El problema central de la crisis es el de la alternativa política
Jesús Sánchez Rodríguez
Los sindicatos franceses pusieron en tensión todas sus fuerzas al inicio del otoño con el objetivo de evitar la aprobación parlamentaria de la ley del gobierno Sarkozy para retrasar la edad de jubilación. Es difícil encontrar ejemplos de una movilización sindical tan intensa en Europa occidental en las últimas décadas, posiblemente habría que remontarse al mayo del 68 francés, el otoño caliente italiano de 1969, o la huelga de los mineros ingleses en 1984. El sindicalismo francés había recogido el testigo pasado por las movilizaciones griegas e intentaron cambiar la trayectoria del desarrollo de la crisis económica en Europa, caracterizada por las políticas orientadas al recorte del Estado de Bienestar en todos los aspectos, sin que las movilizaciones aisladas y de bajo nivel desarrolladas hasta ese momento en distintos puntos y momentos lo hubiesen conseguido.
Si había un país donde el movimiento obrero pudiera lanzar un desafío a la tendencia imperante en Europa de recortes sociales, con alguna posibilidad de éxito, ese era Francia. Los sindicatos franceses estaban menos desprestigiados y debilitados que en otras partes de Europa y habían lanzado luchas generales en años anteriores con algunas victorias importantes (en 1995 Alain Juppé tuvo que retirar su proyecto de pensiones, en 2006 Chirac y Villepin tuvieron que retirar su proyecto de contrato de primer empleo). Pero el reto lanzado por el movimiento sindical francés tenía un evidente impacto europeo. Una victoria sobre el proyecto de Sarkozy, obligándole a retirar su proyecto de ley de recorte de pensiones o a negociarle con los sindicatos hubiese producido posiblemente una inflexión en la ofensiva contra el Estado de Bienestar en toda Europa.
Ni al gobierno francés, ni al resto de los gobiernos e instituciones europeas se les escapaba la trascendencia del reto lanzado en Francia por la que puede considerarse la vanguardia del movimiento obrero europeo. Seguramente ésta haya sido la razón principal de la intransigencia mostrada por el gobierno conservador galo. En otros momentos y condiciones, con unas movilizaciones de menor intensidad el gobierno había cedido como señalábamos más arriba. Tampoco estaba Sarzoky bajo la intensa presión de los mercados internacionales como era el caso de los gobiernos griegos o español. Por tanto, un cálculo político sencillo debería haberle llevado a entablar negociaciones y hacer alguna concesión que permitiese a los sindicatos, al menos a los más moderados de la alianza que impulsaba las movilizaciones, aceptar una reforma rebajada y desactivar así las movilizaciones. Si Sarkozy ha persistido en su negativa a retirar o negociar esta ley, corriendo el riesgo de sufrir un fuerte desgaste político de cara a las elecciones presidenciales de 2012, o de llevar la situación a unos límites incontrolables tanto para el gobierno como para los sindicatos y de resultados imprevisibles, es porque para la clase dirigente europea era inaceptable una victoria sindical.
El resultado ha sido claramente una derrota sindical en su objetivo de evitar la ley para retrasar las jubilaciones. Una vez aprobada ésta en sede parlamentaria y promulgada por el Presidente de la república las movilizaciones decayeron rápidamente. Los sindicatos eran conscientes que una cosa era presionar con todas las fuerzas a un gobierno con el objetivo de hacerle desistir de un acto de voluntad política, su intención de tramitar y aprobar una ley, y otra muy diferente enfrentarse a la voluntad del parlamento expresada en la aprobación de una ley. Por muy fuertes que fuesen, como lo han sido, las movilizaciones francesas, hasta la aprobación de la ley, se han mantenido en los límites del juego de las democracias liberales. Pero persistir en el nivel de movilización, e incluso incrementarle, para hacer que el parlamento se retractase de su decisión era superar una barrera imposible tanto a nivel práctico, porque hubiesen puesto en contra a una opinión pública que habían conseguido mantener a su favor, como, sobre todo, porque sería ponerse al margen de la legitimidad que impera en los regímenes democráticos, la de la voluntad popular expresada en la representación parlamentariaii. El gobierno francés se blindaba con el refrendo parlamentario, ganaba la batalla y se preparaba para la batalla electoral del 2012, para lo cual Sarkozy procedía poco después a realizar una remodelación ministerial en clave más conservadora.
Haciendo un inciso, es necesario señalar que justamente por esta dinámica imposible de no tener en cuenta, causa sorpresa la posición de los sindicatos españoles cuando durante todo el proceso que desembocó en la contrarreforma laboral impulsada por el gobierno socialista en este verano de 2010, dejaron pasar sin presión, primero el período de negociación con la patronal y después el período de trámite parlamentario de la ley para, finalmente, convocar una huelga general a final de septiembre, una vez aprobada la contrarreforma por el parlamento. Su posición fue un disparate en comparación con la de los sindicatos franceses. Llamaron a una huelga general para cambiar una decisión justo cuando se acababa de convertir en ley, y con el objetivo a medio plazo de evitar la derrota electoral del gobierno que había impulsado esa ley de contrarreforma. En contraste con los franceses, los sindicatos españoles parecía que hubiesen perdido el norte.
A sus colegas franceses les queda la posibilidad de mantener una situación de malestar difuso con actos de protestas, con el objetivo de contribuir a la derrota presidencial de Sarkozy en 2012. El objetivo ya no sería hacer retractarse a un gobierno legitimado por el parlamento, sino traducir el apoyo público que los sindicatos han mantenido en un voto de castigo a la derecha. Esa es la batalla de ahora en adelante. Pero un castigo a la derecha, a favor de la socialdemocracia francesa, tampoco es claro que sea la solución dada la posición que han adoptado los partidos socialistas en Grecia o España. El problema se va planteando, cada vez de forma más urgente, en términos políticos. ¿Son capaces las clases populares europeas de transformar su malestar por el castigo que están soportando en la crisis en apoyo en opciones más a la izquierda de la socialdemocracia? ¿Es capaz la izquierda en Europa en levantar alternativas susceptibles de obtener un amplio apoyo popular?
Los datos no invitan al optimismo. No es que falten movilizaciones, fogonazos se siguen produciendo y por diferentes motivos en Europa. En este mes de noviembre, los estudiantes ingleses se han movilizado contra los recortes del gobierno conservador de Cameron, los ecologistas franceses y alemanes contra un tren de desechos nucleares, la izquierda española contra las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la monarquía marroquí en la represión llevada a cabo contra el pueblo saharauí y, también, contra la pasividad y condescendencia del gobierno español. Pero las movilizaciones no se traducen en posiciones de fuerza, sino finalmente en desencanto.
Al menos, esta es la conclusión que puede extraerse de las elecciones municipales y regionales celebradas en dos etapas este mes en Grecia. Se esperaban como un test para evaluar el comportamiento de los griegos después de la dura terapia de shock a la que han sido sometidos por el gobierno del PASOK, que ganó las elecciones en septiembre de 2009 justo con un programa totalmente opuesto al que puso en práctica una vez en el poder.
Después de varios meses de intensas movilizaciones y huelgas generales llegaba el momento de verificar si se había producido un desplazamiento político. La derecha de Nueva Democracia fue derrotada por el PASOK debido a que su política corrupta había llevado a la grave situación de crisis en que se halla sumida Grecia, pero el PASOK aplicó unas recetas neoliberales de extrema dureza para las clases populares siguiendo los dictados de las instituciones europeas y financieras internacionales.
Era difícil pensar que las clases populares griegas volviesen a votar al PASOK, partido que está haciéndolas tragar una medicina tan amarga para salvar el capitalismo, pero tampoco sería un comportamiento racional que su voto fuese a Nueva Democracia, responsable de haberles llevado a la situación actual. Además, tras estos meses de intensas movilizaciones, si se tratase de resolver un ejercicio de lógica, el resultado debería ser un vuelco a la izquierda. Salvo que pensemos que el comportamiento político de los pueblos es totalmente irracional, se debe encontrar una explicación al hecho de que no se haya producido ese vuelco.
El malestar se ha expresado, pero mayoritariamente en forma de abstención. Las organizaciones a la izquierda del PASOK se han visto reforzadas, pero de manera claramente insuficiente. Los socialistas han ganado entre el electorado que ha ejercido su derecho al voto. Han conseguido el gobierno de 8 de las 13 regiones en juego y 91 municipios, entre ellos Atenas (un candidato independiente apoyado por los socialistas), frente a 5 y 52 respectivamente de la derecha. Su porcentaje de votos (entre quienes acudieron a votar) ha bajado un 9%, y cerca de un 1% la derecha, en tanto que las organizaciones a la izquierda del PASOK han subido cerca de un 8%. Sin minusvalorar este hecho, sin embargo, el desplazamiento es, repetimos, claramente insuficiente dada la situación.
Una abstención tan fuerte, con cerca del 55% en la segunda vuelta, y casos puntuales del 70% como en la región del Ática, cuando normalmente la participación electoral en Grecia es cercana al 80%, indica la intensidad del malestar, pero también de la decepción y el desencanto. Que el malestar de las clases populares se desvíe a la abstención, y que puntualmente se produzcan fogonazos de protesta es una situación perfectamente manejable para las clases dominantes, al terminar convirtiéndose en un problema de orden público y no en un problema de alternativa política, que además acaba por ser controlado mediante la represión y el cansancio. Una versión más radical de esta situación fue la de Argentina en diciembre de 2001 con el famoso “¡qué se vayan todos!”.
En paralelo a estos acontecimientos socio-políticos, el desarrollo económico de la crisis ha seguido evolucionando en un sentido nada optimista para su superación. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció, nada más celebradas las elecciones legislativas en EEUU, su prometida inyección de dólares a la economía mediante la compra de bonos por un montante de 600.000 millones hasta junio, que podría llegar hasta los 900.000 si se tienen en cuenta las reinversiones. Esta cantidad se suma a los dos billones que se destinaron a recomprar bonos durante la crisis financiera. La decisión fue criticada por otros países que acusaron a Estados Unidos de contribuir a la inestabilidad de los mercados mundiales y de realizar una devaluación encubierta del dólar que beneficiaría a sus exportaciones. El hecho pues, se enmarca en la denominada guerra de divisas, que enfrenta de manera especial a China y EEUU, y en las crecientes tendencias al proteccionismo, como fue puesto en evidencia con el fracaso de la cumbre del G-20 en Seúl.
Entretanto la situación volvía a empeorar en Europa con el riesgo más que probable de la necesidad de un rescate de la economía irlandesa y posiblemente también de la portuguesa, poniendo en evidencia que los problemas en la eurozona están lejos de haber terminado.
Esta situación y las previsiones de crecimiento del FMI para los dos próximos años, en las que señala que los países en desarrollo crecerán el triple que los países desarrollados (7,1% frente al 2,7% y 6,4% frente al 2,2%), indican que la fisonomía del capitalismo está cambiando rápidamente.
Estos datos revelan también que la ofensiva contra el Estado de Bienestar en Europa no es una situación coyuntural con posibilidad de ser revertida si en algún momento se volviese a la senda del crecimiento económico. Ese Estado de Bienestar – fruto de un pacto social entre la socialdemocracia y la derecha europea una vez acabada la segunda guerra mundial, y bajo la presión de la fuerza de la izquierda en algunos países europeos y la extensión del socialismo real en la Europa central y oriental – se ha convertido hoy, en un mundo plenamente ocupado por el capitalismo en sus diversas versiones, incluyendo el capitalismo de Estado en China, en una flor cada vez más exótica. Si hace apenas dos años se pudo pensar en que podría desarrollarse en EEUU bajo el impulso de Obama, hoy tras su reforma sanitaria light, su derrota en las recientes elecciones legislativas y el crecimiento de las tendencias más derechistas a través del Tea Party, esas esperanzas han dejado de tener fundamento.
En cuanto a los principales países en desarrollo que emergen como futuras potencias económicas, es decir los países del BRIC, solamente Brasil está realizando esfuerzos por reducir su pobreza y desigualdades, pero no se atisba en ellos, de momento, un movimiento obrero que presione por alcanzar algo similar a un Estado de Bienestar. La persistencia de una situación de bajos salarios, penosas condiciones laborales, escasas prestaciones sociales y débiles sindicatos arrastrarán a medio plazo a una mayor erosión del Estado de Bienestar en Europa. En lugar de convertirse éste en un modelo a conseguir en los países mencionados, se puede terminar convirtiendo en la pérdida de otra de las conquistas históricas de la clase obrera.
La lucha de la clase obrera europea no depende solamente de sus propias fuerzas nacionales, lo que ya de por sí supone una situación difícil, sino de la evolución de la situación en el seno de los núcleos principales del capitalismo mundial.
Las críticas al papel del G-20 han sido continuas desde la izquierda, bien por el papel que este organismo ha intentado jugar como instancia coordinadora de los gobiernos de las principales economías del mundo intentando buscar una salida capitalista en perjuicio de las clases populares y los países no representados en el conclave, bien por su ineficacia y su falta de acuerdos.
Pero al menos es evidente que supone, junto a otras instancias internacionales, un esfuerzo por dar una respuesta a la crisis, en clave capitalista por supuesto. Sin embargo la izquierda ni siquiera ha intentado ese esfuerzo. Justamente a finales de noviembre se cumple un año desde que el presidente venezolano Hugo Chávez lanzó el llamamiento para levantar una V Internacional socialista como “instrumento para la unificación y la articulación de los pueblos para salvar este planeta”, este llamamiento levantó expectativas que el paso del tiempo han enfriado. Tampoco nadie más ha realizado un esfuerzo serio por coordinar un amplio espectro de la izquierda a nivel internacional para levantar un programa con el que enfrentarse a la crisis.
Puede que esta situación de la izquierda ayude a explicar resultados electorales como los de Grecia ahora, los de Venezuela en septiembre pasado o, en general, su débil papel en el desarrollo de esta crisis. Por muchas credenciales que se presenten de compromiso con los más desfavorecidos o de voluntad de movilización, si no se demuestra poseer un programa, una política y una organización convincentes como alternativas al capitalismo, si no se acaba con la desconfianza entre las clases populares, la respuesta será la abstención o el ¡qué se vayan todos!. El contraste reciente son los ejemplos de Argentina en 2001 y de Venezuela. Y la pregunta que sigue en el aire es ¿porque no fue en ambos casos ningún partido de izquierda el que canalizó el descontentó como alternativa de gobierno, y porque no lo ha sido ahora en Grecia? Los silencios o las respuestas falsas no solucionarán el problema.
i Se pueden consultar otros artículos y libros del autor en el blog : http://miradacrtica.blogspot.com/
ii En un próximo artículo me gustaría ocuparme de este problema, que es más complejo de cómo ha sido expuesto en estas pocas líneas, porque hemos asistido hace unos pocos años en América Latina a insurrecciones populares que han tumbado varios gobiernos fruto de procesos electivos en regímenes demo-liberales y que no solo no han desembocado en dictaduras, sino que han terminado reforzando la democracia. El problema a discutir sería el de la residencia de las fuentes de legitimidad en las distintas democracias burguesas, y cuando un gobierno o incluso un parlamento pueden perder su legitimidad.
