El juego de ajedrez de la justicia

La resolución de Ghana en la ONU sobre la trata transatlántica de esclavos y la crisis del Norte Global

El 25 de marzo de 2026, las Naciones Unidas aprobaron una resolución impulsada por Ghana en la que se calificaba la trata transatlántica de esclavos como crimen contra la humanidad, con 123 votos a favor y tres en contra (Estados Unidos, Israel y Argentina). Priyanka Sharma sostiene que la votación fue una jugada maestra estratégica que obligó al Norte Global a defender los cimientos capitalistas de su riqueza histórica, dejando al descubierto, en el proceso, una profunda fase de fragmentación moral dentro de Occidente.

Las naciones más ricas del mundo, poseedoras de los pasaportes más poderosos, los países con mayor poderío militar y mayor influencia diplomática votaron en contra o se negaron a votar a favor. El Sur Global dijo que sí. El Norte Global dijo que no —o no dijo nada, lo que en lenguaje diplomático significa lo mismo.

Curiosamente, estas naciones del Norte Global fueron también las iniciadoras del comercio transatlántico de esclavos capitalista y lo practicaron durante siglos, desangrando al continente africano para poder prosperar a costa de su abuso y trauma sistémicos. Si bien históricamente existieron formas de servidumbre laboral en todo el mundo, las potencias europeas industrializaron a gran escala esta práctica para alimentar los mercados globales. La misma prosperidad de la que disfrutan hoy estas naciones —la infraestructura, las instituciones, los sistemas financieros y su condición de «países desarrollados»— se construyó directamente a costa de los africanos esclavizados.

No se trató de una votación de procedimiento. Fue una declaración geopolítica. En la diplomacia hay un juego de ajedrez, y eso es exactamente lo que ocurrió con esta resolución. Por lo tanto, poniendo de manifiesto los cimientos capitalistas del Occidente moderno.

El carácter híbrido: capitalismo y feudalismo entrelazados

El sistema transatlántico de esclavitud fue, en esencia, una amalgama de feudalismo y capitalismo. Funcionaba como un modelo capitalista en su lógica fundamental: los seres humanos eran mercantilizados de forma brutal e inhumana, y sus cuerpos tratados como activos negociables en un mercado global. Sin embargo, conservaba características feudales: las personas esclavizadas se consideraban propiedad permanente de los señores coloniales, vendidas y revendidas múltiples veces a lo largo de generaciones, sin recurso legal alguno. El sistema creó una nueva forma de dominación que combinaba el imperativo de maximización de beneficios del capitalismo con la servidumbre permanente y hereditaria del feudalismo.

La violencia contra las mujeres esclavas revela la naturaleza particularmente insidiosa de este sistema híbrido. Las esclavas sufrieron no solo la mercantilización de su trabajo, sino también violencia sexual sistemática y coacción reproductiva: eran abusadas sexualmente por los esclavistas, a menudo obligadas a embarazos que producían «activos» valiosos para sus propietarios, y con frecuencia separadas de sus hijos, a quienes tal vez nunca volverían a ver. Esta dimensión de género de la esclavitud —la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres tanto para la extracción de mano de obra como para el control demográfico— demuestra cómo el sistema instrumentalizó formas entrecruzadas de violencia: la deshumanización racializada, la dominación sexual de género y la explotación económica.

No se puede negar que la colonización comenzó como un negocio comercial —una empresa capitalista—, pero a medida que las potencias europeas se extendían por el mundo, este capitalismo adquirió características feudales en los territorios colonizados. Estas tierras fueron reclamadas como dominios feudales permanentes de las naciones europeas, desangradas y despojadas de sus recursos, con sus poblaciones estratificadas en jerarquías permanentes que perduraron durante siglos.

Sin embargo, no se trataba simplemente de feudalismo disfrazado de capitalismo. El sistema era fundamentalmente capitalista en su propósito: maximizar el beneficio mediante la mano de obra más barata posible. Algunos estudiosos marxistas distinguen entre modos de producción feudales y capitalistas, argumentando que el sistema esclavista del Nuevo Mundo era un híbrido —que combinaba elementos feudales (falta de libertad legal, dominación personal, una clase dominante con pretensiones aristocráticas, coacción extraeconómica) con otros capitalistas (producción de mercancías para los mercados mundiales, maximización de los beneficios, integración en las redes globales de crédito y comercio).

Esta caracterización es acertada. Pero la lógica capitalista era estructuralmente dominante. No se trataba de plantaciones que casualmente utilizaran mano de obra esclava; se organizaron desde sus inicios en torno a la producción masiva de mercancías para los mercados globales. El objetivo del sistema era maximizar los beneficios mediante la mano de obra más barata posible —lo cual es capitalismo, no feudalismo—. Esto es precisamente lo que constituye el origen del capitalismo: no la esclavitud como una aberración, sino la esclavitud como el prototipo de cómo el capitalismo llegaría a depender de una mano de obra racializada y coaccionada en todo el mundo.

El resultado desigual: desarrollo y devastación

El mundo occidental prosperó: la riqueza europea se acumuló rápidamente, impulsando la industrialización y la cómoda modernidad que hoy asociamos con Occidente. Las fábricas, las universidades, las infraestructuras y las instituciones democráticas de Europa se construyeron a costa del abuso de la esclavitud racializada. Esto no es una metáfora: es una transferencia literal de riqueza.

África sufrió profundamente: el continente se enfrentó a siglos de inestabilidad —conflictos internos, economías locales desestabilizadas y un desarrollo político descarrilado—. La extracción de más de 12 millones de personas no solo representó una pérdida de vidas; representó la pérdida de conocimientos, de liderazgo, de potencial, de riqueza generacional y de futuros.

Más de un siglo después de la abolición formal de la esclavitud en 1888, África sigue lidiando con el legado estructural de este comercio —pobreza, inestabilidad política y explotación de recursos—, mientras que la riqueza extraída sigue concentrada en el Norte Global. La deuda sigue sin pagarse.

La iniciativa de Ghana: estrategia y posicionamiento diplomático

El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, anunció en septiembre de 2025 que Ghana presentaría esta resolución ante la Asamblea General. Ese plazo de seis meses no fue casual. Se trató de una preparación: trabajo diplomático preliminar, creación de coaliciones entre los 55 Estados miembros de la Unión Africana y coordinación con las naciones de la CARICOM, cuyas historias son inseparables de la violencia del comercio de esclavos y del trauma económico y psicológico asociado a él.

El presidente de Ghana, John Mahama (derecha), con Joseph Yieleh Chireh (Wikimedia Commons, 2016)

La fecha de la votación —el 25 de marzo, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de la Esclavitud— fue igualmente deliberada. Las fechas simbólicas tienen un enorme peso diplomático. Votar en contra de una resolución sobre reparaciones por la esclavitud en el Día Internacional de Conmemoración exige que un país tome la decisión activa y pública de situarse en el lado equivocado de la historia ante los ojos del mundo entero. Ghana lo entendió claramente. Eligió la fecha para maximizar el coste moral de la oposición. La iniciativa de Ghana en torno a la resolución responde a esa pregunta con claridad: utilizó ambos elementos, convirtiendo el simbolismo moral en un arma al servicio de objetivos estratégicos en el actual mundo multipolar.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, se cuidó mucho de redactar la resolución en un lenguaje que resultara difícil de rechazar sin revelar algo incómodo. Insistió en que no se trataba de culpar a generaciones pasadas. Se trataba de la verdad, la educación, la responsabilidad humanitaria y un diálogo honesto. Se trataba de crear un marco —no un proyecto de ley, y desde luego no un proyecto de ley de reparaciones—. Al hacer que la resolución no fuera vinculante y enmarcarla en torno al diálogo en lugar de a exigencias financieras inmediatas, Ghana rebajó el umbral para obtener apoyo, al tiempo que establecía el principio que haría más difícil rechazar futuras exigencias.

Ghana no se limitó a presentar una resolución. Diseñó una trampa política —una en la que votar en contra o abstenerse revela precisamente el cálculo que se intenta ocultar. La resolución se aprobó con una nueva y poderosa unidad transatlántica entre África y su diáspora global: la alianza entre la UA y la CARICOM representa una coalición que las potencias coloniales nunca previeron que se organizaría de manera tan eficaz en las Naciones Unidas. La maniobra diplomática de Ghana se gestó durante años, y su éxito es un testimonio de lo que una voz africana unificada puede lograr en la escena mundial.

Lo que revelan los votos en contra

Estados Unidos, Israel y Argentina ocupan posiciones diferentes en la política mundial. Lo que les une en esta votación requiere comprender sus presiones internas y las posiciones de sus aliados más cercanos.

La postura estadounidense fue expuesta claramente por el embajador Dan Negrea, quien argumentó que las Naciones Unidas «no se fundaron para promover intereses específicos y limitados» y que Washington «no reconoce un derecho legal a reparaciones por agravios históricos que no eran ilegales según el derecho internacional en el momento en que ocurrieron». Este argumento —según el cual la legalidad de un acto en el momento de su comisión determina su estatus moral a perpetuidad— es uno que Estados Unidos nunca ha aplicado de manera coherente. Se trata de un argumento de conveniencia, esgrimido específicamente cuando llega la factura de los crímenes históricos.

La verdad más profunda es más sencilla: Estados Unidos es la mayor economía del mundo, y una parte significativa de esa riqueza se construyó sobre la base del trabajo esclavo. Reconocer el comercio de esclavos como un crimen contra la humanidad abre una puerta que Estados Unidos lleva décadas manteniendo cerrada —no porque la historia sea objeto de controversia, sino porque las implicaciones no lo son—. Además, dada la numerosa población afroamericana en Estados Unidos, tal reconocimiento podría llevar a ellos a exigir reparaciones y protecciones legales adicionales a cambio —una carga política que la actual administración no está dispuesta a aceptar—.

El voto de Argentina es igualmente revelador. Un país que persiguió enérgicamente la rendición de cuentas por sus propios crímenes contra la humanidad bajo su pasada dictadura militar —y construyó su identidad democrática moderna en parte sobre esa búsqueda— votó en contra de calificar el crimen contra la humanidad cometido por otros. La contradicción no es casual. El voto de Argentina refleja los intereses de naciones cuyas relaciones económicas con antiguas potencias coloniales hacen que la solidaridad con el Sur Global resulte geopolíticamente costosa. Recientemente, la diplomacia argentina en la ONU ha dado un giro drástico, fuertemente influenciada por una estrategia de alineamiento proestadounidense. La actual administración de extrema derecha ha reorientado fundamentalmente su política exterior, sincronizando sus maniobras diplomáticas con los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

La posición de Israel es la más compleja. Un Estado fundado explícitamente sobre el reconocimiento de que los crímenes contra las personas pueden ser sistemáticos, institucionalizados y exigir un reconocimiento internacional votó en contra de que ese mismo principio se aplicara en otros lugares. Si bien Israel es un aliado indisoluble de EE. UU., su alineamiento en las votaciones no puede reducirse a un simple acatamiento; tal y como demuestran sus recientes estrategias militares independientes en Oriente Medio e Irán, Israel actúa con frecuencia de forma autónoma en pos de sus propios intereses. Más bien, su voto en contra refleja una profunda inquietud estructural respecto al precedente internacional.

Al bloquear un marco para las reparaciones transatlánticas, Israel busca aislarse de cualquier futura responsabilidad jurídica y financiera por su propio historial de graves violaciones contra la humanidad. Sin embargo, hay que reconocer una contradicción más profunda: Israel, como Estado sionista, deriva su legitimidad fundacional del reconocimiento mundial del Holocausto como crimen contra la humanidad. ¿Cómo puede entonces defender su propio sufrimiento histórico mientras se niega a reconocer la oscura historia de la trata transatlántica de esclavos? Sean cuales sean los cálculos diplomáticos que subyacen a esa decisión, su simbolismo es llamativo, y los diplomáticos africanos no lo olvidarán.

La abstención como estrategia

Las abstenciones merecen un análisis más detallado del que suelen recibir. Cincuenta y dos países optaron por no votar a favor, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Canadá, Australia y Japón. No se trata de países que carezcan de posiciones en materia de derechos humanos. Son países que han construido toda su arquitectura de política exterior en torno al discurso de los derechos humanos.

Si se considera el caso de Canadá y Australia, estos países fueron construidos por los colonos británicos, por lo que su riqueza, sus instituciones y sus identidades fueron moldeadas directamente por la historia colonial. Su abstención es una negativa a calificar esa historia como un crimen, disfrazada de neutralidad. Concretamente, los países europeos que se encuentran entre estas abstenciones deben su condición de países desarrollados precisamente a la sangría sistemática de riqueza que llevaron a cabo a través del colonialismo en sus colonias.

Su abstención no es neutralidad. Es un cálculo. Votar a favor abriría un diálogo formal sobre las reparaciones: disculpas, compensación económica, cancelación de la deuda, devolución de los objetos saqueados. Las naciones europeas conservan objetos africanos en sus museos. La riqueza europea se remonta, de forma cuantificable, a la extracción colonial. Un voto a favor es el comienzo de un ajuste de cuentas que no están dispuestos a afrontar.

La posición declarada de la UE —que las reparaciones son «incompatibles con el derecho internacional» porque la esclavitud era legal en la época en que se practicaba— es el mismo argumento que el voto negativo de EE. UU., revestido con el lenguaje de la abstención para evitar el coste reputacional de un rechazo rotundo.

La Asamblea General de la ONU (Wikimedia Commons, 2011)

En 2001, los principales Estados occidentales abandonaron la conferencia de Durban precisamente para evitar el lenguaje adoptado en esta resolución. En 2026, esos Estados permanecieron, votaron en contra o se abstuvieron, y vieron cómo 123 países hacían caso omiso de sus objeciones. La abstención de 2026 es más digna que la salida de 2001. No es más honesta.

Los Países Bajos siguen siendo el único país europeo que ha emitido una disculpa formal por su papel en la esclavitud. Toda abstención europea es un rechazo —enmascarado en neutralidad diplomática para evitar el coste reputacional de un «no» rotundo.

Países como Australia y Canadá fueron construidos por el Imperio Británico, razón por la cual siguen siendo naciones de habla inglesa en la actualidad. Su riqueza, sus instituciones y sus identidades están directamente moldeadas por la historia colonial; sin embargo, optaron por abstenerse de calificar esa historia como un crimen. Del mismo modo, Japón también tiene un pasado oscuro vinculado al abuso de mujeres coreanas y al trabajo forzoso durante la guerra. El reconocimiento de esta resolución los llevaría a formar parte del debate sobre las reparaciones y la rendición de cuentas, y eso es precisamente lo que están evitando.

¿Qué significan realmente los 123 votos a favor?

Los 123 países que votaron a favor representan a la mayoría de la población mundial. Entre ellos se incluyen muchos Estados latinoamericanos, la mayor parte de Asia-Pacífico y la totalidad de África. Esta coalición —que coincide en gran medida con lo que denominamos el Sur Global— lleva años forjando una solidaridad institucional a través de la Unión Africana, la CARICOM, el Movimiento de Países No Alineados y, cada vez más, mediante asociaciones económicas Sur-Sur que reducen la dependencia de los sistemas financieros occidentales.

Esta resolución no es un hecho aislado. Marca el inicio de la Década de Acción de la Unión Africana sobre las Reparaciones y el Patrimonio Africano, que abarca de 2026 a 2036. La UA pretende institucionalizar la justicia mediante un Fondo Global de Reparaciones y el nombramiento de un Enviado Especial de la UA para las Reparaciones. Para los líderes africanos, no se trata tanto de una simple disculpa como de una reforma estructural de los sistemas mundiales de comercio y deuda que se originaron durante la era de la esclavitud. Se pide a los Estados miembros de la UA que establezcan comisiones nacionales de reparaciones y entablen un diálogo formal con las antiguas potencias coloniales. La resolución no es el final de un proceso. Es la institucionalización de una demanda que contará ahora con una década de respaldo continental organizado.

El presidente Mahama aprovechó la ocasión para ir más allá, reclamando una representación africana permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y una reforma de la arquitectura financiera mundial. La resolución sobre la esclavitud y la demanda relativa al Consejo de Seguridad están relacionadas. Ambas versan sobre la misma cuestión fundamental: ¿quién establece las normas del orden internacional y a qué intereses sirven esas normas?

La respuesta, como deja claro el mapa de votos, siempre ha sido la misma. La resolución es el desafío más visible de África a esa respuesta hasta la fecha. El mundo está compuesto tanto por el Norte Global como por el Sur Global, lo que significa que ambos deberían tener un papel igualitario en la configuración de los asuntos internacionales, pero esa no es la realidad. Existe una profunda brecha entre ricos y pobres, y el Sur Global sigue siendo explotado año tras año.

Más allá de la votación: justicia impartida y la estrategia a largo plazo

Aunque las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son jurídicamente vinculantes, tienen un enorme peso normativo. Al aprobar esta resolución, los proponentes han hecho que a las naciones occidentales les resulte social y políticamente costoso seguir negando el debate. Toda futura negociación sobre reparaciones, toda futura demanda de cancelación de la deuda, toda futura conversación sobre por qué las naciones africanas arrastran una deuda externa acumulada de 746 000 millones de dólares mientras que las instituciones occidentales poseen una riqueza construida sobre el trabajo africano —todo ello tiene lugar ahora en un mundo en el que la ONU ha declarado, formalmente y por abrumadora mayoría: esto fue un crimen.

Otra dinámica importante que cabe destacar es que los países que votaron «no» o optaron por abstenerse también podrían estar actuando movidos por un temor estratégico al futuro. La historia demuestra que el poder global no es ni permanente ni estático; cambia inevitablemente. Las naciones que hoy actúan como potencias globales no permanecerán en esas posiciones indefinidamente, ya que las dinámicas de poder internacional están siempre en constante cambio.

En el futuro, si una nación africana llegara a emerger como superpotencia mundial, podría aprovechar el precedente establecido por esta resolución para exigir responsabilidades al Norte Global por el grave crimen de la esclavitud de formas que los líderes actuales aún no pueden prever. Los acontecimientos actuales en Sudáfrica en relación con la redistribución de la tierra y la reparación histórica sirven como una señal temprana de cómo pueden empezar a manifestarse estos cambios en el poder histórico.

Las naciones que se abstuvieron o votaron en contra argumentarán que la resolución no cambia nada desde el punto de vista jurídico. Técnicamente tienen razón, pero estratégicamente se equivocan. El derecho sigue a la política. La política sigue al poder. Y el poder, como demuestra el mapa de votos, está cambiando.

El comercio transatlántico de esclavos construyó el mundo moderno: su riqueza, sus instituciones y el orden mundial que 52 países decidieron proteger el 25 de marzo de 2026. La resolución de Ghana no cambió ese orden. Pero lo nombró. Y en la política internacional, nombrar algo —de manera formal, pública y por abrumadora mayoría— es el primer paso para desmantelarlo.

Las naciones que se abstuvieron calcularon que el silencio es más seguro que la rendición de cuentas. Puede que tengan razón, por ahora. Pero votaron —o no votaron— ante 123 países que están observando, organizándose y construyendo la arquitectura institucional para lo que vendrá después.

África ya no pide reconocimiento. Está creando las condiciones en las que el reconocimiento se vuelve inevitable. La pregunta es simplemente esta: ¿se comprometerán quienes deben justicia reparadora en sus propios términos, o en términos que ya no controlan?

Esto es precisamente lo que constituye el origen del capitalismo: no la esclavitud como una aberración, sino la esclavitud como el prototipo de cómo el capitalismo llegaría a depender de mano de obra racializada y coaccionada en todo el mundo.

Votar en contra de una resolución sobre reparaciones por la esclavitud en el Día Internacional de la Memoria exige que un país tome la decisión activa y pública de situarse en el lado equivocado de la historia ante los ojos de todo el mundo. Ghana lo entendió claramente.

Un voto a favor es el comienzo de un ajuste de cuentas que no están dispuestos a asumir.

Priyanka Sharma es investigadora y analista especializada en la economía política del Sur Global y el legado estructural del colonialismo. Su trabajo examina la intersección entre la acumulación histórica de capital, la explotación laboral por motivos de género y las dinámicas de poder cambiantes dentro de las instituciones multilaterales. Actualmente está explorando los marcos sociojurídicos de la violencia sistémica y su impacto en las experiencias vividas por los grupos marginados en los espacios urbanos.

Fuente: ROAPE, 20 de mayo de 2026 (https://roape.net/2026/05/20/the-chess-game-of-justice/)