La conspiración de Catilina en la crisis de la República romana: conflicto político, transformaciones sociales y estado de excepción

Gerardo Lisco

Introducción

Esta reflexión mía se inspira en la lectura del ensayo editado por Gianfranco Blasi y Aldo Noviello titulado Dialoghi con Cicerone. Oltre i confini della storia publicado por la editorial Il Segno. La mía es una lectura crítica del texto que parte de un análisis de las condiciones sociales y económicas de la sociedad romano-itálica de la época, de la crisis de las instituciones de la República romana y de una oligarquía incapaz de iniciar un proceso de reformas institucionales capaz de hacer frente al nuevo contexto surgido desde el final de las guerras púnicas en adelante. Desde esta perspectiva, el análisis de la conspiración de Catilina no se considera un simple episodio político, sino un punto de observación privilegiado para comprender las dinámicas estructurales de la crisis republicana. Por lo tanto, el enfrentamiento político entre Marco Tulio Cicerón y Lucio Sergio Catilina ocupa un lugar central en mi reflexión. «Pero mientras el Estado crecía con esfuerzo y justicia […] la fortuna comenzó a endurecerse y a trastornarlo todo». Con estas palabras, Salustio describe la transformación moral y política de la Roma republicana tras las grandes conquistas mediterráneas. El pasaje constituye no solo un juicio ético sobre la decadencia de las costumbres, sino también una clave interpretativa historiográfica que ha influido profundamente en la lectura de la crisis republicana como proceso de corrupción interna de la élite dirigente. Cabe subrayar que la tradición de las fuentes antiguas no es neutral, sino que responde a necesidades políticas y retóricas específicas, que deben tenerse en cuenta en la interpretación histórica. La tradición historiográfica, fuertemente influenciada por la narración de Cicerón, ha transmitido durante mucho tiempo la imagen de Catilina como un subversivo sin escrúpulos, moralmente corrupto y políticamente peligroso. Sin embargo, una lectura crítica de las fuentes y una consideración más atenta del contexto histórico sugieren la necesidad de superar esta representación unilateral. La figura de Catilina, lejos de reducirse a una caricatura moral, se presenta más bien como expresión de las profundas tensiones socioeconómicas y políticas que atravesaban la República romana en la primera mitad del siglo I a. C. El presente ensayo se propone analizar la conspiración de Catilina no solo como un episodio de subversión política, sino como síntoma de una crisis estructural del orden republicano, en la que el conflicto entre la legalidad y la necesidad, entre la conservación del statu quo y las exigencias de transformación, alcanza un nivel particularmente agudo.

I. El contexto histórico: expansión, integración y crisis del modelo republicano.

El panorama histórico que se expone a continuación pone de manifiesto que la crisis de la República tardía no puede atribuirse a un único acontecimiento, sino a una transformación progresiva de los equilibrios económicos, sociales e institucionales. Para comprender el enfrentamiento entre Catilina y Cicerón es necesario situarlo en el proceso más amplio de transformación que afectó a Roma a partir del final de las guerras púnicas. La expansión territorial, que culminó con la destrucción de Cartago y la conquista de la cuenca mediterránea, determinó un profundo cambio en los equilibrios económicos y sociales. Paralelamente, Roma se vio afectada por un proceso de inclusión política progresiva: primero la plebe, luego los pueblos itálicos, obtuvieron acceso a la ciudadanía, en particular tras la Guerra Social (91-88 a. C.), que siguió al asesinato del tribuno Marco Livio Druso. Posteriormente, Julio César extendió la ciudadanía a la Galia Cisalpina, lo que contribuyó a ampliar aún más la base cívica del Estado. A pesar de estas aperturas, la República mantuvo una estructura sustancialmente oligárquica. El Senado, expresión de la aristocracia, siguió representando el centro del poder político, incluso tras el acceso de la plebe a las magistraturas superiores, consagrado por leyes como las Liciniae Sextiae. La integración de las clases subalternas se configuró a menudo como un proceso de cooptación, que no modificó en profundidad las relaciones de poder. Este equilibrio entró progresivamente en crisis con la expansión imperial. La concentración de la riqueza y de la propiedad de la tierra en manos de una élite restringida minó las bases del sistema censitario en el que se fundamentaba la ciudadanía romana. Las consecuencias fueron relevantes también en el plano militar. Las reformas de Cayo Mario, al rebajar el censo necesario para el alistamiento, transformaron el ejército de una milicia cívica en una estructura profesional, compuesta en gran parte por individuos económicamente desfavorecidos. Si bien, por un lado, esto respondía a las necesidades de un imperio en expansión, por otro contribuyó a reforzar el vínculo personal entre soldados y comandantes, debilitando la fidelidad a las instituciones republicanas. En ese contexto se desarrollan las tensiones que ya habían encontrado expresión en las reformas de los Gracos y que, en el siglo I a. C., desembocan en una crisis sistémica del orden republicano.

II. Cicerón y la defensa del statu quo: construcción política del enemigo

En este escenario, la dimensión del conflicto político asume un papel central en la construcción de las categorías de legitimidad e ilegitimidad. El enfrentamiento entre Catilina y Cicerón adquiere una valencia eminentemente política. Es significativo observar que Catilina nunca fue sometido a un juicio regular por los hechos del año 63 a. C., ni tuvo la posibilidad de defenderse ante los tribunales. Las Catilinarias de Cicerón se pronunciaron en el año 63 a. C., se «reescribieron» en el 60 a. C. y se publicaron en el 56 a. C., por lo que deben considerarse una auténtica defensa de su propia actuación. Para ser justos, aunque se comparte, la interpretación de Luciano Canfora es crítica con respecto a la construcción política de Cicerón, pero la idea de una reescritura sistemática destinada a tal justificación no es aceptada como un dato histórico contrastado por la historiografía mayoritaria. Ya en años anteriores, Catilina había sido objeto de procesos judiciales —de los que había salido absuelto— utilizados verosímilmente para obstaculizar su carrera política. El propio Cicerón, en una fase anterior, se había declarado dispuesto a defenderlo, lo que pone de manifiesto la complejidad de las relaciones políticas de la época. La elección de Cicerón al consulado en el año 63 a. C., junto con Cayo Antonio Híbrida, marca un momento decisivo. Homo novus, carente de nobleza ancestral, Cicerón se presenta como defensor del orden republicano, pero su acción política parece estrechamente ligada a la tutela de los intereses de la oligarquía senatorial. A este respecto, resulta interesante lo que escribe el propio Cicerón en la oración In Pisonem «En las calendas de enero liberé al Senado y a todos los hombres honrados del temor a una ley agraria y a una colosal operación de corrupción electoral… En el asunto de C. Rabirio, acusado de alta traición, luché contra odiosos ataques defendiendo una decisión antigua, tomada por el Senado cuarenta años antes de mi consulado… Me esforcé por que los jóvenes honestos y meritorios quedaran excluidos de la lista de elegibles, ganándome su enemistad, pero evitando comprometer al Senado, pues sabía que, de haber obtenido algún cargo, habrían provocado graves disturbios para el Estado. Conseguí que mi colega C. Antonio, que deseaba una provincia y se dejaba envolver en excesivas intrigas políticas, actuara con moderación… He ordenado a L. Catilina… que abandonara la Urbe. En los últimos meses de mi consulado, he arrancado de las manos criminales de sus parientes las dagas apuntadas contra la garganta de todos los ciudadanos…»

Es especialmente significativa su oposición a la ley agraria propuesta por Rullo. Aunque inicialmente se mostró dispuesto a apoyarla, Cicerón contribuyó de manera decisiva a su fracaso, argumentando en contra de los poderes extraordinarios que se habrían atribuido a los comisionados encargados de la redistribución de la tierra. De este modo, defendió un orden económico caracterizado por fuertes desigualdades, en el que masas de ciudadanos —entre ellos numerosos veteranos— quedaban excluidos del acceso a la tierra. La construcción de la imagen de Catilina como enemigo público se inscribe en este contexto. A través de las Catilinarias, Cicerón transforma un conflicto político en una cuestión moral, desplazando la atención de las causas estructurales del descontento hacia las supuestas culpas individuales del adversario. Dicha estrategia retórica resulta eficaz a corto plazo, pero contribuye a ocultar la naturaleza profunda de la crisis. Cicerón estigmatiza al adversario, como ya se puede leer en la primera Catilinaria:

«¿Hasta qué punto, Catilina, se aprovechará usted de nuestra paciencia? ¿Por cuánto tiempo más se burlará de nosotros su locura? ¿Hasta dónde llegará una temeridad que ha perdido los frenos? ¿No le han inquietado la guardia nocturna en el Palatino, las rondas que vigilan la ciudad, el miedo de la gente, la asistencia de todos los honrados, la reunión del Senado en este lugar tan vigilado, la expresión, el rostro de los presentes? ¿No se da cuenta de que su plan ha sido descubierto? ¿No ve que todos conocen su conspiración, que la tienen bajo control? ¿O se engaña pensando que alguno de nosotros ignora lo que hizo anoche y la noche anterior, dónde estuvo, a quién convocó, qué decisiones tomó? ¡Estos son los tiempos! ¡Esta es la deshonra! El Senado conoce el asunto, el cónsul lo ve, pero él está vivo. ¿Está vivo? ¡Incluso se presenta en el Senado, toma parte en la sesión, señala y marca con la mirada a quienes ha destinado a la muerte! ¡Y nosotros, hombres valientes, creemos que hacemos lo suficiente por el Estado si logramos esquivar las dagas de un loco! ¡A la muerte, Catilina, ya hace tiempo que debíamos condenarle por orden del cónsul y hacer recaer sobre usted la ruina que desde hace tiempo prepara contra todos nosotros!…» No quiero recordar el pasado, episodios como el de Cayo Servilio Ahala, que mató con sus propias manos a Espurio Melio, el revolucionario. ¡Hubo, hubo un tiempo en que el Estado poseía tal valor que hombres intrépidos castigaban al ciudadano rebelde con mayor severidad que al más implacable de los enemigos! Tenemos un decreto senatorial contra usted: es de extrema dureza. Al Estado no le faltan ni la inteligencia ni la firmeza del orden senatorial: somos nosotros los que fallamos, nosotros, los cónsules, lo digo abiertamente.»

La descripción que Cicerón hace de Catilina será retomada unas décadas más tarde por el propio Salustio cuando escribe: «L. Catilina, nacido de noble linaje, era de gran vigor de ánimo y de miembros, pero de ingenio malvado y vicioso. Desde su más temprana juventud le gustaron las guerras internas, las matanzas, los saqueos, las discordias civiles, y en ellas gastó toda su juventud. Su cuerpo resistía el hambre, el frío y las vigilias más allá de toda imaginación. De ánimo temerario, astuto, voluble, simulador y disimulador de cualquier cosa, ávido de lo ajeno, prodigo con lo suyo, ardiente en sus codicias, elocuente, carente de sabiduría. De espíritu vasto, anhelaba siempre cosas desmesuradas, lo fantástico, lo inmenso. Tras el dominio de L. Sila, se había visto invadido por una desenfrenada codicia de hacerse con el poder, sin escrúpulos a la hora de elegir los medios con tal de procurarse el reino. Cada vez más, día tras día, aquel alma altiva se veía agitada por la pobreza de su patrimonio y por el remordimiento de los delitos, ambos agravados por los vicios antes mencionados. Le incitaban, además, las costumbres de una ciudadanía corrupta, atormentada por dos males funestos y entre sí discordantes: el lujo y la avaricia. El propio tema parece requerir, ya que la ocasión me ha llevado a referirme a las costumbres de la ciudad, que retome los hechos desde más lejos y exponga brevemente las instituciones de los antepasados en tiempos de paz y de guerra, de qué manera gobernaron la república, y cuán grande la dejaron, y cómo, con una lenta decadencia, el más bello y el mejor de los Estados se ha convertido en el más desdichado y corrupto».

Son estos pasajes de estigmatización, de auténtica destrucción psicológica y moral del adversario político, que se conservan en la historia incluso tras su derrota y su muerte, los que revisten una actualidad impresionante. La demolición del adversario mediante instrumentos jurídicos como la notificación de imputación que se hace pasar por sentencia firme, o las campañas de prensa que pretenden invadir la vida privada del adversario para demonizarlo, recuerdan tanto a los ataques de Cicerón contra Catilina como a la propia narración que años más tarde hará Salustio. Cicerón negocia literalmente con Ibrida el gobierno de la provincia de Tracia para obtener su apoyo contra Catilina, ya que, dadas las condiciones financieras de Ibrida, esta provincia era un excelente feudo capaz de sanear las maltrechas finanzas de Ibrida. En este contexto, también debe relativizarse el alcance social de la tradicional oposición entre populares y optimates. Más que expresar un conflicto entre clases opuestas, representa un enfrentamiento interno a la élite dirigente por la conquista y la gestión del poder político. De hecho, ambas facciones eran expresión de la misma oligarquía romano-republicana, ya estructuralmente patricia-plebeya, en la que las antiguas distinciones de orden habían dado paso progresivamente a una nobleza mixta (nobilitas) basada en el control de las magistraturas y del Senado. Desde esta perspectiva, el recurso al populus por parte de los populares no implica necesariamente un proyecto de transformación social radical, sino que constituye más bien un instrumento político utilizado por sectores de la aristocracia para reforzar su propia posición dentro de un sistema sustancialmente oligárquico. En este sentido, la propia figura de Catilina se inscribe plenamente en dichas dinámicas: lejos de ser un outsider respecto al sistema, pertenecía a la aristocracia y participaba en la competencia política típica de la élite romana, aprovechando el descontento social como recurso estratégico en la lucha por el poder. Su actuación, por lo tanto, puede interpretarse no solo como expresión de tensiones sociales reales, sino también como manifestación de las fracturas internas de la oligarquía dominante. Este aspecto también resulta sorprendentemente actual. En el contexto actual, la oposición entre derecha e izquierda ha quedado ampliamente superada por la adhesión al pensamiento único neoliberal que, de hecho, ha «suspendido la democracia», vaciando de significado político el voto de los electores y vinculando las decisiones políticas a modelos económicos y políticos tecnocráticos. En el plano de la cultura política, las auténticas reivindicaciones de cambio procedentes de las clases sociales subalternas —la working class, por emplear un término inglés que en este caso transmite perfectamente la idea— son estigmatizadas como reivindicaciones «populistas». El pueblo, es decir, el demos, la raíz misma de la democracia, acaba siendo menospreciado y presentado como un actor negativo.

III. La conspiración y el estado de excepción: entre seguridad y legalidad

La conspiración de Catilina, como decía, representa uno de los momentos más críticos de la República tardía, no solo por la amenaza que podía suponer, sino sobre todo por la forma en que se abordó. Las fuentes antiguas —en particular Salustio, Cicerón y Casio Dión— coinciden en la existencia de un proyecto insurreccional que preveía el recurso a la violencia. Sin embargo, dichos testimonios están condicionados por fines políticos e interpretativos diferentes y no permiten reconstruir de manera totalmente objetiva el alcance real de la amenaza. El recurso al senatus consultum ultimum representa un punto de inflexión crucial en la crisis de las instituciones republicanas, ya que introduce una forma de suspensión implícita de las garantías ordinarias sin derogar formalmente el ordenamiento vigente. Dicha medida, mediante la cual el Senado instaba a los magistrados a «velar por que la República no sufriera daño alguno», dejaba deliberadamente indeterminados los límites de la acción permitida, otorgando a los magistrados un margen de discrecionalidad extremadamente amplio. Un ejemplo emblemático lo ofrece la conspiración de Lucio Sergio Catilina en el año 63 a. C., cuando el Senado promulgó el senatus consultum ultimum para hacer frente a la amenaza interna. En este contexto, Marco Tulio Cicerón, en su calidad de cónsul, interpretó la medida como una legitimación para recurrir a medidas excepcionales, llegando incluso a ordenar la ejecución sin juicio de los conspiradores detenidos en Roma. Este episodio pone de manifiesto con especial claridad la naturaleza ambigua del senatus consultum ultimum: aunque no suspende formalmente el derecho, permite una suspensión de hecho, sobre todo en lo que respecta a garantías fundamentales como el derecho de provocatio ad populum. De este modo, la decisión política se impone sobre la legalidad ordinaria, justificándose a través de la urgencia de salvar al Estado. Sin embargo, precisamente en el debate senatorial sobre el destino de los conspiradores surge una posición crítica de gran relevancia, la de Cayo Julio César. César se opuso a la pena de muerte, sosteniendo que la ejecución sin juicio constituía un precedente peligroso y una violación de las garantías fundamentales de los ciudadanos romanos. En su lugar, propuso una pena alternativa, consistente en la reclusión perpetua, argumentando que, incluso en una situación de emergencia, el Estado debía permanecer dentro de los límites del derecho. La postura de César revela de manera particularmente lúcida la tensión entre la necesidad política y la legalidad: aunque reconoce la gravedad de la amenaza, César rechaza la idea de que la salvación del Estado pueda justificar la suspensión de las normas fundamentales, anticipando una concepción según la cual es precisamente en los momentos de crisis cuando el respeto al derecho se vuelve decisivo. A la luz de la reflexión de Carl Schmitt sobre el «estado de excepción», el contraste entre Cicerón y César resulta aún más significativo: mientras que el primero encarna la lógica de la decisión soberana que suspende el ordenamiento en nombre de su conservación, el segundo representa un intento de contener la excepción dentro de un marco jurídico, oponiéndose a la transformación de la necesidad en fuente de legitimidad absoluta. El episodio de Catilina demuestra así que el senatus consultum ultimum no es solo un instrumento de emergencia, sino un dispositivo que pone de manifiesto la fragilidad del orden republicano: muestra cómo, ya en la República tardía, era posible actuar más allá de los límites jurídicos sin salir formalmente del marco constitucional, y cómo precisamente en este terreno se desarrolla un conflicto fundamental entre diferentes concepciones de la relación entre derecho y poder. Ya utilizado anteriormente contra figuras como Tiberio Graco, Cayo Graco y Lucio Apuleio Saturnino, este instrumento carecía de una base jurídica formalizada y suponía, de hecho, la suspensión de las garantías constitucionales. El momento más controvertido se produjo el 5 de diciembre del año 63 a. C., cuando algunos ciudadanos romanos, entre ellos Lentulo Sura y Cetego, fueron ejecutados sin juicio y sin posibilidad de apelar al pueblo (provocatio ad populum). Dicha decisión, justificada como necesaria para la salvación del Estado, pone de manifiesto la tensión estructural entre legalidad y necesidad, típica de las situaciones de crisis política. Las consecuencias políticas de esta decisión fueron notables. En los años siguientes, Publio Clodio Pulcro promovió una acción que condujo al exilio de Cicerón, demostrando cómo la suspensión de las garantías jurídicas podía ser reinterpretada como acusación política contra quienes habían ejercido el poder de excepción.

IV. La base social de la conspiración y el significado histórico del acontecimiento

Desde el punto de vista socioeconómico, la conspiración se inscribe en un contexto caracterizado por una fuerte inestabilidad. El endeudamiento generalizado, las crecientes desigualdades y las consecuencias de las políticas de Sila habían generado un amplio descontento que atravesaba diversos estratos de la sociedad. Las propuestas atribuidas a Catilina —en particular, la condonación o reestructuración de las deudas (tabulae novae) y la redistribución del ager publicus— parecen radicales, pero no carecen de precedentes en el mundo antiguo. Pueden interpretarse como intentos, por problemáticos que sean, de responder a una crisis sistémica. La composición del movimiento catilinario confirma esta interpretación: junto a miembros de la aristocracia endeudada se encuentran veteranos empobrecidos, antiguos partidarios de Sila e individuos excluidos de los círculos del poder. Más que una simple conspiración criminal, el fenómeno se configura como una agrupación heterogénea de intereses y frustraciones. La muerte de Catilina en enero del 62 a. C., cerca de Pistoia, mientras combatía en primera línea contra las fuerzas consulares, adquiere un valor simbólico. Incluso las fuentes hostiles reconocen su valor personal, lo que contribuye a una reevaluación parcial de su figura.

Conclusión

La conspiración de Catilina no puede entenderse adecuadamente ni como un episodio contingente de desviación política ni como un simple objeto de juicio moralizante. Debe considerarse más bien como un dispositivo revelador de una crisis estructural de la res publica romana, en cuyo seno se manifiestan las tensiones sistémicas producidas por la inadecuación de los ordenamientos institucionales frente a las transformaciones económico-sociales generadas por la expansión imperial. Desde esta perspectiva, el episodio de Catilina se configura como síntoma de una desarticulación entre la forma jurídico-constitucional y las dinámicas materiales del poder. El conflicto entre Catilina y Cicerón puede reconstruirse como la articulación conflictiva de dos paradigmas de racionalidad política no plenamente comparables: por un lado, la racionalidad de la conservación del orden y de la reproducción del ordenamiento oligárquico-constitucional; por otro, una racionalidad heterogénea, no institucionalizada y potencialmente excedente con respecto a las formas del derecho vigente, orientada a la reconfiguración de los equilibrios de acceso al poder político. Dicha oposición, en la narración de Salustio, se traduce en un diagnóstico de crisis de la coherencia normativa y axiológica de la élite dirigente, en la que la categoría de los mores funciona como indicador de la descomposición de la legitimidad sistémica. Paralelamente, la construcción discursiva llevada a cabo por Cicerón —en la que el enemigo político se eleva a figura liminal y totalizadora de la amenaza interna— pone de relieve la naturaleza performativa y productiva de la categoría de «conspiración», entendida no como un dato ontológico, sino como un dispositivo de securitización del conflicto político. De ello se deduce que la «conspiración» opera como categoría jurídico-retórica de inclusión/exclusión, funcional a la producción de la urgencia decisoria. El recurso al senatus consultum ultimum, junto con la suspensión de determinadas garantías jurídicas formales, pone de manifiesto la tensión estructural entre la normatividad ordinaria y la necesidad política, es decir, entre la legalidad positiva y la razón de la salvación del sistema. Dicha tensión puede interpretarse como una expresión precoz de una lógica de excepción, en la que la continuidad del ordenamiento se garantiza mediante su suspensión funcional temporal.

En este marco, la reflexión schmittiana sobre la soberanía como decisión sobre el estado de excepción permite una retroproyección teórica útil para tematizar la estructura decisoria implícita en la noción de salus rei publicae, poniendo de relieve la naturaleza no meramente normativa, sino eminentemente político-decisoria, del fundamento del orden jurídico en condiciones de crisis. El resultado es una configuración en la que la soberanía se manifiesta como poder de suspensión selectiva de la normatividad en función de su autoconservación sistémica. El segmento analítico relativo a la contemporaneidad conceptual del fenómeno permite interpretar la tríada constituida por la suspensión del ordenamiento, el senatus consultum ultimum y las formas de gobierno extraordinario o tecnocráticamente legitimado como variantes de un mismo problema teórico: la gestión de la crisis de gobernabilidad mediante dispositivos de concentración y racionalización del poder, en los que el interés público se identifica con la preservación de la unidad funcional del Estado como aparato de decisión. La calificación de Cicerón como defensor rei publicae implica, sin embargo, una necesaria problematización de la propia categoría de «Estado» que presupone el enunciado. En términos analíticos, el Estado ciceroniano puede reconstruirse como una forma institucional de dominancia oligárquico-clasista, orientada estructuralmente a la reproducción de las jerarquías sociopolíticas internas del cuerpo cívico romano. En oposición, la figura de Catilina se sitúa como vector de una demanda política heterogénea y no plenamente institucionalizable, que él mismo articula en la fórmula: «He asumido, como es mi costumbre, la causa general de los desdichados». De ello se deriva un orden en el que la crisis de la res publica puede interpretarse como una crisis de la capacidad inclusiva del ordenamiento, en particular en lo que respecta a los procesos de extensión de la ciudadanía a los itálicos, formalmente integrados en la esfera jurídica romana pero aún no plenamente incorporados a los circuitos de la participación política efectiva. Esta brecha entre la inclusión jurídica y la exclusión político-decisoria constituye uno de los principales vectores de inestabilidad sistémica del ordenamiento republicano.

Bibliografía mínima

• • Agostino d’Ippona, La città di Dio, in Opere di Sant’Agostino, Roma, Città Nuova.
  • M. Bicchiolla, M. Sartori, La congiura di Catilina, Edizioni del Girasole.
  • Marco Tullio Cicerone, Contro Catilina, Milano, Mondadori.
  • L.Canfora, Una rivoluzione mancata, Roma-Bari, Laterza.
  • A. Fadda, Catilina. La fine di un’epoca, Roma, Storia e Letteratura.
  • M . Fini, Catilina. Ritratto di un uomo in rivolta, Roma, Salerno Editrice.
  • A. Gramsci, Quaderni del carcere, Roma, Editori Riuniti.
  • P.Grimal, , Cicerone, Milano, Mondadori, 1982.
  • N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Milano, Mondadori, coll. “Oscar”.
  • N. Machiavelli, Il Principe, Torino, Einaudi, coll. “Tascabili Classici”.
  • K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, Roma, Editori Riuniti.
  • K.l Marx, Lettere a Engels, in Opere complete, vol. 28, Roma, Editori Riuniti.
  • T. Mommsen, Storia di Roma, vol. III, Dalla morte di Silla alla battaglia di Tapso, Milano, Mondadori.
  • C. Schmitt, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Milano, Adelphi.
  • C. Schmitt, Le categorie del politico, Bologna, Il Mulino.
  • M. Talamanca, Lineamenti di storia del diritto romano, Milano, Giuffrè.
  • G. Vico, La Scienza nuova, Torino, Einaudi, coll. “NUE”.
  • G. Blasi – Noviello, A., Dialoghi con Cicerone. Oltre i confini della storia, Il Segno.
  • Gaio Sallustio Crispo, La congiura di Catilina, Milano, Mondadori.
  • T. d’Aquino, Summa Theologiae, Bologna, ESD.
  • Maurizio Viroli, Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia, Roma-Bari, Laterza.

Ponencia pronunciada en la Accademia Tiberina – Sección de Lucana – el 20 de mayo de 2026: «Los miércoles en la Academia. Cicerón y Catilina. La lucha política en la Roma antigua»