Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército Popular (FARC-EP). El coste de la iniciativas humanitarias unilaterales

1

 

El ataque con tropas y misiles ordenado por el presidente Uribe, violando la soberanía de Ecuador, ha estado a punto de precipitar una guerra a nivel regional con Ecuador y Venezuela. En una entrevista que mantuve con el presidente Chávez, en el momento del ataque, me confirmó la gravedad de la doctrina de Uribe sobre la “guerra preventiva” y la “intervención extraterritorial”, llamando al régimen colombiano el “Israel de América Latina”. Durante su programa de radio dominical “Alo Presidente”, en el cual participé como invitado, anunció que enviaba fuerzas de aire, mar y tierra a la frontera con Colombia.

El ataque de Uribe a través de la frontera intentó evaluar la “decisión” de Ecuador y Venezuela de responder a una agresión militar, así como comprobar la eficacia de los ataques con misiles coordinados por medio de satélites por los Estados Unidos. Tampoco hay duda de que Uribe buscaba el fracaso de la inminente liberación de la prisionera de las FARC, Ingrid Betancourt, que estaba siendo negociado por el Ministro de Exterior francés, Bernard Kouchner, el Ministro del Interior ecuatoriano Larrea, la Cruz Roja colombiana y especialmente el presidente Hugo Chávez. Kouchner, Larrea y Chávez estaban en contacto directo con el dirigente de las FARC, Raúl Reyes, quien fue asesinado, junto a otras 22 personas –incluyendo a no combatientes de otras nacionalidades, en Ecuador por el ataque coordinado por Uribe y los norteamericanos, con misiles y fuerzas de tierra. La intervención militar de Uribe fue dirigida en parte a desacreditar el importante papel diplomático jugado por Chávez en la liberación de prisioneros de las FARC, en contraste con el fracaso de sus intentos de “liberar a los prisioneros” con medios militares.

Raúl Reyes tenía el reconocimiento de los gobiernos europeos y latinoamericanos, así como de la Cruz Roja, como legítimo interlocutor en estas negociaciones. Si las negociaciones hubiesen tenido éxito, obteniéndose la liberación de los prisioneros, era muy probable que los mismo gobiernos y organizaciones humanitarias hubiesen presionado a Uribe para iniciar un amplio intercambio de prisioneras y negociaciones de paz con las FARC, lo cual es incompatible con las intenciones de Bush y Uribe de guerra indefinida, asesinatos políticos y política de tierra arrasada.

Lo que estaba en juego al violar Uribe la soberanía ecuatoriana y asesinar a 22 personas, entre guerrilleros de las FARC y visitantes mexicanos, era nada menos que la totalidad de la estrategia de contrainsurgencia, perseguida por Uribe desde su acceso a la presidencia en el 2002.

Evidentemente Uribe estaba dispuesto a arriesgar lo que eventualmente sucedió –la sanción de la OEA y la ruptura (transitoria) de las relaciones con Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Si lo hizo fue porque contaba con el respaldo de Washington, que de manera encubierta (e ilegal) participó y aplaudió el ataque. Prefirió esta opción en lugar de la cooperación con los gobiernos latinoamericanos y Francia. Colombia continúa siendo la avanzada militar de Washington en América Latina y, en particular, el más importante instrumento político-militar para desestabilizar y derrocar al gobierno antiimperialista de Chávez. Clinton y Bush han invertido cerca de 6 billones de dólares en ayuda militar a Colombia a lo largo de siete años, incluyendo el envío de 1.500 consejeros militares y fuerzas especiales, docenas de comandos israelíes, financiado alrededor de 2000 mercenarios y 10.000 paramilitares que actuaban junto a los 200.000 hombres de las fuerzas armadas colombianas.

A pesar de estas y otras consideraciones de carácter internacional que influyen en el “acto de guerra” extraterritorial de Uribe, quisiera destacar que el motivo principal de este ataque al campamento de las FARC en Ecuador era decapitar, debilitar y aislar al más potente movimiento guerrillero de América Latina y al más inflexible oponente a las políticas represivas neoliberales de Washington y Bogotá. Políticos internacionales, incluyendo a líderes progresistas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Rafael Correa, quienes habían hecho un llamamiento pidiendo el final de la lucha armada, parecían haber pasado por alto los esfuerzos recientes de las FARC para des-militarizar la lucha, incluyendo tres iniciativas de paz (1984-1990), (1999-2001) y (2007-2008) a un costo muy elevado para las FARC en términos del asesinato de dirigentes clave de la organización así como de activistas y simpatizantes. A mediados de la década de 1980 muchos dirigentes de las FARC se incorporaron a los procesos electorales, formando un partido político – La Unión Patriótica. Un gran número de representantes electos a nivel local y nacional así como…. 5.000 de sus militantes, dirigentes, delegados a congresos y tres candidatos presidenciales fueron asesinados. Las FARC retornaron a la lucha guerrillera. Diez años más tarde, las FARC acordaron negociar con el entonces presidente Pastrana en una zona desmilitarizada. Las FARC organizaron foros públicos de discusión, discutieron alternativas para impulsar reformas políticas y sociales que democratizaran el estado, y debatieron sobre la titularidad privada o pública de sectores económicos estratégicos con diversos sectores de la “sociedad civil”. Pastrana, bajo la presión de Clinton primero y de Bush, después, rompió abruptamente las negociaciones y envió fuerzas del ejército para capturar a los representantes de las FARC que participaban en las negociaciones. Las fuerzas militares colombianas, financiadas y entrenadas por los EE.UU., fracasaron en su intento de capturar a los representantes de las FARC pero establecieron el escenario para las políticas de tierra arrasada llevadas a cabo por el presidente paramilitar Uribe.

En 2007-2008, las FARC ofrecieron negociar la liberación recíproca de prisioneros políticos en una zona segura desmilitarizada en Colombia. Uribe rechazó la propuesta. Chávez entró en las negociaciones como mediador. El gobierno francés y otros emplazaron a Chávez para que pidiera a las FARC “evidencias” de que sus prisioneros estaban vivos. Las FARC cumplieron con el pedido de Chávez. Enviaron tres emisarios quienes fueron detenidos por los militares colombianos, sometiéndolos a un trato brutal. A pesar de ello las FARC continuaron respondiendo a los pedidos de Chávez e intentaron reubicar el primer grupo de prisioneros que debían ser entregados a la Cruz Roja y a oficiales venezolanos – pero un ataque de las fuerzas aéreas de Uribe, abortó la liberación. Más tarde, con un riesgo mayor, pudieron liberar el primer grupo de cautivos. El ministro de exterior francés Kouchner y Chávez renovaron los pedidos de liberación de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial quien posee la doble nacionalidad colombiana y francesa. Estas demandas fueron saboteadas cuando Uribe, con asistencia técnica norteamericana de alto nivel, lanzó una ofensiva militar en gran escala en todo el país, incluyendo un programa de seguimiento que registraba las conversaciones entre Reyes, Chávez, Kouchner. Larrea y la Cruz Roja.

Fue este papel de riesgo elevado el jugado por Reyes como máximo representante de las FARC implicado en las negociaciones y coordinación de la liberación de los cautivos, el que condujo a su asesinato. Las presiones externas para una liberación unilateral de prisioneros causaron una reducción de la seguridad de las FARC. El resultado fue la pérdida de dirigentes, negociadores, simpatizantes y militantes –sin asegurar la liberación de ninguno de los 500 compañeros prisioneros en cárceles colombianas. La insistencia de Sarkozy, Chávez, Correa y otros exigieron concesiones unilaterales de las FARC –como si sus propios compañeros torturados y muriendo en las prisiones de Uribe no fueran también destinatarios de consideraciones humanitarias.

La cumbre convocada en la República Dominicana durante el fin de semana del 8 y 9 de marzo produjo una condena de la violación por Colombia de la soberanía territorial de Ecuador, pero el gobierno de Uribe, responsable de la invasión, en realidad no fue oficialmente sancionado. Además no se hizo ninguna mención (con la excepción de las manifestaciones de respeto) de Raúl Reyes, el dirigente asesinado a traición, quien perdió la vida al intentar un intercambio humanitario. Si la reunión fue una respuesta decepcionante a la tragedia, el resultado fue una farsa: un Uribe sonriente, atravesó la sala de reuniones y ofreció un apretón de manos y unas excusas a la ligera a Correa y Chávez, mientras que Ortega, presidente de Nicaragua, abrazaba al sanguinario dirigente colombiano. Mediante este gesto vil y cínico, Uribe transformó a la entera movilización militar y las denuncias que a lo largo de la semana habían realizado Chávez y Correa en una ópera cómica. La “reconciliación” que siguió al encuentro dio al rechazo al ataque a través de la frontera y al asesinato a sangre fría de Reyes el aspecto de un mero simulacro político- una mala señal para el futuro si, como es probable, Uribe repite sus ataques trans-fronterizos a una mayor escala. ¿Se tomarían en serio el pueblo y las fuerzas armadas de Venezuela y Ecuador otro llamamiento a la movilización?

Menos de una semana después del encuentro de “reconciliación”, Chávez y Uribe renovaron un acuerdo militar previo de cooperación contra “grupos violentos cualquiera fuera su origen”. Esto revela que Chávez espera que disociando a Venezuela de cualquier sospecha de apoyo moral a las FARC, Uribe detenga el flujo a gran escala de paramilitares que se infiltran en Venezuela y desestabilizan el país. En otras palabras, las “razones de estado” tienen prioridad respecto a la solidaridad con las FARC. Sin embargo, lo que debería tener claro Chávez es que Uribe no cumplirá con su parte del acuerdo debido a sus vínculos con Washington, quien insiste en que el gobierno de Chávez seas desestabilizado por todos los medios, incluyendo la infiltración continuada de fuerzas paramilitares colombianas en Venezuela.

Uribe pudo disculparse con Correa y Chávez porque el verdadero propósito de su ataque militar era destruir a la dirigencia de las FARC, de cualquier modo, en cualquier lugar, tiempo y circunstancia –incluso en medio de negociaciones en curso. Washington ofreció 5 millones de dólares de recompensa por cada miembro del secretariado de las FARC, mucho antes de que Chávez llegara al poder. La principal prioridad de Washington –como atestigua sus programas de ayuda militar (6 billones de dólares en 7 años), el tamaño y alcance de sus misiones de consejeros militares (1500 especialistas norteamericanos) y la dimensión de su implicación en actividades de contrainsurgencia en Colombia a lo largo de 45 años- era la destrucción de las FARC.

Washington y sus secuaces colombianos estaban dispuestos a provocar el predecible enfado de Correa, Chávez y a conmover la OEA si podían tener éxito en el asesinato del segundo comandante de las FARC. La razón es clara: son las FARC y no los dirigentes de los países vecinos, quienes controlan un tercio del territorio colombiano, es el poder político- militar de las FARC el que retiene a un tercio del ejército colombiano e impide que Colombia se implique en una intervención militar contra Chávez, tal como exige Washington. Uribe y Washington han presionado a Correa para que suspenda las líneas de apoyo logístico a las FARC y muchos campamentos seguros en la frontera entre Ecuador y Colombia. Correa pretende haber destruido 11 campamentos de las FARC y detenido a 11 guerrilleros. La Guardia Nacional venezolana miró hacia otro lado cuando el ejército colombiano atravesó su frontera en búsqueda de activistas y simpatizantes de las FARC mezclados con los campesinos colombianos refugiados en campamentos situados a lo largo de la frontera entre ambos países. Las presiones de Uribe y Washington han forzado a Chávez a renunciar públicamente a cualquier tipo de apoyo a las FARC, sus métodos y estrategias. Las FARC están aisladas internacionalmente – el ministro cubano de exteriores proclamó a la artificial reconciliación de Santo Domingo como una “gran victoria” para la paz. Las FARC están diplomáticamente aisladas, aún cuando mantiene un substancial apoyo interno en las provincias y zonas rurales de Colombia.

Con la “neutralización” de l apoyo externo, el régimen de Uribe –antes, durante e inmediatamente después de la reunión de Santo Domingo- amenazó y atacó a todas las organizaciones izquierdistas y progresistas. A medida que se acercaba el 6 de marzo de este año, en el que estaba convocada la marcha que reunió a 200.000 personas contra el terrorismo de estado, cientos de organizadores y activistas fueron amenazados, seguidos, interrogados y acusados por Uribe de “apoyar a las FARC”, una etiqueta oficialista, que fue seguida por el asesinato del dirigente de la marcha y otros cuatro representantes de organizaciones de derechos humanos por los escuadrones de la muerte. Inmediatamente después de la masiva manifestación, la principal central sindical colombiana, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), informó de varios asesinatos y as altos incluyendo a los dirigentes de la unión de empleados de banca, del sindicato de maestros, de la sección de educación de la CUT y un investigador de un instituto pedagógico.

En resumidas cuentas, alrededor de 5.000 sindicalistas han sido asesinados, 2 millones de campesinos y granjeros han sido expulsados y sus tierras apropiadas por los paramilitares de Uribe y los terratenientes. Auto confesos dirigentes de los escuadrones de la muerte públicamente han admitido que financian y controlan alrededor de un tercio de los miembros electos al Congreso partidarios de Uribe. Actualmente 30 diputados están siendo enjuiciados por “asociación” con escuadrones de la muerte. Se reveló que varios de los más íntimos colaboradores de Uribe tenían vínculos familiares con dichos escuadrones y dos se vieron obligados a dimitir.

A pesar del desprestigio internacional, especialmente en América Latina, con el poderoso soporte de Washington, Uribe ha construido un dispositivo criminal compuesto pro 200.000 militares, 30.000 policías, varios miles de pistoleros de los escuadrones de la muerte y alrededor de un millón de fanáticos colombianos de clase media y alta a favor de “exterminar las FARC”- que significa la eliminación de las organizaciones populares independientes de la sociedad civil. Más que cualquier otro de los gobernantes oligárquicos colombianos, Uribe es lo más próximo a un dictador fascista combinando terrorismo de estado con movilización de masas.

Los movimientos de oposición política y social en Colombia son masivos, comprometidos y vulnerables. Están sometidos a la intimidación cotidiana y asesinatos de carácter gangsteril. Mediante el terror y la propaganda de masas, Uribe ha podido, hasta ahora, imponer su poder sobre la oposición obrera y atraerse el apoyo de las clases medias. Pero ha fracasado completamente al intentar derrotar, destruir o desarticular a las FARC –su oposición más consecuente. Cada año, desde su llegada al poder, Uribe ha prometido masivas redadas en todo el país por medio de sus fuerzas militares, que acabarían finalmente con los “terroristas”. Miles de campesinos de las regiones donde actúan las FARC han sido torturados, saqueados, asesinados y expulsados de sus hogares. Cada ofensiva militar de Uribe ha fallado. Sin embargo es incapaz de admitir lo que algunos generales e incluso los observadores oficiales norteamericanos reconocen: que las FARC no pueden ser aniquiladas militarmente y que en algún momento el gobierno deberá negociar.

Los fracasos de Uribe y la permanente presencia de las FARC se han transformado en una obsesión psicótica. Todas las limitaciones territoriales, legales e internacionales han sido arrojadas por la borda. Alternando la euforia con la histeria, enfrentado a una oposición interna a su monomaníaca estrategia de terror, ve “adherentes a las FARC” en todos los que son críticos con su gestión, tanto colombianos como extranjeros. A Ecuador y Venezuela les promete “no invadir su territorio nuevamente” a menos “que las circunstancias lo justifiquen”. Basta de “reconciliación”.

El período de intercambio humanitario está acabado; las FARC no pueden ni desean adecuarse a las exigencias de sus bienintencionados amigos, especialmente cuando ellas ponen en riesgo a la organización y a al dirigencia en su totalidad. Concedamos que las intenciones de Chávez eran correctas. Sus peticiones de una liberación reciproca de prisioneros habrían tenido sentido si él estuviese tratando con políticos burgueses racionales sensibles a las demandas de dirigentes y organizaciones internacionales, dispuestos a crear una imagen favorable ante la opinión pública mundial. Pero Chávez fue ingenuo al creer que un político psicótico con un historial de aniquilamiento de la oposición descubriría repentinamente las virtudes de la negociación y los intercambios humanitarios. Es indiscutible que las FARC comprenden mejor que sus amigos andinos y caribeños, a través de una dura experiencia y amargas lecciones, que la lucha armada puede no ser el método ideal perro es el único realista para enfrentar a un régimen fascista.

El asesinato de Raúl Reyes por Uribe no fue debido a las iniciativas de Chávez, la soberanía de Ecuador o el cautiverio de Ingrid Betancourt, fue porque Raúl Reyes era un dirigente y revolucionario consecuente de las FARC. El temor de una guerra ha desaparecido, las diferencias han sido sepultadas, los dirigentes han vuelto a sus residencias, pero Raúl Reyes no ha sido olvidado – al menos en la las áreas rurales de Colombia y en el corazón de sus campesinos.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *