De cómo el Parlamento promueve las pensiones privadas (y la defunción de ancianos)
Joaquin Arriola
Es conocida la preocupación de los gobiernos de Europa, incluida la Comisión Europea, por el envejecimiento de la población y el coste añadido que ello supone para los servicios sociales de atención a la dependencia y a los sistemas públicos de pensiones. Las medidas de reforma iniciadas con más o menos profundidad en toda la UE se orientan por dos vías: reducir el nivel de prestaciones medias otorgadas a cada anciano, mediante procedimiento de alargamiento de los plazos, y endurecer los requisitos requeridos para adquirir derechos a las prestaciones.
Pero ahora el Parlamento español ha encontrado una fórmula «tres-en-uno», que permite trasladar a los propios ancianos el esfuerzo requerido para obtener un ingreso digno durante la vejez; facilita la trasferencia de rentas a la banca, sector privilegiado tradicionalmente por los gobiernos del PSOE, y contribuye a disminuir el problema del envejecimiento de la población por la vía de la aceleración de los procesos de paso a mejor vida de los jubilados propietarios de vivienda, es decir, de una gran parte de la población española que alcanza dicha jubilosa edad.
Todo ello, en un par de páginas en forma de disposición adicional de la reforma de la ley hipotecaria, que de rondón cuela otros cambios de gran calado, y sobre los que casi nadie ha reflexionado en serio -salvo, obviamente, los beneficiarios promotores de estas reformas-. El proyecto de ley lo dice todo: «Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria».
La reforma de la ley hipotecaria, ha sido aprobada la misma semana del 32º aniversario de la muerte de Franco, paladín de la política de compra de vivienda por la clase obrera como motor de la acumulación de capital. Y la reforma se plantea modificar este pilar del antiguo régimen, convirtiendo la vivienda en una forma de ahorro, que no de inversión: «Hacer líquido el valor de la vivienda mediante productos financieros podría contribuir a paliar uno de los grandes problemas socioeconómicos que tienen España y la mayoría de países desarrollados: la satisfacción del incremento de las necesidades de renta durante los últimos años de la vida», según reza la exposición de motivos de la reforma.
Hay que agradecer al gobierno la claridad con la que dice las cosas, seguramente porque es consciente de la impunidad con la que actúa. El mensaje que nos trasmite con esta ley es este: ¡Ciudadanos! Si creéis que en el momento de la jubilación vuestros ingresos se reducen demasiado para poder llevar una vida decente, sed previsores, compraos una casa a tiempo, y llegado el momento, entregádsela a un banco para pagar vuestra pensión, porque nadie entre los que aprobamos esta ley apuesta por aumentar las pensiones públicas.
Es cierto que este mensaje se olvida de un pequeño problema, minúsculo si nos atenemos al tiempo que le dedican políticos y asesores de toda laya: tradicionalmente, los españoles han invertido sus ahorros en la compra de una vivienda precisamente para compensar la pérdida de ingresos de la jubilación con la reducción de gastos por un importe equivalente al pago de un alquiler. El problema es que durante la última década, los salarios de los españoles no han aumentado, los salarios de entrada al mercado de trabajo se han reducido y los precios de la vivienda se han multiplicado por tres. El resultado es que el 99% de los asalariados jóvenes están imposibilitados para adquirir una vivienda antes de la jubilación.
Veamos el caso de una pareja, de treinta años cada uno y cada uno con un salario neto mensual de 1.500 euros, que se compromete de por vida con la compra de una vivienda (recordemos que es, según el Gobierno y el Parlamento, una de las condiciones para «satisfacción del incremento de las necesidades de renta durante los últimos años de la vida»): Supongamos que la vivienda tiene un precio de mercado de 300.000 euros -es decir, aproximadamente un 60% por encima del coste de producción, lo cual entra dentro de la normalidad de este país-. Una hipoteca a 20 años, que sería un plazo razonable en el antiguo sistema de ahorro obrero, representaría una cuota mensual de 2.150 euros, imposible de pagar con los 3.000 euros mensuales que junta nuestra parejita con sus trabajos «bien remunerados».
Como siempre, la banca ha encontrado la solución: hipotecas a 50 años, que en nuestro caso le supone a nuestra pareja trabajadora 1.580 euros mensuales, lo cual les deja 1.420 euros todos los meses para adquirir los demás bienes y servicios necesarios para poder seguir presentándose al trabajo todos los días y seguir abonando su crédito hipotecario.
Con una cuota y plazo de amortización semejante, llegados nuestros hoy jóvenes a la edad de 65 años, habrán pagado 663.270 euros, más de dos veces el precio de la vivienda, y todavía les quedarán otros 15 años de seguir pagando al banco, hasta completar los 947.580 euros que les va a costar su pisito de tres habitaciones con baño, aseo y terraza. Pero a esa edad -o unos años después, al paso que vamos- sus ingresos dejarán de ser los de un par de asalariados con suerte (por haber trabajadado sin interrupción durante los últimos 35 años) para convertirse en los de dos pensionistas del montón, y entre ambos llegarán a juntar, digamos, 1.600 euros mensuales. Es decir, que si quieren seguir disfrutando de un techo bajo el que cobijarse, deberán dedicar todos sus ingresos a pagarle al banco por tercera vez el precio total de su vivienda (los 284.260 euros que faltan para amortizar el crédito). Pero en tal caso, no les quedará ni para pagar los recibos de la luz, agua y calefacción. ¿Qué hacer?
Nuestros todavía jóvenes trabajadores, en el momento de tomar su decisión inicial de entramparse de por vida con el banco, probablemente contaban con la posibilidad de que sus padres fallezcan antes de que ellos lleguen a la edad de jubilación, y con la venta de las viviendas heredadas por ambos, o la parte que les corresponda una vez repartida con los hermanos, abonar por anticipado parte del crédito pendiente. (Otra alternativa que tenían en su momento era seguir viviendo con los padres hasta su fallecimiento y quedarse con la casa, posibilidad dependiente del número de herederos potenciales pero cada vez más visible en los comportamientos juveniles de hoy en día: «comportamiento racional», lo denominan los economistas).
Ahora bien, llegan el PSOE y sus acompañantes parlamentarios y como quien no quiere la cosa, quiebra esta estrategia vital por la base. Han decidido transferir al propio pensionista (jubilado o persona afecta de dependencia severa) la generación de los ingresos requeridos para su sustento, esto es, para complementar las pensiones públicas que alcanzan un nivel medio de unos 725 euros mensuales en el caso de jubilados y personas con incapacidad permanente. Y para ello, le encargan a la banca la gestión del tinglado privatizador. A los que actualmente esperaban poder heredar la casa paterna, pagada por sus padres en el sistema franquista de inversión obrera en compra de piso a 15 y 20 años, les dicen los padres de la patria: ¡Hipotecados! Si queréis recibir la herencia de vuestros padres para descargaros de parte de vuestra deuda con el banco, antes tenéis que hacer un esfuerzo extra, y abonar los ingresos que vuestros padres recibieron del banco para compensar sus magras pensiones, además de los intereses correspondientes. Y si no tenéis para pagar, el propio banco se encargará de vender en pública subasta la vivienda que tanto anheláis, y una vez cobrada su deuda, os hará entrega de lo que quede.
Claro que siempre hay salidas para todo: si los futuros herederos, hoy agobiados deudores de hipotecas, deciden facilitar la transición a la otra vida de sus progenitores, el importe de la pensión privada que les toca pagar se reducirá proporcionalmente a los años en que hayan acortado la vida de sus padres. Y de paso, habrán contribuido a que el fenómeno del envejecimiento poblacional se vea reducido. Si sus padres han vivido hasta los 75 años, a razón de digamos 10.000 euros anuales de crédito sobre su vivienda (hipoteca inversa), solo tendrán que abonar unos ¡135.000 euros! al banco para recuperar la vivienda, cantidad que aumenta obviamente cada año que pasa (si por ejemplo los ancianos progenitores llegase a los 85 años, en el ejemplo de los 10.000 euros de «pensión» anual, la cantidad a devolver al banco se aproxima a los 250.000 euros). Por lo tanto, tras una década de holgada jubilación, puede haber llegado un buen momento para facilitar la aparición de cualquier accidente doméstico que resuelva el entuerto a total satisfacción de los políticos, de los banqueros y de los herederos (quizá me olvido de algún actor relevante en este sainete, pero no importa).
Volvamos al caso de nuestra pareja de asalariados a tiempo completo. Perdidas las esperanzas de aligerar el peso de su deuda cuando todavía disfrutan de los estupendos salarios que pagan los capitalistas hispanos, nuestra joven pareja de hipotecados democráticos a 50 años se deprime ante el porvenir que les espera: la amenaza del desahucio por morosidad en la edad anciana no es una perspectiva que le pueda alegrar el día a nadie. Pero he aquí que nuestros legisladores han pensado en todo, y la reforma de la ley hipotecaria facilita la refinanciación, hasta en un 60% del importe de la vivienda en cuestión. Así que ya puede dormir tranquila nuestra pareja. Cuando cumplan los 65 años, después de haber abonado el equivalente a 2,2 veces el precio de su vivienda, el banco les hará una tranquilizadora oferta: el banco se pagará a si mismo los 284.260 euros pendientes de la deuda hipotecaria, y cuando fallezcan el banco se quedará con su vivienda, salvo que sus potenciales herederos quieran pagar la deuda… más los intereses; es decir, si están dispuestas a pagar el precio de la vivienda por tercera vez. Interés sobre interés, la banca siempre gana.
Publicado en La Insignia. España, noviembre del 2007 . Se publica con autorización expresa del autor).
