¿El elector o el capital?: ¿quién gobierna Berlín?

Die Linke se ha convertido en la primera fuerza política de Berlín en torno a la cuestión más concreta que existe: «¿Quién puede seguir viviendo aquí?». Apenas se habían escrutado las papeletas cuando los bancos, los gigantes inmobiliarios, la patronal, la policía, el Gobierno federal y los grupos de presión extranjeros ya estaban en pie de guerra. Lo que está en juego desde las elecciones va mucho más allá de la conquista del ayuntamiento: es la lucha de clases a la luz del día. ¿Quién es el dueño de la ciudad, quién la dirige y hasta dónde tiene realmente derecho a llegar una victoria electoral?

El 20 de septiembre de 2026, Die Linke pasa a la historia. Con un 25,7 % de los votos, el partido se sitúa por primera vez a la cabeza de la Asamblea de Berlín. Los partidos tradicionales —la CDU, el SPD y los Verdes— se ven sacudidos por el golpe. Un gobierno de izquierdas, con Elif Eralp al frente de la ciudad, está al alcance de la mano. Al menos en teoría.

Este éxito no tiene nada de misterioso. Se basa en un trabajo de fondo. Durante la campaña, miles de voluntarios de Die Linke recorrieron los barrios. Puerta por puerta. Edificio por edificio. Se sube, se baja, se vuelve a subir. Sin bonitos folletos bajo el brazo, solo una pregunta: ¿qué es lo que quita el sueño a la gente?

Para cientos de miles de berlineses, la respuesta salta a la vista y duele: el alquiler. Ese sobre que cae en el buzón cada mes. Esa certeza de que una parte cada vez mayor del sueldo va a parar directamente a la cuenta de un casero sin escrúpulos anónimo.

Die Linke quiere alquileres asequibles, acabar con el poder de los gigantes inmobiliarios que cotizan en bolsa y hacer que, por fin, se respete el referéndum. En 2021, más de un millón de berlineses votaron a favor de la socialización de los grandes parques de viviendas privados.

En materia de vivienda, ningún otro partido inspira tanta confianza a los berlineses. Las cifras hablan por sí solas: al día siguiente de las elecciones, el 37 % del total de berlineses consideraba que Die Linke era quien ofrecía las mejores soluciones para acceder a una vivienda a un precio asequible.

El establishment contraataca: el gran giro del debate

Die Linke ha ganado gracias a temas concretos: la vivienda, los alquileres, la propiedad. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la prensa y los programas de televisión ya casi no hablan de ello. De la noche a la mañana, el debate político gira en torno a acusaciones de antisemitismo. En torno a Rote Hilfe, una organización de solidaridad de izquierdas que brinda apoyo jurídico a activistas y presos. En torno a supuestos vínculos con «clanes» criminales. En torno a la idea de que algunos sectores del partido se saldrían del marco democrático aceptable. En los medios de comunicación, la cuestión ya no es cómo reducir los alquileres, sino si Die Linke es «simplemente capaz de gobernar».

Este es el gran giro. Ya no se habla de los alquileres inasequibles, del poder absoluto de los grupos inmobiliarios ni de la crisis de la vivienda.

Se habla de la legitimidad del partido que ganó las elecciones precisamente con esos temas. Mientras tanto, entre bastidores, la clase dirigente federal se afana por hacer jurídicamente imposible cualquier socialización de los gigantes inmobiliarios, la famosa «Vergesellschaftung». Y ello a pesar de que el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana lo permite, en principio.

Lo que estamos presenciando es una contraofensiva organizada por los bloques de poder económicos y políticos establecidos. Abren varios frentes a la vez: económico, jurídico, político e ideológico. Repasemos las nueve fuerzas que se han puesto en orden de batalla contra Die Linke en Berlín.

1. El capital inmobiliario

El choque más frontal enfrenta a Die Linke con el capital inmobiliario. El partido quiere expropiar a los grupos inmobiliarios con ánimo de lucro que poseen más de tres mil viviendas. Esto afecta a más de 200 000 viviendas en la ciudad. En primera línea: Vonovia, el mayor grupo inmobiliario de Europa, que por sí solo posee 138 000 apartamentos en Berlín.

El 21 de septiembre, al día siguiente de las elecciones, la BFW Berlín-Brandeburgo, el grupo de presión de los promotores privados, dio la voz de alarma. Denuncia «un retroceso en materia de política de vivienda». La expropiación frenaría la construcción. El capital privado se daría a la fuga. La BBU, la federación de arrendadores de Berlín-Brandeburgo, sale a su vez en defensa propia. En los periódicos *Handelsblatt*, *Die Welt*, *Die Zeit* y *Tagesspiegel*, agita el fantasma de los «riesgos de desinversión masiva». En resumen: basta con que se amenace mínimamente su modelo de propiedad y de beneficio para que el lobby inmobiliario salga inmediatamente en defensa propia.

Se trata de la lucha de clases en su forma más material. Die Linke quiere trasladar el poder de los grandes propietarios inmobiliarios a los inquilinos y a la propiedad pública. El sector inmobiliario quiere mantener el reinado de la propiedad privada, las rentas de alquiler y la rentabilidad de las inversiones.

Lo que está en juego no puede ser más concreto: ¿a quién pertenecen las viviendas, quién cobra los alquileres, adónde va el dinero público y quién tiene derecho a decidir al respecto?

2. El capital financiero

Cuando se habla de inmobiliaria, se habla de bancos. Ese mismo 21 de septiembre, Die Deutsche Kreditwirtschaft, la poderosa federación del sector bancario alemán, lanzó una advertencia oficial. Socializar la vivienda ahuyentaría al capital privado. Complicaría la financiación inmobiliaria. Haría dispararse las primas de riesgo. Y, dado que la hipocresía no conoce límites, «reduciría los recursos disponibles para la educación y la política social». Como si a los bancos alemanes les hubieran importado alguna vez este tipo de cuestiones en las últimas décadas.

Los mercados reaccionan al instante. Las acciones de Vonovia se resienten y retroceden un 1,7 %, a contracorriente del mercado, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2023. Deutsche Wohnen también se ve afectada. ¿Por qué? Porque para estos señores, una vivienda en Berlín no es un lugar donde se vive, donde se ama, donde se crían a los hijos. Para el gran capital, las viviendas son vehículos de inversión y garantías que, a cambio, permiten acumular montañas de deuda. Si se retiran estas viviendas del mercado privado, no solo se afecta al casero sin escrúpulos, sino también al gestor de fondos, al banquero y al especulador: todo el ecosistema parasitario de Fráncfort. Esto también forma parte de la lucha de clases.

3. La gran patronal berlinesa

El capital tradicional berlinés se había atrincherado mucho antes de las elecciones. Las cuatro grandes organizaciones patronales —la Cámara de Comercio (IHK Berlín), la Cámara de Oficios, la VBKI y la UVB— habían cerrado filas en su «Wahlarena der Berliner Wirtschaft» . En este foro electoral conjunto, los principales partidos acudían a defender su programa económico ante la patronal organizada.

Su labor de presión no cesa la noche de las elecciones. Tras la victoria de Die Linke, el presidente de la VBKI, Harald Christ, se subió a su caballo de batalla. ¿Su mensaje? «Quien quiera expropiar la propiedad privada en esta ciudad está jugando con nuestro futuro. » La VBKI es uno de los círculos más selectos del mundo empresarial berlinés, formado por aquellos que viven más de los ingresos de sus propiedades y del trabajo ajeno que de su propio trabajo. Para Harald Christ, que nunca ha sido elegido para ningún cargo, un partido «que no se distancie claramente del antisemitismo» tampoco debería gobernar.

Las dos líneas de ataque del establishment coinciden perfectamente en este punto. Por un lado, la defensa de la sacrosanta propiedad privada. Por otro, el chantaje moral. Die Linke debe ser tratada como un paria mientras no se pliegue a todas las exigencias del establishment.

4. La industria armamentística

Segundo frente económico: la industria armamentística. Los militaristas sueñan con convertir Berlín en un centro neurálgico de la industria bélica. Die Linke no lo quiere. No a la expansión de la industria militar en la ciudad. No a la propaganda militar en las calles. No a los reclutadores del ejército en las escuelas.

Esto equivale a una blasfemia en plena misa del militarismo alemán. Ávido de nuevos contratos por valor de varios miles de millones, el complejo militar-industrial quiere convertir la región de Berlín-Brandeburgo en un polo de defensa y aeronáutica. La ministra de Economía del Estado federado de Brandeburgo, Martina Klement, ya ha advertido de que su Estado federado «seguirá adelante por su cuenta si es necesario» si Berlín bloquea sus proyectos. Señala la hostilidad de Die Linke hacia la Rüstungsindustrie, la industria armamentística. Esto también forma parte de la lucha de clases: ¿se convertirá Berlín en un engranaje de la economía de guerra en pleno auge, o le pondrá freno?

5. El Estado federal y el veto institucional

La presión no proviene únicamente de los bancos, los promotores inmobiliarios y los grupos de presión. Sectores enteros del aparato estatal entran directamente en escena.

Que Die Linke no deba, bajo ningún concepto, liderar la formación del Gobierno berlinés parece haberse decidido incluso antes de que cerraran las urnas. El 20 de septiembre, unos minutos después de las 18:00 horas, apenas cerradas las urnas, el canciller Friedrich Merz pronunció un discurso con un mensaje muy claro: mantendrá el rumbo, digan lo que digan los votantes.

Al día siguiente, Merz anunció su intención de acelerar la tramitación de una ley federal contra la socialización de los grandes grupos inmobiliarios. Su coalición ya se había puesto de acuerdo en el principio, pero con la victoria de Die Linke, el asunto se volvió de repente urgente. Según Merz, es necesario tranquilizar a los inversores internacionales: en Alemania, la propiedad privada está a salvo y no se expropia a la ligera. Que este mensaje provenga de Merz no es en absoluto anódino. Antes de su regreso a la política, presidió, entre 2016 y 2020, el consejo de supervisión de la filial alemana de BlackRock, una de las gestoras de activos más poderosas del mundo.

Todo gira en torno al artículo 15 de la Ley Fundamental. Desde 1949, este establece por escrito que el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden, por ley, transferirse a la propiedad colectiva o a otras formas de economía colectiva, a cambio de una indemnización fijada por la ley. Este artículo nunca se ha aplicado. Toda la batalla de Berlín gira en torno a si podrá aplicarse, por primera vez, frente a los grandes grupos inmobiliarios.

Otros responsables tampoco se quedan atrás. El ministro-presidente bávaro Markus Söder (CSU) amenaza con poner en tela de juicio las transferencias financieras a Berlín si la ciudad se inclina demasiado hacia la izquierda. Baviera es uno de los estados federados más ricos y uno de los principales contribuyentes netos a la redistribución entre los estados federados. Baviera es rica, Baviera paga. Por lo tanto, Söder quiere dictar a Berlín cómo debe votar. Una peligrosa «nordización legislativa» del federalismo alemán: la región rica que se compra la democracia de la región pobre.

Algunos ministros también se entrometen, valiéndose de su cargo oficial. La ministra federal de Economía, Katherina Reiche, utilizó la cuenta de Instagram de su ministerio para atacar a Die Linke por las expropiaciones, el antisemitismo y supuestos vínculos con el crimen organizado. Die Linke ha recurrido a la justicia invocando el deber de neutralidad de las instituciones públicas.

Incluso la justicia se ha sumado al debate. En plena polémica sobre supuestos contactos entre Die Linke y «clanes» criminales, la fiscal general de Berlín, Margarete Koppers, advirtió de que las redes criminales buscan deliberadamente acercarse a los responsables políticos. No acusó a Die Linke de forma explícita, pero su intervención dotó de un peso institucional adicional a la imagen que se estaba creando en torno al ganador de las elecciones.

Merz y su vicecanciller y ministro de Hacienda, Lars Klingbeil (SPD), saben muy bien lo que está en juego: si la socialización de los grandes grupos inmobiliarios tiene éxito en Berlín, la idea podría extenderse a otros ámbitos, como el automovilístico, el energético u otros sectores estratégicos.

Es precisamente este precedente el que hay que cortar de raíz. Una victoria electoral de Die Linke no debe, bajo ningún concepto, socavar el orden de la propiedad, y mucho menos convertirse en un ejemplo que avive otras luchas sociales.

6. La policía y el aparato de seguridad

Sexta línea de presión: el aparato policial. Tras las elecciones, algunos sindicatos policiales berlineses advirtieron de que un gobierno liderado por Die Linke corría el riesgo de debilitar a la policía al recortar sus poderes, sus medios de vigilancia y de represión. El sindicato Gewerkschaft der Polizei (GdP) fue más allá y advirtió al SPD y a los Verdes de que «la seguridad de esta ciudad está en juego». Incluso dio a entender que algunos agentes podrían abandonar Berlín para trasladarse a otros estados federados.

La amenaza no tardó en tomar un cariz muy concreto. Los gobiernos de la CDU de Baden-Wurtemberg y Brandeburgo han invitado abiertamente a los agentes de policía berlineses a hacer las maletas, vinculando explícitamente su campaña de reclutamiento a la perspectiva de un gobierno liderado por Die Linke.

Se trata de una presión organizada, un chantaje en toda regla por parte de determinados sindicatos policiales y gobiernos regionales conservadores: adopten nuestra visión de la policía y la seguridad, o vaciaremos las filas de su cuerpo policial.

7. La embajada de Israel

Y luego está el elefante en medio de la habitación: la campaña sobre el antisemitismo. El 26 de septiembre, la ARD, la gran cadena pública de radio y televisión alemana, señalaba que la polémica sobre el antisemitismo había «eclipsado todos los demás temas desde la victoria electoral».

En principio, un embajador no debe inmiscuirse directamente en la vida política de su país de acogida. Esto no impidió que el embajador de Israel, Ron Prosor, denunciara, tras la victoria de Die Linke, una «amenaza existencial inmediata» para la comunidad judía de Berlín. Fiel partidario de Netanyahu y detractor de la Corte Penal Internacional, Prosor acusa a sectores de Die Linke de «antisemitismo desenfrenado» y de hostilidad hacia Israel.

Casi al mismo tiempo, Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, se dirigía directamente al SPD y a Los Verdes: según él, quien ayude a Die Linke a entrar en el Rotes Rathaus, el ayuntamiento rojo de Berlín, pone en peligro la cohesión social y a la comunidad judía.

En el SPD y en Los Verdes, esta presión israelí encuentra eco. El diputado del SPD Martin Hikel considera imposible cooperar con un partido que, en su opinión, «tolera las declaraciones antisemitas». El antisemitismo y la defensa de Israel ocupan ahora un lugar central en las primeras conversaciones entre Die Linke, el SPD y los Verdes. La intervención israelí influye así directamente en el clima en el que se negocia el futuro Gobierno berlinés.

Detrás de todo ello se perfila un entrelazamiento estratégico más amplio. A pesar del genocidio en Gaza, Alemania e Israel refuerzan su cooperación militar-industrial. Este año, el fabricante de armas israelí Elbit Systems ha firmado nuevos acuerdos estratégicos con, entre otros, TKMS y Diehl Defence, en particular para sistemas de armamento naval y drones destinados a la Bundeswehr. Elbit tiene previsto abrir hasta ocho nuevas sedes en Alemania en los próximos años.

La contienda en torno a Israel tiene, por tanto, también una dimensión material. No se trata únicamente de Gaza, del apartheid y del colonialismo de colonización israelí, sino también de un entrelazamiento militar e industrial cada vez más estrecho. En este contexto, la etiqueta de «antisemita» adquiere una carga política muy particular cuando se aplica a las fuerzas que se oponen al Gobierno israelí, al rearme alemán o a esta creciente cooperación militar-industrial.

8. ELNET: la red de presión internacional

Más allá de la embajada, existe toda una infraestructura de presión. Y hay algo que llama la atención: cada vez que una izquierda con peso se abre paso en las urnas, el antisemitismo vuelve a ocupar el centro del debate.

En Gran Bretaña, tres grandes diarios afirmaron al unísono, en 2018, que un gobierno liderado por Jeremy Corbyn representaría una «amenaza existencial» para la comunidad judía. Era necesario deslegitimar a Corbyn porque rompía con el consenso sobre Israel, apoyaba abiertamente la causa palestina y defendía un programa socioeconómico en ruptura frontal con el establishment británico. La acusación de antisemitismo se ha convertido en un arma en una batalla más amplia: declararlo incapaz de ejercer el poder.

El mismo guion se repite en Francia. En 2024, Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), declaró que «La France insoumise no tiene cabida en el Gobierno». El motivo esgrimido, una vez más: el «antisemitismo». En realidad, lo que se criticaba era la denuncia del genocidio en Gaza por parte de la izquierda. Antes de las recientes elecciones municipales, el servicio francés de vigilancia y protección contra las injerencias digitales extranjeras, Viginum, llegó incluso a sacar a la luz una amplia campaña de desinformación israelí, orquestada por la oscura agencia Blackcore. Páginas web falsas, perfiles falsos, noticias falsas, bots potenciados con IA: se ha difamado sistemáticamente a los candidatos de LFI.

En Berlín, todas las miradas se dirigen sobre todo hacia ELNET Deutschland, una organización de presión que pretende estrechar los lazos entre Israel y Europa. La financiación de esta entidad procede principalmente de Estados Unidos. En un solo año, la oficina alemana recibió más de un millón de euros de ELNET US.

ELNET ha financiado viajes a Israel para al menos 51 diputados del Bundestag. Justo antes de las elecciones berlinesas, trajo a la capital a seis oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (Tsahal) para que se reunieran con responsables políticos, la Bundeswehr y los medios de comunicación. ELNET constituye, por tanto, un eslabón clave entre los círculos de seguridad israelíes y la clase política alemana, con recursos considerables y acceso directo a los responsables de la toma de decisiones. En el actual debate político berlinés, esta infraestructura contribuye a crear un clima político en el que la actitud hacia Israel se utiliza cada vez más como criterio para determinar quién puede o no gobernar.

9. Estados Unidos

Queda por mencionar la injerencia estadounidense. En su Estrategia de Seguridad Nacional oficial, Estados Unidos no oculta su apoyo activo a las fuerzas de extrema derecha y nacionalistas en Europa, desde el Rassemblement National en Francia hasta la AfD en Alemania. Para Trump, una Europa así presenta una doble ventaja: aliados más cercanos a Washington y una Unión Europea dividida, incapaz de afirmarse como potencia autónoma.

En los últimos años, figuras clave estadounidenses, desde Elon Musk hasta Donald Trump, pasando por JD Vance, Marco Rubio y el exembajador Richard Grenell, se han entrometido abiertamente en la política alemana, en la mayoría de los casos para otorgar a la AfD legitimidad y espacio político. Cuando la AfD logró un gran avance en Sajonia-Anhalt, Trump, Musk y Grenell estaban en primera fila para aplaudir. Trump elogió públicamente el resultado, Musk escribió «¡Gut gemacht!» y Grenell habló de «una gran victoria y un nuevo día para Alemania». Esto ocurrió apenas dos semanas antes de las elecciones de Berlín.

Al mismo tiempo, la embajada estadounidense en Alemania destinó este verano unos 400 000 dólares a organizaciones de la sociedad civil, en particular a proyectos de lucha contra el antisemitismo («countering antisemitism»). Fondos diplomáticos para influir en la agenda política interna. Siguiendo instrucciones de Washington, las embajadas estadounidenses en Europa avivan la caza de brujas contra la izquierda, al tiempo que allanan el camino a la extrema derecha.

Una muestra de debilidad

Sume todas estas fuerzas —bancos, grupos inmobiliarios, patronal, industria armamentística, justicia, Gobierno federal, embajadas, capital internacional— y verá lo que realmente está en juego en Berlín. Diferentes facciones de la clase dominante, cada una con sus propios intereses, se unen en bloque en cuanto se tocan las relaciones de propiedad y de poder.

El primer frente es material. El capital inmobiliario defiende sus alquileres y sus propiedades, los bancos sus créditos y sus garantías, los inversores sus rendimientos, la industria armamentística sus contratos multimillonarios y sus encargos públicos. Sus intereses divergen, pero coinciden en un punto: Die Linke no debe tocar el control que ejerce el capital privado sobre la vivienda, la inversión y el dinero público.

El segundo frente es político e ideológico. En cuanto se ven amenazados estos intereses materiales, el debate deriva hacia el antisemitismo, el extremismo, la Rote Hilfe y supuestos vínculos con clanes criminales. Ya no se trata solo de bloquear reformas concretas. Se trata de expulsar a Die Linke del ámbito político aceptable.

Pero seamos sinceros: esta desesperada campaña de calumnias es, ante todo, una formidable confesión de debilidad. Las élites los arrastran por el barro a falta de argumentos. Nadie puede mirar a los berlineses a los ojos y decirles que una chabola por 1 500 euros al mes es algo normal. La crisis de la vivienda no es una postura extremista. Es la realidad cotidiana de la inmensa mayoría de la población, incluidos numerosos votantes del SPD, de Los Verdes y de la derecha.

Como no puede ganar ese debate, el establishment intenta imponer otro. Se suceden las cortinas de humo: «¡Antisemitismo!», «¡Clanes!», «¡Islamistas!», «¡Rote Hilfe!». Cuanto menos se responde a la cuestión social, más se grita sobre la supuesta incapacidad de Die Linke para gobernar.

El verdadero extremismo no es un partido que organiza a los inquilinos. El verdadero extremismo es una sociedad en la que millones de personas son expulsadas de su ciudad porque un puñado de buitres exige su rendimiento. El verdadero extremismo es un sistema que reduce la vivienda a la especulación y la guerra a un negocio.

Die Linke ha ganado la batalla en la cuestión fundamental: ¿a quién pertenece Berlín? ¿Quién establece las normas, quién controla los edificios y a quién debe servir la ciudad? La respuesta de los berlineses ha sido clara. La violencia del contraataque demuestra hasta qué punto el bando contrario comprende perfectamente lo que está en juego.

Esta polarización no debe asustar a nadie. No es más que el ruido de la lucha de clases: las potencias económicas defienden sus bienes y su capital, mientras que los poderes del Estado intentan acotar el ámbito en el que un resultado electoral tiene derecho a cambiar algo. Un aire de pánico flota en los círculos del poder. No es momento de ponerse a la defensiva ni de dar marcha atrás. Es el momento, más que nunca, de apoyarse en la población y movilizarse. Porque es precisamente ahí donde se decide la cuestión decisiva: ¿quién constituye realmente la mayoría en Berlín y quién tiene el poder de interponerse en su camino?

Fuente: Lava, 3 de octubre de 2026 (https://lavamedia.be/fr/lelecteur-ou-le-capital-qui-gouverne-berlin/)