La latinoamericanización de Grecia y las lecciones para el Sur de Europa
Takis Fotopoulos
A principios de febrero, la Comisión Europea anunció unos planes que el periódico The Guardian, con la típica moderación británica, describió como “la mayor intrusión en las cuentas nacionales y en las políticas económicas y fiscales que un miembro de la UE haya vivido nunca”. En palabras del propio comisionado “ésta es la primera vez que hemos establecido un sistema tan intenso y cuasi-permanente de supervisión”.
Este sistema introduce un régimen severo de informes trimestrales sobre los progresos del gobierno griego en su carrera hacia la probidad fiscal y recoge el derecho de la CE de exigir nuevas medidas si hace falta. Un mes más tarde, el gobierno de Papandreou, siguiendo los dictámenes de la CE, anunció recortes desorbitados del gasto público y un incremento enorme de los impuestos que afectan a los estratos sociales más bajos. En pocas palabras, estas medidas incluían la reducción de un mes de salario a los funcionarios públicos (aproximadamente un millón, es decir, el 20% de la población activa), cuyos sueldos eran ya de por sí bajos en comparación con el resto de la Eurozona; recortes del gasto público; el incremento de los impuestos indirectos incluyendo el IVA; y la congelación de las pensiones, el endurecimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones de la seguridad social en cuanto a edad, privatizaciones, etc.
Planes de ajuste y recortes de gasto público
Todo este recorte del gasto público y de los salarios de los funcionarios irá acompañado de los efectos negativos indirectos sobre las rentas debido al efecto multiplicador. De acuerdo con las predicciones del Deutsche Bank, el PIB de Grecia caerá este año un 4%, y entre un 12% y un 20% en los próximos tres años de duración del plan. El efecto inevitable de estas medidas predadoras será el incremento de la pobreza, en un país que junto a España, tienen la mayor tasa de la Eurozona, con casi un 20% de la población viviendo cerca de dicho umbral. Aún más si cabe, el desempleo crecerá masivamente después del desmantelamiento de la estructura productiva que viene dándose desde que Grecia abrió sus mercados cuando entró en la Unión Europea. El proceso culminará con el desmantelamiento del sector público. Si tradicionalmente éste se encargó de absorber el exceso de trabajadores en el país, con estas medidas el impacto en el desempleo va a resultar dramático. La combinación de pobreza y desempleo, junto con el efecto asimétrico que tienen los impuestos indirectos sobre las rentas más bajas, supondrá un incremento en la desigualdad, que ya era una de las más altas de Europa. El resultado inevitable será la creación de varios oasis para ricos (tanto locales como extranjeros) en medio de inmensos desiertos de pobreza concentrados en monstruosos conglomerados urbanos, al igual que ocurre en muchas ciudades de Latinoamérica.
No sorprende que el anuncio de las medidas haya dado pie a una “oleada de odio”, abarrotando las calles de Atenas y de las ciudades más grandes del país de manifestantes tras la convocatoria de varias huelgas generales, algunas de las cuales han acabado siendo violentas. Sobre todo teniendo en cuenta que es más que obvio que las medidas no podrán evitar la enorme evasión fiscal, ni servirán para repatriar los 10.000 millones de Euros que se han sacado en los últimos dos meses desde que se anunciara la crisis, a los que hay que añadir los 60.000 millones de Euros que se habían transferido antes a entidades extranjeras. Sin embargo, si se hubiera añadido un impuesto proporcional a todos esos fondos y a las fortunas locales (algo que evidentemente las elites han considerado inconcebible) el famoso problema de la deuda pública se podría haber resuelto rápidamente, sin tener que mendigar créditos de las élites extranjeras que (con el único fin de lucrarse, ¡como no!) han impuesto unas condiciones onerosas que las generaciones venideras tendrán que pagar durante muchos años. Todo esto, a pesar de que fueron esas mismas élites y clases privilegiadas las que crearon y se beneficiaron principalmente de la deuda y la consiguiente “burbuja” de crecimiento a la que dio lugar.
Las medidas salvajes impuestas en Grecia por los dirigentes de la UE expresan claramente la voluntad de la élite política y económica internacional de colonizar el país. Es obvia la diferencia entre aplicar medidas similares mediante el consenso formal con la gente (como en Gran Bretaña, Holanda, Suecia, etc.), y ponerlas en marcha sin proceso de negociación alguno, como ha pasado en Grecia. Particularmente, cuando estas medidas no tienen ninguna legitimidad popular, dado que el partido “socialista” gobernante fue elegido hace pocos meses con un programa político completamente diferente al que está siento impuesto al pueblo griego. Todo ello, pese a que los dirigentes del actual partido en el gobierno eran plenamente conscientes de la crisis actual, que es básicamente crónica, y engañaron deliberadamente al electorado con la ayuda de la élite política y económica que controla los medios de comunicación de masas. Esta élite apostó por el partido “socialista”, ya que lo veían como al único capaz de implementar dichas medidas gracias al control exhaustivo de los burócratas sindicales con los que cuentan.
El hecho de que la crisis económica sea crónica es el resultado del desmantelamiento de la estructura productiva tras la guerra a medida que Grecia abrió sus fronteras a los mercados internacionales. Proceso que fue acelerado después de entrar en la UE a principio de la década de 1980. El desmantelamiento efectivo de la estructura productiva supuso a su vez la creación de una “sociedad de consumo sin base productiva alguna”, incrementando continuamente la deuda externa, y con ella, la deuda pública. Naturalmente, este proceso no podía desembocar en la quiebra formal del Estado griego, porque hubiese abierto enormes agujeros en los bolsillos de los franceses y alemanes que habían invertido en los bonos del estado poniendo en riesgo la propia estabilidad del euro. Especialmente cuando existen más países del “Sur” de Europa con los mismos problemas, países que han sido bautizados por los mercados capitalistas como “PIGS” (Portugal, Italia/Irlanda, Grecia y España). Sin embargo, el precio que deberán pagar los estratos sociales de menor ingreso (trabajadores, subempleados, desempleados y jubilados) en los próximos ańos será muy elevado. No importa que los medios de comunicación presentasen las medidas como inevitables en una campańa masiva y sistemática de lavado cerebral. Algo que es solamente verdad si damos por sentado el actual marco institucional de la globalización neoliberal del capitalismo, o más concretamente, la apertura y liberalización de los mercados, causas últimas de la crisis junto con los tratados de Maastricht, Lisboa y el Pacto de Estabilidad.
En este contexto, la competitividad (que depende de los salarios bajos y de la carga fiscal sobre las empresas, de una alta productividad, de la estabilidad de los precios, etc.) juega un papel importante en una economía exportadora que basa su desarrollo en el libre movimiento de bienes y capital (¡como Alemania y China!). El Euro pues, no puede separarse del Pacto de Estabilidad, como rápidamente la izquierda reformista sugirió. Esto se debe a que, en este marco institucional, solamente se puede alcanzar la estabilidad monetaria y la competitividad de los países avanzados de la Eurozona complementando la moneda común con criterios como los del Pacto de Estabilidad. En otras palabras, las políticas de exprimir los salarios, los precios y los déficits presupuestarios son necesarias para que las élites económicas de la UE puedan sobrevivir a la competencia de sus homólogos en Estados Unidos, China, etc.
Pero si bien dichas políticas están destinadas a beneficiar a países como Alemania, que jugaron un rol primordial en el diseño del Euro, no favorecen en ningún caso a países como Grecia, España u otros del “Sur” de Europa. Así, es cierto que esta estrategia de mantener un Euro fuerte y de comprimir los costes salariales ha supuesto una mejora significativa de la competitividad alemana, y como resultado, su balanza de pagos, que empezó con un déficit del 1% del PIB en 2000, registra a día de hoy un 5% de superávit. También es cierto, que en el mismo periodo, los costes laborales en el “Sur” de Europa han crecido a un mayor ritmo que en el norte, y que en países como Grecia y España esa diferencia ha erosionado su competitividad, lo cual ha resultado en un empeoramiento de la balanza de pagos. El déficit griego se ha triplicado en nύmeros absolutos, y el español se ha multiplicado por seis. Algo que ha llevado en última instancia al incremento de la deuda pública, deuda que tenía como destino financiar la burbuja de “crecimiento” de la que Grecia y España han disfrutado desde que adoptaron el Euro como moneda.
Todo esto no quiere decir que reducir el superávit en el Norte y el déficit en el Sur vaya a traducirse en la aplicación de las mismas políticas de contención de sueldos y salarios. No debemos olvidar que históricamente los salarios en el Sur eran (y son) casi la mitad que los del Norte (por ejemplo, el salario mínimo en Grecia, España y Portugal era en 2006 menos de la mitad que en el Norte de Europa). De esta manera, la puesta en marcha de estas políticas a lo largo de la Zona Euro supondría básicamente una mayor divergencia entre el Norte y el Sur en vez de una mayor convergencia, que es supuestamente el objetivo principal de la UE y de la Unión Monetaria Europea (UME). En otras palabras, una convergencia real de los salarios hubiese llevado a unas diferencias en la competitividad entre el Norte y el Sur de Europa de tal magnitud que no habría institución (ni siquiera la que ha propuesto la izquierda reformista, el Fondo Monetario Europeo) capaz de eliminarlas. Por eso no ha habido convergencia real dentro las economías capitalistas de mercado, ni siquiera en el interior de los Estados-nación como Italia, Alemania, Reino Unido, etc., y menos aún en un área tan grande como la UME.
¿Qué hacer?
Entonces, el problema de la UE y la UME no es ni su “falta de solidaridad” hacia los estados miembros, ni las políticas de un “Euro fuerte” seguidas por el Banco Central Europeo (BCE) y las élites alemanas y de otros países, tal y como la izquierda reformista europea ha sugerido. ¡El verdadero problema son las mismas UE y la UME! Como demuestran tanto la teoría como la experiencia histórica, en una unión económica formada por miembros caracterizados por un alto grado de divergencia (como es el caso de la UE), el establecimiento de un libre mercado de bienes y capitales resulta inevitablemente en una situación donde aquéllos que se benefician primordialmente del libre movimiento de ambos, son los que partían de una posición ventajosa (con mayor desarrollo tecnológico y mayores tasas de productividad), y lo hacen además, a expensas del resto. No es sorprendente, pues, que históricamente ninguno de los actuales países capitalistas avanzados (aquéllos que promueven la libertad de intercambio, etc.), haya abierto sus propios mercados sin antes haber conseguido un alto nivel de competitividad en sus exportaciones, lo que lograron protegiendo sus mercados.
Es por lo tanto imperativo que la izquierda antisistémica, en Grecia y en el Sur de Europa en general, desafíe directamente la actual integración Europea en términos de mercados y capitales, y luche por la creación de una nueva confederación de pueblos europeos, inicialmente en el Sur de Europa, puesto que comparten problemas económicos, políticos y sociales similares. Es éste un primer paso hacia la creación de un nuevo marco institucional que incluya una distribución equitativa del poder económico y político entre los pueblos del Sur de Europa, y entre todos los ciudadanos dentro de cada núcleo de la confederación, lo que podría servir de modelo de integración de todos los pueblos europeos, dentro de una confederación Pan-Europea de Democracias Inclusivas. Esto implica la eliminación de las estructuras y relaciones de poder que caracterizan las actuales “democracias” y las economías capitalistas de mercado, para ser sustituidas por nuevas sociedades en las que las gentes controlen directamente, y no mediante “representantes”, los procesos políticos, al igual que los económicos a través de la propiedad colectiva y el control de los recursos económicos. Todo ello, en un marco donde los obreros, los campesinos y los estudiantes participen en la autogestión de las fábricas, las granjas y los centros educativos respectivamente, de forma que se reintegre la sociedad con la Naturaleza.
Traducido por J. Las Heras
Publicado originalmente en CNT periódico (Órgano de la Confederación Nacional del Trabajo), #368 (Junio 2010, p. 10-11) i #369 (Julio 2010, p. 10-11)
