Syriza, Socialdemocracia y Unión Europea
Alberto Herbera
El espectacular resultado electoral de la coalición Syriza en las pasadas elecciones parlamentarias griegas y la posibilidad de vencer en la repetición de estas elecciones en junio, representa una novedad política de primer orden. Por primera vez desde la disolución del Partido Comunista Italiano en 1991, una fuerza política situada a la izquierda de la socialdemocracia oficial -convertida en todas partes al neoliberalismo- se convierte en primera fuerza electoral de la izquierda y puede convertirse en la primera fuerza electoral en un país europeo occidental. Esta novedad tiene particular importancia al representar un desplazamiento significativo del electorado griego hacia la izquierda en el país donde se están aplicando las medidas de ajuste neoliberal más agresivas, con el resultado del retroceso brutal de las condiciones de trabajo y de vida de la inmensa mayoría de la población griega, y donde esta población ha desplegado formas de lucha y resistencia de una intensidad desconocida en Europa en los últimos treinta años.
Syriza ha ocupado el espacio político que la socialdemocracia abandonó al abrazar los postulados básicos del neoliberalismo -lo que le ha valido en toda Europa la denominación de social-liberalismo- y participar en los gobiernos que han ejecutado las salvajes políticas antipopulares decididas por la “troika” (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). No es ninguna sorpresa, pues, que el programa de Syriza sea un programa reformista, de corte socialdemócrata clásico. Ocurre, no obstante, que en la actual etapa de desarrollo de la lucha de clases, con una ofensiva y agresividad sin precedentes de la oligarquía financiera, que se muestra dispuesta a imponer sus medidas aún a costa de liquidar cualquier forma de representación democrática, propuestas propias de la socialdemocracia de los años cuarenta y cincuenta, tales como la nacionalización de la banca, la aplicación de fuertes impuestos a las grandes fortunas o un fuerte sector público, son incompatibles con las medidas impuestas por la oligarquía y constituyen, por tanto, un programa de ruptura con las medidas neoliberales.
Así pues, el programa de Syriza, que en lo fundamental es el de las organizaciones integradas en el Partido de la Izquierda Europea (PIE), no es un programa anticapitalista. No establece objetivos socialistas. De acuerdo con los economistas de las diferentes escuelas keynesianas, Syriza y las organizaciones del PIE creen posible remontar la crisis mediante políticas anticíclicas que favorezcan el crecimiento: aumento del gasto público para estimular el aumento de la demanda interna -consumo e inversión-, políticas fiscales redistributivas que actúen sobre los ingresos, elevando los impuestos a las rentas del capital y a las grandes fortunas, utilización del crédito para estimular la actividad económica productiva y el empleo, etc. En definitiva, recomponer el Estado del bienestar, el pacto capital-trabajo que presidió los treinta años de crecimiento posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de economistas marxistas no creen que quede espacio para estas políticas, por la sencilla razón de que las políticas keynesianas se agotaron entre fines de los años sesenta y principios de los setenta al no ser capaces de garantizar una tasa de ganancia suficiente para asegurar la acumulación del capital, algo que desde entonces tratan de hacer las políticas neoliberales, de forma particularmente intensa desde la desaparición de la Unión Soviética.
Los puntos del programa de Syriza referidos a la deuda, al euro y a la UE son fundamentales, y en realidad determinan el resto del programa, dada la dependencia absoluta de Grecia de las decisiones tomadas por la Comisión europea. En este aspecto, la posición de principio de Syriza es clara: defiende la permanencia de Grecia en el euro (UEM) y en la Unión Europea, y aunque rechazan los ajustes salvajes que la Comisión exige para entregar en junio un nuevo tramo del rescate, según el “memorándum” acordado por la troika y el anterior gobierno, también defienden el principio de devolución de la deuda, si bien proponen una auditoría independiente que establezca qué porcentaje de la deuda es “odiosa”, y en consecuencia ilegítima, así como una suspensión temporal (moratoria) en los pagos mientras se hace público el resultado de la auditoría. Esto equivale a renegociar el monto total de la deuda, con una nueva “quita” (descuento) según la deuda considerada ilegítima por la auditoría.
El planteamiento de Syriza respecto a la deuda en general y la Unión Europea no es muy diferente del que sostienen públicamente algunos partidos socialdemócratas, especialmente los que están en la oposición. Syriza cree, como Hollande y ahora también Rubalcaba, que la solución al problema de la deuda pasa por modificar las funciones del Banco Central Europeo (para lo que habría que modificar los tratados) de modo que estimule el crecimiento y el empleo y no sólo controle la inflación. Actuando como la FED norteamericana y como cualquier banco central, el BCE sería un prestamista de último recurso (préstamos a los estados a bajo interés e incluso, en caso necesario, sin intereses, ya que puede imprimir el dinero necesario), lo que alejaría a los especuladores de los mercados de deuda y facilitaría la devolución de la deuda por la disminución de su carga financiera. El BCE tendría, además, capacidad para emitir títulos de deuda (los famosos eurobonos o euroobligaciones), lo cual repartiría solidariamente la deuda pública europea entre los diferentes miembros de la eurozona, según el peso específico de cada uno. Alemania se niega a asumir el coste de una deuda que dice que no es suya, aunque es sabido que los bancos alemanes han tenido un papel clave en la financiación con crédito barato y por tanto en el crecimiento de la deuda de los países periféricos europeos, necesaria para asegurar las exportaciones alemanas, que representan el aporte principal a su PIB. El euro, tal como fue diseñado e implantado en economías sumamente dispares, ha sido utilizado por Alemania para ese mismo fin.
En vista de la dificultad de reformar los Tratados para modificar las funciones del BCE y de vencer la oposición alemana (verdes y socialdemócratas respaldan a Merkel en este asunto), los socialdemócratas europeos (excluido el SPD alemán) y las organizaciones del Partido de la Izquierda Europea (entre los cuales Syriza e IU) apuestan por establecer políticas de crecimiento (estímulos para incrementar la demanda interna), para lo que Hollande ha propuesto utilizar el Banco Europeo de Inversiones y los fondos estructurales de la UE. Como solución de compromiso y grito de socorro de gobiernos como el español y el italiano, también se pide intensificar la compra por el BCE de deuda pública en las subastas (bloqueada en las últimas semanas), a fin de poner trabas a los especuladores y mantener dentro de ciertos límites los intereses.
La socialdemocracia y las organizaciones del PIE creen posible abordar todos estos cambios en la UE mediante un cambio en la correlación de fuerzas políticas en Europa, que se habría iniciado con la victoria de Hollande y la eventual victoria de Syriza en junio, aunque la actitud del SPD y los verdes alemanes enfría las expectativas alrededor de una eventual derrota de Ángela Merkel el año próximo.
Lógicamente, hay diferencias entre los partidos del PIE y los socialdemócratas. En general, los primeros reivindican políticas keynesianas clásicas (las que defendía la socialdemocracia hasta su conversión en social-liberalismo en los años 80 y 90), anticíclicas, priorizando en tiempos de crisis el estímulo y el crecimiento sobre el control del déficit, y proponen reestructurar la deuda y flexibilizar los plazos para cumplir los objetivos de déficit, mientras los socialdemócratas tienden a aceptar la necesidad de reducir la deuda y el déficit y creen posible compatibilizar las políticas de ajuste y estabilidad con políticas de crecimiento. Pero ambos sectores políticos aceptan el principio de la devolución de la deuda y creen en la posibilidad de reformar desde dentro la UE y sus instituciones para construir políticamente “más Europa”, la pata que falta y que equilibraría la actual UE, haciendo posible construir desde dentro lo que tradicionalmente hemos llamado la “Europa de los pueblos” frente a la “Europa de los mercaderes”. Esta creencia, en el caso de organizaciones como Syriza o IU, hunde sus raíces en sus convicciones históricas acerca de las potencialidades de la unidad europea, por lo que vale la pena recordarlas.
Syriza, como IU, defiende que la UE es un marco institucional desde el que es posible construir políticamente la unidad europea. Esta idea estaba presente desde los inicios de la CEE, aunque desde su desarrollo temprano lo que se construyó fue una unión económica que apuntaló el capitalismo europeo y su inserción en el capitalismo mundial junto a los otros componentes de la tríada (EE.UU. y Japón), como no podía ser de otro modo por el papel preponderante de la patronal de las principales industrias europeas en el desarrollo de la integración económica europea y, sobre todo, por la tutela económica y geopolítica de EE.UU., en plena guerra fría.
Los avances en la unidad de mercado nunca fueron seguidos de avances equivalentes en los ámbitos social y político, que a menudo han quedado reducidos a proclamas de objetivos a largo plazo para los que apenas se articulaban objetivos y medios. La socialdemocracia europea, y desde los años setenta el eurocomunismo (al que se adscribe el PC Griego del Interior, precedente inmediato de Synaspismos, el principal partido de Syriza), siempre enarboló el discurso de la unidad política como objetivo del proceso de integración europea, pero desde las palancas de poder institucional que la socialdemocracia tuvo en la CECA, luego en la CEE, después CE y finalmente UE, apenas hizo nada diferente de lo que hicieron liberales, demócrata-cristianos y conservadores. De hecho, la construcción europea que hemos conocido es el resultado de un acuerdo tácito entre las principales corrientes políticas de la Europa de postguerra.
Un aspecto relevante del discurso “europeísta” de la socialdemocracia (y del eurocomunismo) siempre ha sido la idea de que una Europa unida era necesaria para contrarrestar la hegemonía norteamericana y garantizar una auténtica soberanía europea. Sin embargo, como pone de manifiesto toda la historia de la integración europea, la unidad contradictoria de los principales polos del capitalismo mundial ha estado pilotada por los EE.UU., que ha dirigido los principales organismos de coordinación formales (instituciones de Bretton Woods, etc.) e informales (Comisión Trilateral, etc.) Qué decir de la subordinación militar, donde la “autonomía” europea (el caso de la UEO fue paradigmático) nunca pasó de un híbrido entre tentativa condenada al fracaso y engaño puro y duro.
Sólo después de la absorción de la RDA por la RFA y de la subordinación económica y política de buena parte de la Europa central y oriental al capitalismo alemán, pudieron imaginarse formas de intervención autónomas de Europa en el capitalismo mundial, todavía limitadas por el dominio aplastante de EE.UU. en la esfera militar y por la hegemonía del dólar. Alemania utilizó la introducción del euro para subordinar las economías de la Europa periférica a sus intereses exportadores, apuntalados mediante draconianas medidas de reducción salarial internas para aumentar su competitividad. Es decir, se preparaba para entrar en la disputa imperialista por la conquista de mercados y recursos mundiales, en un momento en que la globalización neoliberal se articulaba a través de procesos de integración regionales. Todo esto ocurría en los años 90 y en los primeros años del nuevo siglo, en plena hegemonía del pensamiento y las prácticas neoliberales, con la UE saqueando a los países en desarrollo a través del GATT y después de la OMC, apoyando a Alemania en la desmembración de Yugoslavia, a la OTAN en el bombardeo a Serbia y a EE.UU. en el bloqueo criminal a Irak que siguió por más de una década al ataque de 1991. Y sin embargo la socialdemocracia y los herederos del eurocomunismo apoyaron en todas partes el Tratado de Maastricht insistiendo en la idea de una Europa “autónoma” de EE.UU., donde prevalecería la paz, el estado del bienestar, el pacto capital-trabajo, cantando las alabanzas al capitalismo renano frente al capitalismo anglosajón, etc. Y siguieron dando el “sí” o el “sí crítico” a las medidas ultraliberales contempladas en el proyecto de Constitución europea o en el Tratado de Lisboa.
El estallido de la crisis y su prolongación a través de diferentes fases, que no han concluido, está siendo aprovechado por Alemania para consolidar su posición de jugador en el escenario mundial. El proyecto de la oligarquía financiera (en la acepción de Lenin, resultado de la fusión entre el capital bancario y el industrial) alemana pasa por la subordinación de los países europeos periféricos, capaces de suministrar a Alemania producción y mano de obra a bajo precio. En este marco se han implicado las oligarquías de cada país, interesadas a corto plazo en la caída drástica de los salarios y en las privatizaciones masivas de empresas y servicios públicos como forma de recuperar la tasa de ganancia con la amplitud suficiente para iniciar un nuevo ciclo de acumulación.
La UE suministra buena parte del aparato institucional de esta conjunción de intereses entre las oligarquías financieras europeas. El papel preponderante de la Comisión y del BCE así como sus funciones están claramente definidos en los diferentes Tratados. El Pacto por el Euro Plus de 2011 y el Tratado para la Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UEM de 2012 son camisas de fuerza que apuntalan las medidas ultraliberales. Pero todo esto, que la socialdemocracia y las organizaciones del PIE creen posible reformar, constituye el engranaje jurídico tras el que se encuentra la hegemonía de la oligarquía financiera. No parece posible ir muy lejos en las reformas si queda intacto el poder de esta oligarquía. Y resulta ingenuo pretender que las reformas desplazarán a la oligarquía financiera de las posiciones que ocupa. El aparato institucional de la UE ha sido creado por ella y está su servicio. Por eso la lucha contra la oligarquía financiera, para prosperar, implicará, en algún momento y en diferentes países, la salida de la UE, y la construcción de la “Europa de los pueblos” deberá reiniciarse desde abajo. Seguramente deberá haber sucesivas “desconexiones”, y parece preferible, tanto para salir del euro como de la UE, planteárselo desde ya como objetivo político, antes de que los oligarcas decidan, con salida o sin ella, convertirnos en parias y encadenarnos a los intereses imperialistas del capital alemán.
