«Es falso que la izquierda no ha realizado una evaluación autocrítica de la UP»
Hugo Guzmán
El historiador Rolando Álvarez salió al paso de versiones y análisis que se quieren imponer sobre el período de la Unidad Popular y en torno del golpe de Estado de 1973 y entregó datos y antecedentes. «En el caso del Partido Comunista, realizó un profundo proceso autocrítico. Al igual que en el caso de los socialistas, estos fueron difundidos en innumerables artículos, libros y revistas», recalcó. Sostuvo que hay «quienes, detrás de un discurso supuestamente sofisticado, repiten la misma falsedad de Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza la tarde del 11 de septiembre». El académico de la Universidad de Santiago enfatizó que «no han sido los sectores de izquierda los que se niegan a realizar un análisis crítico y autocrítico por lo sucedido en Chile entre 1970 y 1973». Por el contrario, «la historiografía de los sectores conservadores es la que debería hacerse una severa autocrítica por este flagrante caso de falsificación de la historia de Chile» y precisó que por la prensa de derecha «han logrado ir imponiendo una agenda de discusión más centrada en la justificación del golpe de Estado, que en los crímenes de la dictadura». En entrevista expresó que «la actual contingencia ha dejado de manifiesto un hecho: Que los sectores conservadores del país están lejos de haberse desligado de su conexión genética con la dictadura y el pinochetismo». De paso, subrayó varios de los logros del Gobierno de Salvador Allende que hoy se quieren omitir.
Hugo Guzmán. Periodista. El Siglo. Santiago. 18/7/2023. ¿Qué tanto es preciso afirmar que en la izquierda no se hizo una evaluación, revisión o autocrítica del período del Gobierno de la Unidad Popular?
La verdad sea dicha, esta es una afirmación que dando una mirada superficial sobre los cientos de documentos y libros editados después del golpe de Estado de 1973, es completamente imprecisa. Es más, solo meses después del derrocamiento del Presidente Allende, todos los partidos de izquierda plantearon y desarrollaron un fecundo debate sobre lo que se denominó como «las causas de la derrota». En el caso del Partido Socialista, después del golpe se produjo un proceso de atomización partidaria. En ese contexto surgió el llamado proceso de «renovación socialista», proceso de autocrítica que incluso cuestionó, desde el punto de vista político, la factibilidad de la vía chilena por la centralidad asignada a la clase obrera. La «renovación» realizó un severo ajuste de cuenta crítico con el socialismo real, rompió con el marxismo como paradigma partidario y abandonó un conjunto de premisas que los definía como una colectividad revolucionaria. Esto se tradujo, en la práctica, en la ruptura de su alianza con el Partido Comunista y el fin de la coalición de la Unidad Popular. Esto dio paso a la opción de la alianza con el centro político (Democracia Cristiana), lo que, a largo plazo, cristalizó en la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó Chile entre 1990 y 2010.
En el caso del Partido Comunista, el otro partido eje de la Unidad Popular, realizó un profundo proceso autocrítico. Al igual que en el caso de los socialistas, estos fueron difundidos en innumerables artículos, libros y revistas. Entre ellos, me parece muy claro y de fácil acceso el libro de Luis Corvalán Lépe titulado El gobierno de Salvador Allende (Lom Ediciones, 2003). En esta obra, quien fuera el líder del Partido Comunista antes, durante y después del proceso de la Unidad Popular, es muy claro en sus planteamientos. En primer lugar, rechaza tajantemente la tesis que afirma «que todos tuvimos la culpa, todos somos responsables» (p.9). No obstante, esto no impide la autocrítica. Al respecto afirma: «Nos envolvió el sectarismo. Fue uno de los factores que impidieron consolidar y ampliar los vínculos y las acciones comunes con la Democracia Cristiana en los primeros tiempos. Tras el propósito de cumplir con los objetivos que a la mayoría del país le interesaban, debimos plantearnos, en tanto se conocieron los resultados de la elección presidencial, el entendimiento a largo plazo con el Partido de Radomiro Tomic, sumar y no restar fuerzas…La embriaguez de la victoria y el sectarismo que acorta la vista, nos impidieron ver con profundidad y en la perspectiva del tiempo, la magnitud y responsabilidades que asumíamos y la necesidad de buscar un gran acuerdo con la Democracia Cristiana» (p-9-10). Posteriormente, Corvalán no vacila en definir a este hecho, como la «falla principal» que tuvo la izquierda en esos años, que se manifestó en la incapacidad en imponer una dirección amplia y única en la Unidad Popular. En este punto, también importante relevar la autocrítica respecto de la falta de conexión o trabajo con los sectores medios y profesionales. Es decir no se amplió la base política por arriba (DC) ni por abajo, con sectores medios en particular. Esto fue sistematizado en varios de los trabajos tempranos de Tomás Moulian, como en su obra Democracia y socialismo en Chile, (FLACSO, 1983). El caso de los planteamientos de Luis Corvalán Lepe, que su citado libro y otros documentos partidarios ampliaron su profundidad analítica, es incuestionable la descarnada autocrítica que se llevó a cabo. Por ello, es justo definir que es falso que la izquierda no ha realizado una evaluación autocrítica de la Unidad Popular.
¿Tú crees que la izquierda, sus partidos, sus dirigentes, los académicos o intelectuales vinculados a ella están evadiendo analizar las circunstancias del golpe de Estado y el período de Allende?
De manera similar a la pregunta anterior, esta afirmación es falsa y no se condice con la verdad. El punto de partida del debate se remonta hacia casi el mismo día martes 11 de septiembre de 1973 y las semanas siguientes. La asonada golpista se justificó afirmando que el Gobierno de Salvador Allende se aprestaba a instaurar una dictadura de izquierda, alentada por gobiernos extranjeros, como Cuba y la Unión Soviética. La expresión más vulgar, pero defendido por décadas por los sectores conservadores, fue el denominado «Plan Z». Este, supuestamente, consistía en que durante la conmemoración de las Fiestas Patrias de 1973, se descabezarían las Fuerzas Armadas, se detendrían a los dirigentes opositores y se instauraría una «dictadura comunista» encabezada por el Presidente Allende. Es decir, ante la amenaza de la violencia izquierdista, el golpe de Estado –o «pronunciamiento militar», como lo llamaba la dictadura–, habría sido un acto en defensa de la democracia chilena. Es evidente lo insólito y falaz que resulta este planteamiento. El peor acto criminal contra la feble democracia chilena, como el bombardeo del palacio de La Moneda y el inicio de la persecución, tortura, exilio, ejecución y desaparición forzada de miles de chilenos, constituyen una afrenta y una vergüenza imperecedera para los sectores políticos que respaldaron estos hechos.
Entonces, más bien, los sectores de izquierda, ya sean sus partidos, académicos y organizaciones sociales, se han enfrentado de manera decidida para desmentir las versiones que podríamos denominar como del tipo «neo-Plan Zeta». A esto me refiero a quienes, detrás de un discurso supuestamente sofisticado, con palabras difíciles y tonos doctorales, básicamente repiten la misma falsedad de (Augusto) Pinochet, (José Toribio) Merino, (Gustavo) Leigh y (César) Mendoza la tarde del 11 de septiembre de 1973 y que luego repitió el falso Plan Zeta: Que el golpe de Estado se justificaba porque el Gobierno popular pretendía imponer una dictadura. Esta afirmación, como lo han demostrado un conjunto de trabajos de cientistas sociales nacionales y extranjeros, no se ha podido demostrar. Es más, sí se ha demostrado la falsedad de algunas de las supuestas pruebas existentes, como el Plan Z, cuyo autor, el historiador Gonzalo Vial Correa, tuvo que reconocer que lo editó sin tener los respaldos que comprobaban sus afirmaciones. Es por ello que la historiografía de los sectores conservadores es la que debería hacerse una severa autocrítica por este flagrante caso de falsificación de la historia de Chile.
En resumen, no han sido los sectores de izquierda los que se niegan a realizar un análisis crítico y autocrítico por lo sucedido en Chile entre 1970 y 1973. Por el contrario, son los sectores conservadores y neo-conservadores, que, en distintos tonos y formas, siguen repitiendo el mismo argumento que justificó el golpe militar que destruyó a la democracia chilena. En contra de estas versiones «suaves» del Plan Zeta, que en el fondo relativizan las formas democráticas de resolver los conflictos políticos, es que se han levantado las voces críticas de los sectores de izquierda.
Se cumplen 50 años de la asonada golpista y parece que estamos hablando más de Salvador Allende, de la UP, que de Augusto Pinochet y quienes dieron y promovieron el golpe, ¿te parece que es así?
Está ampliamente establecido que los debates sobre el pasado y las políticas de la memoria son dependientes de los marcos históricos coyunturales en los cuales se llevan a cabo. Por ejemplo, en 2003, cuando se recordaron los 30 años del golpe, se produjo lo que algunos historiadores denominaron como un «estallido de memoria». Era un contexto de ocaso de (Augusto) Pinochet, arrinconado por las investigaciones judiciales por su participación en la violación de derechos humanos y por los casos de corrupción («Caso Riggs»). En ese clima, se reivindicó la figura de Salvador Allende y su compromiso democrático, estigmatizado por décadas por los sectores conservadores. Algo similar ocurrió el 2013, a 40 años del golpe. Luego de las movilizaciones del año 2011, el Gobierno de (Sebastián) Piñera apenas se recuperaba en las encuestas de popularidad y había un claro optimismo respecto a que lo sucedería un Gobierno de signo distinto, que intentaría canalizar las demandas de los movimientos sociales. Así, el recuerdo de la Unidad Popular y su agenda democratizadora y de justicia social aparecía como antecedentes remotos de las problemáticas del Chile de ese entonces.
Así llegamos al año 2023, año que con motivo de las elecciones para el proceso constituyente –segunda parte–, la ultraderecha se anotó tal vez el mayor éxito electoral de su historia. En efecto, el contexto de los 50 años se produce con un Gobierno a la defensiva y una ultraderecha envalentonada. Como lo han reconocido historiadores conservadores, esto se ha traducido en que se han escuchado con fuerza las voces de este sector político. Promovidos de manera permanente por la prensa de derecha, han logrado ir imponiendo una agenda de discusión más centrada en la justificación del golpe de Estado, que en los crímenes de la dictadura y el carácter antidemocrático de esta. Esta situación deja de manifiesto que la denominada «batalla por la memoria histórica» es algo permanente, y no porque en una etapa pareciera haber consenso en torno a consignas como «Verdad y justicia» o «Nunca Más», esto significa que en otras reaparezcan los discursos que justifican la ruptura democrática y la violación a los derechos humanos.
En las últimas semanas desde vocerías conservadores y de medios afines a la derecha al hablar del golpe de Estado se dice que fue producto del fracaso de la UP, que era necesario ante una situación antidemocrática, que se explica la acción de los militares por la grave situación del país. Hay muchos análisis en esa línea. ¿Cuál es tu perspectiva frente a esos planteamientos?
Como decía en la respuesta anterior, lo que tú mencionas en la pregunta son los mismos argumentos que han esgrimido desde siempre los partidarios de la dictadura. En estricto rigor, carecen de novedad. Hoy reaparecen con fuerzas porque se plantean en un contexto de un Gobierno que tiene en su programa cambios al modelo heredado por la dictadura, como el sistema de pensiones. Es sabido, por ejemplo, que la creación de las AFP fue un aspecto clave para la reproducción del actual patrón de acumulación capitalista. Por lo tanto, para el mundo conservador el uso de la memoria de los 50 años del golpe es funcional para dejar establecido que cuando un Gobierno pretende hacer transformaciones más o menos profundas del sistema, lo que se pone en jaque es la convivencia democrática.
En el fondo, lo que está en disputa es el significado de la democracia. Como lo han planteado los trabajos de los historiadores Juan Carlos Gómez y Verónica Valdivia, entre otros, el régimen democrático chileno durante el siglo XX fue limitado en sus derechos. Es más, utilizó un andamiaje legal para defender la exclusión política y la represión. El caso más emblemático fue la «Ley de defensa Permanente de la Democracia» (más conocida como la «ley maldita»), pero también hubo un conjunto de andamiaje legal para reprimir, como las leyes de estados de excepción, investigados por la profesora Valdivia. Por su parte, el derecho de ciudadanía al mundo campesino estuvo restringido hasta fines de la década de 1950. Asimismo, las mujeres recién pudieron votar en una elección presidencial a partir del año 1952. Así, como lo demuestra de manera contundente Juan Carlos Gómez en su excelente obra La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973 (Editorial LOM, 2003), la democracia chilena logró recién concretarse entre 1967 y 1973, cuando se reformó el derecho a propiedad en el mundo agrario. Este mismo hecho, concluye Gómez, explica la razón última del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Es decir, el «once» concebido como la respuesta violenta y brutal al proceso de profundización de la democracia política, económica, social y cultural encarnada por las fuerzas reformistas y revolucionarias desde fines de la década de 1960.
Por lo tanto, la cuestión de fondo en este debate, son concepciones de democracia distintas. La derecha la define de manera solamente institucional, en base a la existencia de instituciones que otorgan, por su sola existencia, el sello de democracia. Eso permite afirmar a la historiografía conservadora, por ejemplo, que el siglo XIX, en donde no estaba considerada en el padrón electoral la mayoría de la población y las condiciones de exclusión política, económica, social y cultural eran estructurales, el sistema político de la época «aportó a la formación republicana elementos imprescindibles, como la estabilidad y la previsibilidad del juego institucional, a la vez que propició una evolución marcada hacia una cultura política pluralista» (Joaquín Fermandois, La democracia en Chile. La trayectoria de Sísifo, (Ediciones UC/CEP, 2020).
Esto explica que mientras unos visualizan un orden institucional represivo y excluyente como un supuesto ejemplo de la excepcionalidad democrática chilena en América Latina, otros sectores consideren la tarea de la profundización de la democracia como una tarea pendiente. La paradoja es que cuando las fuerzas transformadores intentaron incrementar los derechos sociales y políticas del pueblo chileno, los supuestos adalides de la democracia, terminaron avalando una de las dictaduras más brutales del siglo XX en América Latina.
Mirando las polémicas de las últimas semanas, ¿establecerías que más allá de sutilezas y apreciaciones tácitas, se vuelve a instalar que en Chile hay partidarios del golpe y cuestionadores del golpe?
Como dice el dicho popular, a confesión de partes, relevo de pruebas. Destacados dirigentes de la derecha –incluidos parlamentarios– no ha tenido mayores problemas para reconocer que son impenitentes partidarios del golpe de Estado. En el caso de la ultraderecha, no es necesario entrar en mayores análisis, pues reconocen en la dictadura militar un espejo de Gobierno a seguir. En este sentido, más allá de consideraciones particulares, la actual contingencia ha dejado de manifiesto un hecho: Que los sectores conservadores del país están lejos de haberse desligado de su conexión genética con la dictadura y el pinochetismo. Mucho se ha debatido en el pasado sobre la existencia de la «derecha liberal» versus la «derecha dura». Si bien es evidente que existen matices en torno a materias valóricas o en el tono de condena de la violación de los derechos humanos, existen amplios consensos en torno a una visión restringida de la democracia. La ofensiva de la derecha, tanto a nivel político como académico, ha dejado en claro que la batalla por la interpretación de lo que pasó hace 50 años atrás en Chile, está lejos de haber terminado.
Un ejemplo de esto lo constituye la polémica que ha provocado la derecha con la condecoración que el Presidente (Gabriel) Boric otorgó al juez Baltazar Garzón. Este es una figura que jugó un papel decisivo para avanzar en materia de «Verdad y justicia» en los casos de violación a los derechos humanos en Chile. Independientemente del juicio personal sobre sobre él, marcó una premisa fundamental en la historia de la causa global de los derechos humanos, gracias a su accionar que permitió encauzar a Pinochet en Londres. Este hecho provocó el cambio de doctrina judicial en Chile y el avance de la justicia. Al cuestionar la distinción hecha por el Presidente Boric a Garzón, la derecha muestra una vez más su posición que relativiza los crímenes de lesa humanidad bajo excusas cínicas. En el fondo, queda claro que para que los sectores conservadores, la consigna «Nunca Más» es solo eso…palabras de buena crianza en las que, en realidad, carecen de real convicción.
¿Cuál sería tú balance o mirada de los tres años del Gobierno de Allende?
El balance del Gobierno del presidente Allende se puede realizar en distintos niveles. Tal vez el más importante fue la novedad histórica global que representó como proyecto político. Es decir, la propuesta de fundir en un mismo momento histórico socialismo y democracia. Otras experiencias de construcción de sociedades alternativas al capitalismo, habían pospuesto la democracia a un momento posterior a la toma del poder. En cambio, la «Vía Chilena al Socialismo» fue una adaptación de la lucha por una sociedad más justa, a la cultura política del movimiento popular chileno. Este, desde fines del siglo XIX y principios del XX, combatió la explotación capitalista y la represión estatal desde organizaciones sociales y políticas que formaron parte del movimiento real de la lucha de clases en el país. Gracias a las brechas abiertas por este proceso, se consideró viable la posibilidad de modificar el aparato estatal desde dentro. En definitiva, como lo señaló Tomás Moulian, el triunfo de la Unidad Popular fue expresión de la falta de legitimidad del sistema capitalista en Chile luego de décadas de luchas de construcción de una vía propia y original hacia una sociedad distinta.
En otro plano, el proyecto de reforma constitucional para la nacionalización del cobre, presentada al parlamento el día 22 de diciembre de 1970 por el presidente Allende, que fue aprobada en julio de 1971, fue una medida de largas consecuencias sobre el desarrollo del país. Gracias a esta medida, pasaron a manos del estado los yacimientos de El Salvador, Exótica, Chuquicamata y El Teniente. Esto se tradujo en grandes ingresos al Fisco. En materia de políticas sociales, se desarrolló un ambicioso plan de mejoramiento de la cobertura de salud y educación; se incrementaron de los derechos laborales (incluidos por cierto los salarios); se abrieron oportunidades de acceso a la educación superior por parte de la clase obrera; se eliminó el «Grupo Móvil», brazo represivo de la policía; la política habitacional alcanzó altas cotas de construcción de viviendas; por medio de la editorial Quimantú, se democratizó el acceso a la cultura. En fin, las medidas son numerosas y no alcanzamos a enumerarlas todas.
Desde hace 50 años, la derecha ha querido establecer que el Gobierno de Salvador Allende fue negativo. Pero omite de manera deliberada que desde incluso antes que este asumiera el poder, su sector conspiró por alterar la voluntad democrática expresada en las urnas. El frustrado golpe de Estado de 1970, que le costó la vida al Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, es la prueba patente de lo que afirmamos. A esto, es inexcusable no mencionar la probada intervención norteamericana, que desde el mismo momento que se conoció el triunfo electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, comenzó a conspirar para sabotear al futuro gobierno popular. Si no se consideran estos antecedentes claves, es imposible hacer un real balance de lo que fueron los llamados mil días del Gobierno de Salvador Allende.
Fuente: El Siglo, 18-7-2023 (https://elsiglo.cl/es-falso-que-la-izquierda-no-ha-realizado-una-evaluacion-autocritica-de-la-up/)
