Entrevista a Luigi de Magistris, alcalde de Nápoles: Nápoles es la única gran ciudad que ha respetado el referéndum sobre el agua
Davide Angelilli
«Para consolidar sus privilegios y ocultar sus abusos, mortifican comunidades y pisotean las necesidades de la gente. El antídoto es una constante e inexorable movilización social». Tiene las ideas bastante claras Luigi de Magistris, el alcalde de Nápoles, que está protagonizando un vivaz y complejo proceso político en la tercera ciudad más grande de Italia. Sin el apoyo de ningún gran partido, el pasado verano ganó las últimas elecciones confirmando así su liderazgo al frente de la ciudad para otros cinco años más.
La participación popular, los movimientos sociales y la autogestión tienen una función central para avanzar en el proceso de trasformación social y política de la ciudad napolitana. Así, mientras el modelo neoliberal profesa la venta y privatización del patrimonio público para sanear la cuentas de los organismos del Estado, el pasado junio el Ayuntamiento napolitano promulgó una ordenanza que reconocía el derecho de la ciudadanía a ocupar y autogestionar espacios urbanos abandonados.
Pero, además de eso, uno de los objetivos más importantes alcanzados en la lucha contra la privatización ha sido la consolidación de un sistema integralmente público para la gestión del agua. Mediante la creación de una empresa de derecho especial con el significativo nombre de ABC (Agua Bien Común), se ha conseguido sustituir la sociedad anónima ARIN en la administración de los recursos hídricos de la ciudad.
¿Qué relación hay entre esta iniciativa y el referéndum de 2011 que afirmó la voluntad popular de mantener pública la propiedad del agua en Italia?
Nápoles es la única gran ciudad de Italia que ha respetado el éxito del referéndum. Hemos transferido la gestión del agua a un modelo de empresa totalmente público, en constante cooperación con el Ayuntamiento, que incluye la participación de las asociaciones, las organizaciones populares y los trabajadores y trabajadoras. Un modelo revolucionario que tiene que afrontar cotidianamente cuestiones de tipo económico, sindical, fiscal, administrativas, financieras, entre otras, y que, además, es atacada constantemente por otras instituciones públicas. Por ejemplo, el Gobierno de la Campania (región donde se sitúa la ciudad napolitana) y el Gobierno estatal han presentado varios procedimientos normativos que van en una línea totalmente opuesta a la nuestra.
En Nápoles defendemos el agua como un bien común; sin embargo, desde otras instituciones se favorece el proceso de privatización. Los lobbies del agua y sus poderes políticos son un sujeto realmente fuerte y determinante. El asunto es que no nos enfrentamos a una mera cuestión ideológica; la nuestra es una batalla para que el agua sea verdaderamente de todos y todas; no estamos hablando solamente de crear las condiciones para que, por ejemplo, frente a una crisis hídrica, no salgan ganando unos y perdiendo otros. Es una batalla que tiene que ver con las fuentes, con las infraestructuras, con los manantiales, con el saneamiento. En otros términos, es una batalla para la vida de los habitantes del planeta, y nosotros queremos seguir en esta batalla en Italia, ya que 27 millones de habitantes han hablado claro en el referéndum, aunque, lamentablemente, las consecuencias de aquella gran movilización no hayan sido tan concretas. Pues, junto a Nápoles, sólo hay otros seis o siete ayuntamientos que han ido también en esta dirección, pero estamos hablando de pueblos no muy grandes. Si hablamos de grandes y medianas ciudades, solamente en Nápoles se ha respetado el resultado del referéndum.
¿Esta iniciativa tomada por el Ayuntamiento napolitano ha conllevado a una situación de confrontación abierta y directa con otros sujetos privados activos en el sector del agua?
Los intereses sobre el agua son enormes. Yo lo pude averiguar ya no solamente como alcalde de una ciudad como Nápoles, sino también en mi anterior actividad como magistrado en Calabria (región en el sur de Italia). Me encargué de realizar una operación de indagación muy compleja sobre la sociedad anónima que gestiona el agua en esta región, y pude comprobar que hay intereses políticos, económicos y hasta criminales. Sin embargo, cambiar de modelo es posible, y la experiencia de nuestra ciudad lo demuestra. Una experiencia que llevó el 13 de junio del 2015 a la redacción de la Declaración de Nápoles por el derecho al agua, fruto de una gran iniciativa internacional con el Fórum para el Agua Pública.
¿Tras el modelo de ABC, de una empresa que tiene su fuerza en la participación, hay una idea de ciudad basada en la democracia participativa y en el concepto de bien común?
La idea de bien común es un concepto central y crucial para el proyecto de ciudad que tenemos, desde la primera experiencia de nuestra administración. Un bien común es un bien que pertenece a toda la ciudadanía, a las multitudes, a las colectividades. Es un bien que no pertenece al Estado, al ayuntamiento, a la región o a un sujeto privado, es un bien que es del pueblo. En estos años hemos creado políticas y emitido ordenanzas innovadoras, hemos apoyado la praxis de la autogestión, del autogobierno, del ágora, todas ellas iniciativas sociales y políticas que van en la dirección de consolidar y fomentar el bien común.
Junto con las asociaciones, con los movimientos sociales, con las asambleas populares de vecinos, hemos realizado ordenanzas municipales que reconocen, legitiman y valorizan todas aquellas experiencias de reapropiación democrática, desde abajo, contra el abandono de espacios urbanos. Son ordenanzas totalmente revolucionarias, históricas porque nunca antes se habían llevado a cabo en Italia, pero sí en otras ciudades europeas, que reconocen y defienden la autogestión social de espacios que estaban hasta entonces sin vida, y fomentan las propiedades colectivas democráticas. Más allá del derecho, cambia totalmente el lenguaje, la semántica. En el imaginario hegemónico, cuando un colectivo cuida un espacio abandonado de propiedad pública o privada, esta actividad es vista como una ocupación ilegítima y hasta ilegal.
Al contrario, en nuestra ciudad hemos consolidado unos procedimientos administrativos, unas praxis de buen gobierno, unas costumbres e –insisto– hasta unas ordenanzas municipales, que afirman claramente el apoyo del ayuntamiento, de la administración y de una parte importante de la ciudadanía a este tipo de iniciativas “desde abajo”. Porque estamos hablando de un proceso de reapropiación, recalificación, de cuidado, y por lo tanto, de liberación de espacios que antes estaban abandonados.
En línea con una interpretación del derecho que es totalmente coherente con la Constitución italiana, la lógica es la misma si el espacio abandonado es de propiedad pública o privada. Si la propiedad privada va en contra de la utilidad social no merece tutela jurídica, tal como lo afirma el artículo 41 y los siguientes de la Constitución. Pongamos el ejemplo de un espacio público abandonado por el Estado que sea transformado por los habitantes de un territorio en un laboratorio social, en un espacio de experimentación cultural; nosotros no lo consideramos una actividad de ocupación, sino un proceso de liberación que merece ser reconocido, apoyado y defendido.
Defensa de los bienes comunes y autogestión social para un proceso de resistencia que está creando también nuevas formas de participación y poder popular… ¿Nápoles es otra ciudad rebelde en el Mediterráneo?
Sin duda se está consolidando un proceso constituyente. En primer lugar, es un hecho que hay una administración democráticamente elegida, que gobierna la ciudad de manera totalmente autónoma, con un pensamiento político en abierta oposición al modelo neoliberal. Más allá del agua como bien común, también estamos parando la mercantilización de otros sectores públicos, como el transporte, y estamos recuperando servicios que están constitucionalmente garantizados a la ciudadanía.
Por otro lado, nuestro proyecto quiere ir aún más allá de la interpretación de la democracia participativa como un ejercicio de escuchar y consultar constantemente a la ciudadanía. Lo cierto es que esta cercanía con la ciudad ha sido fundamental para que yo saliera como vencedor dos veces en las elecciones. He sido reelecto como alcalde de Nápoles sin estar inscrito en ningún partido y con todos en contra, esto significa que se ha cimentado una relación fuerte, estrecha, con esta ciudad y su gente. Sin embargo, nuestra idea es ir todavía más allá de crear un proyecto que tenga un consenso popular fuerte. Queremos dar poder al pueblo de una forma nueva, alejándonos también de otros ejemplos históricos y de las concepciones propias de los movimientos políticos del siglo XX. Esto es lo que consideramos realmente interesante en nuestro proceso.
Queremos partir del artículo primero de nuestra Constitución, que reza: “La soberanía pertenece al pueblo”, para llegar a los territorios de nuestra ciudad y crear formas de autogobierno, autogestión, confederación de redes activas, y dar poder a estos sujetos, incluso el legislativo, y que éste sea de obligado cumplimiento para las instituciones. De esta forma se decide juntos, decide la ciudad, decide el barrio, decide el territorio; se supera también la lógica de enmienda y de sanción propia del referéndum, que sí es una herramienta democrática importante, pero que ya evidencia una fase patológica. Nosotros queremos iniciar un proceso que va a la raíz del problema, que crea un mecanismo de decisión que desde el principio incluye a la ciudadanía. Si por ejemplo queremos destinar una parte del patrimonio público a un barrio para crear un espacio social, ¿por qué no organizamos desde el principio asambleas y mecanismos de participación y debate, cuyas decisiones luego tendrán que ser respetadas por las instituciones? Este proceso de diálogo popular crea también una idea de política opuesta a la actual. Se crea la imagen de una política como herramienta de emancipación, como altavoz de las necesidades populares, que favorece la participación de las personas.
Cabe subrayar que de esta forma no se expropian en absoluto los poderes representativos democráticamente elegidos. Al contrario, de esta manera la representación da fuerza también a quien no ha sido elegido, a quien no se limita a delegar el poder, a votar cada cuatro años, sino que está activo en los territorios y en la vida colectiva de la comunidad. En definitiva, queremos construir un nuevo concepto de comunidad. Una comunidad basada en la convivencia, en el bienestar, entendido como “estar juntos”. Nos estamos refiriendo a comunidades horizontales, no verticales, sin concentración de poderes, sin oligarquías ni oligopolios, porque vamos a repartir el poder. Con esta nueva idea de política, se acaba también la época de considerar que son siempre otros quienes tienen que hacer las cosas, se inicia una nueva fase de empoderamiento, porque comenzamos hacer las cosas juntos y juntas.
