Historia de la UGT en Cataluña. 2, Estancamiento

José Luis Martín Ramos

Tras nuestra entrada dedicada a su fundación y primeros años,  publicamos esta dedicada a sus años de estancamiento a principios del siglo XX en esta introducción en cinco partes a la historia del sindicato socialista Unión General de Trabajadores en la región catalana desde su fundación a finales del siglo XIX hasta el final de la dictadura franquista en los años setenta.

1.

A partir de 1899 la UGT empezó a crecer de manera significativa. Primero dobló su número de afiliados, que de una franja que se había situado desde su fundación entre los cinco mil y los ocho mil pasó a consolidar casi quince mil entre aquel último año del siglo y el siguiente; para seguir aumentando, de manera ininterrumpida hasta 1904, cuando alcanzó los prácticamente cincuenta y siete mil. A partir de esa última fecha el crecimiento de afiliados se detuvo y retrocedió desde la segunda mitad de 1905 hasta tocar fondo en 1907, con poco más de treinta mil afiliados. En los años siguientes se dibujó un nuevo crecimiento, mucho más pausado que en la etapa anterior, de manera que hasta finales de la década la afiliación se situó en torno a algo más de cuarenta mil, en los niveles de 1902. Tras ese ligero repunte, entre 1910 y 1911 se inició un nuevo salto que dejó la afiliación ugetista más allá del centenar de miles de afiliados, con un máximo de casi ciento cuarenta y ocho mil en 1913; seguido de otro empujón a comienzos de los años veinte, que la situó en torno a los doscientos veinte mil, hasta los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera. Sin pretender una interpretación definitiva de esa evolución, que resultó positiva ya en el medio plazo, quiero destacar algunas razones de peso: la coyuntura política del país, la respuesta que a ella y en sus diferentes fases dio el socialismo español y el mantenimiento de un modelo sindical concreto, coherente con esa respuesta, y la expansión del sindicato en sectores específicos, como el ferroviario o el minero a partir de 1910.

El primer salto, entre 1896 y 1899 ha de vincularse con la respuesta socialista a las penalidades de la guerra de Cuba, a la campaña en contra de los privilegios sociales en la movilización de las quintas, bajo el lema de «o todos o ninguno», más allá de cual fuere la posición socialista de fondo sobre la cuestión de la guerra y la independencia cubana. En ese horizonte de la incidencia de la coyuntura política hay que situar inmediatamente la novedad del inicio de intervencionismo del estado en materia laboral, con promoción de leyes e instituciones, que constituyó una de las respuestas al deterioro del régimen tras el desastre del 98 y que, a pesar de sus limitaciones y vaivenes, dio sentido a la estrategia sindical ugetista de presión sobre el poder público. La apuntó el conservador Dato, como ministro de la Gobernación en 1899-1900, con su propuesta de una Estadística del Trabajo, como base para desarrollar una nueva normativa laboral, y sobre todo el liberal Canalejas, promotor de un «Instituto del Trabajo» que tomó definitivamente la denominación de Instituto de Reformas Sociales y se constituyó en 1903, bajo la presidencia del gobierno del conservador Antonio Maura. Una de las principales funciones del Instituto de Reformas Sociales había de ser la propuesta de leyes que reglamentaran un nuevo sistema de relaciones laborales, basado en la negociación y no en la confrontación y sus frutos iniciales más importantes fueron las leyes de creación de Tribunales Industriales y de los Consejos de Conciliación y Arbitraje Industrial, que preveía la resolución pactada de los conflictos, ambas de mayo de 1908. Ese incipiente despliegue legislativo e institucional fue recibido de manera positiva por la UGT que ya en el primer año de existencia del Instituto de Reformas Sociales ocupó cinco de las seis vocalías obreras de su organismo directivo (otras seis eran de la patronal); uno de ellos era Largo Caballero. No tuvo el mismo respaldo por parte de la patronal y muy singularmente de la patronal catalana, muy reticente a perder mediante un sistema de relaciones laborales reguladas su poder omnímodo en fábricas y talleres. Algo que impidió, por ejemplo, que la propuesta de Ley sobre Contrato de Trabajo, aprobado por el Instituto de Reformas Sociales tan pronto como en abril de 1905 no llegara a convertirse en una ley efectiva; hubo que esperar a un cambio de régimen y a que Largo Caballero fuera Ministro de Trabajo, par que dicha ley –ya no el texto de 1905– fuera finalmente aprobada por las Cortes españolas. Por otra parte, a partir de 1909, ante las protestas contra la guerra de Marruecos, Maura emprendió un giro reaccionario, que representó la otra cara de la moneda del régimen: su pronta disposición a reaccionar de manera represiva a cualquier atisbo, o temor, de desbordamiento social, dejando a medio hacer el nuevo entramado del sistema de relaciones laborales.

A pesar de todo, se empezó a establecer un campo institucional que dio alas al reformismo sindical de la UGT. Ésta, además, también tomó decisiones que tendían a consolidar la organización y a fidelizar las afiliaciones. Una de ellas fue la adopción del sindicalismo de base múltiple. Consistía en proponer que las sociedades obreras no sólo actuaran como organismos reivindicativos, sino también de previsión y protección social; para ello, la cuota única, destinada a atender las necesidades de resistencia de los trabajadores en caso de conflicto había de ser sustituida por una cuota múltiple, que incluía también una provisión de fondos para asistencia al trabajador en caso de enfermedad, paro, invalidez, viaje en búsqueda de trabajo. No obstante, ese sistema de base múltiple, que ya habían adoptado los tipógrafos madrileños en la década de 1880, se encontró ante un grave inconveniente para que pudiera ser plenamente desarrollado por parte de la UGT: la baja remuneración del trabajo y la desprotección de hecho del trabajador en cuanto a la estabilidad de su empleo, lo cual impidió frecuentemente la práctica real de la base múltiple. En contrapartida, cuando podía establecerse aseguraba la permanencia del trabajador como afiliado de la sociedad obrera, en la medida en que esta resultaba indispensable para poder disfrutar de los beneficios correspondientes de protección social. La precariedad económica en la que vivía la UGT y sus miembros no sólo dificultaba el desarrollo del modelo sindical que defendían, también condicionó algunas decisiones, que tuvieron repercusiones negativas por lo que se refiere al desarrollo de la organización. Fue el caso de la propuesta de García Quejido de constituir cinco secretarías unipersonales y estables en el Comité Nacional, con responsabilidad cada una de ellas en diferentes áreas de la producción: la de la Minería, con sede en Bilbao, los Transportes Terrestres, en Valladolid, Industrias Marítimas, en Gijón, Agricultura, en Valencia, y Arte Textil, en Barcelona. Quizás las sedes propuestas no siempre fueran las más idóneas, y el plan requería un aumento de estructura que podía pesar sobre el sindicato; entre una cosa y otra la moción se descartó y ello truncó un proyecto de expansión organizativa que pudo afectar más precisamente allí donde se precisaba un mayor estímulo para remontar el declive, como era el caso de Cataluña.

2.

La organización de la UGT en Cataluña no siguió ese proceso ascendente. Si en la primera década de siglo el sindicato en toda España había multiplicado por ocho sus efectivos, la UGT catalana los redujo casi a la quinta parte: pasó de los dos mil cuatrocientos de comienzos de siglo a los quinientos, en promedio, en 1908. Tocó fondo entonces y se redujo a unas dimensiones relativas que la dejaron en situación de marginalidad –es el término que acertadamente utiliza David Ballester– tanto con respecto al sindicato español como por lo que se refiere al movimiento obrero catalán. De ese fondo salió muy lentamente, en términos cuantitativos, en la segunda década; hasta llegar, ahora sí, a doblar sus efectivos iniciales y situarse a partir de 1915 por encima de los cinco mil, cota de afiliación que, con algunas oscilaciones, mantuvo hasta finales de los años veinte. Pero incluso esa pequeña recuperación quedó ensombrecida por su incapacidad de competir con la expansión de la CNT y la división del socialismo catalán a partir de la tercera década del siglo XX.

La caída de la UGT catalana tuvo sus orígenes en los años finales del siglo XIX, como ya se ha visto en el capítulo anterior, y sirvió de argumento para el traslado del Comité Nacional de Barcelona a Madrid. También se ha explicado ya que esa decisión no ayudó, precisamente, a la recuperación de la UGT en Cataluña. Por otra parte, el hecho de que ese declive se acelerara a partir de mediados de la primera década del XX puso el foco de las interpretaciones, políticas e historiográficas, en la posición contraria de la UGT frente a la huelga general de enero de 1902 en Barcelona. Un foco y una interpretación más que discutible, sobre todo si se pretende hacer de ello una explicación exclusiva. De entrada por dos razones: porque se prejuzga que el apoyo a la huelga general le habría dado unos réditos, que sí habrían obtenido otras corrientes obreras por ello –lo que tampoco es cierto– y porque, precisamente, en los meses que siguieron a la huelga general de enero de 1902 fue cuando la UGT catalana o, lo que era prácticamente lo mismo en la época, las sociedades obreras de la provincia de Barcelona afiliadas a la UGT conocieron su mayor crecimiento, desde que se hubiese fundado el sindicato. A comienzos de 1903 pasó a registrar casi tres mil seiscientos afiliados en la provincia y se mantuvo por encima de los tres mil a lo largo de todo el año. En realidad –como ha explicado Josep Termes– el principal sector obrero perjudicado por la huelga general de enero de 1902, su fracaso y la represión posterior fue precisamente el que lo promovió: el anarco-colectivista; y el moderado crecimiento de la UGT catalana contrasta con «el triste marasmo» en el que según Anselmo Lorenzo cayó el proletariado catalán tras ella. El fracaso del anarco-colectivismo y las históricas divisiones del republicanismo, facilitaron la irrupción de la demagogia de Alejandro Lerroux, que por algunos años dominará entre las clases trabajadoras. Achacar a la UGT una supuesta incapacidad para aprovechar la crisis del anarco-colectivismo y permitir que el vacío fuera ocupado por el republicanismo radical, que se añade a continuación de las consideraciones sobre las consecuencias de la posición ante la huelga general, es una argumentación capciosa.

La UGT no podría haber apoyado, de ninguna manera, la huelga general de enero de 1902 porque no formaba parte de su identidad y estrategia sindical y tampoco se producía una situación extraordinaria –como la que sí tendrá lugar en 1909– que justificara su convocatoria. Si la hubiese apoyado las consecuencias internas habrían sido aún más negativas. Y que no se pudiera competir adecuadamente con el republicanismo radical ha de situarse no en el campo del sindicalismo, sino en el de la política; la razón, en cualquier caso, no habría estado en los comportamientos de las UGT sino en las posiciones políticas del PSOE o mejor dicho en su ideologismo y su déficit de posicionamiento político, en particular por lo que se refiere al republicanismo. Las razones del declive de la UGT, que entre 1904 y 1907 se enmarcaron en la crisis general del societarismo obrero, hay que buscarlas en otro tipo de decisiones sindicales y paradójicamente en algunas innovaciones impulsadas por el PSOE en Cataluña con la intención de empezar a tener una incidencia política de la que no había dispuesto hasta entonces. Una decisión importantes del Comité Nacional de la UGT que pudo repercutir en la evolución de sus secciones catalanas fue el rechazo a la constitución de las secretarías, lo que en el caso de la provincia de Barcelona habría significado un apoyo «desde arriba» a la mortecina Unión Fabril. Pero sobre todo fue trascendente la nula atención prestada a una iniciativa de la Sociedad de Obreros Agricultores de Sitges, de la UGT, presentada por su fundador Juan Durán en el Congreso de 1899, cuando propuso que el sindicato apoyara las reivindicaciones de los aparceros, de manera particular cuando los amos procedían a desahuciarlos. Aparceros, arrendatarios, rabassaires, constituían las tres cuartas partes del campesinado catalán y la propuesta de Juan Durán se situaba en el horizonte de promover un sindicalismo campesino sobre la base de esas tres cuartas partes; en un momento en que la principal organización campesina catalana, la Federación de Trabajadores Agrícola de la Región Española, de orientación anarquista, se había disuelto y por tanto se abría la perspectiva de cubrir ese vacío. Reoyo apoyó la propuesta de Durán, pero no Iglesias y el congreso rechazó la propuesta de apoyar a los aparceros en sus litigios con los propietarios. El sindicalismo socialista español no entendió ni la necesidad ni las formas del sindicalismo campesino hasta bien entrada la segunda década del siglo XX; a partir de entonces la componente campesina de la UGT, pasó a ser fundamental en el sindicato, entre una tercera parte y la mitad de su afiliación en los años de la guerra civil. Pero era demasiado tarde ya para la UGT catalana, en la que ese mundo del campesinado no propietario pasó a ser hegemonizado por la Unió de Rabassaires por un lado y por la CNT por lo que se refería al campesinado jornalero. Esa decisión resultó más trascendente que el rechazo, lógico, a la huelga general de enero de 1902 o la supuesta falta de competitividad sindical con el radicalismo para atraer a las clases trabajadoras. A pesar de todo, la afiliación barcelonesa de la UGT creció entre 1902 y 1903 y en una parte importante tuvo que ver con el empuje de las sociedades de Fogoneros y de Marineros y Obreros Similares de la capital catalana, que en julio 1902 impulsó la constitución de la Federación nacional homónima, en un congreso que supuso la última intervención societaria importante de Toribio Reoyo. Lamentablemente, al poco tiempo de constituirse dicha Federación el planteamiento de una dura huelga, a finales de 1903 y comienzos de 1904, agotó sus capacidades; la derrota hundió al sindicato del sector, hasta el punto que en abril de 1904 El Socialista hacía una llamada pública para revitalizar las sociedades barcelonesas de fogoneros y marineros, de manera infructuosa.

3.

Decisiones, omisiones y derrotas jalonaron una progresiva precariedad de la UGT catalana. En tales circunstancias, algunos dirigentes del socialismo barcelonés de la época consideraron más realista aproximarse al movimiento obrero local no poniendo como condición la integración, o el compromiso de la integración en la UGT. La realidad de ese movimiento obrero era ampliamente plural, con influencias anarcocolectivistas, anarcocomunistas, del naciente sindicalismo revolucionario, del sindicalismo a secas o del republicanismo –en aquella época del republicanismo radical– y a pesar de que en teoría la UGT admitía la pluralidad y no obligaba a sus afiliados a adscribirse ni en una organización política ni en una corriente ideológica, la realidad es que el sindicato era percibido como la mitad de un cuerpo en el que la otra, y en el fondo la dominante, era el PSOE. Eso bloqueaba la integración de sociedades obreras en la UGT y la precariedad del ugetismo catalán lastraba, a su vez, la incidencia política del socialismo. Esa fue la reflexión de algunos dirigentes socialistas de Barcelona: Badia Matamala, presidente además de la sección local de la Federación Nacional de la Dependencia Mercantil, de la UGT, y Gas Belenguer, que lo era de la local del Arte de Imprimir. Ambos pilotaron inicialmente la aproximación hacia la Unión Local de Sociedades Obreras, reconstruida en 1904 por un buen número de sociedades de oficio, que rechazaban por otra parte ingresar en la UGT o en cualquiera de sus federaciones nacionales, bajo el argumento que explicitó Gas Belenguer de «aproximar sin confundir». Un argumento que era la versión de la tesis de Jean Jaurés de establecer una nueva relación entre el partido socialista y el sindicalismo –la CGT francesa se había fundado en 1895 y había adoptado las tesis del sindicalismo revolucionario en 1906– basada en la «libre cooperación (…) sin confusión, colaboración o sospecha». Las posiciones de Jaurés eran conocidas en Barcelona y su influencia se reforzó cuando, en 1908, se instaló en la capital catalana Antoni Fabra Ribas, de regreso de un largo periplo por Gran Bretaña, Alemania y Francia, durante el cual maduró su formación socialista y compartió las tesis del político francés. La propuesta de encuentro fue, además, apoyada también por José Comaposada y resultó ampliamente compartida en las agrupaciones socialistas y las secciones de la UGT catalanas.

La consecuencia fue la priorización del encuentro con el conjunto del sindicalismo catalán, por encima de la expansión de las sociedades obreras propias, que no se descuidaba pero se situaba como resultado de la «aproximación». Un encuentro que culminó, en agosto de 1907, con la constitución de la Federación Local de Sociedades Obreras, que habría de adoptar la denominación de combate de «Solidaridad Obrera», cabecera del periódico de la Federación que empezó a publicarse el 19 de octubre de aquel año. Es significativo que la constitución de Solidaridad Obrera tuviera lugar, precisamente, en el local de la sección de la Dependencia Mercantil, presidida por Badía Matamala. Él, Gas Belenguer y, hasta donde pudo Fabra Ribas por su condición de intelectual –que dificultaba su integración en una sociedad obrera concreta– fueron figuras relevantes de Solidaridad Obrera y de su intensa historia, marcada por la guerra de Marruecos y la huelga general, de protesta contra la guerra y contra el embarque de tropas de soldados de leva catalanes para ir a combatir a los rifeños, del 26 de julio de septiembre al 1 de agosto, que por los episodios de incendios de iglesias y de ocupación de las calles de los barrios populares y obreros de Barcelona por huelguistas y barricadas fue bautizada por la burguesía como Semana Trágica, denominación con la que lamentablemente pasó a la historia. Solidaridad Obrera se organizó como confederación regional en el congreso de septiembre de 1908, y en ella participaron la mayor parte de las sociedades de oficio ugetistas. No se planteó todavía ninguna incompatibilidad entre la pertenencia a UGT y a la Confederación Regional de Solidad Obrera, aunque a partir de entonces se iniciaron dos presiones en sentido contrario: la de la dirección de la UGT para que la nueva confederación catalana se integrara finalmente en ella y la de sindicalistas, sindicalistas revolucionarios y anarquistas de todos los matices para que la organización catalana decidiera dar el salto de constituirse en confederación de toda España, lo que la convertiría en competidora de UGT. Eso es lo que tenía que decidirse en un nuevo congreso en el otoño de 1909, pero la represión subsiguiente a la huelga general de julio obligó a posponerlo.

El congreso finalmente se celebró entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 1910 y en su primera ponencia abordó la cuestión de la relación entre ambas organizaciones. La mayoría de la ponencia defendió la constitución de una Confederación española, independiente de la UGT, y a partir de ello plantearse un hipotético camino de entendimiento hasta llegar a la unidad; en tanto que Joan Durán y Jacinto Puig, representantes de sociedades obreras de la UGT que formaban parte de Solidaridad Obrera, propusieron que ésta continuara siendo una entidad estrictamente catalana, sin entrar a competir en España con la UGT, para llegar finalmente a una unificación de todas las federaciones obreras, estuvieran o no en uno u otro organismo, la UGT o la Confederación Regional de Solidaridad Obrera. Aunque la mayoría sostuvo que su posición no había de entenderse como acto de hostilidad a la UGT, las intervenciones tanto de Josep Negre como de Jerónimo Farré dejaron a las claras que su propuesta se basaba en la defensa de una estrategia sindical propia, la de la «lucha directa» –la acción directa, uno de los principios del sindicalismo anarquista, en virtud del cual se rechazaba toda mediación institucional en los conflictos entre trabajadores y patronos–, en el rechazo a la política sindical de la UGT y en la confianza de que «fundada la Federación Obrera Española se verá cual de los medios es más práctico, si el empleado por una o por otra Federación» (intervención de Josep Negre, Acta de la segunda sesión del día 30 de octubre). El compromiso anunciado por Jacinto Puig de que la UGT respetaría la personalidad de la organización promovida por Solidaridad Obrera y admitiría en ella la Federación Obrera Catalana, como tal, no fue tomado en consideración. La propuesta de la mayoría, la de constituir la Confederación Nacional del Trabajo, abriendo una nueva etapa para Solidaridad Obrera, fue aprobada por 84 votos a favor, 14 en contra y 3 tres abstenciones. Es inexacto sostener que las sociedades obreras catalanas de la UGT abandonaron el proyecto unitario de Solidaridad Obrera; el debate puso en evidencia que la mayoría rechazaba integrarse en UGT por discrepancias de fondo, de estrategia sindical, y que esa discrepancia era la que conducía a promover una nueva centra sindical, lo que este sí era un acto de ruptura de la unidad mantenida hasta entonces. A partir de ese momento a las sociedades catalanas de la UGT les resultaba imposible participar en el nuevo proyecto organizativo sin renunciar a su propia identidad sindical, y no lo hicieron. El resultado de todo el proceso resultó muy negativo para la UGT en Cataluña. Desde 1904 se había abandonado la prioridad de promover la propia organización, pero la opción de «aproximarse sin confundirse» no había sido capaz de prosperar y por el camino toda la iniciativa y la capacidad de capitalizar Solidaridad Obrera y las movilizaciones de 1907-1909 quedaron en mano de los sectores que impulsaron la CNT. En 1910 la UGT se encontró en el vacío y más aislada que antes; con solo 5 sociedades en toda Cataluña con apenas un millar de afiliados.

4.

A pesar de todo, los años inmediatamente siguientes a la ruptura de 1910 no fueron absolutamente negativos. El desarrollo incipiente de la CNT catalana, que en 1911 contaba con cerca de 12.000 afiliados, quedó interrumpido por la primera ilegalización sufrida por la central anarcosindicalista, como consecuencia de la huelga general que intentó promover a mediados de aquel mes. Como ocurriría en diversas ocasiones, en el futuro, las sociedades de oficio que integraban la CNT subsistieron en su mayoría, pero la superestructura de relación confederal quedó en suspenso, hasta que fue de nuevo legalizada, en 1914; con todo la CNT no volvió a recuperar una dinámica expansiva en Cataluña hasta un año más tarde, cuando el periódico Solidaridad Obrera pasó a convertirse en diario y la táctica de la acción directa y la generalización solidaria de los conflictos resultó la respuesta sindical al extraordinario incremento de la conflictividad que se produjo durante los años de la Primera Guerra Mundial. Entretanto, la UGT se recuperó del revés de 1910, y de la mano de la activación de la sindicalización agraria, en la provincia de Tarragona y en la comarca del Maresme y de núcleos de trabajadores textil, liderados por la UGT de Mataró, consiguió un modesto crecimiento que llevó a contabilizar casi 6.000 afiliados entre 1915 y 1916; aunque una importante limitación de ese proceso era la irrelevante presencia ugetista en el obrerismo de la capital catalana. Uno de los protagonistas más destacados de esa recuperación fue Joaquín Bueso, joven cuadro de la primera CNT que se adhirió al socialismo tras la ilegalización de ésta y junto con Josep Recasens i Mercader, de Reus, encabezó la renovación representada por el periódico Justicia Social y que tenía como uno de sus principios básicos la afirmación de la personalidad propia, catalana, tanto del PSOE como de la UGT, la reconsideración de la actitud respecto a lo que entonces se denominaba la «cuestión regional» y la defensa de la articulación de ambas organizaciones como federaciones regionales específicas. Un segundo principio fundamental era el de defender la no confusión entre las sociedades obreras y el partido socialista; en un artículo en La Justicia Social, en abril de 1913, Bueso se pronunciaba en contra de forzar la inclusión de dichas sociedades en el partido y sostenía que la propaganda socialista sería más eficaz si se mantenía la independencia orgánica de las sociedades obreras. Lamentablemente, Joaquín Bueso, el más activo en el terreno sindical de la nueva generación socialista de la segunda década del siglo, murió prematuramente en 1920.

Para esa fecha, la UGT había sido claramente desplazada por la CNT, que había pasado a liderar la explosión reivindicativa iniciada en 1916 y que llegó a su punto culminante tres años después. Un referente concreto de esa explosión reivindicativa fue el movimiento de huelgas en la ciudad de Barcelona. El promedio de jornadas de huelgas entre 1910 y 1915 se había situado algo por encima de las quinientas mil, con dos picos que doblaban el promedio en 1910 y 1913; entre 1916 y 1920 ese promedio se disparó hasta más tres millones setecientas mil jornadas de huelgas, con dos picos finales, en 1919 y 1920 de seis millones y medio y casi siete respectivamente. Esa explosión reivindicativa tuvo que ver con los efectos de la Primera Guerra Mundial en la economía y la sociedad española, y también con la aceleración de la crisis política del régimen de la Restauración y registró hitos históricos como la huelga general española del verano de 1917 y el ciclo de huelgas en torno al conflicto de La Canadenca, en la provincia de Barcelona en 1919. La condición de neutralidad asumida por la Monarquía española ante el conflicto europeo tuvo consecuencias inicialmente beneficiosas para la industria catalana, que vio crecer exponencialmente sus exportaciones, para proveer de equipo a los ejércitos beligerantes –por ejemplo: de vestido o mantas en forma de exportaciones legales o de material semifacturado para la industria bélica de los contendientes en la de exportaciones clandestinas–. Por otra parte, esa coyuntura de repentino e intenso crecimiento productivo –aunque no generalizado– se combinó con una, asimismo repentina e intensa, elevación de los precios; tras un siglo XIX con una moderada y lenta elevación de los precios al consumo –de manera que éstos en 1913 solo eran un tercio más que los de 1830– a partir de 1915 el índice saltó hasta tender a doblarse entre 1919 y 1920. El alza de los precios cebó el movimiento reivindicativo y la bonanza de la coyuntura económica lo ayudó al facilitar una resolución mayoritariamente favorable a los trabajadores o, cuando menos de salida transaccional. En Barcelona el desenlace mayoritario de los conflictos había sido históricamente el de las derrotas de los trabajadores, que siempre superaban a la suma de las ganadas por los huelguistas, las menos, y las transaccionadas. Ese panorama cambió entre 1915 y 1920: la suma de ganadas o transaccionadas –que en las condiciones de la época era una variante de hecho de victoria parcial de los huelguistas– superó ampliamente a las perdidas e, insólitamente en 1917 y 1918 el desenlace más frecuente fue el de las huelgas ganadas por los trabajadores.

La CNT, autorizada de nuevo en 1914, se adaptó mucho mejor que la UGT a esa situación y capitalizó el hecho de ponerse al frente de ella. La adopción de un modelo sindical que tendió a situar la organización y la lucha en el terreno del ramo de producción, de la industria, y el impulso, en correspondencia de ello, de una táctica de generalización de las huelgas más allá de los tradicionales, y estrechos, límites del oficio la habilitó para liderar esa explosión social. La solidaridad sumó a su valor moral el de constituirse en una orientación estratégica básica. Para que una huelga de yeseros tuviera las mayores garantías de triunfar había que parar toda la construcción. Eso lo entendió la CNT y lo desarrolló a través de una nueva generación de cuadros, los Seguí, Pestaña, Boal, Peiró, que relevaron a la generación fundadora de 1910, todavía muy apegada a la dinámica del oficio. A caballo de la multiplicación y generalización de los conflictos la CNT se reconstruyó rápidamente ampliando la posición mayoritaria que había tenido en 1910-1911. Esa situación empezó a presionar sobre los afiliados catalanes a la UGT, como lo puso de relieve la propuesta de la sección barcelonesa de la Federación Nacional Ferroviaria que en el congreso de ésta, en noviembre de 1915, propuso –sin éxito– desvincularse de la UGT para no entrar en conflicto con la mayoría confederal que existía en la capital catalana. La reacción a la explosión reivindicativa y a la reactivación de la CNT, tanto por parte del Comité Nacional de la UGT como de quienes lideraban las secciones catalanas contribuyó al grave retroceso que habría de producirse en Cataluña. Respecto al momento político y al momento del movimiento obrero se abrió en el seno del socialismo español y también de su sindicato de referencia un debate sobre el mantenimiento de la estrategia reformista seguida hasta entonces que abarcó desde la formas de lucha, incluyendo discusiones sobre la utilización del sabotaje o de la huelga general, hasta la actitud a tomar frente a la revolución rusa y su consecuencia organizativa en el movimiento obrero, la Internacional Comunista. El debate tuvo su desarrollo más traumático en el seno del PSOE, sin embargo en la UGT predominó muy pronto la defensa de la estrategia tradicional del sindicato. La participación en la huelga general de agosto de 1917 no se hizo pensando en un vuelco social, sino en el apoyo a un deseado cambio político que, en el mejor de los casos, hubiera sustituido al régimen monárquico por una república democrática. Más tarde, en enero de 1919 el Comité Nacional de la UGT ratificó la estrategia de combinación de una moderada presión social, en la que la huelga había de ser el último recurso, con la presión institucional; y se aprobó un proyecto de Código de Trabajo, que no se limitaba a las condiciones laborales sino que incluía cuestiones como la vivienda o la formación técnica del trabajador que fue inmediatamente presentado al entonces jefe de gobierno, Romanones, el mismo que era objeto de todas las diatribas de la prensa socialista. Esa ratificación de estrategia fue, en si mismo, un motivo fundamental de desencuentro con la CNT. Por otra parte, buena parte de la dirección española de la UGT menospreció la reactivación de la CNT, al que consideró como un producto coyuntural, centrándose en sus relaciones a una insistente propuesta de unificación orgánica, que la CNT siempre vio como una maniobra de absorción. Lo peor, en fin, fue que uno de los principales representantes de esa actitud de subvaloración fue Juan Durán, que acabó monopolizando la representación catalana en el Comité Nacional de la UGT, favorecido por el declive físico y la desaparición, finalmente, de Joaquín Bueso. En el caso de la UGT catalana no se produjo la renovación generacional de su grupo dirigente, como manifestación y consecuencia, al propio tiempo, de su inmovilismo. Por su parte, la CNT buscó resolver la competencia mediante un modelo de «sindicación única» que tenía, en la práctica una doble acepción: la unificación organizativa de los oficios de un ramo o una industria –algo que no se empezó a conseguir realmente hasta los tiempos de la guerra civil– y la unificación de la afiliación sindical en un lugar de trabajo concreto –fábrica, taller, tajo o lo que fuera– bajo una sola sigla sindical. Esta última acepción, monopolizadora y excluyente, acabó constituyendo una presión añadida, que llegó incluso a la coacción física, sobre la minoritaria militancia ugetista. No fue la única; en la década de los veinte las secciones locales de la UGT tuvieron que hacer frente también a la presión de los Sindicatos Libres, que llegó incluso a conseguir que secciones enteras, como la local de Calella abandonara la UGT y se integrara temporalmente en dichos sindicatos.

La respuesta del grupo dirigente de la UGT en Cataluña a esa situación fue más burocrática que política, y tuvo escasa trascendencia. Juan Durán y su principal colaborador, Joaquín Escofet, impulsaron la constitución de una Federación Regional Catalana de la UGT, en noviembre de 1920, que no obtuvo el reconocimiento legal hasta abril de 1922. Era una operación paralela al impulso dado a la Federación Socialista Catalana (PSOE), pero sin el impulso político de esta última, que le permitió captar para el partido a algunos elementos importantes de la juventud republicana catalanista de izquierdas, como Pla i Armengol, Manuel Serra i Moret o Rafael Campalans, que encontraron en Josep Recasens e incluso en el veterano Josep Comaposada una acogida favorable al proceso de renovación. El comportamiento de Durán y Escofet fue muy diferente, sin saber como reaccionar a las presiones de sus competidores sindicales. Sin propuestas innovadoras frente a los cambios que se estaban produciendo en el seno del movimiento obrero, la Federación Regional, controlada hasta finales de la década por Joaquin Escofet, desde la presidencia o la secretaría general del Comité Regional, fue sobre todo un aparato organizativo más. Incluso un aparato poco eficiente como tal, ya que su inmovilismo propició que buena parte de la afiliación de la UGT en Cataluña no se llegara a integrar nunca en la Federación Regional, cuya cifra de cotizantes se mantuvo siempre en torno a los dos mil, mientras que todas las secciones de la UGT en Cataluña, con oscilaciones, se mantuvieron a lo largo de la tercera década del siglo entre los 3.500 y los 5.900 afiliados.

Esta última cifra, que correspondía a septiembre de 1928, era prácticamente la misma que en 1916. Tras esa fecha se había llegado a perder casi la mitad de la afiliación, que, en términos cuantitativos se había, por tanto, recuperado en vísperas de la ruptura entre la UGT y el régimen primorriverista. Se había recuperado, pero sólo eso; al igual que en el conjunto de España la actitud de contemporización con el régimen de excepción impuesto por Primo de Rivera, en septiembre de 1923, había producido unos beneficios tan magros que resultaban, a la postre, menores que los perjuicios políticos cosechados. Cuando Primo de Rivera acabó –con la anuencia de Alfonso XIII, la patronal catalana y no pocos políticos regionalistas– con el régimen parlamentario e impuso un régimen autoritario, la posición que Largo Caballero y Besteiro impusieron en la UGT y el PSOE, tras una condena exclusivamente formal del golpe, fue la de considerar que tan burgués era la el régimen de la Restauración como el de la Dictadura y que, por tanto, si Primo de Rivera estaba dispuesto a respetar los acuerdos internos de ambas organizaciones, éstas se adaptarían a la nueva situación política, aceptando incluso participar en las instituciones locales y estatales a las que se les invitara. Fue una interpretación extrema del reformismo y la política de presión institucional, que para comprender mejor ha de tener en cuenta las características peculiares del ejercicio del poder por parte de Primo de Rivera. Por ello se aceptó formar parte de los nuevos ayuntamientos, no electos, de los comités paritarios industriales, de las Bolsas de Trabajo, del Consejo de Trabajo que sustituyó al Instituto de Reformas Sociales, y hasta del Consejo de Estado, en este último caso a través de la persona del propio Largo Caballero. En Cataluña la UGT siguió sin ninguna fisura esa pauta de participación, aunque con un protagonismo mucho menor, acorde con la menor entidad de sus secciones. Juan Durán puso su propia aportación, en julio de 1925, con la presentación al general Ruiz del Partal, representante del Directorio militar en Cataluña, de un «Programa Obrero Agrícola de Cataluña» con propuestas «asequibles» para que las pudiera llevar a cabo el gobierno; una iniciativa que no tuvo la menor trascendencia. En Cataluña la política de participación no sólo no produjo ningún resultado apreciable, sino que dividió profundamente al socialismo catalán. La tercera década del siglo XX fue, de largo, la que presentó el balance más negativo de la historia de la UGT en Cataluña, por su caída libre, precisamente cuando las luchas de 1916-1919 habían abierto una nueva etapa del movimiento obrero, y por su desdibujamiento político.