Nuevas amenazas, la misma esperanza: el 25 de Marzo

Desde la Asociación 25 de marzo venimos haciendo un trabajo colectivo y voluntario muy importante para la recuperación de la brillante e inspiradora historia ocultada de Extremadura. Nuestro colectivo toma el nombre del 25 de marzo de 1936, fecha en la que entre 60.000 y 80.000 familias jornaleras y yunteras llevaron a cabo en Extremadura la mayor ocupación de tierras de España. Aquí quiero hacer un inciso ya que tendemos a simplificar estas cifras. Tomando como referencia los datos de las treinta y nueve familias asentadas en la dehesa La Pulgosa (Jerez de los Caballeros) vemos que ninguna bajaba de los cinco miembros. Eso quiere decir que los protagonistas directos de aquella movilización ascendían a no menos de 400.000 extremeños y extremeñas. Sigamos.

De forma totalmente pacífica, realizaron «el mayor movimiento campesino de los tiempos modernos en Europa», como lo describe Manolo Cañada en un artículo reciente parafraseando a Jesús García Gualdras. Medios de todo el mundo pusieron el foco informativo en Extremadura, que se convirtió en la punta de lanza a nivel estatal de la lucha por la deseada Reforma Agraria que no acababa de llegar.

La tierra

«La desigual distribución de la propiedad de la tierra y la dependencia absoluta de cientos de miles de campesinos de un número muy limitado de propietarios ha sido uno de los principales problemas de Extremadura a lo largo de su historia. El origen de este conflicto arranca en la Reconquista y llega hasta nuestros días siendo primordial para comprender el pasado y el presente de Extremadura».

Estas dos sencillas y contundentes frases constituyen el vídeo promocional del documental Hambre de Tierra. La Cuestión agraria en Extremadura (Producciones Morrimer) que se estrenó este sábado 25 de marzo en Valdencín (Cáceres).

Aprovechando el pie que me da el documental paso a profundizar en esas afirmaciones. En efecto, la injusta distribución de la propiedad de la tierra en Extremadura hunde sus raíces en la Época Feudal y la Reconquista como describe Juan Álvarez en esta intervención. La propiedad cambiaba de manos, pasaba de la Iglesia y la nobleza a la burguesía adinerada, pero no cambiaba su distribución. Las diferentes desamortizaciones no supusieron una democratización del acceso a la tierra, sino todo lo contrario. Los bienes comunales, que pertenecían a los vecinos y vecinas de los pueblos, fueron expropiados y vendidos a las familias ricas. Esa injusticia era una máquina de generar hambre y de ahí el levantamiento popular extremeño en 1936.

Pero, ¿qué queda en el siglo XXI de aquella desigual distribución de la propiedad de la tierra en Extremadura? El Censo Agrario publicado en 2009, analiza la evolución del sector primario en la primera década de este siglo. En base a él, Fernando Fernández y Carles Soler publican en 2015 el estudio «Estructura de la propiedad de tierras en España. Concentración y acaparamiento.» que concluye, sin ninguna duda, que Extremadura es la región con una distribución más desigual de la propiedad de la tierra de toda Europa.

Se extrae del censo, además, que en esos diez años se cerraron 45.000 explotaciones agrarias en Extremadura y se redujo la superficie agraria utilizada (SAU) en 345.000 hectáreas.Los datos del Censo Agrario de 2019 son también muy interesantes. Recoge que en la segunda década de este siglo hay 1.000 explotaciones menos en Extremadura respecto a 2009. El dato más importante es que, a diferencia de lo ocurrido en la década anterior, la SAU ha aumentado en 200.000 hectáreas (la tierra importa y cada vez más).

Más superficie y menos explotaciones lleva a dos claras conclusiones encadenadas: aumenta el tamaño medio de las explotaciones extremeñas (6,9% esta década) y aumenta el acaparamiento de tierras. Extremadura es la región donde más han aumentado las fincas de más de 100 hectáreas en esa década suponiendo ya el 73% de los 2,7 millones de hectáreas de Superficie Agrícola Utilizada.

Esto lo ha analizado la Revista Soberanía Alimentaria actualizando el estudio anteriormente mencionado. En Extremadura, el índice de desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra (índice de Gini, entre 0 y 1) ha pasado de ser el mayor de España con 0,812 a ser el mayor de España con 0,838. Ya éramos la región más injusta en esta cuestión en 2009 y durante la última década la situación se ha acentuado un 3,2%, aumentando la diferencia con la Comunidad de Madrid, en segundo lugar.

Pero no todas las Comunidades Autónomas han evolucionado de la misma forma. Lo que le ha ocurrido a Extremadura no está escrito en piedra ni es un fenómeno meteorológico contra lo que nada se puede hacer. Asturias, Baleares y Cantabria han mejorado su situación en la última década reduciendo el índice de Gini en 19, 9’4 y 9 puntos porcentuales respectivamente.

Este aumento constante de la concentración de la propiedad de la tierra en Extremadura —junto a la hipermecanización de las labores agrícolas y un modelo que prioriza la exportación y la especulación frente a la soberanía alimentaria del pueblo extremeño— se traduce en una emigración que está vaciando nuestros pueblos y ciudades.

Ello tiene consecuencias nefastas: miles de familias extremeñas separadas por la emigración forzosa. Así se refleja, entre otras cosas, en el censo demográfico extremeño que entre diez y quince años estará por debajo del millón de habitantes.

Una de las consecuencias más cercanas es que en las próximas elecciones generales de este mismo año, Extremadura pierde un/a diputado/a en el Congreso por la provincia de Badajoz. De esta forma pasamos de doce diputados/as en 1977 a nueve en 2023. La provincia de Cáceres, con cinco representantes en 1977 perdió uno en 2004 para quedarse con los cuatro actuales. La provincia pacense pasa de siete representantes en 1977 a seis en 1986 y a cinco este año.

La perspectiva extremeña sigue perdiendo importancia allí donde se toman decisiones importantes. Por eso, cuando escucho al Presidente y consejeros/as de la Junta de Extremadura decir que la agricultura crea riqueza me gustaría que aclarara a qué se refiere. Porque el número de agricultores/as no para de bajar, igual que el número de perceptores/as de la PAC y las explotaciones agropecuarias.

Hemos pasado de 77.553 perceptores de PAC en 2003 a poco más de 43.000 en 2022 al mismo tiempo que el presupuesto a repartir aumentará para 2023. Es decir, la Política Agraria Común también expulsa a los pequeños y supone un acaparamiento de subvenciones públicas para los que más tienen.

En cuanto al número de empleos en el sector, lo explica muy bien Claudio A. Prudencio Alonso en su trabajo «El mercado de trabajo agrario en Extremadura» en el que afirma que «se puede deducir que la agricultura es el único macrosector que ha disminuido su ocupación en Extremadura en el periodo 1977-2003, destruyendo como media 3.800 empleos anuales. Eso quiere decir que el sector primario extremeño ha perdido el 30% del total de puestos de trabajos existentes en 1977, y algo más del 25% de los empleos contabilizados actualmente (2003)». Dicho con otras palabras, casi 100.000 personas perdieron su trabajo en el campo extremeño entre 1977-2003 en una región que apenas llegaba al millón de habitantes. Y la tendencia es la misma.

Los datos de la Seguridad Social confirman un acusado descenso en la última década del número de personas asalariadas en el régimen agrario en Extremadura. Hemos pasado de 66.261 en julio de 2012; a 62.804 en julio de 2017, 59.807 en verano de 2019, 56.911 (2021) y 54.894 en 2022. El número de autónomos del campo se ha estabilizado en torno a las 11.000 personas. ¿A qué riqueza se refiere el presidente Vara?

Extremadura, a pesar de su potencial agrícola, ocupa el primer puesto en riesgo de pobreza y exclusión social del país según los informes AROPE y FOESSA. Aplicando estos parámetros a la población infantil, se extrae que Extremadura ocupa el segundo puesto con el 40,30% de la población afectada en este rango de edad.

Otra frase repetida una y mil veces es que el regadío crea riqueza y empleo. Los datos que he ido mostrando son meridianamente claros. El regadío generará riqueza para los «cuatro» terratenientes y aguatenientes. La agricultura y el regadío generarían riqueza si se facilitara el acceso (que no la propiedad necesariamente) a la tierra y al agua. Con las dos provincias más extensas del país, la población extremeña podría, por tanto, ser de las más ricas.

De las 1,4 millones de hectáreas de dehesa (ecosistema de alto valor ecológico, agroalimentario e histórico) que tenemos en Extremadura, la mitad de ellas, 732.000 hectáreas, están dedicadas a la caza mayor generando un número despreciable de empleos y muchas de ellas de propietarios/as que no viven en Extremadura. Con que en la mitad de ellas, 360.000 hectáreas, se reentregara su uso (una parte importante eran bienes comunales que se privatizaron en las desamortizaciones) a las familias extremeñas, podían facilitar el empleo y la soberanía alimentaria directa de 24.000-25.000 familias, o lo que es igual, cerca de 100.000 personas. El 10% de la población extremeña. Esto no es nuevo, por cierto, es algo que se sabe hace tiempo.

El agua

Muy ligado al acaparamiento de tierras está el de agua. En el caso de la provincia de Cáceres son especialmente graves los desembalses que hace Iberdrola (domiciliada en Bilbao) en diferentes pantanos del Tajo no sólo durante el invierno y la primavera, sino también durante el verano.

Por una parte están los lógicos desembalses que se realizan para cumplir con el Convenio de Albufeira, pues tanto el Tajo como el Guadiana no son ríos extremeños ni siquiera españoles, sino hispanolusos. Un Convenio que cumplimos tarde y mal, por cierto, y que no supone grandes sueltas de agua en los pantanos del Tajo. Lo que no tiene ninguna explicación lógica es que Iberdrola haya soltado sólo en el embalse de Alcántara durante seis semanas de febrero y marzo 428 hectómetros cúbicos, el equivalente al consumo de ocho años y medio de toda la población extremeña.

Por otra parte, esta misma empresa desembalsó en Valdecañas en tres semanas de febrero el equivalente al consumo de tres años de los/as extremeños/as. Todo para generar energía barata y venderla a precio de la fuente de producción más cara.

No hay que olvidar las relaciones que mantienen diferentes exministros/as y expresidentes del Gobierno con esta empresa al igual que le ocurre al presidente de la Junta de Extremadura.

En la provincia de Badajoz el principal problema en los usos del agua procede del regadío. De hecho, con datos del Informe Ambiental de Extremadura (2020) el 92% del consumo de agua en Extremadura fue para uso agrícola. Tanto la superficie como el consumo de agua para regadío no ha parado de crecer en las últimas décadas. En 2015 el agua consumida en riego agrícola fue de 1.464,75 hectómetros cúbicos y de 1.777,96 hm3 en 2018. Según datos del Ministerio, la superficie regada en Extremadura ha pasado de 205.008 hectáreas en 2005 a 267.423 en 2016, 284.715 en 2020 y 290.586 en 2021.

Al mismo tiempo la superficie regada a manta y por aspersión ha dejado paso al riego por goteo. Esto echa por tierra otro mito del regadío que hace sólo unos días repetía el presidente de la Junta: «Apostar por el regadío en Extremadura no es gastar más, es gastar mejor: ser más eficientes nos hace ser más competitivos. El 60% del riego en la región es por goteo y eso nos hace usar el agua de manera más inteligente que cuando no había regadío.»

No sé si seremos más inteligentes que cuando no había regadío, pero la realidad es que el aumento de la superficie regada por goteo se ha disparado de tal forma que ha ido acompañada de un aumento en el consumo total de agua. El ahorro que supone el goteo es inferior al consumo que supone el aumento de la superficie regada. Y la situación en los embalses, sobre todo de la provincia de Badajoz, es insostenible. Ya el año pasado fue crítico para el sureste extremeño y la situación no ha mejorado en exceso especialmente en la comarca de Tentudía. En Ribera del Fresno, Fuente del Maestre e Hinojosa del Valle, abastecidos por el embalse de Los Molinos, tuvieron que comprar agua embotellada porque la poca agua que quedaba estaba mezclada con fango y contaminada por metales pesados o nitratos agrícolas. En Peraleda de San Román, Campillo de Deleitosa, Peraleda de la Mata, Villanueva de la Vera, Jerte, Casar de Palomero, Robledo y Serradilla tuvieron diferentes problemas y restricciones que llevaron incluso a movilizaciones y manifestaciones.

Esta situación supuso el año pasado una reducción en la dotación de agua para los regantes del canal de Orellana y una limitación (por primera vez) a 4.000 m3 por hectárea en los del Zújar (entre los que me incluyo). Eso se tradujo en una reducción importante de la superficie regada en 2022, especialmente arroz, tomate y maíz. Las reservas pacenses ya no podían soportar tal superficie de riego. Este año la situación no está mucho mejor. Extremadura atraviesa una de las peores sequías desde 1970, como afirmaba un titular del 26 de marzo de 2023. Los embalses de la provincia de Badajoz están por debajo de una tercera parte de su capacidad, al 32,51%.

Cada año bajan las reservas respecto al año anterior. Tenemos almacenados casi 2.000 hm3 menos que la media de los últimos diez años. En verano llegamos a tener el 50% de la última década. Nos van llevando al precipicio. Este año se espera que repitan las restricciones al riego. Bueno no, eso se esperaría si hubiera una gestión lógica y responsable de las reservas de agua, pero no la hay. Cuál es mi sorpresa cuando me encuentro en la prensa que los regantes de Orellana podrán regar este año el 60% de la superficie pudiendo elegir el cultivo: arroz, maíz, tomate, etc. A esto le añadimos que hace unos días llamo a Confederación de Regantes del Canal del Zújar para ver qué día nos daban el agua y cuál era la limitación para este año y me responde que este año no hay límite. Como siempre, me dice. Me explico, pagas una «tarifa plana» y punto.

Me parecen dos noticias muy sintomáticas de la grave falta de responsabilidad de quienes dirigen las políticas agrarias y de gestión hídrica en esta tierra. El embalse del Zújar a 27 de marzo de 2023 se encuentra al 29,14% con 88 hm3, mientras que el año pasado, cuando limitaron el consumo, estaba a el 49,67% con 150 hm3. En el caso de Orellana, el año pasado tenía 484 hm3 por estas fechas (59,90%) y ahora, que permiten aumentar la superficie regada, tiene 440 hm3 (54,46%).

Es de esperar que los «receben» con agua de La Serena, Cíjara y García de Sola, pero parece mucho más aconsejable mantener las restricciones este año y asegurar el suministro de agua para consumo humano en un verano que, de nuevo, se presenta muy duro meteorológicamente hablando.

La conclusión es clara. No hay agua, hay elecciones. Debemos pensar seriamente en reducir definitivamente la superficie de regadío y apostar por cultivos con menos necesidades hídricas. Cataluña y Andalucía están al borde del colapso hídrico y el aumento desproporcionado del regadío en tiempos de cambio climático se demuestra como uno de los principales responsables. Extremadura va por el mismo camino y, aun así ,la Junta de Extremadura sigue sacando pecho de los nuevos proyectos de regadío. El caso del nuevo regadío de Tierra de Barros es un ejemplo muy claro. Se pretenden poner en riego 15.000 hectáreas de olivo y viña de secano siguiendo con la tendencia de regar cultivos de secano o poner en superintensivo cultivos que ya tenían riego.

El agua provendría del pantano de Alange que se encuentra en alerta por sequía al 13,50% de su capacidad a día de hoy, mientras que hace un año estaba al 21,60%. A los 115 hm3 que tiene le pretenden extraer 36hm3 por lo que estaría al 9,27%. No hay que olvidar que la ciudad de Mérida y varios pueblos de esta zona se abastecen de ahí. De nuevo, el interés privado se pone por encima del beneficio común.

Los más beneficiados por este proyecto serían las grandes fincas que se encuentran en los sectores 8 y 9, más cercanos al pantano de Alange. Entre ellas destacan las 4.000 hectáreas de la bodega Palacio Quemado. Un proyecto de regadío de «iniciativa privada» en el que los agricultores aportan 65 millones de euros y la Junta 207 . Iniciativa privada con financiación pública, qué curioso.

Es tan descabellado y fuera de lugar que esas personas ya han firmado los créditos y se han endeudado para una quimera que nunca llegará a ser realidad porque falta el agua que es su razón de ser.

Transición energética

Tras la primera colonización energética con las centrales hidroeléctricas en nuestros pantanos, vino una segunda colonización con las nucleares. Ahora, con la fotovoltaica y la minería, sufrimos una tercera colonización energética que traga tierra, mucha tierra. Eso sí, lo han rebautizado para que suene más amable. De esta forma, la presión sobre el uso de la tierra y el agua se ha multiplicado recientemente con la mal llamada y peor gestionada transición energética. Lo que a priori pretende ser una imprescindible y necesaria estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de petróleo, carbón y gas se está convirtiendo, una vez más, en el aumento de los beneficios para los fondos de inversión y grandes empresas energéticas en detrimento del bienestar y el interés común.

La instalación de plantas fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica se está descontrolando por la ausencia de filtros serios tanto en la Junta de Extremadura como en el Gobierno central. Y es que el Gobierno español ha eliminado la exigencia de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos renovables en zonas no protegidas. Permítanme el inciso: energías renovables que se sostienen con materiales y minerales no renovables. Menudo eufemismo.

El caso es que llevo un tiempo investigando la superficie ocupada por estas plantas solares. ¿Se hacen una idea de cuánto puede ser?. En declaraciones de enero de 2023, la Consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad afirmaba que en Extremadura en 2022 se habían puesto en servicio 1.463 MW de energía fotovoltaica, existiendo otros 208,5 MW ya construidos en ocho plantas que se van a poner en servicio próximamente. Añade que el objetivo de la Junta para 2023 es seguir instalando más de 1.000 megavatios anuales, una cuestión que, a tenor de los proyectos previstos, es muy posible que se pueda conseguir.

La situación actual es que, a día de hoy, en la región hay instalados 5.165 megavatios de potencia de energía fotovoltaica. ¿Y eso qué superficie ocupa? He revisado los datos de las plantas instaladas y las que se quieren instalar y se obtiene de media que cada MW instalado ocupa 1,9 hectáreas. Recuerden esta cifra de hoy en adelante cada vez que escuchen que van a poner una planta fotovoltaica nueva. Si aplicamos esta media a los datos anteriores, se obtiene que los 5.165 MW ocupan 9.813,5 hectáreas que, con los objetivos de la Junta, se pretenden ampliar en 1.900 hectáreas cada año. Sólo en 2022 se han ocupado 3.175 hectáreas con placas solares.

Una frase muy interesante de la Consejera, que casi pasa desapercibida, es que las 186 plantas fotovoltaicas puestas en servicio de más de 1 MW de potencia instalada se localizan en 93 municipios, ocupando el 0,36% del territorio regional. Es un porcentaje que parece despreciable, pero con las dos provincias más extensas del país, el 0,36% de 4.163.500 hectáreas son casi 15.000 hectáreas (14.988,6) ocupadas a día de hoy por plantas solares.

Añade, incluso (hay pocas noticias pero con información muy importante), que al margen de las instalaciones ya en marcha, en la región hay 166 proyectos fotovoltaicos en cartera, con 4.239 megavatios de potencia. De ellos, 28 ya han iniciado las obras, 74 tienen la autorización para empezarlas y 64 están en su fase inicial. Ya sabrán, queridos/as lectores/as, que esos 4.239 MW suponen, al menos, otras 8.000 hectáreas más que están situadas, por norma general, en algunas de las mejores tierras de mayor valor agroalimentario. Sumarían, junto a las ya instaladas, un total de 23.000 hectáreas.

Y es que a los proyectos de menos de 50MW que dependen del gobierno regional, hay que añadir los macroproyectos que dependen del gobierno central. Como informaba El País hace unas semanas, se instalarán seis grandes proyectos fotovoltaicos en Extremadura que suman 2.520 hectáreas: Alcántara (494 has, Iberdrola), Cedillo (484 has, Iberdrola), Aldeacentenera (471 has, Naturgy) y Torrecillas de la Tiesa (283 has, GALP) en la provincia de Cáceres. En la de Badajoz se ha dado luz verde a una planta de 461 hectáreas en Fuente de Cantos (ENEL) y de 327 has en Segura de León (ENEL).

El Observatorio de Sostenibilidad ha elaborado el Atlas de las Energías Renovables 2023 y aporta datos que refuerzan todo esto. Hay catorce municipios en toda España con más de 500 hectáreas transformadas en plantas solares, ocho de ellos están en Extremadura: Usagre, Torrecillas de la Tiesa, Talaván, Badajoz, Mérida, Ceclavín, Talayuela y Valdecaballeros.

Esto responde a una estrategia diseñada por las grandes empresas con el apoyo de los gobiernos a todos los niveles. No hay que olvidar que en el Boletín Oficial del Estado del pasado 28 de febrero de 2023 se publicaba la Orden TED/189/2023, de 21 de febrero, por la que se crea la División de Proyectos de Energía Eléctrica que marca claramente cuál es su diana: Entre las causas de este interés está en la apuesta decidida desde el Gobierno por estas tecnologías, la fuerte caída de costes de las tecnologías eólica y fotovoltaica, unido a las excelentes condiciones de nuestro país para desarrollar este tipo de proyectos (abundante recurso solar y eólico y bajas densidades de población en gran parte del territorio, presencia en toda la cadena de valor industrial, capital humano cualificado y sector financiero sofisticado). Están dispuestos a sacrificar los terrenos con menor densidad de población, y Extremadura está entre ellos. Los datos son claros.

Nuestra región lleva tres años consecutivos (tres) siendo en la que se instala el mayor número de MW fotovoltaicos. Extremadura supone a día de hoy casi una tercera parte (27%) de toda la energía fotovoltaica instalada en España y el 5% de Europa. Me parece escandaloso.

Todo esto en una región que ya era excedentaria en producción eléctrica y energética. Porque además, este derroche de dinero público a través de los Fondos Next Generation (Next Generation porque las próximas generaciones serán las que paguen las consecuencias) va a parar a las grandes empresas energéticas sin que suponga una reducción del consumo de petróleo, carbón y gas. Muy al contrario del objetivo que nos han hecho creer, las estadísticas muestran que al mismo tiempo que producimos tanta energía fotovoltaica que no podemos siquiera almacenarla (por lo que no se aprovecha debidamente) está aumentando el consumo de petróleo, carbón y gas. Todo es, de nuevo, un negocio privado financiado con dinero público.

Antes de finalizar esta parte añado dos pinceladas más. Según el PEIEC (Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030), Extremadura tiene 17 plantas termosolares (5 en Cáceres y 12 en Badajoz) de las 50 que hay en España. He localizado diez de ellas y tienen una superficie media de 200 hectáreas, por lo que las 17 termosolares ocuparían 3.400 hectáreas en nuestra región. Según el mismo documento, en Extremadura hay instalados 39 MW de energía eólica. Tenemos en Plasencia el parque eólico El Merengue I y está en construcción El Merengue II. Los de Montánchez, Garciaz, Madroñera y Conquista de la Sierra han sido paralizados por la oposición de la población. No obstante, el objetivo de la Junta de Extremadura es multiplicar por 18 la potencia eólica instalada en siete años para llegar a los 700 MW en 2030.

Con todo esto ¿cómo pretenden que veamos con buenos ojos la transición energética desde los territorios expoliados y saqueados?

Generación de empleo

Más allá de las promesas, el principal nicho de empleo es puntual y temporal en la construcción de estas plantas. Una vez finalizado, las tareas de mantenimiento tienen un empleo mínimo. ¿Qué ocurre durante la construcción?

Desde el Sindicato 25 de marzo se ha venido denunciando cantidad de casos de irregularidades, infracciones y precariedad laboral en este sector «que confirman que tras el modelo de transición energética que se está poniendo en marcha se esconde una elevada precariedad para la clase trabajadora y escasos beneficios para la población extremeña». En los casos de las plantas fotovoltaicas de Solana de los Barros y Arroyo de San Serván (2021) se trabajaba sin puntos de sombra en pleno verano, se pagaban las horas extra como ordinarias y sufrieron impagos y retrasos en las nóminas. Añadían: «los trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción de placas solares vienen conociendo unas condiciones de explotación y precariedad en los últimos años. Si en un primer momento pudiera haber sido un trabajo bien remunerado, últimamente se ha convertido en un nicho para que empresas fantasma se llenen los bolsillos con el sudor ajeno». «Esa es la norma en muchas de las plantas que hay en Extremadura. Son cientos de trabajadores/as las que están sin cobrar o con retrasos acumulados de varios meses. La subcontratación en cadena hace que las empresas puedan desaparecer sin dejar rastro».«El trabajo por la tarde con temperaturas que superan en muchos casos los 30 grados a la sombra es un ejemplo de esas condiciones de atropello como la falta de puntos de sombra para resguardarse.»

Un problema común es la subcontratación en cadena en el que una de las empresas desaparece y la cadena de pagos y cobros se corta. Fue conocido el caso de un grupo de trabajadores extremeños en Francia, que ganaron la denuncia contra «Goliat» Pasaron de trabajar en las instalaciones de Badajoz para Enel Green Power (filial de Endesa) con más de 50 horas a la semana con temperaturas de entre 38 y 42 grados a trabajar en Francia para Eiffage durante más de 60 horas a la semana, con frío, nieve, lluvia y viento. Se repetían los retrasos e impagos.

En 2020 los sindicatos extremeños ya denunciaban abusos y precariedad laboral entre los miles de trabajadores que levantan las fotovoltaicas:

● Los empleados dependen de subcontratas y se enfrentan a la vulneración de sus derechos y del convenio colectivo.

● La constructora (Meska) de una renovable solar empieza a pagar varios meses atrasados a 116 trabajadores de la fotovoltaica de Talaván.

Con estas condiciones de trabajo ¿cómo queréis que veamos positivo «el milagro» de la transición energética? Si España tiene la factura de la luz más barata que otros países gracias a la hidroeléctrica es debido a nuestros pueblos inundados, nuestras familias desplazadas y nuestros problemas de abastecimiento. Si la energía nuclear abarata vuestra factura de la luz es porque nos quedamos aquí la bomba de relojería.

Para que podáis compraros un coche eléctrico o poner paneles solares quieren hacer desaparecer los alrededores de una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Cáceres o hectáreas en Cañaveral y otros municipios. Porque si queréis y para finalizar, hablamos de la minería.

Minas

El boom de la minería en Extremadura está muy asociado, aunque parezca increíble, a la transición energética por lo que comentaba anteriormente. Las «energías renovables», la electrificación de vehículos etc. necesitan minerales no renovables.

En 2017 teníamos 159 explotaciones mineras activas y desde 2018 tenemos 230 nuevos proyectos mineros en Extremadura: ochenta y cinco de ellos con permiso de investigación, sesenta y dos en trámite de recibirlo, cuarenta y nueve en trámite de concesión de explotación y treinta y cuatro de explotación de áridos pendientes de autorización. No he encontrado datos totales de superficie ocupada, pero los parciales ya son imponentes. Vamos allá.

Sólo en los alrededores de la Ciudad de Cáceres son varias las empresas mineras que han solicitado permisos de exploración. La Junta de Extremadura acaba de otorgar, con fecha de 28 de marzo de 2023, permisos de exploración de 9.305 hectáreas a una de ellas, Castilla Mining S.L.U., empresa pantalla de la australiana Infinity Lithium. En el caso de la mina de Cañaveral son 2.850 hectáreas ampliables a 7.000. En ambos casos los acuíferos del Calerizo y Galisteo quedarían seriamente afectados, por no decir inutilizados. Por otro lado, Atalaya Mining, al comprar el 51% de Rio Narcea Nickel, adquirió 17 permisos mineros de investigación en la zona sur de Badajoz que abarcan 111.400 hectáreas.

Sólo estos tres ejemplos suman 128.000 hectáreas, pero la realidad de las cuadrículas mineras que acechan el territorio extremeño es mucho peor como pueden ver en el Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (SIGEO) o en el documento que publica la Junta de Extremadura bajo el nombre «Extremadura (España), una región minera en Europa». Un claro señuelo para que las tuneladoras y excavadoras de medio mundo vengan a nuestra tierra. Accedan a esos dos enlaces. Sólo así podrán hacerse una idea de dónde nos están metiendo.

La misma esperanza

Si habéis llegado hasta aquí espero que haya quedado meridianamente clara la necesidad de una urgente Reforma Agraria de base agroecológica para la soberanía alimentaria del pueblo extremeño que proteja nuestra tierra de todas estas agresiones (y otras) que he recogido en este texto.

Ante el nivel de degradación moral de los grandes fondos de inversión y de nuestros desgobernantes la única opción que nos están dejando para defender el interés general de la población extremeña es lo llaman en derecho penal la defensa propia, legítima defensa o autodefensa por la cual se justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor/a. Resistencia pacífica activa.

Cizalla en mano y sierra de metal en defensa propia para cortar las vallas y quitar las placas solares que impiden el cultivo para alimentar a nuestras familias. Legítima defensa para cortar los cables y rajar las ruedas de las retroexcavadoras cuando intenten borrar del mapa la Sierra de la Mosca de Cáceres o la Dehesa de Salvatierra o Cañaveral. A pico y pala para desenterrar y cortar las tuberías que llenan las grandes balsas de riego para la agroindustria mientras dejan sin agua a los pueblos y pequeñas explotaciones. En Francia son la Confédération paysanne (Confederación campesina) y Les soulèvements de la terre (Las sublevaciones de la tierra) las que están coordinando estas multitudinarias acciones de autodefensa.

Defensa propia para bloquear física o informáticamente las turbinas de Iberdrola hasta que el agua y la electricidad redunden en beneficio del pueblo extremeño. En legítima defensa, como en el 25 de marzo de 1936 o más recientemente, en la década de 1980 con las ocupaciones de fincas en Llera, Valdivia, Cabezuela del Valle, Valrío, Talavera la Real, Valle de la Serena (1984), Perales del Puerto (1986) o Valdivia (1988). En defensa propia como las huelgas de la vendimia de 1973, del tomate, del pimiento, del ajo o de la leche en años sucesivos o la huelga de yeseros y escayolistas entre 1988 y 1989. Decía Emma Goldman: «Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan». Cojamos el pan, cojamos el agua, cojamos la tierra.

Nos están demostrando que la única forma de asegurar el futuro de Extremadura es desde la organización en la calle. Tras las grandes movilizaciones que pararon la Central Nuclear de Valdecaballeros o la Refinería de Tierra de Barros se está produciendo en los últimos años un resurgimiento de estas movilizaciones que han evitado que los alrededores de Cáceres lleven cinco años agujereados a pesar de los millones de euros en propaganda que están metiendo esas empresas canadienses y australianas. Igual que han evitado que Salvatierra de los Barros se convierta en un gigantesco vertedero o que se instale el parque eólico en los términos municipales de Montánchez, Torre de Santa María, Salvatierra de Santiago, Zarza de Montánchez y Robledillo de Trujillo. La huelga general en el campo del año pasado fue una demostración de fuerza de los/as jornaleros/as cerrada en falso por los sindicatos pero que volverá a prender mucho más temprano que tarde con la lección bien aprendida de quién te puedes fiar y de quién no.

No hay que bajar la guardia. Algunos de estos proyectos aún tienen posibilidad de recurso o de presentarse haciendo pequeñas modificaciones. Por eso hay que seguir alerta.
Y en ello estamos. En la comarca de Olivenza y Alconchel, en Cañaveral, en las Villuercas, en la Sierra Sur, en Sierra de Gata, por todo el territorio están surgiendo movimientos populares que se resisten a ser expulsados de nuestra tierra. Y al frente de ellos muchas mujeres «cuatro veces explotadas: como mujeres, como extremeñas, como obreras y como ancianas», como dice la compañera Sara Marchena rememorando la icónica fotografía de El Modelo Extremeño.

Y la coordinación entre ellos va fortaleciéndose. Vamos haciendo yunta. El pasado sábado nos reunimos en Valdencín entre 500 y 600 personas para rememorar lo ocurrido el 25 de marzo de 1936 e inspirarnos en ello para dar las batallas de este siglo. La importante presencia de gente joven, además, hacía flotar en el ambiente la sensación de que el movimiento tiene futuro.

Allí se anunciaron tres movilizaciones a las que animo a participar y difundir:

• 22 de abril. Manifestación en Mérida por una sanidad pública y de calidad en Extremadura.
• 29 de abril. Marcha de cinco kilómetros entre Tany Nature (Zurbarán) y Valdivia para denunciar las condiciones de trabajo en el campo y en las centrales hortofrutícolas.
• 6-7 de mayo. Manifestación en Cáceres en defensa de Extremadura contra el saqueo minero, macrovertederos y otras agresiones que destruyen nuestra tierra.

El 25 de marzo nos guía, no como ancla en el pasado sino como catapulta hacia el futuro. Recordando a nuestros/as abuelos/as y pensando en nuestros/as nietos/as. Vamos caminando.

Fuente: El Salto Diario (https://www.elsaltodiario.com/extremadura-/nuevas-amenazas-misma-esperanza-25-marzo)