Entrevista a Jónatham F. Moriche, colaborador de medios de información alternativa, sobre la situación política extremeña
Salvador López Arnal
“La línea política adoptada por Izquierda Unida de Extremadura está resultando inequívocamente positiva para la región”
El pasado mes de julio, y tras una dura polémica que adquirió alcance estatal, la abstención de los tres diputados de Izquierda Unida en la Asamblea de Extremadura permitió al Partido Popular, con mayoría minoritaria en la cámara, constituir su primer gobierno en la historia autonómica extremeña. Días después de las elecciones generales del 20-N y en vísperas del debate de los Presupuestos extremeños de 2012, la mitad de la dirección regional de IU presentaba su dimisión, reabriendo el debate sobre aquella decisión de abstención y el modo en que esta ha sido gestionada. Finalmente, a mediados de este mes de enero Izquierda Unida de Extremadura permitía con su abstención la aprobación de los primeros presupuestos regionales del PP.
Recabamos la opinión al respecto de estos acontecimientos de Jónatham F. Moriche, militante de Izquierda Unida en Extremadura y firma habitual en Rebelión, Kaosenlared y otros espacios de comunicación alternativa.
Ocho meses después de las elecciones autonómicas de mayo de 2011, tras la decisión de Izquierda Unida de Extremadura respecto a la elección de la nueva presidencia extremeña, ¿crees que la ciudadanía, y concretamente sus sectores de izquierda, han comprendido la decisión que tomasteis?
La ciudadanía y la izquierda extremeñas, mayoritariamente sí. Aunque comprendo que, fuera de Extremadura, se diesen reacciones de sorpresa y hasta de consternación, debido al muy pobre conocimiento del contexto específico en que aquella decisión se tomaba. Porque sin atender a su contexto, ¡claro que nuestra decisión puede parecer un disparate! Y por desgracia, ya fuese por pereza intelectual, ya por malicia política, nuestra decisión se abordó desde los grandes medios de comunicación de difusión estatal (con unas pocas y honrosas excepciones) de manera absolutamente apriorística, descontextualizada, casi siempre por analogía con otras situaciones pasadas o presentes vividas aquí o allá, y muy rara vez con referencias sólidas y veraces a la propia realidad extremeña. Pero, como advertía Marx, “suceso notablemente análogos, pero que tienen lugar en medios históricos diferentes, conducen a resultados totalmente distintos”. Y ese medio histórico específico extremeño es un casi completo desconocido puertas afuera de la región. ¿Cuánta información política en profundidad sobre Extremadura han ofrecido los medios generalistas (y alternativos) españoles entre la muerte de Franco y las elecciones autonómicas del 22-M? Seguramente, bastante menos que la condensada en estos meses posteriores. Toda la complejidad y problematicidad de la historia política extremeña de los últimos cuarenta años, desde nuestra convulsa Transición y pre-autonomía hasta nuestra no menos convulsa actualidad, ha quedado deficientemente simplificada bajo esa etiqueta, tan útil y grata a los medios de masas, que ha sido la de “feudo socialista”. Evidentemente, la Extremadura real es otra cosa muy distinta, no está en la crónica política de El País o El Mundo, ni mucho menos en las idílicas postales de buitres negros, cerezos en flor y ruinas romanas de sus suplementos de viajes.
¿Y cuáles serían, en tu opinión, y siguiendo el razonable consejo del clásico de Tréveris, aquellos rasgos del “medio histórico” extremeño a tener más en cuenta a la hora de poner en contexto vuestra decisión?
Permíteme dar un rodeo, extenso pero imprescindible, para responder esta pregunta. Entre la muerte de Franco en 1975 y la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983, Extremadura vivió un período de notable vitalidad social, política y cultural, durante el que se articuló un discurso transformador en el que confluían, de un lado, la evocación de la historia de resistencias antisistémicas extremeñas (el maquis en el franquismo, la insurrección yuntera en la II República, las “rebeldías primitivas” contra el caciquismo en el siglo XIX,…) y sus represiones (con el horripilante genocidio cometido en 1936 por la “columna de la muerte” franquista a su paso por Extremadura como clímax), y del otro, el análisis económico marxista de la “teoría de la dependencia”, que interpretaba el subdesarrollo extremeño como resultado del papel de “colonia intrametropolitana” que el capitalismo hispánico nos ha reservado desde tiempos de los Reyes Católicos, cinco siglos de sistemático e ininterrumpido saqueo de riqueza humana y material, que en la modernidad se reedita en forma de expolio ecológico a gran escala, cuya punta de lanza era, en los estertores del franquismo, el proyecto de la que hubiera sido, junto a la de Almaraz (iniciada en 1973 y puesta en servicio en 1981), la segunda central nuclear extremeña: Valdecaballeros.
Este discurso, que conjugaba resistencias de clase, memoria histórica democrática, reivindicación descolonizadora y ecologismo antidesarrollista, se forja una sólida fundamentación científica e historiográfica en estudios como el volumen colectivo Extremadura saqueada (1978) que coordinó José Manuel Naredo (un completo programa de transición hacia el desarrollo sostenible y autónomo de Extremadura), y no menor altura poética en manifiestos como Extremadura afán de miseria (1979), de mi paisano hervasense Víctor Chamorro, un extraordinario libro de combate que significó para aquella generación de las izquierdas extremeñas algo muy parecido a Las venas abiertas de América Latina de Galeano para sus coetáneas del otro lado del Atlántico. Ese era el marco discursivo en que confluían las decenas de miles de extremeños que marcharon sobre Villanueva de la Serena el 1 de septiembre de 1979, desbordando la represión policial ucedista en un gigantesco acto de desobediencia civil de masas (“esté autorizada o no, la manifestación se va a celebrar”) destinado a solidarizarse con los 130 alcaldes extremeños (sobre todo del PCE y el PSOE, pero también de UCD y otros) encerrados en el Ayuntamiento villanovense en protesta contra la central de Valdecaballeros.
El entonces diputado socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra está allí, junto a los encerrados. Y en los años que siguen, hasta la proclamación del Estatuto de Autonomía en 1983, y aún después, ya como Presidente de la Junta, Rodríguez Ibarra consigue asimilar aquel discurso e instrumentalizar aquella movilización colectiva, hasta casi fagocitarlos por entero. Con una mano, coopta a parte de sus activistas e ideólogos (Juan Serna, Artemio Baigorri) para el aparato institucional. Con la otra, estrangula a los sectores del PSOE que con mayor legitimidad y veracidad hubieran en realidad podido defender ese discurso (como la entonces extendida y radicalizada Izquierda Socialista extremeña liderada por Pablo Castellano). Y a pescozones, lamina el espacio político a la izquierda del PSOE (PCE, PT, ORT,…), al que arrebata con voracidad discurso, líderes, cuadros, militantes y votos. De esa “acumulación primitiva” de legitimidad se alimenta en origen la hegemonía cultural y la mayoría electoral de las que ha gozado el PSOE en Extremadura durante casi treinta años.
¿Cuál sería tu balance de esas tres décadas de gobiernos autonómicos socialistas?
El relato oficial de estos treinta años de historia extremeña ha sido el de un extraordinario salto adelante económico, social y cultural, acaudillado por un pionero rebelde y visionario, un “revolucionario institucional” (con todas las connotaciones mexicanas que quieras suponerle a esta expresión). Este relato merece muchas matizaciones, empezando por ese ridículo culto a la personalidad desarrollado en torno a Rodríguez Ibarra. Más allá de la paralización de Valdecaballeros (que, evidentemente, no puede atribuírsele en solitario ni a Rodríguez Ibarra ni a su partido) y la expropiación de un par de secarrales a la Casa de Alba, hay al final muy poco de antisistémico en la trayectoria presidencial de Rodríguez Ibarra. Es cierto que las transferencias exteriores, significativamente elevadas tras la entrada de España en la UE y la designación de nuestra región como objetivo prioritario de sus políticas de desarrollo, han permitido a la Junta hacer una política enormemente expansiva en materia de políticas sociales, dinamización cultural o infraestructuras, que, si sólo miramos a través del prisma macroeconómico y sus grandes cifras, podría confundirse con una política económica intervencionista de orientación socialdemócrata. Pero en la trastienda del cartelón de esa Marca Extremadura desarrollada por el ibarrismo hay un desbarajuste fenomenal en lo económico y un envilecimiento terrible en lo político.
En el plano político, y detrás de la fachada de progresismo institucional, en Extremadura se ha desarrollado un régimen de “partido de bienestar” que, más allá del ejercicio del poder ejecutivo y legislativo, ha infiltrado hasta el tuétano la administración, la sociedad civil y la esfera pública extremeñas, y que no ha escatimado rudezas para despejarse el terreno de opositores, empezando por un férreo control de la prensa regional y el debate público en general (lo que han padecido tanto movimientos sociales como la Plataforma Ciudadana Refinería No o las Asambleas de Parados y Precarios de la región, como algunos de nuestros mejores creadores -el escritor Víctor Chamorro, el músico Robe Iniesta, el cineasta Pepe Camello…-, marginados o excluidos del mundillo cultural oficialista por disentir del triunfalismo obligatorio). Respecto a las políticas económicas, absolutamente subordinadas a los intereses orgánicos del PSOE, han sido pertinaz, sistemática e incorregiblemente incapaces de atacar los altísimos porcentajes de paro estructural y desigualdad de renta, no han propiciado la creación de un auténtico crecimiento económico endógeno, aunque sí han ido inflando al cargo de las suculentas transferencias exteriores sucesivas burbujas (tecnológica, turística, energética), en un prolongado y costoso viaje económico a ninguna parte que ya estaba agotado en 2008 y la presente crisis ha terminado por desarbolar. En 1996, el historiador económico Santiago Zapata (en La industria de una región no industrializada) se preguntaba si “se está aprovechando correctamente esta excepcional oportunidad de las transferencias para modificar la inadecuada estructura productiva de la economía extremeña” y advertía que el estrechamiento de ese caudal de financiación exterior podía estar “a la vuelta de la esquina”. Quince años y bastantes miles de millones de euros despilfarrados después, la endémica debilidad estructural de nuestra economía no sólo no se ha superado, sino que ha multiplicado el impacto local de la crisis económica global, y para colmo el maná de las transferencias parece estar llegando, esta vez sí, a su fin.
En la última legislatura socialista se duplica el desempleo en la región y miles de familias pasan a vivir por debajo del umbral de la pobreza, mientras ante la mirada atónita de los extremeños van desfilando las chapuzas y los escándalos político-empresariales que se han cobrado en poco tiempo muchas de las “joyas de la corona” del sector productivo extremeño: Carcesa, Monprint, Caval, Lusográficas, Joca,… Corona este rosario de despropósitos el gigantesco pufo de la Institución Ferial dombenitense FEVAL, cuyos escabrosos detalles conoció la ciudadanía pocos días antes de las elecciones autonómicas: el complejo subterráneo restringido con pista de squash y piscina de olas, las mariscadas a domicilio y demás lujos mesopotámicos con que, a costa del erario público, se agasajaban los dirigentes de FEVAL y sus allegados, desprendían ya un acentuado hedor al fin de régimen que terminan de sentenciar el 22 de mayo los extremeños en las urnas.
Sin conocer estos hechos, y sin hacer un cierto esfuerzo de empatía hacia la sociedad que los ha vivido y sufrido, entiendo que resulta difícil entender nuestra decisión de junio. Lo que Izquierda Unida de Extremadura posibilitó con su abstención no fue tanto un cambio de gobierno como un cambio de ciclo político, una renovación en profundidad de la misma estructura de posibilidad política de la región, algo que, por encima del reparto de escaños, demandaba una mayoría electoral holgada, decidida a desbancar al PSOE después de treinta años de poder ininterrumpido, omnímodo y, en no pocas ocasiones, despóticamente ejercido.
El compromiso histórico de Izquierda Unida de Extremadura que subyace a nuestra abstención no es con el PP, sino con esa mayoría social extremeña que en mayo dijo cambio, incluyendo a las decenas de miles de votantes socialistas que votaron al PP o se abstuvieron con afán puramente destituyente. Si la abstención de los diputados de Izquierda Unida en la Asamblea fue “activa”, como insisten en denominarla sus damnificados y detractores, no lo fue en favor del PP, sino de esa voluntad colectiva mayoritaria del pueblo extremeño de abrir un nuevo tiempo en su historia política. No el tiempo de izquierdas que algunos hubiésemos preferido, es cierto, pero sí un tiempo en que hacer política en Extremadura, de izquierdas o de derechas, sea posible. Un tiempo para, como dijo el compañero Manuel Cañada, “disolver el cortijo”. Como programa de transición para esta legislatura, me parece perfectamente razonable y asumible por parte de una organización de izquierdas consciente de sus responsabilidades históricas, y atenta a la voluntad de la sociedad a la que pretende representar. Donde no existe o sobrevive malherida, una democracia mejor es siempre un objetivo revolucionario, sobre el cual pueden excepcionalmente confluir fuerzas e intereses muy diversos.
¿Dices “compromiso histórico” en el sentido berlingueriano del término? ¿Sugieres que la decisión de Izquierda Unida de Extremadura en 2011 y la política de “compromesso storico” del PCI en los años setenta pueden estar de algún modo emparentadas?
Sí. Con esa prudencia que recomendaba Marx y citábamos antes respecto al manejo de analogías, pero sí. Lo que Berlinguer planteaba era un pacto de salida a una situación grave y enconada de descomposición institucional y desmoronamiento económico, concertada de modo transversal al eje izquierda-derecha, frente a un “tercer actor” que en el fondo ya ni siquiera es ideológicamente encuadrable en ese eje, porque ha hecho del ejercicio y conservación del poder una ideología, un modo de ser y un fin en sí mismos (y funcionalmente ha llegado a ser más un régimen que un partido político, aunque esta siga siendo formalmente su naturaleza). Es un pacto de mínimos comunes que pasa por una reanudación pluralista del proceso de construcción democrática de la sociedad, tras un largo periodo de estancamiento mórbido. No es cambiar de gobierno, es cambiar de régimen. Y el ibarrismo, después de treinta años de sedimentación, tenía ya tanto o más de régimen que de gobierno. Salvando la evidente inconmensurabilidad entre los respectivos marcos históricos concretos, sí que es una plantilla conceptual que podemos aplicar con cierto provecho a la presente situación extremeña.
Por cierto que el compañero Miguel Manzanera también ha hecho recientemente alusión a Berlinguer en este debate extremeño, contraponiendo su noción de “austeridad” a esa otra austeridad neoliberal y destacando que “la política de austeridad que está aplicando el PP en Extremadura se dirige a recortar los gastos superfluos y suntuarios que el anterior gobierno ha estado realizando” y que “la minoría de IU garantiza que esta política de austeridad no pueda dirigirse a disminuir la calidad de vida de los trabajadores y las clases populares de nuestra región”.
Las elecciones generales del pasado 20 de noviembre fueron consideradas por muchos analistas como una reválida de la decisión de junio, ¿cuáles fueron y cómo se pueden interpretar los resultados de Izquierda Unida de Extremadura?
Tradicionalmente, Izquierda Unida de Extremadura sufre en las elecciones generales el efecto de la extrema improbabilidad de obtener representación, lo que favorece la abstención o el préstamo de voto a otras formaciones. La campaña electoral socialista, apoyada por toda la artillería mediática del grupo PRISA, fue básicamente de acoso y derribo contra Izquierda Unida (“la izquierda que le gusta a la derecha”, “pacto de sangre con la derecha”, “por unas migajas de la derecha”,…), que en sus versiones más repugnantes (amplificadas al calor del anonimato en redes sociales y foros de Internet) ha incluido todo un viscoso imaginario de maletines que nadie ha visto y grabaciones que nadie ha escuchado, llegando a equipararse la actuación de nuestros diputados con aquel siniestro tamayazo madrileño de hace unos años. En semejante panorama, la propia dirección extremeña de IU hubiera firmado gustosa para noviembre la pérdida del 10 o el 20% de los votos de mayo, lo que en cualquier caso hubiera supuesto un avance sustancial respecto a las generales de 2008.
Finalmente, no se produce el feroz castigo que nos auguraban machaconamente el PSOE y sus satélites, y el 20-N no sólo consolida, sino que mejora ligeramente nuestro resultado de las autonómicas, convirtiendo a la federación extremeña en contribuyente neta al 5% promedio que garantiza grupo parlamentario a IU en el Congreso. Un resultado conquistado con una campaña electoral en la que no se eludieron, sino que se pormenorizaron, los motivos de nuestra abstención de junio y de su gestión posterior, y en la que, desafiando el “desinterés” (por no decir abierto repudio) al que nos sometió nuestra dirección federal, intervinieron activa y solidariamente gentes del ala más abierta y combativamente anticapitalista de Izquierda Unida, compañeros con tanto y tan bien ganado prestigio político, intelectual y moral como Julio Anguita, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero o Manuel Cañada.
¿Izquierda Unida ha pactado con el PP los presupuestos extremeños para el 2012? ¿Se ha convertido la federación extremeña de IU, como se ha llegado a afirmar estos días, en el socio de gobierno del PP?
Con matices, sí a lo primero, y tajantemente, no a lo segundo.
Izquierda Unida no ha participado de la redacción de los presupuestos porque no forma parte del gobierno extremeño. Es evidente, y nadie pretende ocultarlo, que existe una interlocución directa y continuada entre el grupo parlamentario de Izquierda Unida de Extremadura y el gobierno extremeño. No se trata de ningún oscuro conciliábulo, sino de la saludable plasticidad política que deviene de la ausencia de mayorías absolutas. Hay un gobierno en mayoría minoritaria que necesita el apoyo o la abstención de otras fuerzas para sacar adelante sus propuestas, y para ello debe estar predispuesto a negociar y hacer concesiones, y también hay dos fuerzas de oposición que necesitan negociar y hacerse concesiones entre sí para actualizar la mayoría legislativa que conjuntamente pueden componer. Entre julio y noviembre de 2011, PP e IU votaron juntos en la Asamblea en cuatro ocasiones, PP y PSOE en otras cuatro, IU y PSOE en siete, y en otras siete hubo unanimidad entre las tres fuerzas políticas. En lo que corresponde a Izquierda Unida, ¿excede esto la normal actividad de una oposición parlamentaria competente en un escenario de gobierno en mayoría minoritaria? ¿Se asemeja en algo a esa fantasmagoría del gobierno del PPIU que insistentemente enarbola el PSOE contra nosotros? Es evidente que no.
Para el PSOE es muy fácil obtener imágenes de una aparente intimidad entre el gobierno extremeño e Izquierda Unida: le basta con no asistir a muchos de los actos públicos y reuniones a los que es convocado, como viene haciendo reiteradamente desde el mes de julio, para que luego sus ciberactivistas cuelguen la foto en las redes sociales bajo alguna etiqueta maliciosa. Pero más allá de esas añagazas, no existe ningún pacto de gobierno en Extremadura. Podría hablarse, quizás, de un “pacto de gobernabilidad”. Y ese pacto no es a dos bandas entre el PP e Izquierda Unida, sino a tres: compromete a ambos partidos con la mayoría de la población extremeña que en mayo expresó su voluntad de un cambio de ciclo político. Los términos de ese “pacto de gobernabilidad” no se han ocultado, sino todo lo contrario, a los extremeños. Durante el debate de investidura, Izquierda Unida planteó su famoso decálogo de mínimos necesarios que acompañan su decisión de abstención, decálogo al que en su discurso de aceptación José Antonio Monago da acuse de recibo y cuyo contenido expresa su disposición a considerar. Pero por encima de este diálogo político entre oposición y gobierno, lo que de verdad nos compromete a ambos partidos es el mandato mayoritario en la sociedad extremeña de que la región “funcione”, de que las instituciones trabajen, de que haya actividad legislativa, que el ejecutivo proponga, que la oposición cuestione y fiscalice… En este debate de los presupuestos y en la negociación de nuestras enmiendas parciales que tan significativamente los han mejorado, como viene sucediendo desde el principio de esta legislatura, Izquierda Unida y PP no han hecho sino atender ese mandato, mayoritario en la sociedad extremeña y transversal a su composición ideológica.
Pero se argumenta que estos Presupuestos contienen recortes significativos en materia de servicios públicos y políticas sociales, y que se están produciendo despidos en la empresa pública extremeña, ¿en qué medida es cierto eso?
El PP ha presentado unos presupuestos bastante más criticables por sus lamentables hechuras técnicas (producto de su propia bisoñez, pero también del catastrófico estado de cosas en que se han encontrado las instituciones regionales) que por su sesgo ideológico. No son, en ningún caso, los presupuestos de la terapia del shock neoliberal que el PSOE había augurado. Un augurio grotesco, si reparamos en que los recortes en el presupuesto del PP para 2012 rondan el -4’5%, frente al -7’5% del presupuesto socialista de 2011. Como con toda justicia argumentó Monago, si estos primeros presupuestos suyos eran de derechas, ¿no habían sido entonces de extrema derecha los últimos de Guillermo Fernández Vara?
Claro que un recorte del 4’5% es un recorte sensible. Pero a la vista del detalle de las cuentas, difícilmente puede argumentarse que sea un recorte estratégico, instrumentalmente implementado para desmantelar al sector público, desregular la actividad económica y depauperar a la clase trabajadora. Se ha asumido un endeudamiento público importante y se preservan las prioridades sociales: el núcleo duro de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la cooperación internacional al desarrollo está perfectamente a salvo. Tampoco puede hablarse de una reordenación partidista en el destino de los dineros públicos: combativos colectivos ambientalistas (como Adenex) o LGTB (como Fundación Triángulo) siguen siendo beneficiarios de ayudas públicas, e incluso los fondos para la recuperación institucional de la memoria histórica democrática se han incrementado sustancialmente.
Respecto a los despidos en la empresa pública, se trata de una cuestión sumamente compleja. Muchos segmentos de esa supuesta “empresa pública” en reestructuración no son ni fueron nunca emprendimientos públicos productivos que hayan aportado jamás ni un euro al PIB ni una centésima de punto al IDH regional, sino carísimas maquinarias propagandísticas y agencias de colocación clientelar, en las que se han pagado salarios desmesurados y despilfarrado recursos ingentes de forma sistemática. Estoy pensando en chiringuitos como el Gabinete de Iniciativa Joven, que durante años ha servido de ruidoso escaparate “modernizador” de la Junta, pero que, bajo una cuidada apariencia de “perroflautismo institucional” (software libre, redes sociales, turismo rural, agro-ecología, gestión cultural, etc.), encubrían planteamientos rabiosamente neoliberales y que, muy sobre todo, distraían la atención pública de la destrucción a ritmo acelerado del tejido productivo extremeño. Amén, claro, de dar generosamente de comer a una interminable retahíla de charlatanes, vividores y apadrinados.
Era inevitable que el desmantelamiento de esta siniestra trama de auto-reproducción del régimen (una enmarañada madeja de decenas de fundaciones, sociedades mixtas, patronatos, etc.) conllevase cierta destrucción de empleo, y es de lamentar por aquellas personas que accedieron y desempeñaron sus puestos de trabajo en cualquiera de esas entidades de una forma decente, que también las había. Pero, con un mínimo de perspectiva histórica, sería bastante injusto culpar de ello a IU, e incluso al PP. En todo caso, cuando el PP ha acercado el bisturí al órgano equivocado (como ocurrió con nuestra excelente e irrenunciable Orquesta de Extremadura), Izquierda Unida le ha salido al paso con la máxima firmeza.
Al igual que hoy existe un proceso de transición política en Extremadura, también existe un proceso de transición económica. Es evidente que el Partido Popular sirve, en tanto actor hegemónico en estos procesos, a intereses de clase perfectamente capitalistas. Pero no existe capitalismo sino capitalismos, y existe el movimiento histórico entre capitalismos. El “mercado intervenido por el Partido” (que no por el Estado) del ibarrismo ha generado una clase oligárquica, transversal a la política y los negocios, extraordinariamente cínica, zafia y despótica, que encarnan perfectamente el empresario Alfonso Gallardo, “emprendedor de cámara” de Rodríguez Ibarra y promotor de la fallida refinería (con la que, dice Pedro Costa Morata, “el viejo y aborrecido desarrollismo de tipo franquista hacía reaparición”), o el apparatchik socialista José Luís Viñuela, gran mandarín de la FEVAL dombenitense: son las dos caras de ese “sólido bloque de poder” extremeño, neoliberal, clientelar y corporativo, del que habla Manuel Cañada. La izquierda no ganó las elecciones extremeñas de mayo, pero esta oligarquía transversal, tan tóxica y ruinosa como la refinería petrolera que con tanto ardor ha promovido, sí las perdió. Y eso ya es, por lo menos, media buena noticia. IU tiene que mantener su identidad como fuerza anticapitalista y sus objetivos de máximos de transformación de la sociedad, pero, ¿debe por ello despreciar, cuando las circunstancias así lo disponen, como sucede hoy en Extremadura, la posibilidad de impulsar o contribuir a importantes mejoras en cuestiones claves como la protección de los servicios públicos, la transparencia institucional, la pluralidad del debate político o la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, aún dentro de ese marco de relaciones capitalistas que rechazamos? En mi opinión, sería una tremenda y lamentable irresponsabilidad.
Desde tu punto de vista, ¿crees que la nueva situación política estatal, con el triunfo por mayoría absoluta del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011, os puede empujar a reconsiderar la situación extremeña?
Es posible, pero no de forma apriorística ni automática, y si es que finalmente una cosa influye en la otra, cuando lo haga y según lo haga. El PSOE no ha cesado de repetir, antes y después de perder las elecciones de mayo, que bajo la piel de cordero centrista de Monago habita un lobo ultra de la misma camada que los Mayor Oreja, Aguirre, de Cospedal y demás habitantes del reverso más tenebroso de la derecha española. Pero los hechos, de momento, no respaldan esos augurios. Monago ganó las elecciones defendiendo posiciones militantemente centradas y centristas, que reiteró en su discurso de investidura. En lo político, ha evitado cuidadosamente los charcos ideológicos recurrentes de la derecha española (memoria histórica, diversidad afectivo-sexual, laicidad, inmigración, interculturalidad, etc.), y en lo económico se ha distanciado visiblemente de todo radicalismo privatizador y desregulador de la derecha neoliberal. Nombró un gabinete de fuerte perfil técnico, casi totalmente ajeno a la derecha tradicional extremeña (con la que Monago no mantiene una relación especialmente fluida tras su paso como concejal por el gobierno municipal de Badajoz, bastión del ala más dura de la derecha extremeña) y saludablemente distante de los grandes grupos de presión económicos de la región (cuyas preferencias estaban claramente orientadas a la continuidad del aparato de poder socialista, en el que históricamente han encontrado tan íntimo y fecundo acomodo).
No tengo la menor idea, ni en realidad me interesa demasiado, si esta línea política centrista de Monago es producto de sinceras convicciones ideológicas o del trabajo de su equipo de mercadotecnia electoral. En cualquier caso, no ha alcanzado la presidencia de Extremadura hablando de cerrar mezquitas, prohibir matrimonios homosexuales o reabrir el sumario del 11-M, sino, muy al contrario, con un discurso hábilmente híbrido entre socialdemocracia soft, democracia cristiana y regionalismo reivindicativo (incluido algún inesperado exabrupto contra los grandes terratenientes), y sabe que si se desvía de esa línea, no sólo perdería las decenas de miles de votos que le ha arrancado al electorado del PSOE, sino que reactivaría la importante reserva de abstencionistas de izquierdas y la transferencia estratégica de voto de IU hacia el PSOE. La sociedad extremeña no ha experimentado un viraje ideológico hacia la derecha, solo ha terminado por hastiarse de la inmoralidad, la hipocresía y la ineficacia del “partido de bienestar” ibarrista. Monago y el PP simplemente estaban ahí para recoger la pelota. Pero el modo en que han accedido al poder ejecutivo les condiciona en su ejercicio. Y no sólo por no disponer de mayoría absoluta en la cámara. Con quien realmente mantiene un pacto el PP extremeño no es con los tres diputados de Izquierda Unida, sino con la composición muy heterogénea de su propio electorado.
Es mérito de Monago el haberse presentado a las elecciones con una propuesta programática y una tonalidad discursiva que le hacían aceptable para esos votantes, y que luego ha permitido el diálogo político trasversal, y si quieres anómalo, que conduce a nuestro “compromesso storico” a la extremeña. Y creo que es obligación moral nuestra reconocer que, a día de hoy, no se le puede acusar de haber faltado a sus compromisos. Durante siete años, ni Rodríguez Ibarra ni Fernández Vara se dignaron en sentarse a la misma mesa que la Plataforma Ciudadana Refinería No, Monago lo hizo cuando apenas llevaba unas semanas en el cargo; los profesionales de la tele y la radio públicas de Extremadura aplauden la salida de los comisarios políticos del PSOE que fiscalizaban su trabajo; FEVAL ha sido “desinfectada” de ganapanes y cobistas y reemprende sus actividades con normalidad; el PP bendice con su abstención que la Asamblea extremeña se posicione a favor de la continuidad del matrimonio y la adopción homosexual, y se suma con voto afirmativo a las demandas de la cámara extremeña al gobierno central para legislar la dación en pago hipotecaria y reimplantar el impuesto de patrimonio,… ¿Qué hacemos, negamos todas estas mejorías evidentes porque es el PP quien las está promoviendo o asumiendo desde el ejecutivo regional?
Al aparato socialista extremeño puede aplicársele perfectamente aquello que decía Víctor Chamorro de nuestros viejos caciques de siempre: “No existe más Extremadura que la de ellos”. Ni más izquierda tampoco. Ellos pueden intentar ponernos una refinería, aplaudir la ampliación del plazo de explotación de la central nuclear de Almaraz o recortar un 7’5% de los presupuestos regionales y seguir presentándose como los más dignos herederos del Frente Popular, pero si nosotros no nos lo creemos y no nos apostamos a esa carta la integridad y viabilidad de nuestro propio proyecto político, nos convertimos en las tropas auxiliares de la columna del general Yagüe. Pues bien, ha llegado la hora de negarles la mayor: con los hechos en la mano, está por demostrar que en Extremadura el PSOE pueda honradamente situarse siquiera un palmo a la izquierda del PP, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo ecológico (acaso en lo cultural, si no reparamos en cuanto de impostado e instrumental, de “memoria histórica de temporada”, como dice Manuel Cañada, ha tenido su progresismo). En Izquierda Unida de Extremadura no desdeñamos con nuestra decisión de junio ninguna vecindad entre las izquierdas porque no hay ninguna otra izquierda de la que ser vecinos en la Asamblea. Simplemente, respetamos un traspaso de poderes entre dos derechas que habían mandatado las urnas, y que además, en la singularidad del marco histórico extremeño y en la excepcionalidad de la correlación parlamentaria surgida del 22-M, entreabría una privilegiada ventana de oportunidad para condicionar desde la izquierda la acción gubernamental y desarrollar elementos clave de nuestro programa político.
¿Cómo se ha reaccionado a vuestra decisión desde la izquierda social, los movimientos ecologistas y anticapitalistas, los sindicatos y otras entidades de la vida pública extremeña?
Los dos grandes sindicatos extremeños han devenido, dentro del proceso de clientelización integral de la sociedad extremeña que ha promovido el PSOE, en meros aparatos de extensión institucional de la Junta. Las “puertas giratorias” entre la cúpula sindical y las listas electorales socialistas no paran de girar desde hace años. Durante nuestro período de reflexión y debate tras las elecciones de mayo, ambos sindicatos, pero con especial virulencia CCOO, presionaron para forzar nuestro apoyo a una investidura socialista. Poco después, PSOE, CCOO, UGT y patronal firmaron una carta conjunta al gobierno central respaldando, por enésima vez, el enloquecido, ruinoso y contaminante proyecto de refinería (de nuevo “el espectáculo bochornoso de los dirigentes del sindicalismo oficial haciendo de guardianes de los intereses económicos de Gallardo y de los intereses políticos de la Junta de Extremadura” que describía Manuel Cañada en su j’accuse anti-refinero Humos y caciques). Y ahora, con los Presupuestos, la dirección regional de CCOO ha vuelto a arremeter muy duramente contra IU. Es muy triste ver unas siglas y una tradición militante como la de CCOO arrastradas por los suelos de esta manera, sin más fundamento que la carrera de méritos de sus gerifaltes para ganarse un escaño en la bancada socialista en la Asamblea o una alcaldía de postín.
En contraste, no hubo muestras de desaprobación ni en los pequeños núcleos anticapitalistas organizados de la región, ni en las asambleas del 15-M, ni mucho menos en el tejido ecologista, que es el que desde hace muchos años lleva la iniciativa en la calle (y ha soportado en consecuencia las mayores presiones y represiones) en nuestra región. El pasado septiembre, junto a las celebraciones institucionales del pasado Día de Extremadura, se celebró, como ya es tradicional, una concentración de anti-refineros, anti-térmicos y anti-nucleares a las puertas del Teatro Romano de Mérida, y mientras la entera clase política y empresarial extremeña recibía pitada y bronca a su llegada al evento institucional (“Extremadura es una dictadura”, es uno de los ripios más característicos de esta convocatoria), nuestros tres mosqueteros de la Asamblea fueron recibidos con una sonora salva de aplausos. Creo que esa escena lo resume casi todo, y redime buena parte de los malos tragos que el curso de los últimos meses nos ha deparado.
¿Cómo se han desarrollado las relaciones entre IU y PSOE en Extremadura después de vuestra decisión de abstención? ¿Responde la situación extremeña a aquella política “de las dos orillas” que Julio Anguita describió y defendió en su momento, con innumerables descalificaciones e incomprensiones?
Conviene hacer algunas puntualizaciones a ese retrato. Es cierto que Fernández Vara se apresuró a ofrecer a IU un gobierno de coalición la misma noche del 22-M. Pero el PSOE no había preparado en absoluto un escenario post-electoral que entraba dentro de lo previsible ya desde las últimas elecciones europeas. El Ayuntamiento de Cáceres, que gobernaba el PSOE con apoyo de IU, fue escenario de un sonoro desencuentro que termina con la alcaldesa socialista expulsando del gobierno municipal al concejal de IU e incumpliendo todos sus compromisos de legislatura en batería y con los votos del PP. La ley electoral autonómica propuesta y aprobada por el PSOE y su barrera del 5% para acceder al parlamento regional (que había dejado fuera de él a IU en 2007) no fue modificada. No hubo por parte del “renovador” Fernández Vara la menor voluntad de depurar entre sus correligionarios las prácticas clientelares, los abusos de poder y los despilfarros. Y, por supuesto, siguió enrocado en la defensa del desarrollismo contaminante del proyecto de refinería de Tierra de Barros, de las centrales térmicas de la comarca de Mérida, de la urbanización de la isla de Valdecañas o de las prospecciones de minería de uranio en distintos puntos de la región.
Con esto quiero decir que, más allá del desencuentro histórico entre PSOE y PCE, y luego IU, de los tiempos de Rodríguez Ibarra, tampoco en la legislatura de Fernández Vara hubo por parte del PSOE la menor voluntad de entendimiento, y que si hay “dos orillas” no es por gusto y responsabilidad exclusiva de una de ellas, como a menudo se hace creer por parte del PSOE. Esto no ha cambiado tras la investidura de Monago, como se encarga de demostrar cada día el diputado portavoz del PSOE en la Asamblea (ex-concejal de IU y ex-secretario regional de CCOO, por cierto), que no pierde oportunidad de dinamitar cualquier atisbo de acercamiento e incluso de convivencia educada, algo que no es evidentemente decisión personal suya, sino expresión de la línea política de su organización. Esa confluencia progresista que supuestamente nos propone el PSOE es una falacia, un arma arrojadiza, una trampa para conejos incautos, pero en ningún caso un proyecto político consistente y viable.
Curiosamente, no son pocos los votantes y militantes de base socialistas que, por supuesto en privado, nos han agradecido nuestra abstención como único modo de encarar de una vez la regeneración moral y política de su partido en Extremadura. De que esa regeneración se produzca dependerá que podamos algún día dejar de hablar de esas orillas tristemente enfrentadas, y compartir un proyecto político progresista en Extremadura.
¿Qué comportamiento ha tenido la dirección extremeña de IU hasta el momento? ¿Ha respetado siempre las decisiones de las bases de la organización?
Existe en torno a esto una notable polémica, desencadenada por la dimisión (no conjunta, pero sí simultánea y concertada) de la mitad de la Presidencia Regional pocos días después de las generales del 20-N. La falta de democracia interna, una excesiva autonomía del grupo parlamentario en sus decisiones, una mala comunicación con las bases y otros reproches similares figuran, con diferentes inflexiones y tonalidades, en las dimisiones de estos compañeros, entre los que se cuentan coordinadores locales, cargos públicos municipales y cuadros medios de las principales ciudades de la región (Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia). Comparto en buena medida el fondo de estas críticas, pero discrepo radicalmente de sus formas y, en algún caso, me temo que de sus intenciones.
Tras la imprevista, tensa y agotadora situación que atravesamos entre mayo y junio (las elecciones, el debate interno posterior, la presión de los medios, la injerencia de la dirección federal, el marcaje del PSOE, etc.), cuando se ratifica finalmente la decisión de abstención nuestra organización está activa, alegre, empoderada, pero absolutamente exhausta, y deja al grupo parlamentario la patata caliente de explorar, interpretar y gestionar el complejísimo panorama institucional extremeño resultante de nuestra decisión. Y eso es exactamente lo que nuestros diputados han hecho. Personalmente, estimo que la línea política adoptada por Izquierda Unida de Extremadura es la correcta y que sus resultados se están demostrando inequívocamente positivos para la región, pero también que a lo largo de estos meses se han producido en las instituciones regionales situaciones muy comprometidas, que, al margen de que su resolución haya sido finalmente acertada o errónea, no han sido debidamente explicadas, debatidas y refrendadas por la organización. Fue especialmente grave la elección, con el apoyo de Izquierda Unida, de la candidata propuesta por el PP para presidir la CEXMA (el consorcio de medios públicos extremeños), una decisión que despertaba entre la militancia incomprensiones y resistencias extendidas y públicas, además de cargadas de razón, a las que el grupo parlamentario debió haber atendido. Por desgracia, no es el único caso en que podemos describir una situación parecida. Nuestros compañeros diputados pueden, extraordinaria y justificadamente, tomar una decisión táctica sobre la marcha para salvar uno de esos “regates cortos” tan propios del parlamentarismo de baja estofa que padecemos. Pero ni pueden tomarse esas excepciones como norma, ni aún menos interiorizar ese juego como propio, como por desgracia volvió a suceder al principio del debate presupuestario, con nuestra enmienda a la totalidad “de quita y pon” que tanta confusión generó en la sociedad extremeña y en la misma militancia de IU. La actitud que deben mantener nuestros parlamentarios y el conjunto de nuestra organización en su acción institucional, en este complejo momento político extremeño, la definió muy bien Manuel Cañada: “cucharada y paso atrás”. Del primer gesto depende nuestra eficacia, del segundo nuestra coherencia. Ambas son irrenunciables, y no puede sacrificarse, ni siquiera táctica y transitoriamente, una a cambio de la otra.
Dicho esto, no creo que las dimisiones, el intercambio de notas de prensa o los aspavientos desde la tribuna de público de la Asamblea vayan a acercarnos a la solución de ninguno de estos problemas. Los compañeros que abandonaron la Presidencia plantearon el problema en el lugar, el momento y los términos más equivocados y contraproducentes. Y aunque quiero suponer la mejor intención por parte de todos y cada uno de ellos, a la vista de la reiteración de esos comportamientos beligerantes y exhibicionistas, resulta cada vez más difícil evitar el pensamiento de que buenos argumentos y demandas sensatas están siendo utilizados para alimentar las calderas de una pequeña revuelta palaciega que acaricia otros objetivos de fondo.
Ya se ha producido una autocrítica por parte de la dirección y del grupo parlamentario, ya se están articulando los mecanismos para devolver a las bases toda su capacidad de iniciativa y fiscalización, y algunos militantes y asambleas locales estamos ya utilizando intensivamente esos mecanismos. Pero nada de todo eso bastará para quien, o quienes, el verdadero objetivo pudiera no ser profundizar en la democracia interna y la coherencia programática de la organización, sino derrocar a la florentina a un coordinador regional al que hoy resultaría sumamente difícil abatir en una consulta democrática limpia, y deslegitimar una línea política que sigue gozando de un respaldo ampliamente mayoritario entre las bases, por mucho que alguno de sus tramos se haya gestionado de forma atropellada y confusa.
De entre quienes defendisteis la abstención en junio surgieron denuncias de fuertes presiones por parte de la dirección federal de IU. ¿Suscribes esas denuncias? ¿Cómo ha evolucionado desde entonces la relación entre las IU extremeña y federal?
Tras las elecciones autonómicas la intervención de la dirección federal de IU fue asombrosamente terca, prepotente y malencarada, se utilizaron términos absolutamente insultantes, se nos acusó de barbaridades sin cuento. La última visita a Extremadura de Cayo Lara y su séquito, como invitados al Consejo Político que finalmente ratificó la abstención mandatada por las bases, fue sencillamente bochornosa. Vinieron a decirnos cual era nuestro lugar y cuales nuestros límites, algo que, como recordará el lector de Los condenados de la tierra, se asemeja bastante a los papeles que Fanon atribuye al metropolitano colonizador y el indígena colonizado, lo cual casa bastante mal con la federalidad que, al menos sobre el papel, inspira y regula la vida orgánica de Izquierda Unida. Entre aquel desgraciado desencuentro frontal de junio y el otoño las aguas parecían haberse calmado, y el excelente resultado electoral de noviembre pudiera y debiera haber zanjado este maldito asunto para siempre. Evidentemente, no ha sido así. A los pocos días del dimisionazo en la Presidencia Regional, Público sacó una nota en la que varios notables de la dirección federal hablaban ya directamente de intervenirnos, de poner una gestora y de no sé cuántas atrocidades más, con un ímpetu que espantó incluso a parte de los dimisionarios de la Presidencia Regional extremeña.
Parte de la dirección federal de IU ha demostrado estar dispuesta a hacer saltar por los aires Izquierda Unida de Extremadura con tal de liquidar la línea política que consciente y democráticamente sus bases hemos escogido como la mejor para nuestra tierra y nuestra gente. No conozco a ni un sólo compañero de Izquierda Unida de Extremadura que se tome este asunto a la ligera, ni intelectual, ni moralmente. Fueron (y siguen siendo) muchas horas de reflexión y debate entre nosotros, pero también muchas horas de conversar con la gente, con la familia, con los compañeros del curro, con votantes de todos los partidos. Además del millar largo de militantes y simpatizantes que participó directamente en la consulta a las bases de junio, indirectamente (asistiendo a los actos, escribiendo cartas a la prensa o post en blogs y redes sociales, interpelándonos a los militantes para comunicarnos sus preferencias, etc.) amplios segmentos de la sociedad extremeña fueron partícipes de aquel extraordinario proceso de democracia directa y deliberativa. Nada que ver con ese relato grotesco que pintaba a la militancia de la Izquierda Unida extremeña como salvajes antropófagos que golpeando el suelo con nuestras lanzas anteponíamos atávicas ansias de revancha a la “seriedad”, la “coherencia” y la “responsabilidad” que nos demandaban al unísono la dirección federal de IU, el PSOE y los medios de PRISA.
¿Son compatibles estas presiones y descalificaciones con la vigencia del principio de federalidad en Izquierda Unida? Me parece que no. Nosotros no estamos instando a nadie a nada, no decimos a los compañeros de Madrid o el País Valenciano que hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, porque sabemos que Extremadura no es Madrid ni Valencia. Pero, ¿saben los compañeros de la dirección federal que Madrid o Valencia tampoco son Extremadura? ¿Es mucho pedir, a una organización política como Izquierda Unida, que defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas de las más remotas antípodas, que respete también el derecho del pueblo extremeño, y el de su izquierda, a conocer, comprender y transformar su propio medio histórico?
Algunas veces, sobre todo en los años 70, se planteó la cuestión de si Extremadura era una nación. No sé si ese sería o no un término adecuado. Lo que sí ha sido y sigue siendo indiscutiblemente Extremadura es una unidad históricamente discernible y delimitable dentro de la historia universal de la explotación y la lucha entre clases. En Extremadura un cuarto de la población activa está desempleada y un cuarto de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Nuestros sueldos y pensiones están entre los más bajos de la UE-15. El campo vive atenazado por el chantaje de las grandes corporaciones agroalimentarias, a la pequeña empresa familiar que había sobrevivido a las grandes superficies la está matando la crisis. Antes era con la maleta de cartón y hoy con el maletín del portátil, pero el caso es que siempre demasiada gente joven que no quiere irse se tiene que ir (incluso con el aporte de la inmigración extracomunitaria, la población extremeña sigue en 2012 atascada en el 1.100.000 habitantes de los años 30 del siglo XX). Sin olvidar que nuestro medio natural, su biodiversidad y su sostenibilidad, han estado y siguen estando amenazados por una ofensiva desarrollista de efectos devastadores, en algunos casos ya irreparables (como el monstruoso arboricidio que líquido millones de ejemplares autóctonos en favor del venenoso eucalipto papelero). Ese es el medio histórico en que la izquierda extremeña ha tomado su decisión. ¿Acaso hubiera sido posible, sensato, decente, hacerlo pensando en otra cosa, atendiendo a otros intereses, obedeciendo a otras prioridades?
¿Cuáles son los principales asuntos en los que está embarcada IU Extremadura en estos momentos?
La batalla institucional tiene su agenda muy clara: arrancar de esta legislatura cada punto y cada coma del decálogo presentado a la sociedad extremeña en junio y refrendado por nuestros votantes en noviembre. Varias de sus condiciones se han cumplido ya, entre ellas la retirada de cualquier apoyo financiero público al proyecto de refinería, lo que equivale a su sentencia de muerte. Ahora mismo hay distintos temas en discusión en la Asamblea, pero el principal es sin duda el impulso al embrión de una futura renta básica de ciudadanía en Extremadura. Hay decenas de miles de desempleados en la región que ya no gozan de ningún tipo de prestación, y las rentas familiares que están taponando esa herida sangrante están exhaustas. Con este ritmo de destrucción de empleo, a la vuelta del próximo verano, si no antes, estamos abocados a una situación de completa quiebra social. Lo que podamos sacar adelante en este curso parlamentario seguramente no cumplirá los mínimos requisitos de eso que técnicamente se denomina renta básica fuerte, pero detendrá miles de procesos de exclusión social, que son miles de tremendas tragedias humanas, y asentará una posición de partida para seguir luchando por un verdadero ingreso universal, garantizado y suficiente. Basta un vistazo a nuestro contexto estatal y continental para calibrar el extraordinario valor de excepcionalidad y ejemplaridad que tendría en este momento una conquista así. Batallar y ganar esta pre-renta básica debe ser la piedra angular de este primer tramo de legislatura, y la posición adoptada por Izquierda Unida de Extremadura ante los presupuestos 2012 nos ha acercado significativamente a ese objetivo.
Pero el trabajo institucional es sólo una dimensión de la actividad de IU, y no la más importante, ni siquiera cuando, como hoy sucede en Extremadura, la aritmética electoral otorga a nuestra representación institucional un papel decisivo. Izquierda Unida de Extremadura no son 3 diputados y 40.000 votos, sino cientos de militantes y simpatizantes que componen, además de una base electoral a la que movilizar de campaña en campaña, una base activista que puede y debe tomar la iniciativa política también en las plazas y en las redes, en las aulas y en los tajos, en frentes de lucha propios y en los que compartimos con los movimientos sociales, con el sindicalismo decente y veraz, con los activistas culturales y mediáticos,… Como me decía hace poco el compañero Manuel Cañada, evocando el pensamiento de Badiou, “tenemos que ser leales al acontecimiento de junio”. El debate abierto e informado, la horizontalidad en la toma de decisiones o el mandato imperativo a los cargos públicos, el “mandar obedeciendo” y el “caminar preguntando” zapatistas que en junio aclimatamos al medio histórico extremeño, son ya avances no revocables en nuestra identidad política. En lo que resolvía, y como resolvía, la decisión más importante y difícil que jamás se le hubiese planteado, Izquierda Unida de Extremadura ya navegó un importante trecho de su travesía de refundación, “pero esta vez no como un aparato”, como decía el compañero John Brown en el hermoso mensaje de solidaridad que dedicó a las bases extremeñas, “sino como expresión del pueblo de izquierda que renace”. El grupo parlamentario, que tantos sudores y no pocas lágrimas ha costado recuperar en Extremadura, y en general la mucha o poca participación institucional de que se disponga, es sólo un instrumento, una herramienta al servicio de un proyecto que tiene su epicentro en otra parte, en el intelectual colectivo, y en los procesos de transformación política, social y cultural que este es capaz de desencadenar. Ahí es donde se libran siempre las decisivas luchas de onda larga entre clases sociales y bloques históricos.
Muy lejos del repulsivo y mendaz imaginario franquista de la “tierra de conquistadores” (“tierra de conquistadores / no nos quedan más cojones”, como ironiza Robe Iniesta), nuestra historia extremeña se asemeja más bien a los “quinientos años de resistencia indígena” de otras sociedades colonizadas. La completa descolonización de Extremadura era el objetivo de la izquierda extremeña en 1979 y lo sigue siendo en 2012. Algunas cosas han cambiado mucho, y otras tantas no han cambiado en absoluto. El enemigo ya no son los terratenientes madrileños y el IRYDA franquista, sino los fondos de capital riesgo, que drenan nuestra riqueza con sus actividades especulativas, o las agencias de calificación, que ya por segunda vez hace unos días nos amenazaban con rebajar el rating de nuestra deuda: los collares nuevos de la misma vieja fiera de siempre. Y de la misma manera, nuestro proceso asambleario de junio y su defensa se incardinan en nuestra larga tradición local de resistencias populares antisistémicas arraigadas al territorio y la costumbre, pero se abren a este presente globalizado de anomalías y disidencias, dispares pero simultáneas e interconectadas, de las primaveras árabes al 15-M y todo lo que ha venido después. En 1983, el Estatuto de Autonomía institucional diluyó las expectativas de nuestra izquierda de una autonomía más profunda, como la que se planteaba en las páginas de Extremadura saqueada y Extremadura afán de miseria, y en los lemas de las marchas contra Valdecaballeros. Una autonomía política, cultural, económica y ecológica (“la autonomía sobre nuestras riquezas, nuestras plusvalías, nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra”, en palabras de Víctor Chamorro, y también “la autonomía que es profundización y ensanchamiento de la democracia”, que decía Pablo Castellano) que nos urge ahora retomar, reinventar y reivindicar en este tiempo de crisis de la globalización y globalización de la crisis. Nuestra decisión de junio, y sobre todo el modo en que esta se gestó y se defendió, actualizaron al sujeto político que aspira a ser Izquierda Unida de Extremadura para encarar mejor todos esos desafíos históricos.
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