De cómo el Parlamento promueve las pensiones privadas (y la defunción de ancianos)
Joaquin Arriola
Es conocida la preocupación de los gobiernos de Europa, incluida la Comisión Europea, por el envejecimiento de la población y el coste añadido que ello supone para los servicios sociales de atención a la dependencia y a los sistemas públicos de pensiones. Las medidas de reforma iniciadas con más o menos profundidad en toda la UE se orientan por dos vías: reducir el nivel de prestaciones medias otorgadas a cada anciano, mediante procedimiento de alargamiento de los plazos, y endurecer los requisitos requeridos para adquirir derechos a las prestaciones.
Pero ahora el Parlamento español ha encontrado una fórmula "tres-en-uno", que permite trasladar a los propios ancianos el esfuerzo requerido para obtener un ingreso digno durante la vejez; facilita la trasferencia de rentas a la banca, sector privilegiado tradicionalmente por los gobiernos del PSOE, y contribuye a disminuir el problema del envejecimiento de la población por la vía de la aceleración de los procesos de paso a mejor vida de los jubilados propietarios de vivienda, es decir, de una gran parte de la población española que alcanza dicha jubilosa edad.
Todo ello, en un par de páginas en forma de disposición adicional de la reforma de la ley hipotecaria, que de rondón cuela otros cambios de gran calado, y sobre los que casi nadie ha reflexionado en serio -salvo, obviamente, los beneficiarios promotores de estas reformas-. El proyecto de ley lo dice todo: "Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria".
La reforma de la ley hipotecaria, ha sido aprobada la misma semana del 32º aniversario de la muerte de Franco, paladín de la política de compra de vivienda por la clase obrera como motor de la acumulación de capital. Y la reforma se plantea modificar este pilar del antiguo régimen, convirtiendo la vivienda en una forma de ahorro, que no de inversión: "Hacer líquido el valor de la vivienda mediante productos financieros podría contribuir a paliar uno de los grandes problemas socioeconómicos que tienen España y la mayoría de países desarrollados: la satisfacción del incremento de las necesidades de renta durante los últimos años de la vida", según reza la exposición de motivos de la reforma.
Hay que agradecer al gobierno la claridad con la que dice las cosas, seguramente porque es consciente de la impunidad con la que actúa. El mensaje que nos trasmite con esta ley es este: ¡Ciudadanos! Si creéis que en el momento de la jubilación vuestros ingresos se reducen demasiado para poder llevar una vida decente, sed previsores, compraos una casa a tiempo, y llegado el momento, entregádsela a un banco para pagar vuestra pensión, porque nadie entre los que aprobamos esta ley apuesta por aumentar las pensiones públicas.
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