Historia de la UGT en Cataluña. 3, República, despegue
Tras nuestras entradas dedicadas a su fundación y primeros años y a sus años de estancamiento a principios del siglo XX publicamos esta dedicada a su evolución durante los primeros años 30 en una introducción en cinco partes a la historia del sindicato socialista Unión General de Trabajadores en la región catalana desde su fundación a finales del siglo XIX hasta el final de la dictadura franquista en los años setenta.
1.
La cooperación entre la UGT y el régimen primorriversita se quebró entre 1927 y 1928. Primero a raíz de la decisión unilateral de Primo de Rivera de constituir una «Asamblea Consultiva», para iniciar el proceso de elaboración de una nueva constitución que habría de sustituir a la de 1876, cuyos miembros lo serían por designación directa del dictador. El decreto de convocatoria de dicha Asamblea, del 12 de septiembre de 1927 incluyó como miembros a Largo Caballero, Lucio Martínez Gil, Manuel Llaneza, Fernando de los Ríos y otros, hasta siete personas del ámbito de la UGT y del PSOE. La acción de Primo de Rivera contrarió el acuerdo de la UGT de aceptar cargos institucionales sólo si podían ser elegidos por la propia organización, y el sindicato respondió con un Congreso extraordinario, el 6 de octubre, en el que por unanimidad se aprobó rechazar tales denominaciones. La UGT no iba a estar presente, de ninguna manera, en la Asamblea Consultiva. Una discrepancia que se sumó a la progresiva acumulación de desencuentros en cuestiones muy sensibles para el sindicato. Como la restauración de la jornada de 8 horas en la minería a partir de octubre de 1927 (era de 7 hasta entonces) que desairó al Sindicato Minero el que había llegado más lejos en la actitud de cooperación con el régimen. Y, sobre todo, el fracaso en la extensión del sistema de comités paritarios al ámbito campesino, una de las reivindicaciones fundamentales de la UGT, que no fue aprobada por el gobierno hasta mayo de 1928; y que quedó sin aplicar por la oposición de los grandes propietarios y de las organizaciones patronales agrarias. La cesión del régimen ante las presiones de estos últimos iban de parejo con el apoyo que prestaba en las zonas urbanas a los Sindicatos Libres, en los que se habían integrado también los sindicatos católicos. Cuando Primo de Rivera dimitió, en enero de 1930, el alejamiento de la UGT del régimen ya era un hecho; por las dos partes: el sucesor de Primo de Rivera, el general Berenguer, se mostró favorable a reformar el sistema de los comités paritarios de acuerdo con las sugerencias de la patronal y abandonó los esfuerzos por recuperar las relaciones con el sindicato y el socialismo español. El próximo paso de la UGT, muy particularmente de Largo Caballero, fue acercarse, en la práctica, al movimiento republicano reforzado por el abandono del Dictador y las vacilaciones y divisiones de militares y políticos que pugnaban por encontrar una salida controlada a la recuperación de la monarquía parlamentaria. Un acercamiento que protagonizó de manera específica el PSOE y que encabezaron Prieto y Fernando de los Ríos, mientras que a la UGT se le atribuía un papel de apoyo, a través de la movilización, en el proceso político que culminó en la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.
Ese distanciamiento frente al régimen primorriverista produjo resultados que la anterior política no había llegado a alcanzar de manera clara. La UGT pasó de los poco más de 210.000 afiliados, en septiembre de 1928 –una cifra que no conseguía despegarse de la de los primeros tiempos de la Dictadura–- a casi 280.000 en diciembre de 1930 y siguió creciendo hasta rebasar el umbral de los trescientos mil en los primeros meses de 1931 y, tras la proclamación de la República, alcanzar el millón en 1932. Ese crecimiento se produjo sobre todo en el sector agrario y tuvo también como protagonistas destacados los sectores del transporte, la construcción y la banca. La afiliación campesina había descendido de los 75.000 afiliados, en 1921, a poco más de 50.000 en 1928 y era una de las principales manifestaciones de la frustración que, finalmente, había generado la actitud de participación institucional durante el régimen primorriverista. En 1932 la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, constituida en 1930, había pasado a representar con sus más de 450.000 afiliados casi la mitad del total de miembros de la UGT. Su espectacular crecimiento tuvo que ver muy directamente con la nueva política de relaciones laborales en el campo impulsada por Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo, que ocupó desde el gobierno provisional de la República hasta septiembre de 1933, y con la expectativa generada por la reforma agraria; esa expansión no se reflejó en absoluto en Cataluña, agotados los proyectos promovidos por Juan Durán que no habían tenido apoyo por parte de la dirección de la UGT, y la Unió de Rabassaires, fundada en 1922, capitalizó la nueva situación y la política agraria impulsada por la Generalitat de Cataluña, con su emblemática ley de contratos de cultivo. A distancia de ese extraordinario crecimiento, pero experimentado también un despegue notable se situó la afiliación de la UGT en el sector del transporte, que pasó de casi 14.000 afiliados en 1921 a más de 90.000 en 1932, la de la construcción, que lo hizo de más de 13.700 a casi 84.000 y el de la banca, sin apenas presencia en la UGT de 1921 y que contaba en la de 1932 con 27.600 y era claramente hegemónica en el sector. El arranque del crecimiento, cuantitativo y cualitativo, de la UGT catalana se produjo también desde finales de 1928. De manera que a comienzos de 1931, antes de proclamarse la República, la Federación Regional informó a la Comisión Ejecutiva Nacional que la afiliación en Cataluña había alcanzado ya los 18.000 individuos; incluso aceptando que pudiera haber alguna sobreestimación, las cifras eran demostrativas del salto que se había empezado a dar. Uno de los factores del crecimiento fue de carácter organizativo: en el congreso del Sindicato Nacional Ferroviario, de noviembre de 1928, se acordó incorporar a la Novena Zona (Cataluña) la circunscripción de Lleida, hasta entonces vinculada al distrito de Zaragoza; la red ugetista ferroviaria catalana, que se había limitado a Barcelona y Manresa incorporó la capital de la tierras occidentales, así como también Tarragona, que lo había hecho algunos meses antes. La sección ferroviaria catalana rebasó los 2.200 afiliados, constituyó en aquellos años una de las piezas fundamentales de la UGT catalana y fue la tercera en importancia dentro del Sindicato Nacional Ferroviario, después de la Primera y Quinta Zona, con centro en Madrid y Bilbao respectivamente. En otros casos se trató de la reactivación de secciones en ámbitos con presencia tradicional de la UGT: como fue el de las Artes Gráficas; o el Textil, en el que no obstante se mantuvieron unos niveles relativos modestos y una dispersión geográfica de las secciones, en las que prevalecían los núcleos históricos de Mataró, Calella, Manlleu y Roda de Ter, sin que nunca se llegara a alcanzar una dimensión competitiva frente a la CNT. En el fondo de todos ellos estuvo la puesta en marcha de los comités paritarios, creados por el gobierno español en noviembre de 1926 y que empezaron a actuar, de manera real, a finales de 1928; la UGT concentró en ellos su actividad sindical y se obtuvieron, en general, rendimientos positivos, hasta el punto que incluso sociedades obreras afines al anarcosindicalismo se integraron plenamente en dichos comités, cuyas resoluciones, por el contrario, tuvieron sus mayor oposición entre 1928 y 1929 en la patronal. El crecimiento cuantitativo fue acompañado de un relevo en las instancias dirigentes de la Federación Regional y en la representación pública de la UGT en Cataluña, en el que se combinaron motivos sindicales, políticos y generacionales. En el otoño de 1929 Joan Duran, duramente criticado por su acumulación de cargos y por las sospechas de que se lucrara con ello, dimitió como representante catalán en el Comité Nacional de la UGT. Meses más tarde, en el congreso de la Federación Regional, de abril de 1930, Marià Martínez Cuenca fue elegido secretario general, como signo de incorporación de nuevos cuadros; aunque el ferroviario Josep Jové continuó siendo presidente – había sido elegido en 1928- y Joaquim Escofet, dirigente de Artes Gráficas y presente en casi todos los comités regionales desde su creación en 1922 fue elegido en esta ocasión vicepresidente (antes había sido presidente, en 1922-1925 y secretario general, entre 1925 y 1929). Las críticas, después de aquel congreso, pasaron a centrarse en la persona de Escofet, al que se reprochó su estilo caciquil en el sindicato de Artes Gráficas y en un Pleno regional, en julio de 1930, fue sustituido por un nuevo cuadro, José Zaragoza.
Un caso singular, y de peso, fue el de los trabajadores del mar y del puerto. En abril de 1929 tuvo lugar la reorganización de la Sociedad de fogoneros, marineros y fonda «La Naval», cuya existencia había sido intermitente, desde sus prometedores inicios. A ello se sumó el hecho de la progresiva coincidencia táctica con la Federación de Entidades Obreras del Puerto (FEOPB), dirigida por Desideri Trilles, sobre todo por lo que se refería a la defensa de la participación obrera en los comités paritarios; la FEOPB, con su millar largo de afiliados era la principal organización sindical del puerto. La CNT presionó a la FOPB para que abandonara el comité paritario y se integrara en la CNT hasta tal punto que dicha entidad, que inicialmente había considerado la opción de incorporarse a la central anarcosindicalista, acabó rompiendo con ella. La reacción anarquista fue de total beligerancia y el mismo día de proclamación de la República, el 14 de abril, exigió al autoconstituido gobierno catalán la disolución de la FOPB, por lo que esta decidió el 26 de abril ingresar en la UGT. No fue ni mucho menos el final del conflicto. La CNT consiguió que se integrara en su sindicato la Mutalidad de San Pere Pescador y a partir de ella desencadenó una batalla por el control exclusivo del trabajo en el puerto de Barcelona; la Mutualidad, organización mixta de obreros y patronos, era mayoritaria en las faenas de carga y descarga de los muelles, en tanto que la FEOPB lo era en los trabajos de carga y descarga de a bordo de los barcos. El mismo mayo de 1931, la CNT exigió, con huelga de por medio, que todas las contrataciones se hicieran de manera exclusiva a través de la bolsa de trabajo de la Mutualidad, es decir a través de la CNT. Las buenas relaciones existentes entonces entre la CNT y Esquerra Republicana de Barcelona llevaron a Francesc Maciá a intervenir, de manera personal, y parcial, dictando unas nuevas bases de trabajo en las que concedía la contratación de manera exclusiva a la bolsa de trabajo controlada por la CNT. El rechazo absoluto de la FEOPB-UGT dio lugar a violentos enfrentamientos entre las dos sindicales, interrumpido temporalmente por un acuerdo de respeto de la libertad de sindicación, a finales de junio, que en octubre fue roto por la CNT al exigir a todos los trabajadores del puerto la cotización al sindicato anarquista. La negativa de los afiliados a la CNT a trabajar conjuntamente con los que lo estuvieran a la UGT se convirtió de hecho en una nueva huelga en el puerto; pero en esta ocasión la falta de apoyo de la propia Federación Local de la CNT y la intervención del gobernador civil, Anguera de Sojo, diametralmente opuesta a la anterior de Maciá, dio un giro a la situación. Anguera de Sojo dictó en diciembre un laudo de reparto del trabajo en los siguientes términos: 45% para afiliados a la CNT, 45 % para los que lo estuvieran a la UGT y 10% para no afiliados. La CNT del puerto reabrió el conflicto intersindical en abril de 1933 y esta vez obtuvo el apoyo de los sindicatos locales anarquistas que declararon una huelga general del transporte de Barcelona en apoyo a la revisión de los porcentajes establecidos en 1931. Sin embargo, la situación política y sindical había cambiado de manera notable con respecto a 1931; la CNT estaba en pleno proceso de caída bajo el control de la FAI y de ruptura con Esquerra Republicana, y el nuevo gobernador civil, Claudi Ametlla, intervino con un segundo laudo que mantuvo el porcentaje atribuido a la UGT, pero redujo el de la CNT, al 40%, en beneficio del resto, 15%. La UGT pudo salvar la ofensiva de exclusión del puerto, pero el saldo del duro enfrentamiento sindical fue el de un antagonismo constante nunca superado.
Menos dramática, pero con características paralelas fue la confrontación en el sector de las Artes Gráficas de Barcelona, donde la UGT fue recuperando afiliación a finales de los años veinte. A comienzos de 1930, el comité paritario del sector, en el que la UGT tenía mayoría, había establecido unas nuevas bases de trabajo; favorables a los trabajadores hasta el punto que la patronal las denunció ante el Ministerio de Trabajo. En noviembre de aquel año, el Sindicato de Artes Gráficas de la CNT, que en agosto había rechazado públicamente las bases, exigió la retirada de la representación obrera del comité paritario y presentó nuevas bases para la negociación directa con la patronal, que incluían las mejoras ya obtenidas a comienzos de 1930 además de la pretensión de reconocimiento del sindicato de la CNT como interlocutor exclusivo de la patronal. Para apoyar su exigencia declaró una huelga que no llegó a paralizar todo el sector y al menos siguiente tuvo que desconvocarla y acatar el acuerdo de enero. En este caso la UGT resistió el envite, pero su crecimiento se vio frenado por la beligerancia anarquista. Los desenlaces de los conflictos del puerto de las Artes Gráficas fueron excepción. La ofensiva de la CNT del verano de 1930, reactivada en el primer semestre de 1931, consiguió recuperar gran parte de las sociedades obreras que habían llegado a controlar en el tercer lustro de siglo y monopolizar la representación sindical de la mayor parte de los ramos y sectores industriales, como era su objetivo desde entonces. La cuestión de los comités paritarios constituyó un caballo de batalla crucial de la CNT –que los rechazó sistemáticamente– que lo convirtió en palanca de su reconstitución, como elemento mayor de discrepancia y diferenciación con la UGT; para ello tuvo favor el declive del régimen que arrastraba en su descrédito las instituciones que había promovido o utilizado. La focalización de la confrontación entre UGT y CNT en dichos comités y la aceptación de las bases de trabajo acordadas por estos perjudicó a la UGT, habida cuenta del vacío que de manera general les hizo la patronal catalana, que dejaron de asistir a dichos comités en 1930, y la pasividad de las representaciones gubernamentales, también de las correspondientes instancias del Ministerio de Trabajo, influida por la crisis final del régimen. Más tarde, el entendimiento de hecho entre Esquerra Republicana de Cataluña y la CNT y la actitud claramente favorable a esta última por parte del Gobierno de la Generalitat, que no cambió hasta 1933, completó la suma de condiciones adversas que tuvo que afrontar la UGT catalana en esos años clave de transición política. La UGT catalana pudo carecer en la época de dirigentes de talla, como los que tuvo la CNT en su etapa fundacional, y sin duda se vio afectada por las pugnas personalistas o generacionales y la precariedad de sus medios; pero esas circunstancias individuales tuvieron a medio plazo menor incidencia en las dificultades que encontraba su expansión que aquellas condiciones adversas.
2.
La crisis final de la monarquía y la proclamación de la República involucró plenamente a la UGT en la dinámica política. Lo hizo de manera general, en el ámbito español, mediante la actividad de Largo Caballero que actuó en el movimiento conspirativo republicano «de manera personal», implicando de hecho al sindicato y se integró en el Comité Revolucionario republicano de 1930, convertido el 14 de abril en Gobierno Provisional de la República, en el que asumió la cartera de Trabajo. Ese ámbito de gestión le permitió a Largo Caballero llevar adelante el programa ugetista de establecimiento de un nuevo marco de relaciones de trabajo en la ciudad y en el campo, que ratificó los principios de negociación colectiva y derecho de huelga, prolongó y mejoró en beneficio de los trabajadores el sistema de los comités paritarios, ahora reconstituidos como jurados mixtos, restauró la plena vigencia de la jornada de 8 horas, y, por fin, impulsó la ley de contrato de trabajo, que los sucesivos gobiernos de la Monarquía parlamentaria y de la Dictadura se habían negado a promover; su único límite fue el proyecto de ley de control obrero –inspirado en el existente entonces en la República Alemana–, rechazado de manera absoluta por el Partido Radical y que fue uno –no el único– de los motivos de ruptura del gobierno de coalición republicano-socialista de 1931-1933. Es indudable que esa condición ministerial y su gestión tuvieron mucho que ver con el impulso tomado por la UGT.
También la UGT catalana se vio envuelta en esos acontecimientos, pero de una manera menos clara y con resultados mucho menos buenos. En 1930 Josep Jové se integró en el Comité Revolucionario de Cataluña, también a título personal; aunque, en su caso, involucrando menos claramente al sindicato más por las diferencias existentes en el seno del socialismo y del ugetismo catalán que por una ausencia de mandato explícito. Ante la convocatoria de elecciones municipales el Comité Regional de UGT tomó la iniciativa de convocar en Barcelona a diversas organizaciones republicanas para articular una «candidatura antimonárquica»; era una iniciativa competidora con la que impulsava Maciá, Companys, Lluhí Vallescá y otros y que dio lugar a Esquerra Republicana de Cataluña. La de la Federación Regional de la UGT, no compartida por todas las secciones del sindicato y tampoco por algunas agrupaciones socialistas, propició en Barcelona una coalición con los republicanos radicales, algunos republicanos federales, la Derecha Liberal Republicana, la Agrupación Socialista de Barcelona y la propia Federación Local de la UGT, que en las elecciones del 12 de abril consiguió que resultaran elegidos Josep Jové, Mariá Martínez Cuenca y Antoni Olarte. El resultado electoral precipitó los acontecimientos y mientras Josep Jové fue designado en el nuevo ayuntamiento para ocupar la décima tenencia de alcaldía, la Federación Local de Barcelona comisionó al dirigente del sindicato Textil, Salvador Vidal Rosell –miembro del Comité Regional entre 1928 y 1930– para que se integrara en un supuesto Comité de Salud Pública, que no llegó a constituirse por la acción de Maciá que proclamó el 14 de abril la República Catalana; con ese precedente Vidal Rosell fue incorporado al Gobierno de la República Catalana, constituido el 15 de abril, como responsable de la cartera de Obras Públicas. Después, tras el pacto entre Francesc Macià y la delegación del Gobierno provisional de la República por el que se instauró la Generalitat provisional a la espera de la aprobación de un Estatuto de Autonomía, Vidal Rosell pasó a formar parte del primer Gobierno provisional de la Generalitat, al frente de la Consellería de Fomento y Agricultura.
Ese itinerario de Vidal Rosell se fue alejando de las decisiones colectivas de la UGT y resultó conflictivo. Tanto por las reticencias de Josep Jové, que consideraba que era él el que había tenido que formar parte del gobierno catalán, de acuerdo con su presencia en el Comité Revolucionario y su condición de Presidente del Comité Regional; como por las posiciones políticas de Vidal Rosell, que acabaron chocando con el resto del Gobierno de la Generalitat, y llegaron a un punto de ruptura a raíz de unas declaraciones suyas contra el uso del catalán como lengua oficial, en noviembre de 1931. Vidal Rosell recogía una posición ampliamente defendida en el seno de las organizaciones catalanas del PSOE y de la UGT, como ya se verá más adelante. Sus manifestaciones obligaron a Macià a forzar su dimisión y Vidal Rosell fue sustituido por Josep Jové, por decisión unilateral de Macià; mientras la UGT se planteaba si tenía que seguir teniendo un representante en el Gobierno de la Generalitat, con el que el sindicato estaba enfrentado, además de por razones políticas, por la predisposición de Macià, Esquerra Republicana y su aliada la Unió Socialista de Cataluña, hacia la CNT. Josep Jové no quiso atender a la decisión del sindicato y aceptó la propuesta de Macià, por lo que fue inmediatamente suspendido en su militancia. El congreso regional de diciembre de 1931, el último que celebró como tal la Federación catalana de la UGT, resolvió el episodio expulsando a Josep Jové y también reprobando la actuación de Vidal Rosell, que había incurrido en los mismos personalismos que Durán y Escofet. Episódicamente, la UGT había tenido una presencia política de la que nunca había disfrutado en Cataluña; pero ese hecho había resultado un espejismo más que otra cosa y no había servido, en absoluto, para favorecer los intereses de la UGT, ni siquiera para defenderla mejor de las ofensivas de la CNT por el monopolio sindical. El balance de las relaciones entre la UGT y la Generalitat de Cataluña no resultó positivo; algo que contrastaba, en los primeros meses de la República con el que podía establecer la UGT en el conjunto español. Para un sindicalismo que tenía como una de sus propuestas principales el intervencionismo del estado, de los poderes públicos, en el ámbito social y sobre todo en el laboral, la actitud del Gobierno de la Generalitat fue un revés importante.
El nuevo momento político y el moderado crecimiento de la afiliación, con la incorporación de colectivos tan potentes como el de los trabajadores del puerto de Barcelona, se tradujo en el Congreso regional de diciembre de 1931 en la adopción de algunas novedades organizativas en la estructura de la Federación Regional y en un relevo de su cúpula, con intenciones integradoras. La novedad organizativa fue la ampliación del Comité Regional a cuatro vocales en representación de las correspondientes provincias catalanas y la adopción de la figura del Pleno del Comité Regional integrado además de por los miembros elegidos en el congreso los delegados de las federaciones nacionales de industria de la UGT con secciones en Cataluña, con derecho a intervenir pero no de voto. Por otra parte, la intención integradora se materializó con la incorporación al Comité Regional de Desiderio Trilles y la elección de Antonio Olarte, de la Federación Local de Barcelona, como presidente, mientras que Josep Vila Cuenca lo fue como secretario general, de manera que las dos tendencias políticas que se habían venido enfrentando, sobre todo en la capital catalana, sobre la política electoral, las relaciones con la Generalitat y , sobre todo, las expectativas sobre el estatuto, ocuparon los dos principales cargos de responsabilidad en el Comité. El pacto no resolvió el debate de manera que en el seno de las organizaciones catalanas de la UGT, como en las del PSOE, el debate sobre el Estatuto de Autonomía siguió enfrentando a unos y otros; algunas secciones apoyaron la campaña de las Juventudes Socialistas en defensa del «español» y otras, como la de Tarragona se quejó de que la autonomía catalana podía significar un boicot al puerto de la ciudad por parte de ciudades inmediatas a Cataluña que optaran por sustituirlo en beneficio del de Valencia. No obstante lo definitivo fue que, finalmente, la Federación Socialista Catalana llamó a votar si en el plebiscito del texto de Núria, el 2 de agosto de 1931 y que la Federación Regional de Cataluña de la UGT hizo público su apoyo al Estatuto, a través del telegramas al grupo parlamentario socialista y a la Comisión Ejecutiva de la UGT, cuando aquel inició su trámite de debate en las Cortes.
La aprobación del Estatuto de Autonomía por las Cortes españolas, en septiembre de 1932, ratificó el nuevo escenario político e institucional de Cataluña. En respuesta a ello una parte de la delegación catalana en el Congreso de la UGT de España, de octubre de 1932, encabezada por Martínez Cuenca y Ramón Palomas, propuso una organización asimismo autónoma del propio sindicato. No fue aceptada y en contrapartida se dispuso facilitar la coordinación propia, con un limitado margen de acción autónoma a las secciones catalanes sin llegar a su constitución autónoma integral, mediante la instauración de un Secretariado Regional que pasaría a sustituir a la antigua Federación y su Comité Regional; por otra parte se instituyó un Consejo Regional, en lugar del más inconcreto Pleno del Comité Regional, con la representación de los delegados de las federaciones de industria. Fueron cambios más administrativos y de nomenclatura que políticos y en cambio concentró el poder efectivo de actuación ejecutiva en el nuevo cargo de secretario general –se eliminaban las tradicionales presidencias y vicepresidencias– y en el de secretario administrativo. Después de que la Comisión Ejecutiva Nacional de la UGT aprobara los nuevos estatutos del Secretariado en febrero de 1933, el congreso regional de marzo lo puso enmarca y eligió para los dos cargos ejecutivos a los que ya eran máximos responsables en el antiguo Comité, Vila Cuenca y Antonio Olarte.
Más trascendental que esos limitados cambios en la organización de la UGT catalana fue la incorporación de un nuevo colectivo de trabajadores, los de banca y bolsa. En junio de 1931 se había constituido en Cataluña una Federació Catalana d’Empleats de Banca i Borsa, un sindicato independiente de un sector de asalariados que todavía se concebía a medio camino entre las clases medias y las clases trabajadoras. Era una sociedad potente, con más de cuatro mil afiliados, con un periódico L’Esforç que tiraba 15.000 ejemplares, plenamente hegemónica en su sector, sin haber tenido que recurrir a tácticas de coacción. La dirección de la FCEBB estableció pronto relaciones con la Federación Nacional de Banca de la UGT, y en particular con sus máximos dirigentes, Amaro del Rosal y Luis García Lago. El interés en la aproximación resultó mutuo y después de que en junio de 1932 se firmara un documento conjunto se inició definitivamente un proceso que culminó en la incorporación del sindicato catalán en la UGT, en su Federación Nacional de Banca como una organización autónoma que cambió, significativamente, su denominación por la de Federació Catalana de Treballadors de Banca, Borsa i Estalvi. El proceso tuvo algún obstáculo importante por parte de los miembros del sindicato independiente catalán que veían con recelo su integración en un sindicato de clase y el abandono de la identidad corporativa profesional. A pesar de todo el Congreso de Tarrasa de la FCEBB aprobó la integración, en agosto de 1934 y la nueva FCTBBE mantuvo quince secciones ( Barcelona, la más importante, Sabadell, Terrassa, Vic, Manresa, Igualada, Tarragona, Reus, Montblanc Lleida, Mataró, Figueras, Girona y Olot) y más de 4.600 afiliados. Eso sí, la integración a la UGT se hizo a través de la federación de banca y no a través del Secretariado General. No era una situación exclusiva; algunas secciones de la UGT de Cataluña cotizaban directamente por medio de las federaciones de industria a las que estaban adscritas, lo que ha creado alguna confusión en la historiografía a la hora de contabilizar los efectivos ugetistas globales en Cataluña, al tener solo en cuenta los plenamente controlados por el Comité Regional o por el Secretariado. A pesar de todo una fuente institucional más objetiva ayuda a resolver los equívocos: el «Cens Electoral-Social de Cataluña» de 1934 elaborado por la Generalitat; de acuerdo con él, en 1934 –antes de los sucesos de octubre– la UGT catalana sumaba casi 44.500 afiliados, de ellos prácticamente 33.800 en Barcelona y 10.700 en el resto de Cataluña, destacando las comarcas del Maresme (1.600) y Tarragonés (1.400). El salto en afiliación era innegable, aunque el Secretariado no representara plenamente ese salto y aunque los problemas políticos internos del socialismo catalán lo desdibujaran y limitaran su incidencia.
3.
La otra cara de ese proceso, positivo estrictamente en el campo sindical, fue el conflicto político existente en el seno del socialismo en Cataluña y su repercusión directa sobre la UGT. La raíz del conflicto era la diferente posición respecto a las reivindicaciones nacionales catalanas y al catalanismo. Venía de lejos. La primera respuesta del socialismo español a la que entonces se llamaba la «cuestión regional», en el tránsito del siglo XIX al XX, fue considerar que las reivindicaciones de las nacionalidades, la catalana y la vasca, no eran más que instrumentos de las burguesías para dominar mejor a las clases trabajadoras. Esa reducción, simplista y dogmática significó que la primera aproximación seria a la cuestión nacional, desde el campo del socialismo –entendiéndolo este sin dogmatismos, de un a manera abierta a la pluralidad– fuese la de Gabriel Alomar, militante en el republicanismo catalanista de izquierda, quien en 1910 postuló la necesaria síntesis entre catalanismo y socialismo, por el núcleo fundamentalmente emancipatorio de ambos. Alomar sostuvo que el catalanismo estaba siendo traicionado por la Lliga, que lo que en el fondo quería era gobernar España, y no podía ser tampoco llevado a la victoria por movimientos republicanos de clases medias; por lo que solo triunfaría cuando la base del catalanismo fueran las clases trabajadoras y, por tanto, su doctrina ideológica fuera la del socialismo. Esa propuesta acabó obteniendo eco en las filas de la Federación Catalana del PSOE, a través del reusense Josep Recasens, que lideró la apertura del socialismo catalán hacia una consideración positiva de las reivindicaciones nacionales y , con ello, hizo posible la incorporación al partido, a partir de 1915, de jóvenes cuadros desilusionados por las limitaciones del republicanismo: Andreu Nin, Manuel Serra i Moret, Ramon Pla i Armengol, Rafael Campalans y poco antes de la proclamación de la dictadura Joan Comorera. La crisis de la Restauración, las movilizaciones sociales y políticas de 1917, y el carácter de ruptura política que tomó el movimiento por la autonomía catalana en 1918, ayudó a ese proceso. Recasens y Serra Moret, con el apoyo de Besteiro, lideraron el debate en el Congreso del PSOE de 1918, que modificó radicalmente su posición anterior y aprobó la propuesta de una «Confederación Republicana de nacionalidades ibéricas», con la única condición de que el régimen político de cada una de esas nacionalidades fuera democrático. El PSOE apoyó activamente aquel año la campaña a favor de la autonomía catalana.
Lo que podría haber significado ese cambio quedó pronto bloqueado. Primero por la deserción de la LLiga del movimiento autonomista en 1919, alarmada por las movilizaciones sociales, y su aproximación, definitiva, a los partidos monárquicos, sobre todo al conservador y a Maura. Inmediatamente después por la crisis de identidad que, como a todo el socialismo europeo, se produjo al acabar la guerra mundial y como consecuencia de la revolución rusa. El debate sobre la adhesión o no a la Internacional Comunista, que finalmente en 1921 se resolvió con el no, paralizó políticamente al socialismo y se produjo en él una marcha atrás, que no llegó nunca a ser una rectificación programática formal, respecto al acuerdo de 1918. En el PSOE esa marcha atrás la lideraron Largo Caballero y Prieto; en el socialismo catalán lo pretendió Fabra Ribas. El resultado fue que, mientras en el campo político del socialismo catalán se intentó seguir manteniendo el camino emprendido en los tiempos de la guerra mundial, en el campo sindical prevalecieron las posiciones defendidas por Largo Caballero o Fabra Ribas; esas fueron las que defendieron Joan Durán o Joaquím Escofet. El empeño de avanzar en la simbiosis entre socialismo y catalanismo llevó a Recasens, Serra i Moret, Campalans, con el apoyo también del veterano Josep Comaposada, a promover una plataforma de acción política conjunta entre militantes de la Federación Catalana y personas que ideológicamente se situaban ya en el campo socialistas, o avanzaban hacia ello, pero ni militaban en el PSOE ni hacía de ello una opción personal de futuro. La plataforma fue constituida en mayo de 1923 con el nombre de Unió Socialista de Cataluña y aunque no entusiasmó a la dirección del PSOE, fue aceptada no sin reticencias. Sin embargo, la diferente respuesta a la Dictadura de Primo de Rivera, frente a la cual la Unió Socialista adoptó una posición de beligerancia frontal y de rechazo a participar en ninguna de sus instituciones, precipitó la ruptura. En 1925, el Comité Nacional del PSOE acordó la incompatibilidad de la militancia en el partido y en la USC y se consumó la escisión del socialismo en Cataluña, en dos corrientes, por mucho tiempo. En el terreno sindical esa ruptura ya se había producido de hecho antes y reforzó la orientación de la USC hacia la militancia en la CNT de sus escasos obreros adheridos, como Joan Fronjosá, alumno de Campalans en la Escola del Treball. Cuando en 1930 se reactivó la política catalana las dos ramas del socialismo catalán tomaron opciones diferentes: la USC formó coalición con Esquerra Republicana y ya se ha visto como la UGT promovió una candidatura diferente. Se dibujó entonces un panorama en el que la Federación Catalana del PSOE entró en una condición de marginalidad política sobreviviendo gracias al despegue de la UGT, mientras que la USC, cuyo protagonismo político se vio incrementado por la alianza con Esquerra, no podía crecer más, precisamente por la debilidad de sus apoyos sociales específicos, que se traducía de manera muy concreta en la época por su debilidad sindical.
La opción de la USC por la CNT fue un fracaso, y su dirección, en particular Joan Comorera, adoptó una posición radicalmente antianarquista después de los intentos insurrecciónales de enero de 1933. Por su parte, la realidad del Estatuto de Autonomía, se impuso en el campo de la Federación Socialista y también de la UGT. Ciertamente hubo conatos de convertirlas en el ariete del españolismo, del rechazo a la autonomía; pero ya se vio como eso no prosperó. El resultado fue un proceso de acercamiento entre las dos organizaciones socialistas catalanas, que culminó en un congreso de unificación y la constitución de una nueva formación denominada Unió Socialista de Cataluña (Federació Catalana del PSOE). Sin embargo, el proceso tuvo la oposición constante de la Agrupación Socialista de Barcelona y de la dirección del PSOE, tanto de Largo Caballero como de Prieto, de manera que a través de un debate centrado en argumentaciones de tipo organizativo, que sería prolijo explicar ahora, finalmente, la Comisión Ejecutiva del PSOE rechazó, enero de 1934, la unificación y apoyó a la Agrupación Socialista de Barcelona para que procediera a reorganizar la Federacion Catalana del partido. Así se hizo, aunque algunos de los cuadros históricos que habían mantenido una defensa de las reivindicaciones catalanas, como Josep Recasens o Mariá Martínez Cuenca, incluso Ramon Pla i Armengol –muy crítico con el catalanismo político a finales de los veinte– decidieron mantenerse en la USC y seguir defendiendo el proyecto frustrado de fusión.
Toda esa peripecia afectó a la UGT en Cataluña. Cuando USC dio por perdida la CNT, en manos de la FAI, su primera intención fue promover un sindicato propio, para lo que creó un embrionario Comité Sindical de Cataluña. La ponencia sindical presentada al segundo congreso de la USC, en abril de 1933, así lo postulaba todavía; lo que no beneficiaba el proceso de unificación iniciado en un mes antes. Ante el 1º de mayo de 1933 decidió hacerse una convocatoria conjunta de celebración entre la UGT y el Comité Sindical de Cataluña, pero inmediatamente después la idea del tercer sindicato fue abandonada y el congreso de unificación reconoció a la UGT como único referente sindical de la nueva formación. Esa estrecha dependencia del sindicato de las organizaciones socialistas y de su dinámica de relaciones acabó repercutiendo de manera negativa. Tras el fracaso de la unificación, la confrontación se trasladó al interior de la UGT y desembocó, en el congreso regional de abril de 1934, en la retirada de los sindicatos afectos a la USC, que se constituyeron a finales de julio como Unió General de Sindicats Obrers de Cataluña, con algo menos de 20.000 afiliados, que incluyó la mayor parte de los dependientes de comercio, sindicato textil, hostelería, alimentación y metal de la UGT; su presidencia recayó en Joan Fronjosá, militante de la USC desde sus primeros tiempos y ex afiliado a la CNT, y la secretaría general a Juan Sánchez Marín, veterano cuadro ugetista. La división política se había acabado traduciendo en una división sindical también. En los inicios del congreso, Vila Cuenca dio unos datos de afiliación semejantes a los registrados por el Censo Electoral Social de la Generalitat, unos 45.000 efectivos en más de doscientos sindicatos. La división partía por dos al sindicato, cuando éste había empezado a crecer por fin de manera significativa.
3.
A pesar de ese vaivén de unificaciones y divisiones, la dinámica general de la situación política y del movimiento obrero indujo un movimiento unitario, galvanizado por la amenaza del fascismo después del acceso de Hitler a la jefatura del gobierno alemán, en enero de 1933. En la primavera de aquel año en Cataluña cristalizó un primer proyecto común, la Alianza Obrera, plataforma de frente único que pronto pasó adquirir una denominación antifascista, integrada en un primer momento por todas las organizaciones obreras y sindicales catalanas, a excepción de la CNT. La UGT participó en ella desde el primer momento, así como la Federación Socialista Catalana y la Unió Socialista de Cataluña. Ese primer proyecto se interrumpió temporalmente como consecuencia de las diferentes opciones tomadas por sus principales integrantes ante las elecciones a Cortes de noviembre-diciembre de 1933. Mientras que la Unió Socialista de Cataluña propugnó, como lo había venido haciendo desde 1931, una alianza con Esquerra Republicana de Cataluña, el Bloc Obrer i Camperol y el sector de la Federación Socialista Catalana, bajo el liderazgo de la Agrupación Socialista de Barcelona, defendieron, por el contrario una candidatura de «frente obrero», integrada por ambas formaciones. La discrepancia, inserta en el debate sobre la unificación política de los socialistas catalanes, generó un notable desconcierto en la militancia ugetista. A propuesta de Vila Cuenca el Pleno Regional de UGT del 21y 22 de noviembre acordó respaldar a la candidatura de la USC (Federación Catalana del PSOE), coaligada con Esquerra.
Pasadas las elecciones, con el triunfo del Partido Radical, en plena deriva hacia la derecha y, lo que fue más trascendental, el ascenso de la Confederación Española de Derechas Autónomas, que fue identificado como la variante española del fascismo de masas, la Alianza Obrera Catalana se reconstituyó, con casi todos los integrantes, a excepción de la organización regional del Partido Comunista de España, el Partit Comunista de Cataluña, que ya se había retirado de la plataforma unitaria en su primera etapa de 1933. La unidad volvió a romperse al volver, e enero de 1934 la USC a formar parte del gobierno de la Generalitat, en el que había figurado entre abril de 1931 y diciembre de 1932, y de nuevo por un motivo electoral, las municipales de aquel mismo mes. La estrategia de movilización de la Alianza Obrera entró en contradicción con la política de control institucional desarrollada por la Generalitat y ello culminó en la convocatoria de la huelga general de marzo de 1934 por parte de Alianza Obrera, en solidaridad con los trabajadores madrileños. La huelga fracasó y fue aprovechada por la USC para retirarse de la Alianza Obrera; la UGSOC ya no se integró en ella. Al margen de su escaso éxito, la huelga de marzo fue un primer ensayo en el proceso de preparación de una insurrección prevista como respuesta al posible acceso de la CEDA al gobierno; un proceso promovido y concebido por Largo Caballero y el sector que le apoyaba en el PSOE y la UGT, dominante en ambas organizaciones en aquel año de 1934 y secundado en Cataluña por el Bloc Obrer i Camperol, liderado por Maurín. La plataforma unitaria de la Alianza Obrera, que había tenido su primera formulación en Cataluña, fue adoptada en toda España como la que había de articularse como base de masas del proceso insurreccional. En España, la UGT y el PSOE y las Juventudes Socialistas fueron sus integrantes principales; la CNT sólo se incorporó a la Alianza Obrera en Asturias. En Cataluña lo eran el Bloc Obrer i Camperol, la UGT y buena parte de los Sindicatos de Oposición excluidos de la CNT. En el último instante se unieron también el Partido Comunista y sus juventudes.
El movimiento de octubre de 1934, desencadenado por el anuncio de la entrada de la CEDA en el Gobierno, tuvo en Cataluña una doble vertiente por coincidir la convocatoria de huelga general insurreccional de Alianza Obrera con el pronunciamiento de la Generalitat de Cataluña, que ante la política recentralizadora del Gobierno de la República, liderado por Lerroux, reforzado con la participación cedista, propuso volver a la situación inicial del 14 de abril y proclamó de nuevo la República Catalana. El movimiento fue derrotado, a pesar de la prolongada resistencia de la Alianza Obrera asturiana; y en Cataluña la falta de coordinación de los dos protagonistas del movimiento, la Alianza Obrera y el Gobierno de la Generalitat, con el apoyo de Esquerra y sobre todo de las Joventuts d’Esquerra Estat Català, facilitó su represión por parte de las tropas comandadas por el general Batet. La derrota del movimiento reforzó, a corto plazo, el gobierno de la derecha, de la alianza radical-cedista y las maniobras de marcha atrás del programa reformista de los dos primeros años de la República, y significó la clausura de los centros obreros de las organizaciones que habían participado.
La UGT catalana, que apenas salía del conflicto interno, se vio paralizada también por la represión posterior a octubre. Se abrió así un período de desmovilización que, no obstante, no fue estéril en el plano político. A pesar de la derrota, todo el proceso consolidó la dinámica unitaria y alentó, a partir de 1935, una concentración de las opciones políticas y sindicales, que se reforzó con el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936. En el campo partidario el desenlace fue la constitución por un lado del Partido Obrero de Unificación Marxista, en septiembre de 1935, y por otro del Partit Socialista Unificat de Cataluña, este último ya en los primeros días de la guerra civil, en julio de 1936. En el sindical, esa dinámica combinada de unidad y concentración se tradujo en una polarización en torno a la CNT y a la UGT. Al sindicato anarquista regresó una parte importante de los Sindicatos de Oposición excluidos de la central desde la primavera de 1933; pero no todos, las Federaciones locales de Sabadell, Manresa e Igualada rechazaron ese reingreso y decidieron mantenerse como sindicatos locales independientes. Hacia la UGT, por su parte, fueron confluyendo un amplio arco de sindicatos, algunos de creación reciente y otros que no habían formado parte anteriormente de ninguna de las dos centrales. Además, la UGSOC planteó en abril de 1936 su reingreso en la UGT; al tiempo que proponía a Largo Caballero y la Comisión Ejecutiva del sindicato que éste se reconstituyera como UGT de Cataluña, entidad filial de la UGT de España. Desde comienzos de 1936 se apuntaban las líneas del salto cuantitativo y cualitativo que había de dar el sindicato en Cataluña, aunque su consumación final no se produciría hasta los primeros meses de la guerra.
