Democracia liberal vs. democracia comunitaria

La propuesta de autonomías indígenas, como un modo de superar la exclusión política de los pueblos indios en Bolivia, que propusimos hace ya unos meses en El Juguete Rabioso [1] ha generado una creciente polémica escrita. Algunos han observado que hablo de la revolución social y el anticapitalismo, como si esto dependiera de los deseos del investigador y no de las características de la realidad “que se desenvuelve ante nuestros ojos”. Otras críticas han expresado su espanto ante la posibilidad de un “cuoteo étnico” [2] del Estado; sin embargo, mantienen una curiosa complacencia intelectual y práctica con la imposición de facto de una etnicidad desde el Estado contra las mayoritarias culturas indígenas.

Estos críticos pseudoliberales pretenden soslayar que todo Estado, por mucho que reivindique derechos universales, tiene una cualidad étnica que, en el caso de Bolivia, sin necesidad de tomar “muestras de sangre”, como algún ingenuo sugiere para “medir” las identidades culturales, premia un solo idioma para el ascenso social y asegura puestos e influencias de poder a unos apellidos y una redes sociales de linajes endogámicos.

De lo que se trata entonces no es de etnizar el Estado, pues éste ya está etnizado y, encima, a favor exclusivo de una etnia minoritaria del país. Lo que proponemos es la desmonopolización de la etnicidad del Estado o, si se prefiere, la igualdad de derechos políticos y culturales a todas las etnias y culturas que hay en el país. A esto es que le hemos llamado un Estado multinacional o multicultural.

Varias civilizaciones

Sin embargo, éste no es el único problema de la complejidad estructural de lo que llamamos Bolivia. El otro eje de desarticulación social sustancial es lo que Zavaleta llamó “lo abigarrado”, que puede ser resumido como la coexistencia sobrepuesta de varios modos de producción, de varios tiempos históricos y sistemas políticos que pueden ser resumidos como civilizaciones. En términos estatales, éste no es un tema simplemente cultural susceptible de ser resuelto mediante la construcción de un tipo de “democracia multicultural”, como sucede en muchas sociedades del mundo; es un tema de lógicas y técnicas organizativas de la política que atraviesa por igual a las identidades culturales (aymaras, mestizos, quechuas, etc.). Esto significa que no hay necesariamente una correspondencia entre identidad étnica y modo civilizatorio, con lo que la complejidad estructural del país es doble: cultural, por un lado, y organizativa, por otro.

En términos más operacionalizables, se puede decir que Bolivia es un país donde coexisten desarticuladamente varias civilizaciones pero donde la estructura estatal sólo recoge la lógica organizativa de una sola de estas civilizaciones: la moderna mercantil capitalista.

En un nivel de generalidad, se puede decir que un régimen civilizatorio es un conjunto coherente de estructuras generativas de orden material, político y simbólico que organizan de manera diferenciada las funciones productivas, los procesos técnicos, los sistemas de autoridad, la organización política, además de los esquemas simbólicos con los que colectividades extensas dan coherencia al mundo.

En Bolivia, se puede afirmar que existen cuatro grandes regímenes civilizatorios. Estas cuatro civilizaciones serían:

 a) La moderna industrial, que abarca a personas que, poseedoras de una racionalidad práctica eminentemente mercantil y acumulativa, han atravesado procesos de individuación, de desarraigo comunitario tradicional, viven la separación de lo político respecto a lo económico y asientan el fundamento de sus condiciones de existencia, como actor dominante o subordinado, en actividades laborales como la minería y manufactura industrial, la banca, el gran comercio, los servicios públicos, el transporte con sus respectivos circuitos de acumulación e intercambio directamente mercantil de productos, bienes y fuerza de trabajo.

 b) El segundo régimen civilizatorio es la economía y cultura organizada en torno a la actividad mercantil simple de tipo doméstico, artesanal o campesino; son portadores de una racionalidad gremial o corporativa y poseen un régimen de instituciones políticas basadas en la coalición normada de pequeños propietarios mercantiles. Una buena parte de la llamada informalidad, de los artesanos y los pequeños campesinos parcelarios corresponde a este segmento social.

 c) En tercer lugar, está la civilización comunal, con sus procedimientos tecnológicos fundados en la fuerza de masa, en la gestión de la tierra familiar y comunal, en la fusión entre actividad económica y política, con sus propias autoridades e instituciones políticas que privilegian la acción normativa sobre la electiva y en la que la individualidad es un producto de la colectividad y su historia pasada.

 d) Por último, está la civilización amazónica, basada en el carácter itinerante de su actividad productiva, la técnica anclada en el conocimiento y laboriosidad individual y la ausencia de Estado.

En conjunto, casi dos terceras partes de los habitantes del país se hallan en alguno de las últimas tres franjas civilizatorias o societales. Es claro que éste es un modelo conceptual que no excluye vínculos, cruces e hibridaciones complejas, producto de la colonización, entre estos cuatro bloques civilizatorios. Igualmente es importante tomar en cuenta que estas civilizaciones, con excepción de la última, atraviesan no sólo la ciudad y el campo sino que también atraviesan a pueblos indígenas y no indígenas.

Estado monoorganizativo

Ahora bien, por lo general, las normas, funciones, instituciones y representaciones con las que se ha constituido la vida estatal en Bolivia sólo han tomado como universo de representación, de interpretación y síntesis general, a las prácticas y disposiciones políticas liberales (régimen de partidos políticos, voto individual y secreto, división de poderes, separación de la política respecto a la economía, etc.) resultantes de una inserción en la vida moderna mercantil, con sus hábitos de filiación electiva, de individuos parcialmente desarraigados de anclajes de parentesco o paisanaje tradicional y, por tanto, potencialmente aptos para formas de agregación partidaria y constitución del poder público mediante el mercado político moderno.

En cambio, la mayoría de la población sumergida en estructuras económicas cognitivas y culturales no industriales, y encima detentadoras de otras identidades culturales y lingüísticas, es portadora de otros hábitos y técnicas políticas resultantes de su propia vida material y técnica.

La sobreposición de la identidad colectiva por encima de la individualidad, la práctica deliberativa por encima de la electiva, la coerción normativa como modo de comportamiento gratificable por encima de la libre adscripción y cumplimiento, la despersonalización del poder, su revocabilidad consensual y la rotatividad de funciones, etc., son formas de comportamiento que hablan de culturas políticas diferenciadas de las liberales y representativas partidarias, profundamente ancladas en las propias condiciones de vida objetiva, en los propios sistemas técnicos de reproducción social de las personas. El comunitarismo, el asambleísmo consensual, la rotación de cargos, el hábito de tipo normativo tradicional hablan de tipos de acción y de organización política, de tecnologías políticas enraizadas en la propia estructura económica y técnica de sistemas civilizatorios no moderno-industriales y, por tanto, vigentes en tanto estos sistemas económicos, culturales y simbólicos de organización de la vida social se mantengan.

Sin embargo, pese a esta cualidad estructural de la sociedad boliviana, lamentablemente el Estado boliviano hasta el día de hoy se presenta como una institucionalidad política no sólo monocultural sino también monocivilizatoria o uniorganizativa, lo que impide históricamente su estabilidad, pues siempre se presenta como una mera parcialidad, como una parte de un todo que no logra sintetizar.

Esto da lugar a un principio de incertidumbre estratégica de la legitimad estatal, que es precisamente la situación del Estado boliviano a lo largo de sus 178 años de vida republicana; lo que lo convierte en un Estado no sólo aparente sino también gelatinoso y bajo permanente sospecha, debido a su incapacidad de articular estructuralmente a las fuerzas sociales y modos organizativos que cohabitan en su espacio de influencia geográfica.

La recurrente dualidad institucional del sistema político, liberal, partidario y legal por una parte, enfrentado y asediado por el poder político real de los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias, sindicales y barriales de la sociedad, por otro, es la manifestación de este desencuentro dramático entre lógica organizativa del Estado y la pluralidad de prácticas organizativas políticas de la sociedad.

Democracia comunitaria y democracia liberal

Ahora bien, ¿cómo modificar este desencuentro entre vida estatal y composición socioeconómica del país? De cara a la Constituyente, la opción que aquí proponemos es que dejemos de simular modernidad política y homogeneidad cultural en una sociedad predominantemente preindustrial, multicivilizatoria y pluricultural.

No existe una sola forma de ejercer derechos políticos ni de intervenir en la gestión del bien común. La democracia liberal, mediante el voto individual, la competencia electoral, la formación de colectividades políticas electivas y el mercado político, es un modo de constitución democrática de ciudadanía correspondiente a sociedades que han pasado por procesos de individuación modernos, fruto de la predominancia de la lógica industrial, que han erosionado las fidelidades normativas y los regímenes de agregación de tipo tradicional, cosa que en Bolivia ha sucedido sólo parcialmente y seguramente no sucederá en los siguientes cincuenta años. De ahí el poder continuo de otros hábitos, prácticas y modos comunitaristas de ejercer derechos políticos y de asumir responsabilidad pública por parte del mundo plebeyo e indígena urbano-rural.

Ahora, es cierto que estas técnicas de democracia y ciudadanía comunitaria regidas por otros parámetros morales y políticos distintos a los liberales y efectivizadas a través de instituciones no partidarias de tipo asociativo y asambleístico tienen una existencia preponderantemente local y regional. Sin embargo, distintos momentos de la historia muestran que estos sistemas pueden articularse en sistemas macro de democracia, abarcante a miles de comunidades, a numerosos gremios y barrios, tanto en el ámbito urbano como rural, asumiendo la forma de ejercicio democrático en gran escala (federaciones sindicales provinciales, federaciones o confederaciones de ayllus, bloqueos de caminos, sublevaciones, participación electoral, etc.).

Con un poco de esfuerzo, como aquel que da el Estado a los partidos para que no desaparezcan, estas prácticas democráticas no liberales fácilmente podrían tener una existencia regular y a escala macroestatal.

En Bolivia, las identidades colectivas normativas por barrio, ayllu, comunidad, gremio laboral preceden mayoritariamente a cualquier manifestación de individualidad y son utilizadas cotidianamente para ejercer control social, para plantear demandas, para elegir representantes, para introducir querellas igualitarias, para formar una moral cívica de responsabilidad ciudadana. Sin embargo, estas instituciones de corte democrático que tienen sus propias técnicas de deliberación, de rendición de cuentas, de elección de autoridades, de introducción de querellas, de formación de opinión pública, de disensos y consensos, de igualación política entre sus miembros, esto es, de ejercer derechos democráticos en su definición sustancial, no son tomadas en consideración por el Estado actual que, por el contrario, hace sistemáticos esfuerzos por disciplinar de manera autoritaria, siguiendo los moldes demo-liberales, al conjunto de estas otras expresiones de democratización social. Estas técnicas políticas diferenciadas, estos sistemas de autoridad indígeno-campesinos y urbano-plebeyo forman parte de la compleja trama multicivilizatoria de la realidad boliviana, visible también a través de otras prácticas sociales como las que se despliegan en el entendimiento y ejercicio de la justicia del ayllu, en las técnicas escriturales andinas (textil y trenzado), en la predominancia de repertorios textuales (la oralidad, la visualización, el conocimiento táctil, etc.), en la gestión de recursos colectivos, en la gestión de derechos familiares vinculados a las responsabilidades políticas, etc.

La posibilidad de una real igualación política de la sociedad pasa entonces por una supresión de la estructura monorganizativa del actual Estado boliviano que simplemente ha reconocido e instituido como únicas instituciones legitimas de ejercicio político de derechos(ciudadanía y democracia liberal) a las provenientes de la civilización dominante (mercantil-industrial) y minoritaria. Una igualación política sustancial entre culturas e identidades requiere de una igualación de modos de producir política en todos los niveles de la gestión gubernamental (general «nacional», regional y local); esto es, igualación de prácticas políticas, de instituciones políticas, de modos de ejercer la democracia y sistemas de autoridad política diferentes, pertenecientes a las distintas comunidades culturales y regímenes civilizatorios que coexisten en el territorio boliviano.

En la medida en que estas distintas formas de producción técnica y organizativa de la política pertenecen a regímenes civilizatorios distintos, sus ritmos y tiempos históricos son heterogéneos, por lo que es necesario pensar en una sincronicidad puntual, por periodos cortos, a fin de que «se incluya en la deliberación y acción global su presencia, fuerza, opinión y decisión». Ejemplo de estas sincronicidades puntuales de las varias culturas políticas del país es, por ejemplo, la que, a escala regional, se da en municipios del Chapare, el altiplano aymara o Norte de Potosí, cuando al momento de la elección de autoridades municipales o parlamentarias vía partido y voto individual (régimen liberal), la decisión de escoger a las personas es tomada bajo formas de deliberación y cabildeo de sindicatos agrarios o ayllus (régimen comunitarista o comunal). En este caso, los sistemas institucionales tradicionales se articulan con los «modernos». Una composición democrática de instituciones y formas políticas diferenciadas supondría la igualación, expansión e institucionalización a escala general, «nacional», de estas experiencias locales y efímeras de articulación civilizatoria. Ello podría quedar normado mediante los siguientes puntos:

 a) El reconocimiento constitucional de sistemas políticos y sistemas de conformación de autoridad practicados por las comunidades campesinas, ayllus, barrios y gremios ( federaciones, confederaciones, asociaciones) como sistemas legítimos de elección y toma de decisiones en ámbitos puntuales del sistema de gobierno, tanto a escala «nacional», regional como local.

 b) Los ámbitos legítimos de elección de representantes donde debieran actuar estos otros sistema de deliberación son: Los representantes parlamentarios del nivel superior del Estado (o comunidad política general), en las regiones urbano-rurales en las que estas formas de organización política son predominantes o tienen una presencia parcial. La combinación porcentual de los representantes elegidos vía partido o vía estructuras comunitarias debería ser negociada, dependiendo de la amplitud, historia y presencia de cada una de estas formas organizativas, en cada región y circunscripción departamental. En términos prácticos, esto ya podría funcionar al momento de la elección de los constituyentes.

 c) Obligatoriedad de reconocimiento, en calidad de sanción o veto, de su deliberación en torno a temas centrales de la gestión estatal (propiedad estatal de recursos, inversión pública global, reformas constitucionales, etc.). En los hechos, esto funciona así, sólo que por medio de bloqueos y rebeliones, cuando pudiera ser parte de las normas estatales, neutralizando la estructural conflictividad del Estado.

 d) Reconocimiento constitucional de sistemas de rotación de autoridades y de rendición de cuentas a entes colectivos (no sólo individuales como en el régimen liberal) de las autoridades políticas que componen los distintos niveles de autoridad del Estado (municipios, regiones autonómicas, gobiernos departamentales, Estado general).

Un Estado multicivilizatorio significaría precisamente el reconocimiento de múltiples mecanismos, de múltiples técnicas y sentidos de entender, practicar y regular las pulsiones democráticas de la sociedad en correspondencia a las múltiples formas de ejercer ciudadanía a partir de la pluralidad de las matrices civilizatorias de la sociedad.

Si Bolivia es una sobreposición de varias culturas y varias civilizaciones, el Estado como síntesis debiera ser una institucionalidad capaz de articular, de componer una ingeniería política formada por una presencia proporcional de las culturas e identidades lingüísticas, además de unas instituciones modernas y tradicionales, deliberativas, representativas, y asambleísticas en la toma de decisiones a escala general, «nacional».

Esto significa que en el ámbito de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, aparte de distribuir proporcionalmente su administración unitaria general y territorial en función de la procedencia étnica y lingüística, las formas de gestión, representación y de intervención social deberían incorporar múltiples mecanismos políticos compuestos, como la democracia representativa, vía partidos, la democracia deliberativa,. vía asambleas, la democracia comunal vía acción normativa de comunidades y ayllus, etc. De lo que se trata entonces sería de componer a escala macro, general, instituciones modernas con instituciones tradicionales, representación multicultural con representación general en correspondencia a la realidad multicultural y multicivilizatoria de la sociedad boliviana. En otras palabras, se trata de buscar una modernidad política a partir de lo que en realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos ni podremos ser.