesores, consultores, militares, curas) y los privilegiados, los que controlan poderes institucionalizados y muchos profesionales con títulos fraguados o no merecidos, los religiosos y las barras bravas del futbol. En ellos de modo natural se configura una ideología y una práctica autoritaria potencialmente fascista en el sentido de ser de extrema derecha, militarista, criminalizante, religiosa (católica o evangélica), por crear enemigos ficticios, defender la patria criolla y del despojo, racista y antidemocrática. La narrativa demagógica de los medios se modifica un poco, cuando agotan los apelativos de anticomunistas o antiterrucos, usan un discurso anticorrupción y antinarcos siempre ligado al terruqueo; cuando en realidad muchos de sus dirigentes están acusados de corruptos y/o de estar ligados al narcotráfico.

Pocos atienden a la relación entre los macropoderes, los intermedios y los micro. En el siglo XXI el Estado no solo es producto de las relaciones internas de poder, sino también de la presencia de las enormes transformaciones debido a la interpenetración e integración transfronteriza de capitales de grandes potencias, en una red entrecruzada de capitales trasnacionales. En 2018, apenas 17 conglomerados financieros globales administraron colectivamente 41,1 billones de dólares, más de la mitad del PIB del planeta. («El imperio del capital global»– Odiseo Revista electrónica de pedagogía)[8]

Piensa Robinson que esta masa de capital concentrado y centralizado a escala mundial no tiene identidad nacional. Nosotros agregaríamos que, sin embargo, está enraizado y se expande desde las grandes potencias imperialistas. Es cierto que corresponde a una nueva clase capitalista trasnacional que ha promovido, desde los estados, los intereses del capital trasnacional genocida y ecocida, la apropiación territorial a través de las políticas neoliberales, las políticas de saqueo colonial, el despojo a través de constituciones, tratados de libre comercio, contratos ley y otros mecanismos, el surgimiento un nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios que incorpora a todo el mundo y que elimina cualquier desafió de clase o estatal. Y como sostiene Raúl Zibechi,

…el poder, el verdadero poder, no nace de las urnas ni está en los parlamentos ni en los gobiernos, sino lejos de la visibilidad pública, en el capital financiero ultraconcentrado, en el 1% invisible que controla medios de comunicación, fuerzas armadas y policiales, gobiernos de cualquier nivel y, sobre todo, a los grupos ilegales narcoparamilitares que rediseñan el mundo. («La estéril ilusión del cambio por arriba», por Raúl Zibechi)[9]

El Perú es un territorio en disputa, lugar de guerra contra los pueblos indígenas (que poseen bajo su territorio minerales estratégicos, gas, tierras raras, litio, etc), al estar históricamente asociado a los intereses del imperio norteamericano y en el presente siglo cada vez mas conectado a China por la Ruta Marítima de la Seda, a través de la infraestructura ya creada y otra en construcción, reforzando aun más su condición de periferia regional a cargo de las grandes trasnacionales de varias potencias y a la lumpen oligarquía interna que la comunica con el sistema internacional de saqueo, aumentando la dependencia colonial, la violencia por el despojo de los recursos naturales, la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, el avance de los arrendamientos para monocultivos y la agroindustria, y el despojo de la propiedad de tierras mal-habidas y minería en zonas de reforma agraria y territorios indígenas. Vale aclarar que

Mientras la oligarquía especula considerando al Estado como su feudo; los intelectuales «caviares» imaginan ilusoriamente que el Perú es un país democrático, con estado de derecho, democracia y ciudadanía que hay que defender; y los nuevos políticos plebeyos creen que el poder es para repartir cargos, recursos públicos y licitaciones. (JL: «I Parte-El Conflicto Etnico Clasista y El Estado Colonial Peruano»)

Es curioso que quien entiende bien, desde la practica, al Estado peruano neoliberal, recolonizado y burocrático, son una elite de abogados y militares (como Montesinos y algunos de sus pragmáticos discípulos), a quienes les basta saber lo que teoriza Bobbio acerca de la definición formal e instrumental mas elemental del Estado: «La condición necesaria y suficiente para que exista un estado es que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir mandatos correspondientes obligatorios».[10]

IV. Perú, la guerra contra los pueblos originarios, la recolonización y el exterminio

…romper con el afán de enmascarar la realidad, de no querer ver que el capitalismo realmente existente es guerra de despojo o cuarta guerra mundial, como la nombran los zapatistas. El crimen y la violencia, para llegar a ser el principal modo de acumulación de capital, deben contar con el apoyo y complicidad de los estados, que se van reconvirtiendo en estados para el despojo. (Raúl Zibechi, «Crimen organizado y extractivismo», La Jornada, 13/01/2023)

Algunos analistas sostienen que esta es una crisis política de representación, otros que obedece al desprecio por los indígenas del sur y un conflicto étnico-racista, otros más señalan que hay la percepción de una mala distribución de la riqueza o que es un ataque a los trabajadores. Claro que hay algo de todo esto, pero lo que engloba a todos estos elementos es que el objetivo del nuevo gobierno es escarmentar a los pueblos andinos para permitir la inversión minera sin resistencia y sin riesgos y que la oligarquía rentista continúe sin pagar impuestos. El Premier, la derecha congresal y los militares, como veremos, no son más que sicarios económicos de las mineras. Castillo no garantizaba las exigencias de las corporaciones y había que sacarlo. Crear el caos justificaría el cambio autoritario de gobierno. Considerando la deslegitimación de la izquierda organizada, mercantilizada y sin principios, no esperaban que esta ofensiva empresarial desate la rebelión anticolonial, antineoliberal, que es lo que está ocurriendo. La necesidad de la liberación nacional, de la autodeterminación, de las autonomías se expresan de distintos modos y en este caso es la rebelión.

El viernes 13 de enero continúa el paro nacional indefinido por adelanto de elecciones, renuncia de Dina y cierre del Congreso. 10 regiones de 25 están bloqueadas (más de 80 bloqueos de carreteras) y los asesinatos y heridos están en más de 7 regiones. Casas de congresistas son atacadas e instalaciones de la minera Antapaccay del grupo minero suizo Glencore han sido incendiadas. Gobernadores regionales que se unen al pliego petitorio y ministros que renuncian. A pesar de todo esto, la dictadura se mantiene a la ofensiva militarizando y reprimiendo en todo el país. Los unifica la idea de que para neutralizar a un terrorista es necesario arrasar a sangre y fuego el entorno en el que se infiltra.

La expresión política de esta lucha anticolonial no puede ocultar el trasfondo económico. Si bien es cierto, como bien lo expresa Milciades Ruiz, que «la población revienta de indignación acumulada porque repudia el sistema político y su falsa democracia. ¿Por qué, ha sucedido esta explosión social, al margen de los partidos políticos? ¿Por qué, la indignación desborda los canales oficiales? ¿El diálogo mecedor, la renuncia presidencial, adelanto de elecciones, asamblea constituyente, son suficientes para cambiar la estructura de dominación hereditaria?»[11] Esto expresa que la conflictividad social persiste más allá de su aspecto político y se vuelve cada vez más antagónica con el comportamiento virreinal del gobierno, consiguiendo como respuesta la toma de carreteras y protestas sociales, la marcha de los pueblos hacia Lima, acciones que afectan a la viejas y nuevas inversiones mineras. Este año se cumplen 30 años de los contratos ley, de decenas de concesiones mineras y los dueños del país esperan aprobar otros nuevos 40 proyectos de saqueo minero.

Esta que fue nuestra hipótesis inicial, al acusar al Premier de ser el sicario de corbata[12] de las mineras, es corroborada por el mismo Alberto Otárola, quien informó al Congreso para pedir un voto de confianza para que el gobierno de Dina Boluarte destrabe nueve grandes proyectos mineros por US$ 10.555 millones (Toromocho, Sulfuros Yanacocha, Extensión Antamina, Optimización Inmaculada, Yacimiento Zafranal, Proyecto San Gabriel, Planta de Cobre Río Seco, Proyecto Yumpaq y Ampliación de Retamas, entre otros). Los asesinos a sueldo si retroceden pierden millones y esto viene ocurriendo con el gabinete y las FFAA y PP que son utilizadas para aterrorizar a los pueblos. Las mismas FFAA y PP que cada día proclaman haber vencido a Sendero hace 30 años, hoy pretenden legitimar sus crímenes acusando y apresando dirigentes sociales y persiguiendo a destacados académicos que hace 40 años residen en Londres o en La Paz debido a una vieja persecución.

Bajo la concepción de mando-obediencia, agregando ideas neoliberales sobre el estado mínimo, la visión del estado como objeto de la competencia, y otras de Kelsen, para quien el poder soberano no radica en el pueblo sino en la capacidad de crear y aplicar el derecho en un territorio considerado como parte del estado y sobre un pueblo con capacidad de hacerse valer, recurriendo de ser necesario a la fuerza, son ideas suficientes para gobernar. Esta forma de pensar la tradujo en la imposición de una constitución, garantizando su cumplimiento con la impunidad presidencial y el TC, corrompiendo al Congreso y al sistema judicial; con el sometiendo de las FFAA al poder económico legal e ilegal e implementando un sistema criminal de saqueo desde las alcaldías, hasta los ejecutivos regionales.

De este modo, mientras los pensadores eurocéntricos y los analistas políticos creen que el poder esta solo supeditado a una correlación de fuerzas, muchas veces imaginaria, pero que hay que tomar en cuenta en la lucha política, Montesinos y los jerarcas militares más cerca de la realidad –con dos siglos gobernado o cogobernando, con 5 décadas de experiencia antisubversiva, y de ellas más de 30 en política estatal neoliberal– actúan pensando que el Estado es una relación social de poder, dominación y explotación que es posible manejar. Y pensando y actuando así –quizás sin saberlo, coincide con Weber e incluso con algunas ideas de Marx– .Es más, en la nueva configuración del poder, desde los años 90, las grandes corporaciones controlan y se apoderan del Congreso, el sistema judicial y el Ministerio del Interior y Defensa. Financiados por una interminable privatización de la economía y los poderes, los mediadores y la lumpen burguesía territorial y los grandes monopolios, se unifican en grupos con coincidencias e intereses comunes usando como herramientas dinero, corrupción, chantajes, complicidades, impunidades, lobistas, etc. para garantizar la gobernabilidad y constituirse en el verdadero gobierno, aunque no siempre sean los titulares.

Si bien es cierto que para examinar metodológicamente al Estado y para actuar en él, o incluso fuera de él, es válido el análisis estratégico relacional, para conseguir la obediencia y desarrollar políticas públicas, solo fue suficiente saber y actuar para mantener el poder secular agregándole nuevas tecnologías de sumisión, miedo y dominio correspondientes a la época. Con Montesinos-Fujimori las estrategias económicas estuvieron garantizadas la participación de organismos multilaterales como el FMI-BM en las decisiones para el control del gobierno, la gobernanza (creación neoliberal que incorpora a la inversión privada en el gobierno) 1990-2000 y posteriormente a su caída, por la Constitución, el manejo del ministerio de economía y del BCR, el Congreso y la presencia de sus abogados en el sistema judicial. Los proyectos estatales en su década gobernando consistieron en privatizar el país y con el dinero obtenido manejar a los agentes que mantengan las estructuras en base al combate a la rebelión popular, a la generalización de la corrupción como herramienta aglutinadora y de sumisión. La hegemonía fue articulada desde la unidad de la clase dominante monopólica y parasitaria, la compra de medios y la fetichización de la minería presentada como el elemento necesario e indispensable de crecimiento económico. El Congreso y la judicatura fueron conseguidos con elecciones fraudulentas, mercantilizadas y comprado en su totalidad –con la reducción numérica del primero enormes aumentos salariales, y premios por sus votos privatizadores o de no pago de tributos empresariales– y del segundo con su ampliación a numerosas instancias jerárquicas y seguros de impunidad a cambio de mayores ingresos por protección de bandas criminales. La corrupción como forma de gobierno neoliberal, como herramienta y mecanismo de activación de la inversión privada, del saqueo, se extendió a los ejecutivos regionales y locales, la alta oficialidad de las FFAA y policiales, los medios, la alta burocracia de funcionarios en las instituciones, la seducción monetaria de los asesores y consultores caviares. Controlada la representación política, la institucionalidad y el clientelismo corrupto de la gobernanza, había que encerrar las universidades –y otras fuerzas de la izquierda popular– que literalmente fueron cercadas y acalladas para que puedan actuar las estrategias hegemonistas hasta lograr la naturalización del odio a la izquierda radical y a todos los críticos del sistema. En resumen: controladas las estructuras de poder económico, políticas e ideológicas se consolida un sistema de dominación étnico-clasista que marca la arquitectura del control territorial del poder y el silenciamiento de las fuerzas capaces de una acción colectiva. Estamos ante una nueva forma de dominación donde el dinero, la ley, la coerción, el conocimiento o ignorancia son los principales instrumentos de intervención del Estado en la sociedad que llegaron en el 2000 a su límite cuando a través de unos videos se conoció como operaban estos mecanismos y un grupo de fiscales honestos pudo perseguir y apresar a los principales sujetos del dominio.

Mientras Dina Boluarte repite lo que le cuentan sus asesores militares, en una irracional, grosera y torpe narrativa que terrorista es aquel que critica la violencia estatal porque ello provoca mas violencia, y agrega, perversamente, con una cínica y supina ignorancia de la realidad, que su régimen pasara a la historia por promover la paz. El Congreso otorga confianza al gabinete criminal el mismo dia que otorga perdón a un congresista violador. Al mismo tiempo la Dirección Contra el Terrorismo captura a la Presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho con la absurda invención de obedecer las ordenes de Elena Iparraguirre, la viuda de Abimael Guzmán, recluida a cadena perpetua y en un aislamiento asesino, quien estaría tras las luchas del pueblo ayacuchano con la consigna terrorista de «democratizar al Perú» y utilizando piedras y hondas en un ficticio reinicio de la guerra popular. Si esta líder ayacuchana fue liberada hace diez años se hizo porque solo fue un chivo expiatorio y solo se trataría de escarmentar a los coordinadores de una lucha que sin ella prosigue con mas fuerza.

Pero la mayor sorpresa fue que la Fiscalia de la Nación decida investigar a la presidenta Dina Boluarte y al titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por genocidio. El diario La República conjetura que se trataría de «generar rechazo a la investigación y a una probable denuncia que se tendría que presentar ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte» (La República, 14 de enero 2023). O quizás se trata de derivar el caso a la Corte Penal Internacional que persigue este delito. Sea como fuese, es una correcta acusación porque son actos de exterminio que son continuidad histórica de cómo enfrentar a un pueblo rebelde. Desde la llegada de Colon la politica de rapiña antiindígena fue de aniquilamiento de estos seres sin alma si osaban rebelarse. Se trata de mas de 50 asesinados y cientos de heridos graves sobre poblaciones originarias que viven en la miseria.

V. El estado colonial prominero es terrorista

…consideramos que la Independencia no significó un quiebre de las estructuras políticas, económicas y sociales en el país. Otro elemento que identifica dicha continuidad fue la ausencia de un rechazo total por lo español y si bien es cierto que en un principio fueron confiscados muchos bienes de los españoles que se alejaron del país, no fueron expulsados violentamente del territorio, como sucedió en México en 1829. «Por el contrario, al estudiar la élite mercantil vemos que muchos permanecieron y otros retornaron después de pasados los años convulsionados de la guerra» (JL: «El Estado colonial prominero es terrorista» – Rebelión) [13]

Tres procesos marcan el momento histórico 1. «El control de todas las instituciones por el fujimorismo y la derecha bruta y achorada que no quieren dejar el gobierno hasta cerrar las brechas que consoliden el saqueo y el autoritarismo» 2. («El Estado colonial prominero es terrorista» – Rebelión) La rebelión espontanea de los pueblos contra la política neoliberal, una respuesta anticolonial contra la ofensiva de las corporaciones y sus sicarios militares, políticos y judiciales y 3. La violencia genocida étnico-clasista que retoma el «terruqueo» como ideología estatal de exterminio de pueblos indígenas y mestizo indígenas.

La minería fetichizada por la Sociedad Nacional de Minería y sus sicarios colocándola como la única opción para el Perú aunque cada vez saque mas ganancias[14] y deje miseria y ecocidio. Lo tiene muy claro Higginbottom cuando señala la importancia de la minería para las potencias capitalistas. (JL:«El Estado colonial prominero es terrorista» – Rebelión)

En cuanto a la presidencia de la usurpadora Dina Boluarte, sabe muy bien que su parte en el trato debe garantizar la continuidad de las super-ganancias a cambio del apoyo diplomático y militar, en caso necesario, de los Estados imperialistas. «Si su régimen no consigue disciplinar al país hasta la sumisión, seguramente se pondrán en marcha planes de contingencia para la intervención.»” («El Estado colonial prominero es terrorista» – Rebelión)[15]

Para los pueblos agredidos por estas grandes corporaciones, la resistencia no cesa, continua el paro nacional indefinido, las marchas y una reedición de la marcha de los cuatro suyos[16], mientras por otro lado se afianza el fujimorismo y el sistema judicial abiertamente se coloca a sus pies, cuando la fiscalía archiva una causa contra Keiko, la líder de Fuerza Popular, la tres veces fracasada candidata presidencial, por organización criminal; cuando modifican la Constitución en terminos aun mas reaccionarios que antes y acentuando la tendencia autoritaria; cuando continuan los asesinatos y apresamientos de cientos lideres de base; cuando compran de urgencia nueve toneladas de «armas disuasivas» al imperio.

El pronunciamiento del afrodescendiente[17] Presidente del Tribunal Constiucional (TC), Francisco Morales, justificando la violencia estatal, nos convoca a debatir acerca de la ilegalidad e ilegitimidad de írritas y espúreas instituciones. La Constitución fue producto de un golpe de estado y un referéndum fraudulento, lo que se traduce en que no existe un estado de derecho y que el TC no tiene sentido de existir. Por su lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue electa sin cumplir con los requerimientos legales que, sin embargo, eligió una Fiscal de la nación que invalida las acciones del Ministerio Público (ademas de falsificar títulos de maestría y doctorado y proteger a sus hermanas juezas que liberaron a grandes narcotraficantes). Y el Congreso que fue producto de franquicias electorales donde lo que decide no es que sean representantes de alguna base social o política sino el capital invertido en campañas.

El crítico general EP (r) Wilson Barrantes Mendoza –como pocos– afirma que informó a la presidenta Boluarte que había 16 organizaciones diferentes detrás de las protestas, que no había relación entre ellas, tampoco una sola dirigencia, y que recomendó una solución política. Esta claro que la Marina esta tras  Boluarte, la han convencido de que todos los rebeldes son terroristas tal como lo explicitan los almirantes en retiro y congresistas Montoya y José Cueto y afirman que hay que eliminarlos fusilando a los que protestan. De acuerdo con Barrantes, «el mentor ideológico de toda esta estupidez es Montesinos». (La República 17/01/2023). (En: JL: «El Estado colonial prominero es terrorista» – Rebelión) Resultado, mas de 50 asesinados, 600 heridos, 300 presos. Todo un baño de sangre.

Con el régimen colonial en un extremo quedaron los dueños del poder y de capital, los invasores/vencedores blancos europeos-occidentales; y del otro, principalmemte poblaciones indígenas y afrodescendientes, subsumidas, vencidas, que a pesar de tener todas ellas sus especificidades y diferencias, fueron igualadas por sus opresores en calidad de vencidos. Sobre esta base imaginaria, el comportamiento social se pudo regular, hacerlo previsible y controlable, generando desde el siglo XX un nuevo estilo de vida, producción y consumo, respondiendo a intereses estratégicos del sistema capitalista. Las revoluciones tecnológicas garantizan el proceso de concentración del beneficio capitalista en cada fase de su desarrollo histórico. El neoliberalismo no es mas que una guerra por recursos naturales y eliminación de poblaciones en los paises colonizados. El siglo XXI da paso a una totalmente nueva modalidad del capitalismo basada en un lado del mundo en el despojo y en el otro en la economía digital, la deslocalización del trabajo y la precarización y el control gremial, acompañada de la vigilancia y represión. Es una persistente reorganización del sistema. Si por un lado tenemos a las grandes corporaciones globales y las potencias imperialistas, junto a sus siervos coloniales de cada país, dedicados al despojo, en el otro lado están los pueblos principalmente indígenas y afrodescendientes con sus territorios vulnerados y los trabajadores en su mayoría informales y unos pocos formales, privilegiados. Ambas partes son víctimas de la flexibilización laboral que produce regímenes de inseguridad en el trabajo formal, desempleo programado, ocupaciones informales de medio tiempo, pobreza creciente, desprotección en la seguridad social y provisional, deterioro de la educación y la salud pública, descontento y frustración social.[18]

Este es el ámbito donde se redefinen las categorías de género, clase y raza que se fusionan en identidades y desidentidades, en un mayoritario mestizaje de base indígena y otro minoritario de familias europeas que en interrelación y contradicción, bajo la forma de lumpenburguesía y trabajadores, desempeñan un papel determinante e interrelacionado en la constitución y perpetuación de la sociedad de clases, profundamente desigual y contradictoria. La pertenencia étnica puede definirse como poblaciones –a veces distintas– que comparten historia y cultura, intereses y sistemas de dominación y sometimiento, permanecen y migran de los Andes a la costa, aun cuando su origen tenga un territorio definido y por ello poseen un sentido de solidaridad, histórica, sistemas simbólicos, religiosos, ceremonias, gastronomía, forma de vestir, aspecto. Los grupos étnicos tienen la posibilidad de tener un rango estrecho o extenso de ascendencia cultural, conforme con la definición del conjunto a medida que varias agrupaciones poseen ascendencia mezclada y aspiran a ser mas blancos y burgueses. Con la expansión del extractivismo las clases medias han crecido y se configuran como un elemento reaccionario y al mismo tiempo surgen los movimientos anti extractivistas desde los territorios afectados por esta actividad. Lo que explicaría, en parte, las dificultades en organizarse como pueblos originarios. No existen organizaciones nacionales de pueblos originarios o un movimiento indígena unificado. En términos de Thompson, los sujetos mediante sus experiencias e identidades de intereses, mejor dicho mediante la confrontación y la oposición con otros sujetos de intereses opuestos, logran un lugar y se forman en él como colectivos en la sociedad.

Queda configurado un Estado colonial con formalidad liberal empero, que tiene en las siluetas al Estado profundo, o sea, fines coloniales diseñados por construcciones burocráticas trasnacionales internalizadas de poder permanentes, no visibles, profundamente arraigadas las cuales, sin constituir un todo coherente, participan con cierta soberanía en la aplicación de las políticas gubernamental de momento y mantienen el control de instituciones fundamentales –sistema judicial, Congreso, burocracia– integrados los servicios de inteligencia y de estabilidad, y buena parte del flujo noticioso de los poderosos multimedia que definen lo adecuado y lo erróneo de las preguntas en juego.

VI. La coyuntura y la memoria histórica

Perú vive una rebelión desde abajo, de la izquierda popular politizada pero no institucionalizada, que es anticolonial y democrática, comunitaria y solidaria. (JL: «La coyuntura y la memoria histórica» – Rebelión) Desde el 7 de diciembre se inician las movilizaciones, luego de una tregua por las fiestas de fin de año. El 4 de enero se inicia el paro nacional y hay 17 regiones movilizadas, 7 en estado de emergencia (donde la vida no vale nada). Más de 120 bloqueos a lo largo del pais, que sin embargo, al carecer de una dirección nacional centralizada, nada es exacto, no hay plan estratégico, es un desenvolvimiento irregular con direcciones locales y hasta macro regionales que tienen como parece obvio un lado positivo –evitar la manipulación política– y un lado negativo –la descoordinación–. En el otro lado estan las organizadas y oscuras fuerzas que dirigen el complot de la derecha. Son prontuariados militares (Comando Conjunto de las FFAA, Williams asesino de Accomarca y presidente del Congreso, los marinos congresistas –Cueto y Montoya– los narco Generales del VRAEM, asesinos en Andahuaylas y Ayacucho) y civiles con Montesinos y Keiko, el primero en condena carcelaria y la segunda que busca la impunidad y el exilio, Otárola –responsable de muertes en Tia María, VRAEM y ….–), la fiscal Benavides que tambien evade la justicia, lideres de los gangsters de Acción Popular llamados «los niños» (todos ellos deben ser acusados de genocidio o crimenes de lesa humanidad e ir presos) y el bufón alcalde de Lima, Rafael López Aliaga). Una guerra desigual pues los segundos tienen las armas y son genocidas por antonomasia. El pueblo se enfrenta a un poder concentrado de quienes se consideran en toda la falsa vida republicana los dueños del país, los que monopolizan las armas y ocupan todos los poderes administrativos concentrados del Estado, la oligarquía y un sector de la clase media civil y militar que provienen –muchos de ellos– de familias limeñas de la migración andina, pero que ha renegado de su identidad etnico-clasista al replantear su lugar en el status social con el neoliberalismo.

La izquierda después de haber probado desde una vía pacífica hasta la armada cambiar el país con su voto o el fusil, hoy tiene sus propias organizaciones y líderes, que al ser reiteradamente víctimas del despojo y corrupción por organizaciones de derecha, centro e izquierda, deciden rebelarse retomando la lucha anticolonial de Tupac Amaru y cientos de luchadores anticoloniales. Debemos resaltar que han surgido nuevos elementos que aportan al futuro de las luchas, desde la reidentificación indígena. Es la resistencia rebelde de campesinos, mestizos y comunidades de pueblos indígenas, trabajadores y sectores ecologistas y defensores de derechos a nivel urbano y rural siguiendo el ejemplo democratizador de los pueblos andinos. La solidaridad comunitaria entre los de abajo, lo que ocurre en las universidades que salen del enclaustramiento (UNMSM, UNI, Cantuta, alarmando a la derecha en el poder que se considera dueña de todo el territorio público del pais). La quema de fiscalías, puestos policiales, ayuntamientos, ocupación de minas y destrucción de campamentos son manifestaciones del odio popular a instituciones corruptas, criminales (53 fallecidos y cientos de heridos) que no respetan ningún derecho humano y menos social, y expone con claridad su rechazo al objetivo central del gobierno de proteger el saqueo de las corporaciones mineras. Sobre el incendio de la casona, hasta los bomberos tienen precio, al poner en duda que fue la policía quien ocasionó el desastre. Si el tipo usado de bombas lacrimógenas tiene una mecha para provocar la explosión y si eso vieron varios testigos, no quedan dudas. Pero la Fiscal solo usa politicamente los hechos como lo hizo con sus hermanas, con Castillo y ahora tiene amenazada a Dina «Balearte» con una investigación preliminar para acusarla de genocidio si no sigue aprobando las matanzas dirigidas por Otárola, los marinos y el Comando Conjunto.

Es curioso que como señala Héctor Bejar el voto obligatorio de la otra izquierda –la política, la oficial– haya definido procesos electorales consiguiendo solo decepciones, y cuando elige a un campesino andino de sangre indígena (aunque él nunca lo haya reconocido) la oligarquía y esos sectores de clase media lo destituyan y apresen con la complicidad de este sector de la izquierda. Dirá Bejar «Por ejemplo, en los 90, el voto de la izquierda fue decisivo para el triunfo de Fujimori, y la izquierda participó en sus primeros gabinetes; la caída de Fujimori es inexplicable sin la participación de la izquierda; Toledo es inexplicable sin el apoyo de la izquierda…» («Leer y Difundir gracias a la Asociación PRODEMU»)[19]

Historizando la relación del pensamiento oligárquico con el de la izquierda política entenderemos cómo se transfiere una ideología de la sumision de una a otra, del caciquismo gamonal al neoliberal de derecha e izquierda, de un caudillismo a otro, hasta el neoliberalismo que contaminó todo el espectro intelectual y cultural. Y cómo se llega a esta lucha autorganizada, sin caudillos ni falsas vanguardias, una verdadera revolución de las conciencias y practicas políticas. (JL: «La coyuntura y la memoria histórica» – Rebelión) Veamos la historía.

Sostiene Mazzeo que el Estado colonial es: «… estado con monarquía en la medida en que de ella partían las reglamentaciones, leyes y decretos que regulaban el mundo colonial». Cuando decimos que el estado colonial permanece hasta hoy, es por que la regulación de esta parte del mundo sigue en manos de las potencias coloniales expresada en los cambios en la legalidad y la creación de alguna nueva institución. (JL: «La coyuntura y la memoria histórica» – Rebelión) Es obvio que no nos referimos a la colonización clásica sino a la moderna, al modo específico de naturalización de las viejas relaciones fundamentales y en renovación de lo accesorio que incluyen las relaciones de poder, dominación y explotación; de la permanencia de castas y estamentos étnico-clasistas; de la continuidad renovada del gamonalismo y el extractivismo; de una sociedad y cultura colonial excluyente de la mayoría afro indígena, del sometimiento financiero de grandes potencias como Gran Bretaña y Estados Unidos, configurando el carácter de un estado cuyos rasgos duran hasta hoy bajo nuevas máscaras modernizadas aunque el latifundismo se haya modernizado y se hayan instalado industrias de bienes de consumo.

En este aniversario de José María Arguedas hay que resaltar lo que nos decía hace 55 años y que hoy continua poniendose de manifiesto.

Creemos que la integración de las culturas criolla e india, que evolucionaron paralelamente, dominando la una a la otra, se ha iniciado por la insurgencia y desarrollo de las virtualidades antes constreñidas de la triunfante perviviente cultura tradicional indígena mantenida por una muy vasta mayoría de la población del país. Tal integración no podrá ser condicionada ni orientada en la dirección que la minoría, todavía, política y económicamente dominante, pretende darle. («Leer y Difundir gracias a la Asociación PRODEMU»)[20]

Debemos construir categorias que puedan mostrar la falsa emancipación y como se suceden las formas de dominación objetivas y subjetivas y la condición tributaria de las colonias que definen una independencia política de carácter formal y una economía que ofrece principalmente materias primas o recursos energéticos a las potencias capitalistas. Esta condición define la corrupción y la crisis múltiple del estado como siempre potencial, compleja y profunda, histórica, cultural y política; no es de hoy, data desde la conquista y la colonia, perdura en la semicolonia reformada y en constante metamorfosis que llega casi incólume a nuestros dias, toca las raíces de la cultura dominante enraizada en las genealogías del poder.

La historia del Perú es una historia colonial de exterminio, que tampoco comienza en el siglo XX. En el primer siglo se calcula que exterminaron al 90% de los pueblos indígenas. Luego, fueron otros 400 años de un conflicto colonial-anticolonial basado en el despojo ,que terminó en todos los casos con el exterminio de la oposición al dominio colonial expresado en rebeliones, guerrillas y hasta en un intento de guerra popular . (JL: «Leer y Difundir gracias a la Asociación PRODEMU»)

El actual conflicto que vive Perú tiene ese fondo. Los herederos de la oligarquía, ahora aliados de las grandes corporaciones vuelven –otorgándole continuidad– al despojo y exterminio de los opositores. Con la atingencia de que quienes llegaron al ejecutivo lo hicieron contaminados de la cultura neoliberal. («La coyuntura y la memoria histórica» – Rebelión) Hereditario desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy, los rasgos fundamentales de este Estado construido desde arriba, desde fuera y a partir de una guerra de exterminio y sometimiento brutal de los pueblos originarios, el Estado nación es una fantasía mítica, sin asidero estructural, basada en una pseudo historia hecha por los poderosos.

El capitalismo colonial es visto por Machado Aráoz asi:

en un sentido que acá se quiere destacar de modo especial, la expropiación ecobiopolítica alude a los efectos de larga duración de la violencia colonial extractivista sobre el sustrato afectivo y motivacional de la subjetividad. «Las vivencias y experiencias del extrañamiento y la explotación de los territorios se hacen cuerpos.» (JL: «La coyuntura y la memoria histórica» – Rebelión) El recurso sistemático a mecanismos de superexplotación opera, así, destruyendo los capilares de la afectividad-sensibilidad y va produciendo un progresivo proceso de acostumbramiento a la violencia endémica de los entornos coloniales. En el umbral último del orden colonial, el extractivismo opera produciendo una abismal expropiación de la sensibilidad corporal. Expropiación, más que con arrebato, tiene que ver acá con eficacia performativa; da cuenta de la capacidad biopolítica de producir sujetos radicalmente in-sensibles a la explotación. En parte por acostumbramiento-internalización del dolor social; en parte por la colonización-mercantilización del deseo. [21]

Lo que le faltó decir a Machado es que esta forma colonial tiene su correlato no solo en la violencia y la internalización fetichista de los recursos naturales, especialmente en las clases medias y altas beneficiadas, difundida por los medios, sino que también incuban la potencialidad de la corrupción, la ingobernabilidad y las crisis al eliminar la soberanía, los derechos de los trabajadores y los escasos residuos democráticos, imponiendo en su lugar constituciones y estados de derecho fraudulentos, que protegen la corrupción e impunidad de una administración estatal y empresas saqueadoras. Se establece una estructura que condiciona a los gobiernos de cualquier color a preservar ese orden bajo el riesgo de terminar su mandato.

Sobre el neocolonialismo o recolonización neoliberal, en el que los Estados Unidos diseñan políticas y aprueban o consienten a gobiernos y a los principales funcionarios, se articula el colonialismo interno. Los descendientes oligárquicos españoles y criollos, grupos familiares herederos de la monarquía colonialista, al que se fueron agregando extranjeros que iban migrando, mantuvieron el control del Estado hasta hoy. Solo cambian algunas dinastías. Los pueblos originarios, los afrodescendientes, los mestizo indígenas y negros siempre fueron excluidos del Estado. Lo que hay es un capitalismo global que impone acabar con la soberanía estatal (Constitución 1993), fundamento de los estados nacionales, con los fragmentos de la soberanía popular, sustento de la democracia y optar por una mercantilización generalizada de la vida social, que tensiona enormemente las agendas de los Estados hacia la creciente desregulación económica, la flexibilización de los mercados laborales y la privatización de bienes públicos. La política migratoria tambien fue utilizada para bajar aún más el precio de la fuerza de trabajo (PPK). El despojo campesino –y urbano– y la sobreexplotación, generan enormes tensiones políticas, dado el aumento de la miseria, desigualdad y segmentación social; originando mecanismos deformados de preferencias políticas, sesgos ideoógicos varios, pensamiento grupal reaccionario y esquizofrénico en la que puede aparecer una polarización política como peligroso epifenómeno de dichas tensiones.

Históricamente, tenemos la posibilidad de ver cómo se redefine el estado colonial. Fujimori al principio adoptó fines y tácticas desarrollados por la Central Intelligence Agency en cooperación con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y usó las fuerzas armadas. Los militares necesitaban más apoyo ante las peleas antisubversivas y las denuncias de abusos a los derechos humanos y colusión. («La coyuntura y la memoria histórica» – Rebelión) en el tráfico ilegal de drogas.

Montesinos, conocedor del funcionamiento del Estado colonial –como ya lo dijimos– primero se apodero de los servicios de inteligencia, luego del Congreso y el poder judicial respaldado en una nueva Constitución que garantice su continuidad. Luego de asumir Fujimori el gobierno, Montesinos –trabajando para la CIA y probado traidor a la patria, abogado de narcotraficantes– fue elevado a la condición de Asesor del Jefe del Servicio de Inteligencia. El 5 de abril de 1992, Fujimori suspende la Constitución de 1979, disuelve el Congreso y ordena la reorganización del Poder Judicial. El dominio de Fujimori sobre la Corte Suprema lo hizo destituyendo jueces y fiscales dessobedientes utilizando el descontento arraigado en la población respecto al Congreso y al Poder Judicial, relacionándolo con la corrupción y los instrumentos políticos que utilizaban, con el fin de justificar un nuevo Congreso y legislaciones que redujeran su independencia. Paralelamente, tomaron medidas coercitivas y de censura contra toda la prensa escrita y hablada, desde la misma noche del golpe. Posteriormente logro que los militares firmen un acta de sumisión. En poco tiempo tenian las instituciones controladas y bajo su mando. El mejor ejemplo fue y es Blanca Nélida Colán Maguiño, ex fiscal de la nación con Fujimori, líder y encubridora de todo el el poder ante el aparato judicial. (JL: «La coyuntura y la memoria histórica» – Rebelión) Presa entre 2001-2008.

No descuidaron la intervención social autoritaria, en noviembre de 1992, con la elección de un llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD), en la que los movimientos políticos que lo apoyaron obtuvieron la mayoría de escaños. El CCD preparó una constitución neoliberal y a medida del gobernante, en la cual destacan la reelección presidencial y la unicameralidad del Parlamento. Esta Constitución fue aprobada por un pseudo referéndum en 1993.

La descolonización debe eliminar la Constitución del 93, el Tribunal Constitucional creado para que la Constitucion sea intocable, recuperar la autodeterminación popular y las autonomías indígenas, regionales y populares; y construir el poder destituyente y la democracia desde abajo, terminando con el vigente régimen político mercantilizado y privatizado.

VII. Ha vuelto la dictadura fujimorista al gobierno. Volvamos a la historia reciente

Muy pocos eran los gobiernos coloniales europeos que no debían rendir cuentas ante nadie; si no eran controlados por sus propias conciencias, o por la fuerza de la opinión pública, se veían refrenados ante la expectativa de ser ellos mismos quienes posiblemente continuaran gobernando la colonia en un futuro previsible.” Tenían, por tanto, mucho interés en asegurar que esa colonia continuaría siendo razonablemente próspera y que no se la despojaría de todos sus recursos. Las compañías multinacionales no están sujetas a un control automático de este tipo en las operaciones que realizan. Al menos en algunas zonas, parece probado que el neocolonialismo se ha comportado peor que el colonialismo.” (M. E. Chamberlain La descolonización:  La caída de los imperios europeos, Ariel 1997, pp.141-142) (JL: «Ha vuelto la dictadura fujimorista al gobierno»)

En el Perú –y en otros países también– las realidades y categorías de la política liberal clásica se han invertido: el estado nación es de un pequeño sector de criollos que reparten el país entre ellos y las grandes corporaciones, no es de las mayorías indígenas con sus 56 culturas y otros sectores populares. «El estado de derecho se apoya en una Constitución írrita y ya no existen derechos humanos ni sociales.» La división de poderes desapareció y ahora están concentrados en una derecha bruta y achorada (DBA), una lumpen oligarquía, y sus instrumentos: un partido (Fuerza Popular) y sus ramificaciones (Renovación Popular y Avanza País), el ejecutivo en manos de usurpadores (Dina y su gabinete); el Congreso, un producto mercantil que legisla solo para los poderosos; un sistema judicial con sus organismos envilecidos y en manos de los narcos Cuellos Blancos; unas Fuerzas Armadas y Policiales que han abdicado de la defensa de la soberanía, de la patria, de la seguridad pública para ponerse al servicio del poder mafioso teledirigido por Montesinos y Alberto Fujimori desde sus cárceles doradas, son la garantía del despojo territorial, el saqueo de los recursos naturales, enemigos de la soberanía y por tanto sin razón de existir. Cuando el poder factico, real, tiene el control del poder político total (ejecutivo, legislativo, judicial y mediático), utilizando los vínculos económicos previos entre ellos en las empresas mineras (Como Keiko y la Fiscal de la Nación) o el narcotráfico (FFAA y PP) y cuando estos no existen con millonarios sobornos a todos sus jefes utilizando recursos del Estado como los 1800 millones entregados al poder mediático o los millones de dólares a los corruptos centristas que definen votaciones en el congreso (los «Niños» de acción Popular y los del partido del mafioso Acuña) se tuvo los elementos para el golpe congresal y sus asociados. De acuerdo con Alberto Manzanares: «antes del 7 de diciembre del 2022 ya existía una estructura de poder paralela: CCFFAA-PNP-Congreso- Fiscalía-PPJJ y probablemente la Defensoría y el Tribunal Constitucional. Una estructura de poder en la sombra, un poder que complotaba, y que finalmente actuó de manera sincronizada, para derrocar a Castillo»[22]. («Ha vuelto la dictadura fujimorista al gobierno»)

En este país la democracia es una palabra hueca y sin sentido, donde como todo se ha invertido, ante la lucha popular por la democracia y la soberanía imponen una brutal represión, un autoritarismo genocida contra los verdaderos patriotas y demócratas. Todas las categorías que usan las decenas de analistas librescos deben ser revisitadas y replanteadas para un mundo al revés. (JL: «Perú: Volvamos a la historia reciente (I)»)

El paro nacional intermitentemente se da en 17 regiones –de 25– y es indefinido e interminable, por que quienes gobiernan no ofrecen soluciones. Pasan los días y aumentan las regiones que se suman, sectores de la población que se incorporan como los licenciados del ejército, las barras bravas del futbol, barrios enteros de las grandes ciudades (como San Juan de Lurigancho o Villa el Salvador en Lima), estudiantes universitarios y escolares, gremios como los transportistas y sindicatos como la Federación Nacional de Mineros y Metalúrgicos, colegios profesionales como los abogados de Lima. Hasta gobernadores de regiones y alcalde de localidades. Paralelamente, tambien crecen los bloqueos, llegando a casi 200 a fines de enero. La mayoría de las acciones son pacíficas y la respuesta es la violencia policiaca. La población al mismo tiempo que identifica a infiltrados provocadores se ha visto obligada a pasar de sacar adoquines de las calles a usar escudos y con palos enfrentarse a la policía, rompiendo cercos y vallas levantadas por la policía. Garantizar el paro ha llevado a implementar no solo los bloqueos, siguen los intentos de tomar aeropuertos, piquetes carreteros, control de puentes y redes ferroviarias; incluso intentos por ocupar el cuartel. El Estado responde con la militarización, estados de emergencia, con balas y perdigones, asesinatos y heridos, lo que enardeció a los rebeldes que pierden el miedo y contestan provocando 14 ataques contra sedes judiciales y siete incendios de sus edificios, así como, 34 protestas frente a comisarías, cuatro quemadas; e incendian símbolos materiales del poder: bancos, comisarías de policía, campamento de mineras (Antapaccay, en Cuzco), canales de televisión y residencias de congresistas y otros políticos. Y, la máxima decisión de tomar Lima.

«Esta en debate entre la gente en rebeldía si se debe anular la constitución del 93 o continuar la lucha por una constituyente.» («Ha vuelto la dictadura fujimorista al gobierno») Considerando los primeros que esa Constitución es írrita, nula de derecho y vigente de hecho y que el 7 de diciembre ha sido violentada una vez más quebrantando su orden para vacar al presidente Castillo. Por tanto, estaría vigente la Carta Magna de 1979 que necesitaría revisarse y renovarse. La segunda opción, dejaría que los contratos ley se renueven automáticamente y se complique más un proceso de anulación de estas leyes del despojo. No hay cambios porque están en juegos miles de millones de dólares (de contratos ley mineros ya firmados en espera de renovación y los 40 nuevos que preparan, además de exoneraciones de impuestos y muchas artimañas más para que el estado les devuelva los raquíticos impuestos que dejan) y otros millones invertidos en sobornos a todos los que toman decisiones: Fiscal, mesa Directiva del Congreso, Dina Boluarte, Generales y almirantes del Comando Conjunto (Maxoy TV Canal 12). Merece una reflexión el valor positivo que se ha hecho sentido común y, por tanto, parte de la cultura, de la corrupción, el pillaje y sus contracaras, los privilegios, el consumismo y la distinción por residencias, autos, marcas y modas.

Por su lado, el gobierno rechaza las observaciones a las masacres por la CIDHH y Naciones Unidas, y continua reprimiendo y asesinando a marchistas que pretenden protestar frente a las instalaciones del Congreso, del poder judicial o el Palacio Nacional; recurre al uso indiscriminado de las reservas monetarias estatales, deriva 1,800 millones a su operativo mediático, transfiere recursos destinados a la educación para comprar pertrechos policiales; compra municiones y más armas a sus proveedores, e incluso se atreven a montar una circense movilización de tropas y tanques –que se atascaban en pequeñas colinas– desplazándose a la frontera boliviana, con el objetivo de amedrentar a Puno y Bolivia, pueblo hermano quechua aimara que apoya la protesta, expresando un inédito comportamiento racista trasnacional. Por su lado, el Ministerio Publico y un juzgado, sin importarle el derecho a opinar, en un proceso exprés condena a 8 años a un joven que dijo admirar a Abimael Guzmán. Lo que solo expresa el miedo a que esa ideología vuelva a crecer. El Congreso no se queda atrás y autoriza el ingreso de tropas norteamericanas para una patética «defensa» de los recursos naturales. Mostrando que en realidad son enemigos de la soberanía, a favor de las grandes corporaciones y la oligarquía que están tras el litio, las tierras raras, los minerales estratégicos, y por qué los nuevos ricos coinciden políticamente con personajes del poder político como por ej. Keiko Fujimori (Antamina, Yanacocha, Volcán), la fiscal de la nación que ofrece servicios mineros desde el 2007 a través de su empresa Chihuan sac (para Buenaventura, Shougan, Las Bambas, Volcán, Pierina, Toro Mocho), o el aprista Castillo asesor de la SPCC.

Como vemos la unidad de los poderes del Estado va más allá de coincidencias ideológicas y tiene solidas bases materiales en la minería, el narcotráfico, los sobornos, financiamiento de campañas, enriquecimiento ilícito, aprovechamiento y saqueo de los recursos públicos. (JL: «Perú: Volvamos a la historia reciente (I)») La férrea defensa del despojo y sus instrumentos legales, tanto la Constitución como las instancias jurídicas –incluyendo al Congreso– es lo que ha impulsado a un régimen dictatorial antagonizado las contradicciones. «El Perú está en llamas, solo faltaba un detonador –Castillo–, de los Andes ha surgido una rebelión anticolonial y democrática contra todo lo que defienden a muerte los primeros.» («Ha vuelto la dictadura fujimorista al gobierno. Volvamos a la historia …») Los pueblos están cansados de la ocupación territorial, del despojo, del autoritarismo y la discriminación, rechazan la usurpación de la voluntad popular. Desde la colonia se exigía la castellanización y el bautizo para el mero hecho de ingresar a las ciudades, y así las culturas andinas quedaban en el mundo de los nadie. La ciudadanía y la democracia quedó en farsa.

Otro aspecto inédito de esta rebelión es su carácter político donde aún no aparece explícitamente la Re-identificación indígena, ni la radical oposición al despojo principalmente minero. Todos los esfuerzos de las clases dominantes, de la oligarquía, en su historia han pretendido eliminar las culturas andino-amazónica, la diversidad de sus estilos de vida, los diferentes ethos, prácticas cotidianas de las ciudades, incluso las clases y los individuos en relación con la cultura dominante. Para eso se impulsa el crecimiento de un sector privilegiado de empresarios, militares, curas, periodistas, políticos, sectores medios, etc., utilizando fondos públicos a través de apoyo a la inversión de las grandes corporaciones, manejo presupuestal, entrega de cotos de enriquecimiento ilícito en aduanas, puertos, creación de empresas militares, contratación de publicidad estatal, coimas y pagos no fiscalizados. Paralelamente, frente a los insumisos que no llegan a los estilos de vida dominantes, ante su potencialidad de rebeldía, se militarizan regiones enteras, se producen genocidios y exterminios de poblaciones, igual como desde hace cinco siglos. Los rebeldes ofrecen una lucha que se produce en múltiples frentes: en la defensa del territorio, en la afirmación de la cultura propia, en el empeño por no dejarse arrastrar a modos de vida que nos quieren imponer para desfigurarnos como pueblos y como personas.[23]

Con el respaldo del terror, se sienten seguros, pero saben que arriesgan una caída de la inversión y el crecimiento económico. El bienestar de Lima puede desaparecer. Está en juego la impunidad para el fujimorismo (Keiko, Fiscalía, cuellos blancos, Odebrecht) y Dina se hace la idiota y firma acuerdos para continuar con el terror de Estado. La renovación de los contratos ley y las concesiones que se vencen este año y garantizar los nuevos contratos con las grandes corporaciones que juntas ponen en juego 80 mil millones de dólares los aferran al poder institucional, por los beneficios que les puede ofrecer estas negociaciones. Al mismo tiempo está en juego el temor de EE. UU. de perder la competencia con China, con sus millonarios contratos mineros y de infraestructura portuaria, que debe actualizar su TLC con Perú y su conversión en socio privilegiado ha hecho reaccionar a Biden y Blinken.

A una semana de cumplirse dos meses de resistencia activa con las demandas ya conocidas, la usurpadora no renuncia, el Congreso no quiere irse y la derecha defiende la Constitución como si fuese un texto sagrado. El día 29 Dina Boluarte, cede pidiendo al Congreso que apruebe el adelanto de elecciones para octubre de 2023, propone que el Congreso discuta reformas a la Constitución y nuevamente se niega a renunciar. En el Congreso, la derecha se divide y un sector acepta el adelanto, otro se niega a hacer cualquier cambio, y la izquierda no acepta el adelanto si no va acompañado de referéndum para asamblea constituyente.

VIII. El neofujimorismo de Dina Boluarte, su gabinete, las FFAA y PP, el Congreso y el sistema judicial

La vuelta del fujimorismo se va concretando cuando éste logra controlar al estado desde la marina (orquestado por el ingreso a la política de los almirantes Chiabra, Montoya, Cueto), organizando partidos ficticios y mercantilizados: Fuerza Popular-Renovación Popular y Avanza País con los que lograron una mayoría congresal tras la compra de las franquicias de miembros de Alianza Popular y Acción popular con sus mezquinos intereses en obras públicas y universidades. Con esa mayoría lograron someter y manejar a su antojo totalmente al sistema judicial (Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y Ministerio Público). No contaron con que un maestro y campesino, Pedro Castillo ganase las elecciones y Perú Libre logre 37 congresistas, mas 5 de Juntos por el Perú. Con esos votos en contra no podían vacarlo, que fue su intención desde el inicio y comenzaron una persecución colocándole trampas, enviándole lobistas expertos y mil artimañas. Castillo creyó escudarse en parientes, paisanos, maestros y en partidos de izquierda, pero ellos tambien cayeron en las redes de un sistema dedicado a la extorsión, las prebendas y coimas. Cae Castillo y el neofujimismo –como ocurrió en 1990– buscó estrechar lazos con el Gobierno norteamericano ofreciéndoles proteger sus inversiones y expansión en la minería a cambio de que garanticen su permanencia, y lo lograron.

De ahí que sea necesario exponer que pasó en la década del 90, cuando se configura el estado recolonizado, saqueador y corrupto que tenemos. De acuerdo con el entonces diputado Javier Díez Canseco en el Informe final de la Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001 (durante el régimen de Alberto Fujimori) sabemos que un núcleo corrupto integrado por diversos grupos vinculados de forma distinta y particular al poder político, articularon diversos intereses que llevaron a subordinar a las FFAA., utilizando a integrantes del alto mando militar que, desde fines de la década de los ochenta, venía preparando una propuesta de reestructuración económica, jurídica, social y de control del Estado por 20 o 30 años. Al abandonar la soberanía y sin proyecto nacional, las fuerzas armadas y policiales decidieron que su función era proteger la inversión privada. Y la otra, importante, controlar el narcotráfico en tierra, mar y aire. De acuerdo con la investigación del Instituto de Defensa Legal, existen desde 1994 al menos 138 convenios de la policía nacional con empresas extractivas para su exclusiva protección, violando su propia constitución, los derechos humanos y de las comunidades de indígenas y desnaturalizando la función policial respecto a la seguridad pública. Al convertirlos en privilegiados mercantilizan sus conductas y los embrutecen al grado de asesinar a poblaciones y luchadores sin miramientos. «Los convenios deslegitiman la función policial. Las razones son múltiples, pues para empezar representan la privatización de la función policial, que se ve desnaturalizada y orientada a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad.»[24] Y lo más importante, en el Perú tenemos el mismo sistema de control del ministerio público de los narcos mexicanos que pagaban millones al secretario de seguridad pública, las instituciones claves trabajan para ellos y no a la inversa.

Cuando cayó esta dictadura hubo balances de los innumerables delitos económicos y financieros, de actos antijurídicos e ilegítimos del funcionariado y organizaciones criminales que se apropiaban de los bienes del Estado y el patrimonio común para su provecho. Sin ningún control y regulación, funcionarios, políticos y empresas se apropiaron de los bienes jurídicos colectivos a través de licitaciones, subvenciones, créditos, usos de la política económica, de concesiones, permisos monopólicos, operativos tributarios, hasta delitos patrimoniales y fiscales, mezclando cínicamente lo público y lo privado en un claro cotidiano abuso de poder. Implementar reformas estructurales y políticas de shock para sacar al país de la crisis económica, permitió que los procesos derivados de dichas reformas fueran utilizados para que este grupo de poder de funcionarios civiles y militares asociados ilícitamente actuara en contra de los intereses del Estado y de la sociedad peruana. En los procesos de privatización, salvataje bancario, negociación de la deuda pública, las grandes licitaciones y adquisiciones del Estado, intervino activamente el gobierno y fue un agente de transferencia de recursos públicos a manos privadas, a partir de negociaciones políticas y a cambio de beneficios económicos ilegales para financiar la red de corrupción. La aplicación de las reformas económicas neoliberales se dio en el marco de un régimen autoritario que las desfiguró y utilizó.

Sobre esta base neocolonial podremos observar otros rasgos del capitalismo actual que ya no buscan más la prosperidad como fuente de legitimación. Hoy más bien se trata de ocultar bajo formas discursivas fetichistas, como son la sutil eliminación de la soberanía, la idea vuelta hegemónica de que la inversión privada es el único eje posible de la economía, bajo la idea de impulsar el crecimiento; el despojo de territorios y recursos en base a la corrupción; la potencialidad de la crisis como elementos de amenaza permanente. En este contexto el Estado se transforma en un mercado de privilegios y al integrar a las corporaciones en la llamada gobernanza transformó la politica y la convirtió en una mercancía. De este modo la lumpenburguesía encuentra nuevos canales de corrupción y crece paralelamente al incremento de las prerrogativas de la clase media alienada. Pero hay mas, veamos:

1.- Desde la década de 1990, los poderosos han sabido de su capacidad para infiltrarse en el aparato estatal, influir en la legislatura, eludir o manipular el poder judicial. Montesinos con su experiencia en la CIA y como defensor de narcotraficantes lo hizo a través nada menos que de la presidencia de Fujimori. Juntos corrompieron a todo el sistema político, de arriba hacia abajo y de un lado al otro. Utilizando el dinero del propio Estado sobornaban y extorsionaban. Es lo mismo que hacen ahora en todos los poderes del Estado, incluyendo las FFAA y PP y el poder mediático.

Los liberales saben desde hace mucho que el capitalismo tiene un enorme poder de corrupción del poder político. Como decía Stuart Mill, hace cerca de dos siglos, los intereses del capital están más concentrados y tienen un gran poder de combinación para establecer la corrupción. O como bien dice Flax sobre el periodo neoliberal:

a gran corrupción, los grandes negociados …. Requieren de la concurrencia de muchos actores que participan activamente o se limitan a la responsabilidad por omisión de la «vista gorda». Este intercambio de favores no se reduce a un intercambio económico, y las cláusulas de la transacción no están claramente definidas. Lo único claro es que se espera reciprocidad inmediata o en algún momento. En el intercambio corrupto organizado se requieren redes sociales que posibiliten el intercambio político, económico y social. Queda así en manos de determinados grupos corporativos –impunes por la red de protección construida– el acceso privilegiado a decisiones y a los recursos públicos. De este modo, los unos necesitan a los otros para mantener una estructura de poder. Se constituye así una élite en la cual los agentes se conocen con anterioridad y tienen la libertad de movimientos que generan las relaciones de confianza institucionalizadas. Las redes legales y funcionales favorecen el surgimiento de redes ilegales de corrupción y los mediadores se transforman en oferentes de sobornos y en intermediarios de transacciones ilegales.[25]

Una fuente adicional de corrupción durante la década pasada habría sido el narcotráfico y la DEA que habría proveído de ingentes recursos aún no cuantificados a los políticos y sus organizaciones. «El control de las zonas cocaleras pasó de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas.» («Informe final de comisión de los 90 sobre ‘Club de la Construcción’»)

2.- Tampoco descartaron que los partidos políticos elegidos por el poder real también pueden invadir el Estado, crearse franquicias, fueros e inmunidades, promover intereses que les sean más favorables desde el punto de vista del electorado o contribuir a la acumulación de capital. La corrupción, solo necesita ser legalizada antes de que se convierta en un robo descarado; para desviar la atención hacia otros, se ocultan en acusaciones sin fundamento de tiburones sobre las sardinas, en sectarismos de privilegios de los mas altos «dignatarios», en puertas giratorias. Más sutilmente, la corrupción se deslizó en los sentimientos de los políticos y ciudadanos naturalizándola bajo la forma de oportunismo, cinismo e indiferencia disfrazados del viejo falso patriotismo. Por otro lado, una sociedad polarizada con altos niveles de desigualdad devaluará el sector público como comunidad, valores y símbolos compartidos, y se volverá vulnerable a la demagogia más populista. Mientras surgen nuevas formas de corrupción a lo largo de los años.

3.-Ayer como hoy, un componente destacado del Estado colonial es el sometimiento y respaldo al imperialismo, la inversión de las corporaciones trasnacionales y su articulación al capital financiero. Para conseguirlo, los colonialistas corruptos monopolizan, centralizan y concentran la economía y la política, aspiran al control de los poderes decisivos: ejecutivo, legislativo, judicial y FFAA y PP. Las concesiones, contratos ley, devoluciones de impuestos, con garantía constitucional están en tiempo de renovarse. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales al poder, no a la nación fundamental.​ Los ministerios de relaciones exteriores someten a los diplomáticos a una política pro-norteamericana y se orienta la política exterior al cumplimiento de la agenda del Consenso de Washington. De esta forma, estas regiones fueron controladas por elevados oficiales cercanos al ámbito de Vladimiro Montesinos. Se usa sistemas de planillas paralelas para los elevados burócratas del Estado, quienes recibían sus honorarios pagados por organismos internacionales, aunque era el mismo Estado quien depositaba el dinero en las cuentas del PNUD o la OEA. Para validar su absolutismo, el Régimen de Fujimori logró la legitimación de la Organización de los Estados Americanos y gubernamental de EE. UU.

4.- La recolonización se expresó en lo estructural en los procesos de privatización, salvataje bancario, negociación de la deuda pública, grandes licitaciones y adquisiciones del Estado. Estructura que hoy se considera intocable. El Gobierno intervino activamente y fue un agente de transferencia de recursos públicos a manos privadas, a partir de negociaciones políticas y a cambio de beneficios económicos ilegales para financiar la red de corrupción. La aplicación de las reformas económicas neoliberales se dio en el marco de un régimen autoritario que las desfiguró y utilizó. Las multinacionales tambien garantizaban sus inversiones de despojo. De acuerdo con un analista: «En los últimos 30 años, cada día fue aumentando más la presión de los inversores extranjeros contra los Estados latinoamericanos y se multiplicaron los juicios por “incumplimientos” de parte de estos. De 6 casos conocidos en 1996, pasaron a 1.190 en la actualidad…En dicho periodo, los Estados fueron condenados a pagar 33.638 millones de dólares, que se esfumaron así del erario.»[26]

5.-Se reafirma un capitalismo rentista, asociado al capital financiero. Vive del extractivismo y del saqueo del erario. Patrimonialista porque el poder fluye directamente de familias de herederos coloniales, que secuestran territorios y la soberanía, mezclando lo público y privado. Se genera en un primer momento histórico una gran lumpen burguesía de raigambre colonial y más tarde, con la expansión capitalista, otra de origen plebeyo (universidades «chicha», extractivismo ilegal, comercio, servicios a las corporaciones saqueadoras, políticos, etc.) ambas asociadas a la corrupción como herramienta de enriquecimiento y mecanismo en el control del Estado mancomunado a la difusión del narcoestado, el lavado de activos, los negocios ilegales.

6.-La Constitución y eL constitucionalismo economicista se opone a otro que sirva de apoyo y argumento a la vertebración de una sociedad civil que aspire a actuar como un contrapoder. El fetichismo constitucional esconde que la fórmula sistémica que contempla la separación de poderes, el multipartidismo, la alternancia política, la independencia de la justicia, etc. ya no existe más. Desaparece la soberanía y nunca se habla de su radicación en las mayorías populares, en comunidades indígenas, en las diversas nacionalidades y pueblos que existen en el país, entre la identidad y desidentidad. No solo no se retomó el concepto de plurinacionalidad para definir tanto una realidad diversa como los objetivos políticos de los movimientos. Más bien, la derecha con la colaboración de una izquierda permeada por la cultura neoliberal han impulsado políticas que disuelven esta categoria quitándole su radicalidad territorial y más bien destruyen su tejido social y su capacidad de articulación de las instituciones. La Constitución neoliberal impuesta, es la base de un Estado de derecho ilegitimo e ilegal. El tribunal constitucional (TC) se creó para custodiar al capital, dejando en orfandad de derechos a pueblos, ciudadanos e individuos. Se configura un régimen antidemocrático. No hay representación sino mercantilización congresal, desde las candidaturas, las listas preferenciales, la ausencia de elecciones internas, el financiamiento privado.

7.- El Congreso queda privatizado, el sistema judicial mercenarizado, mientras el poder electoral queda bajo su control. De este modo se configuran estos regímenes autocráticos u oligárquicos, de una elite que incluye a sectores altos de la clase media y excluyen a las mayorías mestizo-indígenas y a los pueblos originarios de la sociedad y del poder. Se consolida un Estado autoritario, clientelar y delincuencial que posterga a los Andes pletóricos de riquezas. Los mediadores del poder real, manipuladores y líderes partidarios gozan de un poder de grupo absoluto. Los delincuentes organizados en partidos y mafias políticas actúan en la vida política con plena libertad, se convierten en una casta de la que salen los candidatos que hasta buscan reelegirse u optar por otros cargos, y todos luchan por la impunidad de los suyos. Se presume que las estrategias políticas ofensivas para controlar los poderes del Estado se definen hasta en lugares poco usuales como las cárceles (Montesinos o Fujimori por ej.). Como bien señala Sinesio López, en la coyuntura actual «la extrema derecha y los medios de comunicación lograron criminalizar la política en los tribunales, algo nuevo que no existía en gobiernos anteriores. Jueces y fiscales ingresan a la política, convirtiendo a partidos supuestamente corruptos y al ejecutivo en organizaciones criminales».[27]

8.-En un país donde desaparecen los derechos y servicios sociales, la intervención social del Estado consistió ademas, en prevenir la resistencia y mantener un estado de emergencia permanente, de persecución, criminalización, apresamiento o asesinato de lideres o militantes de agrupaciones defensoras de derechos humanos, defensores del medio ambiente y de todos aquellos que se oponen al proyecto neoliberal. Continuó 20 años después del fin de la gran rebelión, bajo el argumento de que seguimos en guerra, después de 30 años de haber cesado las acciones. Con este pretexto continuan los Juicios «armados» exprés, la judicialización de la politica, las operaciones de terror como Perseo y Olimpo, asesinato y apresamiento de abogados, políticas multisectoriales para procesar «terroristas» con una legislación ad hoc para eliminar enemigos internos, constitucionalizar la ley anti terrorista. Este aspecto de su intervención se complementó con la captura de varios de los principales medios de comunicación (especialmente televisión de señal abierta) e implementación sistemática de campañas de manipulación de la opinión pública. Los medios habrían sido fundamentales para manejar la opinión pública y piezas claves de toda la maquinaria reeleccionista. Conseguir la hegemonía también consistió en el manejo de los Programas de Asistencia Alimentaria para el clientelismo. El Estado central intervinó activamente en materia económica a través de extensos programas sociales cuyo fin último era someter las conciencias de los supuestamente beneficiarios. Otra estrategia fue la eliminación del poder de los Gobiernos Regionales y la centralización en el Ejecutivo de las decisiones sobre la inversión y las obras públicas en provincias. Este proceso vino acompañado de un enfrentamiento sostenido contra los municipios. Y luego, ante la débil inversión presupuestal acusarlos de incapacidad congénita al Estado.

9.- Vladimiro Montesinos, el comando militar, y Fuerza Popular continúan jugando papeles importantes en el proceso de toma de decisiones. Como resultado, se potencia la militarización progresiva en diversas áreas de la vida social, por ejemplo, el sector de la defensa disfruta de más privilegios en el manejo de los fondos públicos. En el pasado, el poder presidencial y su capacidad normativa se han sustentado en leyes vinculantes y reglas exclusivas, a menudo secretas. Esto le permitió sacar procedimientos de los niveles de control establecidos. En ese contexto, los órganos principales fueron ocupados y los subordinados pusieron bajo su control todas las funciones operativas del régimen: el Congreso Republicano, lo que esencialmente paralizó la vigilancia y redujo su función legislativa. Luego, cuando el gobierno estaba en la oposición, dirigieron todos sus esfuerzos para inmovilizar a los gobernantes desobedientes, y fueron siete años de agitación perpetua. Igualmente, importantes fueron el control judicial y ministerial a través de comités de reorganización y mecanismos paralelos, demasiados fiscales y jueces interinos privados de su independencia y el establecimiento de departamentos especializados para controlar intereses fundamentales comprometidos. Este programa se implementa a través del sometimiento de la Contraloría General de la República y otros organismos de supervisión y control como la Oficina de Administración Tributaria (SUNAT) para explotar y proteger el núcleo de la corrupción y la persecución de los opuestos. Se implementaron mecanismos regulatorios especiales para legalizar los delitos e incluso garantizar la impunidad si los cometen. Durante los primeros años de Fujicracia, la mayoría apoyó un gobierno que controlaba el Congreso y delegaba la mayoría de las funciones legislativas al poder ejecutivo, que también era responsable de redactar estas reglas; y también renunciar a la responsabilidad de la supervisión parlamentaria y el control político.

10.- El principal legado de toda la red de poder es una red de corrupción. Con su ayuda, la organización se apoya en funciones y relaciones específicas con los dirigentes clave; controla algunos de los centros neurálgicos de la organización. Esto crea una red corrupta que continuará manipulando la información privilegiada que está disponible y reconfigurará su poder sobre centralizado violando sistemáticamente los niveles de poder. La descentralización se creó legalmente para distribuir privilegios y estabilizar regiones. Estas conexiones son una forma legítima de acción gubernamental encaminada a sustraer los recursos públicos y el patrimonio nacional en beneficio propio y de terceros. La ejecución del presupuesto se realiza a través de grupos organizados que controlan e influyen directamente en diversas instituciones del Estado. Como resultado de estas acciones, gobernadores, alcaldes, jueces y fiscales trabajan para sindicatos relacionados con el crimen que ahora son reconocidos como organizaciones criminales; utilizado hoy en día contra los opositores políticos. Tenemos un sistema legal corrupto e impune que permite que funcionarios corruptos se mantengan en el poder, que los políticos se postulen a la reelección, impugnen a diputados, gobernadores o alcaldes, reabran el Congreso y hasta honren a criminales acusados o condenados.

11.- Quienes lideran la lucha contra la corrupción en el Perú son liderados por el TC y la JNJ quienes afirman que tienen el poder supremo y nadie más puede estar por encima de ellos. Hoy, JNJ fue cuestionada sobre el nombramiento no solicitado de un fiscal que sucedió a otro fiscal cuya hermana era jueza involucrada en corrupción del narcotráfico a favor de la liberación de narcotraficantes. Se sospecha que este fiscal superior fue designado por miembros destacados del Consejo Nacional de Justicia, quienes se supone que son buenos y capaces fiscales superiores, perseguidores de delitos que cuestionan la imagen del sector público. Es la historia de, entre otros, Pablo Sánchez Villard, Zolaid Avalos y Juan Carlos Villena, quienes eligieron a la fiscal Liz Patricia Benavides. En cuanto al poder judicial, las cosas son igual de escandalosas, ya que el pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió el 3 de diciembre como presidenta de los tribunales a la magistrada titular Elvia Barrio Alvarado, a pesar de los hechos antes mencionados. En la investigación del delito de tráfico de influencias, Walter Benigno Ríos Montalvo habría recibido una llamada de Elvia Barrios a finales de 2017 para pedirle que interviniera con el juez del Callao Rafael Mateo e Inga Méndez en disputas judiciales. En apoyo a su hermano Víctor Raúl Barrios Alvarado. En este caso, los fiscales superiores antes mencionados, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Víctor Rodríguez Montes, no intervinieron por ser amigos de ella. Su investigación: un juez de la Corte Suprema que no hizo su trabajo, funciones, y el Consejo Estatal de Jueces no ha emitido un veredicto hasta el momento. Además, los hermanos de la presidente del poder judicial han presentado una denuncia contra el Estado: Rocío Barrios Alvarado, la exministra de Producción y Comercio Exterior del gobierno Viscarrista, enfrenta ante la Fiscalía cargos por peculado. María Elizabeth Barrios Alvarado también fue amonestada por la Fiscalía Anticorrupción del Callao por superar los 500.000 soles en la firma ilegal de contratos con el Estado de 2019 a 2020. Su hermana mayor, Rocío, sigue siendo ministra porque su negocio de consorcio se sustenta en contratos con el Municipio del Callao. El empresario está acusado de poner en peligro la administración del Estado en forma de acuerdos secretos y negociaciones irreconciliables. Ni hablar de la corte constitucional, que está plagada de fujimoristas. Entonces, la administración de justicia ha sido completamente copada por la corrupción.

12.- En resumen, el Estado colonial consiste en que un núcleo mafioso, toma un control dictatorial, extra-legal del aparato del Estado para que un conjunto de grupos de poder económico, financiero y comunicacional, conectados a sectores de empresarios y tecnócratas ubicados en puestos estratégicos de la administración del Estado generen un nuevo Estado sin soberanía y dedicado al despojo. Los procesos referidos se resumen en las siguientes líneas y cambio de funciones: Respecto al Poder Ejecutivo, la concentración del poder se efectuó en dos niveles: Control del Poder Ejecutivo sobre el Congreso y el Poder Judicial y Ministerio Público. «Al interior del Poder Ejecutivo, concentrando las decisiones cruciales en la Presidencia de la República y sus órganos (entre ellos el SIN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Presidencia (MIPRE).» («Informe final de comisión de los 90 sobre ‘Club de la Construcción’») Reestructuración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de los Sistema de Inteligencia y de Seguridad Nacional, ahora orientadas a la defensa y protección de la inversión privada, de algunas actividades ilegales y la represión, asegurando el control directo de las mismas por parte del Presidente de la República.[28]

El grado elevado de descomposición de este Estado colonial se expandió a las organizaciones y a las bases sociales sobre las que recae la hegemonía, en que se referencian y arraigan. El panorama actual muestra que casi todas las regiones, sociedades y comunidades están superando la descomposición, a pesar de que muchos de los «partidos», ONG y organizaciones críticas están amenazadas o cooptadas por el sistema. Hechos enormemente destructivos, pero que es posible revertir. El pueblo formado por pueblos originarios, principalmente quechuas y aymaras se atreve a decir que se vayan todos. Piden una Constituyente y cierre del Congreso. Esto es algo que nunca había ocurrido en el Perú. Nace la primera rebelión política de aymaras y andinos. Otro aspecto a tener en cuenta, es que los y las que participan en las marchas y movilizaciones hacia Lima son enviadas por decisión de sus comunidades. No son opciones individuales y personales. Las comunidades hacen colectas y pagan el transporte. Se autoconvocan y autogestionan, incluyendo la solidaridad en transporte, alimentos y víveres.

Los partidos y caudillos dejaron de ser vistos como vanguardias. Para conseguir legitimidad, necesitan repensar sus principios, ideas políticas, proyecto de país, reivindicar a la izquierda honesta y emancipatoria, desechando a la izquierda neoliberal, deslindando de los progresismos pro neoliberales, convocan a una alianza desde abajo con la izquierda popular y agrupaciones honestas que sean antineoliberales y mantengan principios de soberanía y democracia con etica revolucionaria. Renace la esperanza de construir la organización de pueblos originarios, mestizo indigenas y afrodescendientes en su unidad popular anticolonial con perspectiva emancipatoria. Existe una contradicción etnico clasista, como elementos inseparables de unidad y lucha, los diversos pueblos originarios reconocen que conforman una unidad con las clases sumidas en la informalidad, abigarradas, mezcladas en distintas formas articulando el desempleo, subempleo, precarización y explotación. Es un avance, el que muchos reivindiquen la Constitución del 79 sacandole sus rasgos autoritarios y verticalistas. Reconocer el mariateguismo plenamente y sin dudar, para pensar en un proyecto original, que no sea calco ni copia, pero sin dejar de lado su anti imperialismo y el potencial y continuo carácter emancipatorio.

 

Notas

[1] «Los asesinatos en protestas no son un hecho nuevo en el Perú. Desde el 2003 al 2020 se produjeron 167 muertes a manos de las fuerzas armadas. Las situaciones más graves se han dado cuando interviene el Ejército. La tasa de impunidad en estos asesinatos es cercana al 100%», dijo Mar Pérez, abogada de la CNDDHH.(la Republica, 27 -12-2022). A los que hay que sumar los cientos de asesinados durante el gobierno de Fujimori 1990-2000. La mayoria, tuvieron que ver con balas represivas en defensa de la gran minería y el ecocidio.
[2] El «estado profundo» para controlar el poder judicial incurrió en ilegalidades al nombrar en muy debatido procedimiento una Junta nacional de Justicia, (ante el cierre del Consejo Nacional de la Magstratura por graves casos de corrupción) con endebles requistos meritocráticos para los cargos. Hoy su Presidenta esta acusada por no cumplir con la edad requerida para el cargo y la Fiscal de la Nación es sindicada por la prensa alternativa por haber retirado a la fiscal que investigaba a su hermana por liberar narcotraficantes a cambio de cientos de miles de dólares y por haber llegado a ese cargo con un currículum «construido» con una maestría y doctorado nunca registrados en una universidad «Chicha» o «patito» en la que aparece haber cursado esos estudios.
[3] La historia republicana es una de recolonización y anticolonialismo, de rebeliones indígenas, golpes militares, dictaduras, caudillos. «Porque son muchos, tanto líderes autoproclamados como golpes de Estado (y autogolpes, marca registrada peruana), los que han llevado la batuta de nuestro país, donde casi siempre han gobernado para sí, y cuando no pasaba esto, han metido la pata hasta el fondo. Nuestra historia republicana (de 1821 para adelante, siendo generosos) es un despropósito de ingobernabilidad, de rateros y de asesinos varios, que, a fin de cuentas, nos han ido hundiendo en la miseria a gran parte de la población de nuestro país.» (JOMRA, Golpes de Estado exitosos y líderes «autoproclamados» en Perú… Un brevísimo repaso. https://bitacora.jomra.es/2006/07/actualidad/peru/golpes-de-estado-exitosos-y-lideres-autoproclamados-en-peru-un-brevisimo-repaso/
[4] Este nombramiento es relevante por que de acuerdo a su errada concepción para legitimar la represion masiva y selectiva : «El Perú no está ante simples manifestaciones, se encuentra baje ataque coordinado, organizado, planeado y conducido desde la clandestinidad por una organización clandestina que cuenta con apoyo internacional» (Revista Caretas, 19-12-2022)
[5] («Perú, ¿punto de quiebre?» Pueblos en Red Entrevista a Héctor Béjar, 22-12-2022)
[6] El informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación solo legitimó este pensamiento que culpó a la resistencia de ser la raiz de los conflictos, cuando todos sabemos que fue el nuevo ciclo de despojo que se inauguro en 1990, tras la derrota de la insurgencia popular.
[7] Estudiar derecho –en cualquier universidad– ingresar a las FFAA y PP o Comunicación posibilita conseguir poder. A los abogados se les llama doctores y en un país donde la autoridad y la corrupción proviene de manipular las leyes, manejan los poderes del Estado: judicial, Congreso y Ejecutivo.
[8] Robinson, William, «El imperio del capital global», La Jornada 27 de octubre de 2022.
[9] Raúl Zibechi, La Jornada, Junio 2022.
[10] Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad, FCE, México, 1989,
[11] Milciades Ruiz, «La rebelión de los marginados», https://wordpress.com/view/republicaequitativa.wordpress.com
[12] Si el sicario se define por ser un asesino a sueldo, el Premier lo es, ya que trabaja abiertamente para las mineras desde hace muchos años, lo prueban Tía María y Conga donde fue enviado para lograr autorizaciones de funcionamiento minero y en ambos casos termino con pobladores asesinados.
[13] Cristina Mazzeo de Vivó, Las transformaciones del estado colonial y el poder de las élites limeñas en la construcción del Perú republicano, ed. FEPUC-Fundación Carolina.
[14] Hubo entradas de rentas de la propiedad por valor de 1.300 millones de dólares y salidas de rentas de la propiedad por valor de 19.400 millones de dólares, lo que supone una salida neta de beneficios de Perú de 18.100 millones de dólares en 2021. (Andy Higginbottom, «Perú y la extracción capitalista, las potencias mineras imperiales tras el trono», p.5. Rebelión,17/01/20223)
[15] Ibid. P.15
[16] En el 2000 la marcha de los 4 suyos sacó a Fujimori y su banda criminal, 22 años despues se repite cuando la derecha aprofujimorista ha logrado tener todo el control institucional y hacen y deshacen a su antojo. Usurpan el poder gubernamental, apresan ilegalmente a Castillo, liberan de cargos criminales a Keiko, modifican la constitución buscando consolidar aun mas el neoliberalismo y la impunidad, apresan masivamente a los luchadores, asesinan impunemente a combatientes pero más a inocentes niños, mujeres ancianos.
[17] Remarcamos lo de afrodescendiente por que una particularidad peruana es que fujimoristas y derechistas primarios de este origen van contra la tendencia global de ser anticoloniales. Un líder mediatico es Phillip Butters, el segundo vicepresidente del Congreso –Alejandro Muñante– y quien le sigue , la Sra. Moyano, y varios mas de origen esclavista, son muestras de un fenomeno complejo de explicar.
[18] Rodolfo Apreda, «Precariedad social: el principal problema argentino», Pagina 12 11/11/2022
[19] Héctor Bejar, entrevista por Pablo Toro y Jorge Ayala, Jacobin Argentina, 18/01/2023.
[20] https://www.servindi.org/18/01/2023/el-indigenismo-y-el-problema-de-la-integracion-por-jose-maria-arguedas
[21] Horacio Machado Aráoz, «Extractivismo y “Consenso Social”: Expropiación – consumo y fabricación de subjetividades (capitalistas) en contextos neocoloniales». Revista Cuestiones de Población y Sociedad | 2013 . ISSN 2314-1492, [ 41 ] Vol. 3, N°3, Año II. https://horizontescomunitarios.files.wordpress.com/2016/10/machado-araoz-extractivismo-y-consenso-social.pdf.
[22] Alberto Manzanares, VT. Lima Sabado, 28 de Enero del 2023
[23] Raúl Zibechi, «Ser diferentes, para cambiar el mundo», La Jornada, 18 de nov. 2022
[24] IDL, Informe: Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho. Lima, 2019
[25] Flax, Javier Ética, política y mercado : en torno a las ficciones neoliberales . – 1a ed. – Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento, 2013.p. 138
[26] Sergio Ferrari, «Las multinacionales imponen su ley a América Latina», Rebelión, 5 de septiembre de 2022.
[27] Sinesio López, La República 25/11/2022
[28] Informe final de la comision investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990-2001 (durante el regimen de alberto fujimori) por el dip. javier diez canseco de Perú