El Imperio exige tributo

Donald Trump y el imperialismo en declive

Introducción: Imperialismo sin remordimientos

Donald Trump no creó la crisis del imperialismo estadounidense. Surgió de ella, comprendió algunos de sus síntomas con la intuición burda de un agente inmobiliario y ofreció a la clase dominante estadounidense un método para gestionar su declive relativo. Su lenguaje es soez porque la realidad que describe es soez. Los países son activos o pasivos; los aliados son clientes que no han pagado sus facturas; las vías navegables son peajes; los minerales son tesoros que yacen bajo el suelo de otros pueblos; los aranceles son instrumentos de castigo; y la protección militar es un servicio por el que se debe pagar. Trump despoja al imperialismo de su disfraz diplomático. Mientras que el internacionalismo liberal hablaba de valores comunes y de un orden basado en normas, Trump pregunta quién es el propietario del puerto, quién controla el mineral, quién paga por la base y qué tributo puede obtenerse a cambio del acceso al mercado estadounidense.

El mundo contemporáneo está atravesando una profunda transición. Las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial permanecen en gran medida intactas, pero los cimientos materiales que las sustentan han cambiado. Estados Unidos sigue dominando las finanzas mundiales, el poder militar, los estándares tecnológicos, los sistemas de comunicaciones y las instituciones internacionales; sin embargo, ya no posee la supremacía productiva indiscutible que en su día dotaba de solidez a su liderazgo. El centro de gravedad productivo se ha desplazado hacia Asia. China se ha convertido en la mayor potencia manufacturera del mundo, mientras que los países del Sur Global representan una cuota cada vez mayor del comercio, la producción, la inversión y la capacidad tecnológica. La producción se ha dispersado geográficamente, pero el poder financiero, monetario, militar e informativo sigue concentrado en el antiguo bloque del Atlántico Norte.

Esta contradicción define la coyuntura actual. Estados Unidos conserva un extraordinario poder coercitivo, mientras que su capacidad para liderar la economía mundial a través de la superioridad productiva ha disminuido. Sigue siendo el emisor de la moneda de reserva dominante (el dólar), el centro de los mercados de capitales mundiales, la sede de poderosas empresas tecnológicas y el centro de mando de un sistema militar que se extiende por todo el planeta. Pero no puede simplemente superar en producción a China, ofrecer al Sur Global una vía de desarrollo creíble ni restablecer el monopolio industrial del que disfrutó tras 1945. Lo que parece una serie de crisis inconexas —guerras arancelarias, sanciones, controles a la exportación, sobreendeudamiento, cerco militar, amenazas territoriales y guerras regionales— se entiende mejor como un único proceso histórico: el esfuerzo por preservar una jerarquía imperialista cuyos cimientos económicos se encuentran bajo presión.

El imperialismo de Trump es el intento de convertir las ventajas que aún conservan los Estados Unidos —su alcance militar, el poder del dólar, su mercado de consumo, los monopolios tecnológicos y el control sobre las infraestructuras estratégicas— en instrumentos de tributo y mando. No representa una retirada del imperio. «America First», el lema de Trump, significa que Estados Unidos seguirá reclamando privilegios globales al tiempo que renuncia incluso a la apariencia de obligaciones universales. Dominará sin asumir la responsabilidad de la gestión, mandará sin consentimiento y exigirá el pago por el orden que él mismo ha vuelto cada vez más peligroso. El trumpismo no es la retirada del imperialismo estadounidense del mundo; es la retirada del imperialismo del lenguaje de la responsabilidad internacional.

De la supremacía productiva al poder coercitivo

El orden internacional que surgió tras 1945 se asentaba sobre tres pilares interconectados: la superioridad productiva de EE. UU., la centralidad del dólar y la supremacía militar. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial con su aparato industrial intacto y enormemente ampliado, mientras que Europa y gran parte de Asia quedaban devastadas. Las fábricas, las instituciones científicas, las infraestructuras y las empresas estadounidenses constituían el núcleo productivo del mundo capitalista. A través de las instituciones de Bretton Woods, el Plan Marshall, la OTAN y una red cada vez más amplia de alianzas militares, Washington tradujo esta ventaja económica en un orden institucional. El dólar se convirtió en la principal moneda de reserva y de intercambio, mientras que el poderío militar estadounidense garantizaba las rutas comerciales, los recursos, los gobiernos dóciles y las condiciones políticas necesarias para la acumulación de capital. Este orden se modificó tras las crisis de la década de 1970. El capital estadounidense trasladó cada vez más la producción al extranjero, primero a lugares con salarios más bajos y luego a complejas cadenas de suministro globales, especialmente en Asia Oriental. El sector financiero ganó poder en relación con el manufacturero. Wall Street, el dólar y la arquitectura jurídica de los mercados de capitales estadounidenses permitieron a Estados Unidos mantener su autoridad global incluso cuando la capacidad industrial se trasladó a otros lugares. Las fábricas se marcharon, pero las facturas, las líneas de crédito, los contratos de seguros, las reclamaciones de propiedad intelectual y los sistemas de pago permanecieron bajo la autoridad de instituciones con sede en Nueva York, Londres y Washington.

Durante un tiempo, esto pareció ser una solución brillante al problema de la rentabilidad. Las empresas estadounidenses podían beneficiarse de una producción de bajo coste en el extranjero, los consumidores estadounidenses podían adquirir bienes más baratos y el Tesoro de EE. UU. podía financiar enormes déficits, ya que el ahorro mundial seguía fluyendo hacia activos en dólares. Sin embargo, ese mismo proceso fortaleció nuevos centros productivos. China no se limitó al montaje de bajo valor añadido. Mediante la planificación, la inversión pública, la transferencia de tecnología, la construcción de infraestructuras y el control de los sectores clave de las finanzas, se introdujo en los ámbitos de las telecomunicaciones, el tren de alta velocidad, la construcción naval, las energías renovables, los vehículos eléctricos, las baterías, la maquinaria avanzada y la inteligencia artificial, y construyó así ecosistemas industriales que los aranceles por sí solos no pueden reproducir.

Esta es la ironía histórica de la globalización neoliberal: la internacionalización de la producción reforzó inicialmente el poder empresarial y financiero de EE. UU., pero también creó la base material para la erosión del monopolio del Atlántico Norte sobre la producción avanzada. Estados Unidos pudo seguir obteniendo rentas a través de las finanzas, la tecnología, las marcas y la propiedad intelectual, pero ya no pudo dar por sentado que las fuerzas productivas más sofisticadas permanecerían bajo su control. El desafío chino no radica, por tanto, meramente en que China cuente con un elevado producto interior bruto. Radica en que China ha desarrollado la capacidad de producir a gran escala, de innovar en todos los sectores industriales y de ofrecer infraestructuras y relaciones comerciales que no pasan íntegramente por los antiguos centros imperiales.

Ningún análisis serio debería confundir el declive relativo con la debilidad. Estados Unidos sigue siendo más poderoso que cualquier imperio anterior en cuanto a alcance militar y coacción financiera. El declive describe una relación, no un colapso. Significa que la distancia entre el poder de EE. UU. y las capacidades de otros Estados se ha reducido, y que Washington ya no puede reproducir su liderazgo mediante la misma combinación de consentimiento, superioridad productiva y legitimidad institucional. Es precisamente la brecha entre el poder coercitivo que persiste y la supremacía productiva en declive lo que genera la agresividad del presente.

Trump percibe esta brecha a su manera. Intuye acertadamente que las antiguas promesas de la globalización ya no gozan de legitimidad entre millones de personas en Estados Unidos. Regiones enteras han sufrido cierres de fábricas, el declive del poder sindical, el estancamiento salarial, la adicción a los opiáceos, el colapso de los servicios públicos y la humillación del abandono social. Pero Trump no acusa a las empresas que trasladaron la producción ni a los financieros que se beneficiaron de la destrucción. Desvía la culpa hacia China, los migrantes, los gobiernos extranjeros y los aliados que, según él, engañan a Estados Unidos. Toma una crisis provocada por el capital y la traduce en resentimiento nacional. Las heridas sociales del neoliberalismo se convierten en el combustible emocional de un imperialismo más agresivo.

«America First» no es aislacionismo

A menudo se describe a Trump como un aislacionista porque se muestra hostil hacia las instituciones multilaterales, desdeña las alianzas y desconfía de las guerras cuyos beneficios no puede expresar en términos comerciales. Esta descripción es engañosa. El aislacionismo significaría una contracción de las ambiciones militares y políticas de Estados Unidos. Trump, en cambio, busca revisar las condiciones en las que se ejercen dichas ambiciones. No desea menos privilegios para Estados Unidos; desea menos restricciones y menores costes. No se opone a las alianzas como instrumentos de poder; se opone a las alianzas en las que los Estados subordinados parecen poseer derechos independientes de lo que aportan a Washington. El internacionalismo liberal presentaba los intereses nacionales de EE. UU. como intereses universales. Hablaba en nombre de la democracia, los derechos humanos, los mercados abiertos y el derecho internacional, aun cuando apoyaba golpes de Estado, ocupaciones, sanciones y dictaduras. Se afirmaba que el liderazgo estadounidense proporcionaba bienes públicos globales: seguridad, moneda estable, mares navegables e instituciones predecibles. Este discurso siempre fue ideológico, pero permitía a las clases dirigentes aliadas presentar su subordinación como una participación voluntaria en una comunidad internacional.

Trump descarta gran parte de esta mediación. Interpreta la OTAN como un contrato de protección y a sus miembros como clientes morosos. Trata las bases militares no como la infraestructura de una defensa común, sino como servicios por los que los países anfitriones deben pagar. Considera que la ayuda al desarrollo es un despilfarro a menos que compre obediencia inmediata. Ve a las Naciones Unidas como útiles únicamente cuando ratifican las decisiones de EE. UU. e ilegítimas cuando las limitan. La esencia de la dominación persiste, pero la forma cambia: del liderazgo a la transacción. Este enfoque transaccional no hace que el imperio sea menos violento. Hace que la violencia esté más directamente vinculada a la extracción de recursos. El mundo se convierte en un campo de acuerdos respaldados por la amenaza de exclusión del mercado estadounidense, del sistema del dólar, de la tecnología avanzada, de la cooperación en materia de inteligencia o de la protección militar. Un aliado que paga y obedece puede ser recompensado; un aliado que disiente puede ser castigado. A un adversario se le puede bombardear, sancionar o bloquear, pero también se le puede ofrecer un acuerdo si reconoce la primacía de EE. UU. Lo que importa no es la adhesión a una doctrina estable, sino la demostración pública de que Washington puede imponer las condiciones.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump para 2025 da forma oficial a esta perspectiva. Ataca a las élites estadounidenses anteriores por permitir que China se beneficiara de los mercados y las inversiones de EE. UU. y presenta la segunda administración Trump como una restauración del poder nacional. Sin embargo, esta restauración no puede devolver a Estados Unidos a 1945. El panorama industrial, el mercado mundial y el equilibrio de las fuerzas productivas han cambiado. Por lo tanto, Trump intenta utilizar el poder estatal para forzar un resultado que el capital estadounidense ya no puede garantizar mediante la competencia comercial habitual. Los aranceles, los controles a la exportación, el escrutinio de las inversiones, las sanciones, la presión militar y las reivindicaciones territoriales se convierten en sustitutos de la preponderancia productiva que se ha perdido.

Trump representa tanto una ruptura como una continuidad. El enfrentamiento estratégico con China no comenzó con él ni desapareció bajo el mandato de Joseph Biden. Los controles a la exportación, las alianzas militares en Asia, las sanciones y las subvenciones industriales traspasaron las líneas partidistas. Pero Trump concentra estas tendencias y les quita su barniz liberal. Su singularidad no radica en inventar el imperialismo estadounidense, sino en transformar su ansiedad acumulada en un programa de coacción abierta.

Los aranceles y el imperialismo del tributo

Los aranceles son fundamentales para la imaginación política de Trump, ya que parecen resolver varios problemas a la vez. Prometen proteger la industria nacional, castigar a los competidores extranjeros, generar ingresos para el Estado, impulsar la inversión dentro de Estados Unidos y demostrar que el presidente puede obligar a otros países a someterse. Trump presenta el déficit comercial como prueba de que se ha robado a Estados Unidos, como si cada contenedor que llegara a un puerto estadounidense fuera un tributo pagado en la dirección equivocada. El arancel es su instrumento para invertir ese flujo. Sin embargo, los aranceles bajo el mandato de Trump no son simplemente instrumentos de protección. Son instrumentos de coacción política. El acceso al mercado estadounidense se trata como un privilegio que puede suspenderse a menos que otro Estado modifique su política comercial, sus controles migratorios, su alineación diplomática, su relación con China o su postura respecto a una disputa territorial. El poder proviene del volumen constante del consumo estadounidense: aunque la posición productiva relativa del país esté en declive, sigue siendo un destino enorme para los bienes y el capital. Trump pretende convertir esta asimetría en un arma.

Por lo tanto, esta política encierra una lógica claramente imperial. En la era colonial, las potencias imperiales obligaban a los territorios subordinados a abrir sus mercados, ceder recursos y aceptar acuerdos jurídicos desiguales. En las condiciones actuales, la administración directa suele ser innecesaria. La amenaza de aranceles, la exclusión de los sistemas de pago, las sanciones secundarias o la denegación de tecnología pueden obligar a gobiernos reconocidos formalmente como soberanos. La política económica se convierte en un medio para imponer la obediencia política.

El ataque contra China pone de manifiesto la versión más amplia de esta estrategia. El objetivo no es meramente reducir el déficit comercial bilateral. Se trata de frenar el desarrollo tecnológico chino, restringir el acceso a semiconductores y maquinaria avanzados, reorganizar las cadenas de suministro alejándolas de China y obligar a los aliados a participar en un sistema de contención. Washington ya no confía en que la competencia de mercado preserve su ventaja tecnológica. Debe recurrir a prohibiciones administrativas, a la disciplina de las alianzas y al control de los puntos estratégicos en la producción tecnológica. Se habla de seguridad nacional, pero el objetivo es impedir que un sistema productivo rival alcance la autonomía estratégica.

Los límites de esta política son considerables. Un arancel puede encarecer el precio de un vehículo eléctrico importado, pero no puede crear de la noche a la mañana las redes de transporte, la mano de obra cualificada, los clústeres de proveedores, los sistemas públicos de investigación y la planificación a largo plazo que han hecho posible dicho vehículo. Puede redirigir una etapa final del montaje de un país a otro, mientras que los componentes chinos siguen circulando por la cadena de suministro. Puede generar beneficios extraordinarios para las empresas protegidas sin exigirles que realicen inversiones productivas. Por encima de todo, puede imponer mayores costes a los trabajadores estadounidenses, cuyos salarios no han aumentado al mismo ritmo que el coste de la vivienda, la asistencia sanitaria, la educación y la alimentación.

La política industrial de Trump se encuentra, por lo tanto, atrapada en una contradicción. Necesita al Estado porque el mercado no puede restablecer la supremacía productiva de EE. UU., pero las fuerzas de clase que le respaldan se resisten a la planificación, la propiedad pública, la redistribución y la inversión social que requeriría una auténtica reconstrucción industrial. Su coalición quiere subvenciones sin control público, protección sin fuerza de trabajo y reindustrialización sin una transformación de las relaciones de propiedad. El resultado es una política industrial militarizada organizada en torno a las armas, la energía fósil, la inteligencia artificial, la logística y los minerales estratégicos, en lugar de un programa destinado a satisfacer las necesidades sociales.

Las sanciones funcionan, junto con los aranceles, como otra forma de tributo. El papel que sigue desempeñando el dólar en las reservas, los pagos, la deuda y la fijación de precios de las materias primas otorga a Estados Unidos una jurisdicción que se extiende mucho más allá de sus fronteras. Un banco de un país puede ser sancionado por tramitar una transacción en la que participe un tercer país, incluso si no hay productos estadounidenses involucrados. Se puede excluir a un Estado de los sistemas de pago, embargar sus activos en el extranjero, obstaculizar su transporte marítimo y privar a su población de medicamentos e importaciones esenciales. El poder financiero se convierte en la capacidad de decidir qué países pueden participar con normalidad en la economía mundial.

Cuba, Venezuela, Irán y otros Estados sancionados demuestran que la guerra económica no es una alternativa a la violencia militar. Se trata de violencia ejercida a través de la escasez, la interrupción de la producción, el deterioro de los hospitales, la inflación y la migración. El sufrimiento se atribuye entonces al gobierno sancionado, lo que permite a Washington presentar los efectos de la coacción como prueba de que el objetivo ha fracasado. Trump intensifica esta práctica al tiempo que se refiere a ella como «presión máxima»: una admisión de que el objetivo es hacer insoportable la vida social hasta obtener concesiones políticas.

Esta combinación de aranceles, sanciones y pagos de protección puede denominarse «imperialismo del tributo». Trump pretende que los Estados paguen por la seguridad, paguen por el acceso al mercado, paguen por la exención del castigo y paguen mediante la cesión de recursos o de autonomía política. El método es transaccional, pero la relación no es una transacción entre iguales. Un acuerdo alcanzado a la sombra de un grupo de portaaviones, del sistema del dólar y del mayor mercado de consumo del mundo sigue siendo un acto de coacción.

Territorio, puntos estratégicos y el retorno de la posesión

Las declaraciones de Trump sobre la adquisición de Groenlandia, la recuperación del control del Canal de Panamá y la absorción de Canadá suelen descartarse como mero espectáculo. Pero ese espectáculo encierra una teoría del poder. El imperialismo liberal prefería ejercer el control sin una anexión formal, recurriendo a bases, tratados, normas de inversión y élites complacientes. Trump resucita el antiguo vocabulario de la posesión. Concibe el territorio como un bien inmueble y la soberanía como un obstáculo que puede superarse mediante la compra, la presión o la fuerza.

Groenlandia condensa las preocupaciones centrales del nuevo imperialismo. Su ubicación es relevante para la estrategia militar en el Ártico, los sistemas de alerta de misiles, las rutas marítimas emergentes y la rivalidad con Rusia y China. Su subsuelo contiene minerales considerados fundamentales para las baterías, la electrónica, las armas y la transición energética. A medida que la crisis climática derrite el hielo ártico, la catástrofe provocada en gran medida por las emisiones históricas de las antiguas potencias industriales abre nuevas rutas para el comercio y la extracción. Trump observa esta geografía transformada y ve una oportunidad de adquisición.

La población de Groenlandia desaparece en gran medida de este cálculo. Su larga lucha contra el dominio colonial danés y su derecho a decidir su futuro quedan subordinados al apetito estratégico de Washington. Aquí, el imperialismo de Trump revela su esencia colonial: la tierra es valiosa por lo que yace bajo ella y por su ubicación, mientras que las personas que viven en ella se convierten en un estorbo. Sus amenazas contra Dinamarca también demuestran que la jerarquía del imperio incluye a los aliados. La pertenencia a la OTAN no garantiza la igualdad; formaliza grados de subordinación. Cuando un aliado se interpone entre Estados Unidos y un activo que este desea, los aranceles y la presión militar pueden volverse contra el propio aliado.

El Canal de Panamá representa una lógica similar. El canal no es meramente un símbolo del poder estadounidense del pasado. Es una arteria clave del comercio mundial y un enlace estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico. La retórica de Trump sobre recuperarlo refleja la inquietud de que las relaciones comerciales chinas en América Latina puedan reducir el control de Washington sobre la infraestructura logística del hemisferio. Los puertos, los canales, los cables submarinos, las vías férreas y los centros de datos ocupan ahora el lugar que antes correspondía principalmente a las fortalezas y las estaciones de carbón. El control sobre la circulación es tan importante como el control sobre la producción.

La renovada visión territorial se extiende por todas las Américas. La Doctrina Monroe siempre ha afirmado que el hemisferio constituye una zona especial de prerrogativas estadounidenses. Bajo el mandato de Trump, esta doctrina se amplía para abarcar el petróleo, el litio, los puertos, las rutas migratorias, la infraestructura digital y la exclusión de China. Cuba sigue sometida a un bloqueo económico destinado a castigar su negativa a renunciar a la soberanía conquistada por su revolución. Las reservas de petróleo de Venezuela y su proyecto político independiente la convierten en blanco de sanciones, confiscación de activos, desestabilización y amenazas militares. Se presiona a los gobiernos de toda América Latina para que restrinjan la inversión china, acepten las exigencias migratorias de EE. UU. y alineen sus políticas exteriores con las de Washington.

La migración es un elemento central de esta geografía imperial. Las políticas de EE. UU. han contribuido a destruir economías, a prolongar guerras y a agravar la vulnerabilidad climática, creando las condiciones que obligan a huir a millones de personas. Trump, por su parte, militariza la frontera contra quienes se ven desplazados por el sistema que Estados Unidos ha dominado. Se presenta a los migrantes como invasores, mientras que el capital, las fuerzas militares y la injerencia política de EE. UU. cruzan las fronteras con impunidad. La frontera no supone un alejamiento del mundo. Distingue entre la movilidad concedida al capital y a la violencia, y la inmovilidad impuesta a la mano de obra.

Canadá entra en la retórica de Trump desde una posición diferente, pero el principio subyacente es reconocible. Él concibe las fronteras nacionales como provisionales en lo que respecta a la seguridad, los recursos y la ventaja comercial de Estados Unidos. Sus bromas y amenazas constituyen una pedagogía política: enseñan al público estadounidense a considerar la soberanía de los países vecinos como algo contingente y a ver la expansión del poder estadounidense como un derecho natural. El mapa imperial se presenta como inacabado.

Palestina, Irán y la impunidad imperialista

En ningún lugar resulta más evidente la violencia del imperialismo de Trump que en Asia Occidental. Palestina e Irán revelan la unidad del poder militar, financiero, territorial e ideológico. También ponen al descubierto el engaño de la afirmación de que Estados Unidos defiende un orden basado en normas. Las normas se invocan contra los adversarios y se descartan para los aliados; la soberanía es absoluta cuando la reivindica Washington y condicional cuando la reivindican quienes se le oponen.

El apoyo de Estados Unidos a Israel no es simplemente una alianza entre dos Estados. Israel funciona como una posición militar y de inteligencia avanzada dentro de la arquitectura imperial de Asia Occidental, una región cuyos recursos energéticos, rutas comerciales y ubicación estratégica la han convertido en una preocupación central del poder estadounidense. Washington suministra armas, dinero, protección diplomática e inteligencia, mientras que Israel pone de manifiesto las formas de vigilancia, castigo colectivo, control de la población y tecnología militar que circulan por el sistema imperial en su conjunto.

El trato que Trump dispensa a Palestina traslada su visión de promotor inmobiliario al ámbito de la guerra colonial. Gaza no se considera una patria habitada por un pueblo con derechos, historia y reivindicaciones políticas, sino un territorio cuya población puede ser desplazada y cuya costa puede ser reurbanizada. Se trata de la vieja fantasía colonial expresada en el lenguaje inmobiliario: desalojar a la población, despejar el terreno y convertir la devastación en una oportunidad de inversión. La obscenidad no reside solo en la propuesta, sino en el hecho de que da forma explícita a una lógica ya presente en la destrucción de viviendas, hospitales, universidades, archivos, tierras agrícolas y vida cívica.

El ataque contra Palestina también requiere un ataque contra el derecho internacional. Cuando las instituciones internacionales investigan la conducta de Israel o de Estados Unidos, Washington sanciona a los funcionarios, amenaza a los tribunales, veta resoluciones y retira su cooperación. La soberanía imperial significa el derecho a juzgar a los demás sin ser juzgado. Estados Unidos insiste en la jurisdicción universal para sus sanciones y operaciones militares, al tiempo que niega dicha jurisdicción a los organismos que podrían exigir responsabilidades a sus líderes o aliados. Trump no crea este doble rasero, pero lo convierte en un motivo de orgullo.

Irán presenta la misma estructura a una escala regional más amplia. Durante décadas, las sanciones han intentado impedir que Irán ejerza su soberanía económica y estratégica. Las restricciones a las exportaciones de petróleo, la banca, el transporte marítimo, la tecnología y la inversión se han diseñado para agotar al país y aislarlo de la economía mundial. La política de «máxima presión» de Trump utiliza el sufrimiento de los iraníes de a pie como moneda de cambio. Parte de la base de que el sufrimiento económico puede dosificarse hasta que un Estado renuncie a su papel regional independiente y acepte las condiciones establecidas por Washington y Tel Aviv.

Pero la coacción financiera se convierte fácilmente en coacción militar. Los ataques, los asesinatos, los bloqueos, las amenazas contra las instalaciones nucleares y los intentos de controlar la navegación por el estrecho de Ormuz forman parte de un mismo continuo. El estrecho es uno de los pasos energéticos más importantes del mundo, y su control tiene consecuencias que van mucho más allá de Irán. Reivindicar el derecho a vigilarlo de forma unilateral equivale a reivindicar la autoridad sobre una arteria central de la economía mundial. Una vez más, Estados Unidos presenta su propio control como libertad de navegación y la resistencia de un Estado regional como una amenaza para el orden internacional.

Las políticas de Trump en Asia Occidental suelen describirse como erráticas, ya que las amenazas, las negociaciones, los ataques y las propuestas de acuerdos se suceden rápidamente. Sin embargo, esa aparente volatilidad tiene un propósito. La imprevisibilidad se convierte en un instrumento de negociación. El adversario debe creer que el presidente puede sobrepasar los límites establecidos, mientras que los aliados deben buscar continuamente garantías. El peligro es inmenso, ya que una estrategia que se basa en una irracionalidad simulada puede generar consecuencias que ninguna actuación puede contener.

Se trata del hiperimperialismo en su forma más concentrada: el intento de un bloque militar, político y económico liderado por Estados Unidos de compensar su autoridad mermada mediante una coacción intensificada. Estados Unidos y sus aliados poseen una parte abrumadora del gasto militar mundial, una inmensa red de bases en el extranjero, el control sobre tecnologías estratégicas y la capacidad de librar una guerra económica más allá de las jurisdicciones. Sin embargo, no logran obtener resultados políticos estables. Irak, Afganistán, Libia, Palestina y la prolongada campaña contra Irán demuestran el poder destructivo del bloque y los límites de su capacidad para generar legitimidad. Es capaz de devastar sociedades con mayor facilidad de la que tiene para gestionar las consecuencias.

Asia y la militarización de la competencia productiva

La principal preocupación a largo plazo de la estrategia estadounidense sigue siendo Asia, ya que Asia es la región más dinámica de la economía mundial y China es la potencia que ha roto de forma más decisiva la antigua jerarquía productiva. Estados Unidos se enfrenta a un dilema: no puede desvincularse económicamente de una región de la que dependen sus empresas y consumidores, pero tampoco puede aceptar un orden económico asiático en el que Washington no posea la autoridad definitiva. Su respuesta consiste en militarizar la competencia económica.

Las bases estadounidenses en Japón, Corea del Sur, Guam, Filipinas y Australia forman un arco alrededor de China. AUKUS, el Quad, las patrullas navales, los ejercicios militares, los nuevos acuerdos de bases y la instrumentalización de la cuestión de Taiwán amplían la infraestructura de confrontación. Los controles sobre los semiconductores y las restricciones a la inversión funcionan en tándem con esta arquitectura militar. La fábrica, el laboratorio, la ruta marítima, el satélite, la plataforma de pago y la base naval pasan a formar parte de una única estrategia.

Trump añade presión transaccional a esta estructura. Se exige a Japón y Corea del Sur que paguen más por las fuerzas estadounidenses, a pesar de que dichas fuerzas sirven al diseño estratégico de Washington. Taiwán es tratado simultáneamente como una posición estratégica, un cliente de armas estadounidenses y un activo en materia de semiconductores cuya capacidad productiva Estados Unidos desea que se traslade. Se espera de los aliados no solo que se alineen diplomáticamente, sino que reorganicen sus economías, sus relaciones tecnológicas y sus cadenas de suministro en torno a la contención de China.

El peligro radica en que Estados Unidos intente compensar militarmente lo que no puede lograr comercialmente. El auge de China no puede revertirse mediante portaaviones. Sus ecosistemas industriales no pueden ser destruidos con bombardeos sin provocar una catástrofe en toda la economía mundial. Sin embargo, la opción militar sigue estando arraigada en la planificación estadounidense porque la pérdida de primacía se considera una amenaza para la seguridad, en lugar de una invitación a la cooperación entre Estados soberanos.

A los pueblos de Asia se les pide que vivan en medio de esta contradicción. Sus economías están cada vez más integradas con China, mientras que sus instituciones de seguridad se ven presionadas para alinearse con Estados Unidos. El gasto militar desvía recursos del desarrollo social, y las bases transforman ciudades, islas y costas en objetivos potenciales. Washington habla de una región libre y abierta, pero la libertad se define como la libertad continuada de las fuerzas estadounidenses para operar a miles de kilómetros de su propio territorio.

El nacionalismo racial de Trump intensifica el peligro. La competencia económica se presenta como un robo civilizacional, y China se convierte en la explicación externa del declive interno de EE. UU. Este discurso prepara a la población para el sacrificio al convertir una compleja transformación de la economía mundial en una historia de victimismo nacional. Oculta el papel de las empresas estadounidenses en la deslocalización de la producción y hace que la hostilidad hacia China parezca una política de la clase trabajadora, a pesar de que la confrontación amenaza a los trabajadores de todo el mundo.

El proyecto de clase detrás del trumpismo

La fuerza política de Trump proviene de su capacidad para abordar la devastación social real al tiempo que protege las relaciones de propiedad que la han generado. La desindustrialización, el endeudamiento, la precariedad laboral, la desigualdad racializada y el colapso de las instituciones públicas han generado una enorme reserva de ira. La clase dirigente demócrata defendió la globalización que enriqueció a las empresas financieras y tecnológicas, al tiempo que ofrecía a las comunidades afectadas reciclaje profesional, crédito al consumo y sermones morales. Trump entró en este panorama y prometió una restauración.

Pero esa restauración es fraudulenta. Trump no pretende transferir el poder a los trabajadores ni reconstruir la sociedad en torno a la prestación de servicios públicos. Su proyecto aúna a sectores del capital de los combustibles fósiles, las finanzas, los fabricantes de armas, los intereses inmobiliarios, el capital riesgo, la logística y los multimillonarios tecnológicos con una base de masas procedente, en parte, de las víctimas del neoliberalismo. La contradicción se gestiona a través del nacionalismo. Se exime al capital de toda responsabilidad, mientras que se señala como enemigos a los migrantes, a China, a los empleados públicos, a las universidades, a las minorías y a los gobiernos extranjeros.

Esta coalición de clases explica la peculiar configuración de la política industrial de Trump. Una auténtica reconstrucción de la capacidad productiva requeriría una planificación a largo plazo, bancos públicos, infraestructuras modernas, escuelas y universidades sólidas, salarios sociales ampliados, poder de los trabajadores y alguna forma de autoridad pública sobre la inversión. La coalición de Trump no tolerará un programa de este tipo. Por lo tanto, se basa en desgravaciones fiscales, desregulación, contratos de defensa, aranceles, energía barata y subvenciones al capital privado. El dinero público absorbe el riesgo, mientras que los propietarios privados conservan el control.

La oligarquía tecnológica ocupa un lugar especial dentro de este entramado. Las plataformas digitales, los sistemas en la nube, los modelos de inteligencia artificial, los satélites, los centros de datos y los cables submarinos se han convertido en infraestructuras esenciales para la vida económica y política. Las empresas que las controlan ejercen un poder cuasi soberano. Pueden determinar el acceso a la información, las comunicaciones, los canales de pago y la capacidad computacional. Su relación con el Estado no es ni simplemente antagónica ni subordinada. Requieren investigación pública, energía, contratos, protección militar y una regulación favorable, mientras que el Estado depende cada vez más de sus tecnologías para la vigilancia, la guerra y la administración.

Para el Sur Global, esta concentración crea una nueva frontera de dependencia. Un país puede gozar de independencia formal, mientras que sus datos públicos, sus comunicaciones, su infraestructura en la nube y sus pagos digitales siguen estando controlados desde el extranjero. La digitalización puede mejorar la planificación, la sanidad, la educación y la producción, pero solo si se abordan las cuestiones de propiedad y soberanía. ¿Quién es el propietario de los datos? ¿Quién construye los sistemas? ¿Quién establece las normas? ¿Quién se queda con el valor? La alianza de Trump con el capital tecnológico confiere a estas cuestiones un carácter abiertamente geopolítico, ya que el acceso a los chips, las plataformas y la inteligencia artificial pasa a estar condicionado a una alineación estratégica.

A nivel nacional, esas mismas tecnologías se unen a un Estado coercitivo reforzado. La militarización de las fronteras, la deportación, la vigilancia, los ataques contra la disidencia y la criminalización de la solidaridad no son aspectos separados de la política exterior. El imperio regresa a casa a través de las instituciones y los hábitos que ha desarrollado en el extranjero. Un Estado acostumbrado a tratar a poblaciones enteras como amenazas para la seguridad acabará aplicando los mismos métodos a los trabajadores, los migrantes, los estudiantes y los opositores políticos dentro de sus fronteras.

Por lo tanto, el trumpismo no puede derrotarse restaurando el orden neoliberal que lo generó. Una defensa del antiguo discurso de alianzas y normas, sin una transformación del poder de clase, no hace más que allanar el terreno para otro Trump. La respuesta debe partir de las heridas sociales que su movimiento explota, al tiempo que rechaza el racismo, el militarismo y el chovinismo a través de los cuales redirige a ellos.

Los límites de la restauración imperial

El imperialismo de Trump es peligroso precisamente porque combina un poder extraordinario con ambiciones imposibles. Estados Unidos puede infligir un sufrimiento inmenso, interrumpir el comercio, embargar activos, excluir a empresas del acceso a la tecnología y obligar a los Estados más débiles a hacer concesiones. Pero la coacción no puede revertir indefinidamente la redistribución de la capacidad productiva. Tampoco puede resolver las contradicciones internas del capitalismo estadounidense.

El dólar sigue siendo dominante, pero el uso cada vez más extendido de las sanciones anima a los Estados a buscar formas alternativas de pago. La tecnología estadounidense sigue siendo poderosa, pero los controles a la exportación aceleran la inversión en capacidades independientes. Las alianzas militares pueden rodear a China, pero no pueden borrar las relaciones económicas que unen a Asia. Los aranceles pueden modificar los precios y las rutas, pero no pueden crear de la nada ecosistemas industriales. Cada uso del poder coercitivo demuestra la fortaleza de Estados Unidos, al tiempo que genera incentivos para escapar de ella. No existe un paso automático del declive estadounidense a un mundo justo. Los nuevos centros de producción pueden reproducir relaciones extractivas. Los gobiernos del Sur Global pueden buscar margen de maniobra sin transformar las vidas de los trabajadores y los campesinos. Las instituciones regionales pueden seguir siendo cautelosas, desiguales o dominadas por los intereses nacionales. La redistribución del poder entre los Estados no es sinónimo de emancipación social.

No obstante, han surgido nuevas posibilidades. El comercio Sur-Sur, la cooperación en materia de infraestructuras, los bancos de desarrollo, los acuerdos en moneda local, la tecnología pública y las redes regionales de producción pueden reducir la dependencia de las instituciones controladas por el antiguo bloque imperial. Su importancia no radica en sustituir a una potencia hegemónica por otra, sino en ampliar el espacio en el que los pueblos puedan perseguir un desarrollo soberano. Esta posibilidad seguirá siendo limitada a menos que esté impulsada por la lucha popular. La soberanía no puede significar únicamente el derecho de una élite nacional a negociar una mejor posición dentro del capitalismo mundial. Debe significar la capacidad de la población para controlar los recursos, planificar la producción, construir instituciones públicas, garantizar la alimentación y la salud, compartir tecnología y determinar los fines para los que se utiliza el excedente social. De lo contrario, la resistencia a la dominación estadounidense puede coexistir con la explotación interna.

La crisis climática hace que esta transformación sea urgente. El Sur Global soporta una parte desproporcionada de los daños climáticos, mientras que los pagos de la deuda agotan los recursos necesarios para la adaptación. Una transición verde gobernada por el imperialismo de Trump se convertirá en otra apropiación de recursos: se confiscarán minerales críticos, se monopolizarán tecnologías y se transferirán los costes ecológicos a los trabajadores y los campesinos. La justicia climática requiere, por tanto, la condonación de la deuda, la financiación pública, el intercambio de tecnología y la soberanía sobre los recursos naturales. No puede construirse mediante la adquisición de Groenlandia ni la militarización de las cadenas de suministro de minerales.

Conclusión: El Imperio no puede repararse

Donald Trump no es una aberración que flote por encima de la historia del poder estadounidense. Es la expresión política de un sistema imperial que conserva enormes capacidades coercitivas, al tiempo que pierde la supremacía productiva y la confianza ideológica que en su día sustentaron su liderazgo. Su vulgaridad resulta reveladora. Mira las alianzas y ve facturas de protección impagadas; mira Groenlandia y ve minerales y una posición militar; mira Panamá y ve una autopista de peaje que debería pertenecer a Estados Unidos; mira Gaza y ve terrenos frente al mar despejados; mira a los migrantes y ve invasores en lugar de personas desplazadas de un mundo desigual; y mira los aranceles y ve armas con las que exigir obediencia.

El rasgo distintivo del imperialismo de Trump no es que abandone al mundo, sino que le exige tributo. Busca pago a cambio de protección, deferencia a cambio de acceso al mercado, recursos a cambio de favores políticos e impunidad para la violencia de Estados Unidos y sus aliados. Convierte las ventajas estructurales que aún le quedan a Estados Unidos en instrumentos para retrasar una transición histórica que no puede impedir.

Sin embargo, los métodos de retraso agravan la crisis. Las sanciones fomentan alternativas al sistema del dólar. Los controles tecnológicos estimulan la investigación independiente. Las amenazas territoriales ponen al descubierto la subordinación oculta en las alianzas. El cerco militar hace que Asia sea más peligrosa sin que ello restablezca la primacía industrial de EE. UU. El ataque al derecho internacional destruye la legitimidad de las instituciones que en su día ayudaron a organizar el consenso en torno al liderazgo estadounidense. Trump puede coaccionar, castigar y destruir, pero no puede restablecer el mundo que hacía que la supremacía estadounidense pareciera natural.

La elección a la que se enfrenta la humanidad no es entre el imperio descarado de Trump y un retorno al imperio cortés que lo precedió. El internacionalismo liberal creó las guerras, las desigualdades, los regímenes de sanciones y la devastación social de los que surgió Trump. La alternativa tampoco es simplemente una distribución diferente del poder estatal. La tarea consiste en construir un orden internacional arraigado en la soberanía, la cooperación, la redistribución, la recuperación ecológica y la paz.

Dicho orden no lo instaurarán los Estados que actúan por encima de la sociedad. Tendrá que crearse a través de las luchas de los trabajadores, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los movimientos antiimperialistas y los gobiernos impulsados por poblaciones organizadas. La transformación productiva de la economía mundial ha abierto una brecha en la antigua estructura imperial, pero solo la lucha política puede ampliar esa brecha hasta convertirla en emancipación.

Trump cree que la historia puede revertirse levantando un muro arancelario, apoderándose de un canal, comprando una isla, amenazando a un tribunal o enviando otro grupo de portaaviones hacia una costa lejana. Pero la crisis del imperio no es un error de negociación. Es el resultado de cambios en la producción, la política y las aspiraciones populares que ningún presidente por sí solo puede someter a su voluntad. El peligro es que un imperio incapaz de repararse a sí mismo intente destruir el mundo. La tarea urgente consiste en impedir esa destrucción y construir, a partir de las luchas ya en marcha, un mundo que ningún imperio pueda poseer.

Bibliografía

Tricontinental: Instituto de Investigación Social, Hiperimperialismo: una nueva etapa peligrosa y decadente, 23 de enero de 2024.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2025: Al borde del abismo, Naciones Unidas, 2025.

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