¿Una política «ecosocialista» sin enfrentamiento con la UE? Respuesta a Cédric Durand

Stathis Kouvélakis

En esta respuesta a un texto de Cédric Durand publicado en la página web de Contretemps, Stathis Kouvélakis critica la idea de que se pueda llevar a cabo una política ecosocialista sin asumir el enfrentamiento con los mercados financieros y las instituciones europeas, y aboga por otra estrategia que implique medidas de ruptura con dichas instituciones.

Al repasar la capitulación de Syriza en 2015 y el balance de los gobiernos «progresistas» españoles, pretende demostrar que la voluntad de conciliar una política alternativa con el respeto a las restricciones europeas conlleva el riesgo de perpetuar la austeridad y de desarmar a un gobierno de izquierdas frente a los ataques del capital.

En contraposición a un «realismo presupuestario» preocupado por tranquilizar a los mercados financieros y al capital, defiende un «realismo de ruptura»: preparar los medios económicos y políticos para el enfrentamiento con la Unión Europea con el fin de allanar el camino hacia una transformación social y ecológica fiel al proyecto de ruptura impulsado por la izquierda radical e insumisa.

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La posible victoria de LFI y de su candidato en las elecciones presidenciales del próximo año abre (¡por fin!) la posibilidad de un debate estratégico a «gran escala» en la izquierda radical francesa^*. En el seno de este espacio político e intelectual, las contribuciones de Cédric Durand (CD), ya sea sobre el capital ficticio, la Unión Europea o, más recientemente, sobre el «tecnofeudalismo » y la planificación ecológica, han desempeñado un papel fundamental y han valido a su autor un lugar destacado en el ámbito de la economía heterodoxa y en la elaboración programática de la principal fuerza de la izquierda radical, LFI.

En el artículo publicado el pasado 17 de agosto en línea en Contretemps bajo el sugerente título «¿Cómo llevar a cabo una política ecosocialista en un régimen capitalista? », CD pone «las cartas sobre la mesa». Contrariamente a lo que el título podría sugerir, el verdadero objetivo de este texto no es tanto reflexionar sobre dicha política «en un régimen capitalista», sino algo mucho más concreto y políticamente relevante, a saber, la línea que debería seguir un posible gobierno de LFI para hacer frente a las reacciones que, sin duda, suscitará la puesta en práctica de su programa.

CD es muy claro al respecto: «la hostilidad del capital» , que concentra un inmenso poder económico en las sociedades en las que vivimos, es un hecho ineludible, y quien pretenda ignorarlo —o piense que puede superarse fácilmente mediante un llamamiento al voluntarismo político— se expone a graves decepciones. Basándose en la experiencia de anteriores gobiernos de izquierda que llegaron al poder, pretende evitar tanto la « renuncia» del giro neoliberal durante el primer mandato de siete años de Mitterrand y la «derrota pura y simple» del Gobierno de Syriza en el verano de 2015.

Su argumentación está salpicada de referencias a situaciones históricas como la política de los comunistas chinos en una provincia del norte durante la guerra chino-japonesa y la guerra civil que le siguió,

o los debates sobre la planificación en los inicios de la revolución cubana, en los que destacó, entre otros, el economista marxista Charles Bettelheim. Los dejaremos de lado en lo que sigue, por un lado, porque se refieren a contextos demasiado alejados del nuestro como para poder arrojar luz sobre nuestra situación y, por otro, porque plantean cuestiones teóricas que requerirían largos desarrollos imposibles de llevar a cabo en el marco de este texto¹.

De hecho, es sobre todo el «fantasma del desastre griego» el que acecha los análisis de CD, al igual que acecha, por lo demás, a toda la izquierda radical europea desde aquel fatídico año 2015. Por ello será objeto de análisis relativamente exhaustivos. La lección que CD extrae de ello consiste en lo que denomina, con un agudo sentido de la antífrasis, como « el principio de Tsipras»: «Basar una estrategia únicamente en la capacidad de convencer a los adversarios de que cambien de rumbo es un camino peligroso».

Uno se ve tentado a dar un paso más y afirmar que incluso esa pequeña palabra «únicamente» sobra: pues, a menos que se viva en la ilusión ideológica de un Jürgen Habermas y se crea que las contradicciones del mundo social pueden resolverse mediante la ética del debate y la primacía del mejor argumento, una estrategia realista de ruptura con el orden existente solo puede basarse en la construcción de una relación de fuerzas y en ningún caso en la posibilidad de «convencer» a un adversario (de clase) haciendo gala de una capacidad extraordinaria de «persuasión».

Hasta aquí, salvo esta salvedad, seguimos el razonamiento de CD. Sin embargo, pronto surge una objeción más seria. Y es que existe una variante de la ilusión del «verdadero» Tsipras que, a nuestro juicio, CD parece compartir. En el razonamiento de Tsipras, al igual que en el de tantos otros dirigentes de izquierda que han llegado al poder por la vía electoral, tras la invocación del poder de los argumentos racionales y las virtudes del diálogo, estaba en juego algo mucho más prosaico. A saber, la convicción de que, al demostrar preventivamente moderación, el adversario aceptará dejarnos alcanzar nuestros objetivos, siempre y cuando los reduzcamos a un nivel «razonable», es decir, que los rebajemos.

Insistamos en la palabra «preventivamente»: no se trata de rechazar toda idea de compromiso ni de considerar que esta sea ajena a la estrategia revolucionaria —la crítica de Lenin contra el rechazo «izquierdista» a los compromisos en su famoso folleto sigue siendo, a este respecto, de plena actualidad.

Lo que hay que rechazar, en cambio, es, por retomar la formulación de Lenin, «atarse las manos de antemano», ya sea en un sentido «izquierdista» —al que se refiere la polémica del dirigente bolchevique (« decirle en voz alta a un enemigo que, por el momento, está mejor armado que nosotros, si vamos a hacerle la guerra y en qué momento»), o en un sentido «de derechas», que consiste en creer que se puede desactivar el enfrentamiento aceptando desde el principio moverse dentro de un marco supuestamente aceptable para el adversario. Ahora bien, la experiencia histórica es, a este respecto, contundente: desde los Frentes Populares de la década de 1930 hasta el Chile de Allende, y por supuesto la Grecia del primer Gobierno de Syriza, lejos de impedir la derrota, la retirada y el moderantismo condujeron directamente a ella.

De hecho, existen situaciones en las que, a diferencia de otras², la configuración del enfrentamiento de clases hace que la búsqueda preventiva de un compromiso sea sinónimo de una conducta abocada al fracaso. Ahora bien, y este es el objeto de las observaciones que siguen, es precisamente a esta imposibilidad a la que conduce la propuesta central de CD en el texto que nos ocupa. En pocas palabras, puede formularse así: ante un elevado nivel de déficit y endeudamiento públicos, un Gobierno insumiso deberá renunciar a una política de reactivación presupuestaria y aceptar, como objetivo prioritario, congelar el nivel de endeudamiento (ratio deuda/PIB) en su nivel actual.

Esta adaptación a las restricciones establecidas por los tratados europeos permitiría entonces matar dos pájaros de un tiro: por un lado, privaría al BCE del pretexto para intervenir y ejercer el tipo de chantaje al que se entregó durante la crisis de 2015. Por otro lado, haría posible la «nacionalización» parcial de la deuda pública mediante una política de recompra de los títulos que actualmente obran en poder de acreedores extranjeros. El poder público, es decir, el Gobierno de izquierda de ruptura, quedaría así protegido de los ataques de los mercados financieros internacionales.

Una vez establecido este marco, CD defiende la aplicación de medidas habituales en los programas de izquierda (incluidos los socialdemócratas): aumento de los salarios, imposición del capital y de la riqueza para generar margen presupuestario, e inversión pública financiada no con cargo al presupuesto, sino mediante la intervención de entidades públicas (como Bpifrance o la Caisse des dépôts), intervención que, a su vez, se inscribe en un marco de planificación ecológica.

La conclusión que se deriva de ello, de forma implícita pero clara, es que es posible avanzar hacia una «política ecosocialista» sin salirse del marco de los tratados europeos, evitando el un enfrentamiento con la UE e incluso asumiendo los objetivos enunciados en el Pacto de Estabilidad actualizado, aunque ello implique renegociar ciertas modalidades de su aplicación.

Esta propuesta de CD nos parece a la vez ilusoria y perjudicial. Perjudicial porque cede demasiado en relación con los objetivos de una política de ruptura y con las urgencias de la situación social. No puede sino conducir al un estancamiento administrativo y a la desconexión de las exigencias del bloque social que se está estructurando en y en torno a LFI. Ilusoria también, porque cede muy poco para resultar aceptable a los adversarios de clase y/o para permitir defenderse frente a sus ataques.

Como demostraremos, lejos de oponerse al enfoque de Tsipras y de otros gobiernos de izquierda que acompañan al neoliberalismo, no hace más que prolongarlo. En las observaciones que siguen, procederemos en primer lugar a un análisis de su balance de la experiencia griega; a continuación, abordaremos la cuestión de la política económica adecuada al proyecto de la izquierda de ruptura, con especial referencia al caso español. Concluiremos con una propuesta que denominaremos el «principio de un realismo de ruptura», que consiste en dotarse de los medios necesarios para llevar a cabo el inevitable enfrentamiento con la UE.

El fantasma de Grecia: ¿«traición», «capitulación», «derrota»?

Por razones propias de la experiencia del autor de estas líneas, pero también, y sobre todo, debido al lugar estratégico que ocupa tanto en este texto de CD como en sus anteriores contribuciones, debemos volver sobre el balance de lo que él califica como la «derrota de Syriza». Sorprendentemente, CD se niega a calificar esta derrota de «traición», prefiriendo hablar de «derrota». Poco antes, se menciona la «farsa infligida por la Troika (FMI, BCE, Eurogrupo) al Gobierno griego dirigido por Alexis Tsipras». Esto nos traslada al registro de la commedia dell’arte, poco compatible con la caracterización —mucho más adecuada— de «tragedia» que CD adopta unas líneas más adelante.

Lo que sugieren estas formulaciones, y lo que plantea un problema, es que el Gobierno de Tsipras y la dirección de Syriza no parecen ser más que actores pasivos a quienes la Troika «inflige» una paliza. Esto da crédito a la autojustificación esgrimida por Tsipras (y compartida por la casi totalidad de la izquierda radical europea de la época, con la notable excepción de Mélenchon y el Partido de Izquierda) según la cual «no podía haber actuado de otra manera». Un argumento que, como mínimo, exime a los dirigentes de Syriza de su responsabilidad en un desastre que el historiador británico Perry Anderson, poco dado a la exageración, comparó con la votación, en agosto de 1914, de los créditos de guerra por parte de la socialdemocracia alemana.

Según un enfoque «objetivista», que hace abstracción de las intenciones de los actores, lo ocurrido en Grecia entre enero y julio de 2015 se presenta indiscutiblemente como la ilustración más pura de lo que, en la historia de la izquierda, se suele calificar de «traición». ¿Cómo, en efecto, denominar de otro modo lo que ocurre cuando un Gobierno elegido con un mandato perfectamente claro —liberar al país de la jaula de hierro de los dos memorandos firmados por sus predecesores con la Troika— llega, en apenas siete meses, a firmar un tercer memorando —aún peor que los dos anteriores— y ello una semana después del histórico referéndum del 5 de julio de 2015, en el que más del 61 % del pueblo griego —a pesar de estar sometido a un bloqueo financiero total³— había votado «no» al dictado de la Comisión Europea?

Si bien resulta objetivamente fundado y plenamente justificado desde un punto de vista político, no obstante es cierto que el término «traición» no basta para explicar —y, por tanto, para comprender— lo que ha ocurrido. Si se incorporan a la ecuación las intenciones de los actores, la perspectiva analítica resulta modificada. Tsipras y la mayoría de la dirección de Syriza no fueron «traidores» según una concepción simplista que convertiría su actuación en el resultado deliberado de un plan concebido de antemano.

Más bien se presentan como figuras débiles, incluso patéticas, obligadas por las decisiones que tomaron de forma plenamente consciente y desbordadas por las consecuencias de su actuación. Consecuencias que, sin embargo, eran perfectamente previsibles y que se derivaban de su obstinada negativa a aceptar las opciones alternativas que se les habían planteado en el seno de su propio partido, a saber, un «plan B» que incluía la suspensión de los pagos de la deuda y la salida del euro.

Pero antes de llegar a ese punto, sin duda conviene recordar que, en 2015, el propio CD veía las cosas de otra manera. En un texto de aquella época, publicado en estas páginas, al que él mismo hace referencia (aunque solo en una nota al pie), calificaba la decisión del Gobierno de Tsipras de «rendición ante la irracionalidad neoliberal… tanto más escandalosa cuanto que tuvo lugar inmediatamente después de la magnífica victoria del «no» a las exigencias de la Troika en el referéndum del 5 de julio ». En el Diccionario de sinónimos, la primera entrada asociada a «rendición» es «capitulación», y de eso se trata precisamente. CD atribuía entonces la causa de este fracaso al «entusiasmo proeuropeo» que (la mayoría de) Syriza compartía con la casi totalidad de la izquierda radical europea de la época, y que la llevó a rechazar obstinadamente cualquier idea de un plan B que incluyera la opción de salir del euro.

En ese mismo texto defendía, con argumentos muy sólidos, precisamente un plan de ese tipo, que incluía el Grexit. De ello extraía entonces una conclusión que traspasaba el marco de ese caso concreto:

«Un pueblo que pretenda romper con el neoliberalismo no puede contar con sus adversarios para financiar su economía. Se trata de la famosa restricción externa que obliga a todo país que desee escapar de la soberanía de los mercados financieros a no dejar que se dispare su déficit comercial y a protegerse de la especulación en los mercados de capitales. En el marco de la zona del euro, se suma además la necesidad de dejar de depender de de un banco central hostil para garantizar el funcionamiento normal de su sistema bancario. Recuperar la soberanía monetaria es, por tanto, una condición necesaria para romper con las políticas de austeridad y emprender reformas estructurales orientadas a la justicia social, la reconstrucción del aparato productivo y la transición ecológica. »

Para remachar el clavo, CD concluía este texto con una «lección» que formulaba así:

«Para no seguir hundiéndose en la insignificancia, la izquierda debe anclarse firmemente a los intereses inmediatos de los subalternos, es decir, rechazar la austeridad y preparar la salida de la moneda única. Al derrotismo de la otra Europa se opone la voluntad de romper».

En nuestra opinión, nada de lo que ha ocurrido desde entonces justifica cambiar ni siquiera una coma de esta conclusión. Un gobierno de izquierdas que renunciara de antemano a enfrentarse a la institución clave de la UE: el BCE —el Banco Central Europeo—, la única que dispone de un verdadero poder sancionador, y a llegar hasta la ruptura si (o más bien cuando) esta pase a la ofensiva, se condenaría a correr la misma suerte que Syriza.

El verdadero «principio de Tsipras»

No obstante, queda por aclarar un punto esencial. En su reciente texto, CD califica de «principio de Tsipras» una postura que, en realidad, es opuesta a la del «verdadero» Tsipras. En su intervención en la universidad de verano de los colectivos descoloniales, el pasado 5 de julio, había hablado de la «desinvoltura» de la que habrían dado muestras Tsipras y los dirigentes de Syriza y que, según él, explicaría su fracaso.

Sin embargo, aunque pueda basarse en una retórica (aparentemente) voluntarista que efectivamente prevaleció durante el período en cuestión, se trata de una interpretación superficial de la línea seguida por Tsipras y sus allegados. Cuando se dirigían a audiencias más reducidas, los dirigentes de Syriza eran explícitos en cuanto a su verdadero objetivo, que se resumía en el término «compromiso honorable », acuñado por Giannis Dragasakis, el auténtico «cerebro político» de la dirección de Syriza y ministro de Economía de enero a agosto de 2015. El resultado de esta línea fue el «programa de Tesalónica», con el que Syriza se presentó ante el electorado y ganó las elecciones de enero de 2015⁴.

Este programa fue objeto de interpretaciones contradictorias. A menudo calificado de moderado —elogiado y criticado por ello a partes iguales—, también fue tachado de maximalista por los defensores de la terapia de choque. El ala izquierda de Syriza y, en términos más generales, los opositores a la línea de Tsipras, se acogieron a él para denunciar su abandono definitivo durante la capitulación de julio de 2015. De hecho, fue fruto de un compromiso interno: la dirección del partido hizo concesiones al ala izquierda al incorporar medidas sociales emblemáticas, en particular los aumentos salariales, en un contexto en el que estos habían sido brutalmente recortados en más de una cuarta parte de su importe nominal.

Sin embargo, se conservó lo esencial de la línea del «compromiso honorable». El razonamiento era, a grandes rasgos, el siguiente: vamos a demostrar a los dirigentes de la Troika que somos personas «razonables », y dejar de lado los elementos más radicales del programa de Syriza. De este modo, les ahorramos el agravamiento de una crisis que, en lo que respecta a la deuda, no deja de socavar los cimientos del euro y de la UE. A cambio, nos permiten aplicar medidas de emergencia, destinadas a aliviar a una sociedad maltratada, sin cuestionar los fundamentos de la terapia de choque ya aplicada, pero aplazando un nuevo paquete de medidas de austeridad.

¿Cómo se ha traducido este enfoque en el ámbito de las propuestas económicas? Comencemos por lo que constituyó la base de la tutela del país por parte de la Troika. El objetivo de «cancelación de la mayor parte de la deuda pública de Grecia», reivindicación central de Syriza —que retoma la de las movilizaciones populares de la época—, se mantiene formalmente. Pero el único medio indicado para lograrlo es la búsqueda de un acuerdo negociado con los acreedores, siguiendo el modelo de la conferencia de Londres de 1953, que canceló la deuda de Alemania (Occidental). La posibilidad de suspender el pago de la deuda en caso de negativa de los acreedores —que, sin embargo, figuraba expresamente en el documento aprobado por el congreso de Syriza de 2013— queda relegada a un segundo plano. Se trata, sin lugar a dudas, de la concesión estratégica, aquella que condiciona todo lo demás⁵.

En cuanto a las medidas de política social y económica, se dividían en dos categorías: las destinadas a resolver lo que se calificaba de «crisis humanitaria» mediante la instauración de una especie de «red de seguridad» mínima dirigida a los más vulnerables (suministro gratuito de electricidad, medicamentos y transporte público, vales de alimentación, ayudas para la calefacción, etc.). El término —altamente despolitizador— de «humanitario» no fue, por otra parte, fruto de la casualidad. Fue elegido por la dirección de Syriza para hacer aceptar a la Troika, a título excepcional, el único aspecto del programa al que realmente daba importancia y que contravenía el principio de «neutralidad presupuestaria».

Estas medidas se complementaban con medidas de reactivación destinadas a estimular la demanda de los hogares, que combinaban el aumento del salario mínimo hasta su nivel de 2010, la ampliación de la cobertura de la prestación por desempleo (sin objetivos cuantitativos) y el ajuste de la presión fiscal que pesaba sobre los hogares y las pequeñas empresas (con el fin de reducir los impagos y, de este modo, generar mayores ingresos). Las medidas de reactivación del empleo preveían, además del restablecimiento de la legislación laboral derogada por los memorandos, la creación de 300 000 puestos de trabajo en todos los sectores de la economía, mediante medios que no se especificaban pero que incluían «asociaciones público-privadas».

El coste total de estas medidas se estimaba en 12 000 millones de euros, es decir, el 6 % del PIB de Grecia en 2015, debiendo repartirse algunos de estos gastos a lo largo de varios años. Sin embargo, el programa de Tesalónica preveía llevar a cabo estas medidas con presupuestos equilibrados, algo que ya se había logrado en 2014 en lo que respecta al saldo primario (excluida la carga de la deuda). Se suponía que la mitad de los 12 000 millones necesarios procedería de un aumento de los ingresos fiscales derivado del estímulo al crecimiento, de las facilidades concedidas a particulares y pymes para el reembolso de sus deudas con Hacienda y de la lucha contra el fraude y la evasión fiscales. En cuanto al ámbito de la inversión pública y la reactivación del empleo, la financiación se basaba en la hipótesis, aún más arriesgada que las anteriores, de una reorientación de los fondos europeos asignados a Grecia (fondos estructurales y fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad destinados a la recapitalización de los bancos), reorientación que presuponía el acuerdo de las instancias de la UE (el cual, como es lógico, nunca se concederá) .

A esto hay que añadir otra concesión importante: el abandono de la demanda de nacionalización bajo control social del sistema bancario, que figuraba en el programa de Syriza de 2013. Solo se preveía la creación de un banco público de desarrollo, flanqueado por bancos con misiones específicas (crédito a agricultores y pymes). Sin embargo, tal nacionalización habría supuesto ningún coste, ya que los bancos griegos, en situación de quiebra desde el inicio de la crisis, ya habían sido generosamente recapitalizados con fondos públicos. Pero el Estado seguía siendo un accionista «silencioso», tras haber cedido el control de los bancos a un «Fondo de Estabilidad Financiera» sometido al control de la Troika. La toma de control público podría haberse llevado a cabo, por tanto, mediante la simple «activación» de dichas acciones.

Esta concesión ilustra la renuncia a dotarse de los medios que habrían permitido resistir al chantaje perfectamente previsible ejercido por el BCE y habría allanado el terreno para un retorno a la moneda nacional, única respuesta posible ante la restricción drástica y, posteriormente, la interrupción total del suministro de liquidez decidida por el BCE en febrero y junio de 2015.

Supuestas de «efecto neutro» (sobre el presupuesto), se esperaba que las medidas previstas en el programa de Tesalónica pudieran aplicarse sin recurrir a un endeudamiento adicional, lo cual resultaba imposible dada la exclusión del país de los mercados financieros; por lo tanto, tal y como proclamaba con orgullo el texto, «independientemente del curso de las negociaciones con los acreedores y las instancias supranacionales ». En realidad, su aplicación dependía doblemente de la voluntad de la Troika: por un lado, porque los superávits primarios generados (un 0,4 % del PIB en 2014) distaban mucho de ser suficientes para hacer frente a los reembolsos de la deuda, lo que hacía que el Gobierno griego siguiera dependiendo de los tramos de préstamos concedidos por la Troika, y, por tanto, de una solución consensuada a la cuestión de la deuda. Por otro lado, porque, como acabamos de ver, la financiación de la mitad del programa dependía de fondos procedentes de la UE, y, por lo tanto, de la buena voluntad de esta.

De hecho, al renunciar a la medida de suspender el pago de la deuda, Syriza se comprometía a mantener el marco de austeridad de los presupuestos equilibrados y excluía, de forma implícita pero irrevocable, el retorno a la moneda nacional, opción obligatoria en caso de suspensión de los pagos a la Troika. Los memorandos preveían, en efecto, la suspensión automática de los pagos de los préstamos si Grecia incumplía sus compromisos. Como señalaba con lucidez CD en su artículo de 2015, refutando a «aquellos que se movían en un limbo entre la salida del euro y la sumisión a la Troika » y pensaban que era «posible separar la cuestión de la deuda de la de la moneda», lo que «nos enseña precisamente el desenlace del pulso entre la UE y Syriza es que estas dos cuestiones son estrictamente indisociables».

El regreso del espectro griego

Lo propio de los espectros, como es sabido, es que no dejan de reaparecer, pues, en cierto sentido, «siempre están ahí», acechando la realidad cotidiana y duplicándola en ese «espacio virtual de la espectralidad», como lo denominaba Jacques Derrida, lo que apunta a la irreductible posibilidad de su transformación⁶.

Se podría haber creído que la crisis griega había quedado relegada a una simple página de la historia. Ha bastado con una declaración del candidato de LFI en la que pedía « quemar [una parte de] la deuda», en un contexto de repunte de los tipos de interés soberanos y de creciente nerviosismo de los «mercados», para que regresara el espectro de los años 2010-2015. Estos acontecimientos confirman que la lección extraída por CD en su texto de 2015 —la indisolubilidad entre la cuestión de la deuda y la del euro — sigue siendo de plena actualidad. ¿Cómo explicar, en efecto, que esta propuesta de Mélenchon —muy moderada, por cierto, ya que solo se refiere a la parte de la deuda que ya está en manos del BCE (es decir, alrededor del 18 %) y, por lo tanto, no perjudica en absoluto a los acreedores privados— haya resucitado el fantasma de una crisis de la deuda e incluso de una salida del euro?

Y es que, como recordaba recientemente Frédéric Lordon, la dependencia de los Estados respecto a los mercados financieros para las necesidades de (re)financiación de su deuda —dependencia grabada en piedra en los tratados europeos y blindada por la «independencia» del BCE (es decir, su total dependencia respecto a esos mismos mercados), es el mecanismo fundamental de disciplinarización de sus políticas presupuestarias en el sentido de una ortodoxia neoliberal, es decir, de una austeridad crónica. Las desviaciones solo se toleran de forma temporal (por ejemplo, suspendiendo el Pacto de Estabilidad durante la crisis de la COVID) o cuando se trata de gastos militares, y únicamente de estos (activación de la cláusula de excepción nacional en el marco del plan «ReArm Europe»).

Sin embargo, la propuesta del candidato de «La France Insoumise» se presentó de forma totalmente ajena a cualquier salida del euro: una simple escritura bastaría para anular el 18 % de la deuda francesa que actualmente está en manos del BCE, aliviando así el ratio deuda/PIB y devolviendo un margen de maniobra presupuestario al Estado. Pero, al hacerlo, el BCE —o, más exactamente, el Banco de Francia, que forma parte del Eurosistema y está sujeto al marco definido por Fráncfort, tendría que activar su facultad de creación monetaria. De forma indirecta, infringiría así su principio fundacional, que le prohíbe financiar directamente a los Estados. Aunque, desde un punto de vista estrictamente jurídico, nada le impide anular una deuda que ya posee, dar un paso en esa dirección, lo que sin duda desencadenaría solicitudes similares por parte de otros Estados miembros de la zona del euro, equivaldría a poner en tela de juicio la moneda única como mecanismo disciplinario.

Se trata, por tanto, de algo muy distinto a un simple juego de contabilidad. A pesar de su aparente moderación, esta propuesta ha planteado la cuestión del poder del BCE y ha vuelto a traer a colación el fantasma de las peticiones de condonación de la deuda que se creía archivado desde la crisis griega. Y esa es precisamente la razón por la que ha suscitado de inmediato una oleada de protestas por parte de los «principales interesados», es decir, en orden cronológico —que, en este caso, refleja estrictamente el orden jerárquico—, los respectivos presidentes de el Bundesbank, Joachim Nagel; del BCE, Christine Lagarde; y del Banco de Francia, Emmanuel Moulin. Además de los espantajos más o menos fantasiosos que se han esgrimido («ilegal», «riesgo de hiperinflación», «operación en vano», puesta en peligro de los bancos comerciales, etc.), resulta muy característico que algunas voces «autorizadas» se hayan apresurado a hablar del riesgo de un « «Frexit» a raíz de los hechos, sin que siquiera se haya decidido en las urnas», aludiendo al repunte ya iniciado de los tipos de interés de los títulos de deuda pública francesa⁷. Un repunte que sin duda se vería amplificado por la aplicación de las medidas preconizadas por Mélenchon, e incluso por la mera posibilidad de su victoria en las urnas.

La ecuación imposible: conciliar el «realismo presupuestario» y la ruptura con la austeridad

Pero volvamos a la propuesta central de CD, más concretamente del CD de 2026: en la situación actual, escribe, «enfrentarse a las instituciones europeas para ampliar el margen fiscal del que dispone el país… no es la opción preferible ». Para ello, esgrime en primer lugar un argumento de carácter político, a saber, la «hostilidad hacia cualquier forma de desorden monetario o social por parte de un amplio sector de las clases populares, [que] refleja la ausencia de una red de seguridad económica privada mínima o de una capacidad de movilización colectiva efectiva para hacerle frente, [y] la de las clases medias, [motivada por] la aspiración a disfrutar de lo ya conseguido» . Añade que «cuando Édouard Philippe anuncia “en dos años, el FMI” si LFI llega al poder, aviva las brasas de una inquietud que hay que apagar».

El argumento resulta, como mínimo, extraño: ¿cómo es posible imaginar que se pueda llevar a cabo «una política ecosocialista en un régimen capitalista», tal y como anuncia el título de este texto, sin provocar la más mínima «forma de desorden monetario o social»? Y lo que es aún más grave, ¿cómo se puede plantear como objetivo primordial calmar las inquietudes de un electorado sensible a los discursos de de Edouard Philippe en detrimento de las reivindicaciones del bloque popular que apoya a la izquierda de ruptura? ¿Cómo es posible concebir una política de transformación del orden de cosas existente sin asumir la conflictividad que acompaña inevitablemente a tal empresa? ¿No equivale querer prescindir de ella a perseguir el espejismo de una política de ruptura que eludiría la ruptura y la reduciría a una variante de gestión social-liberal?

Decir esto no significa, naturalmente, que un futuro Gobierno insumiso deba mostrarse indiferente ante las inquietudes de sectores significativos de las clases populares y (sobre todo) «medias» ante un período de turbulencias. Sin olvidar, no obstante, que dicho período ya comenzó hace algún tiempo, con el deterioro de la situación económica y, en el plano político, la lenta agonía de la «macronía» y el discurso del miedo que se inculca a todas horas sobre la «quiebra» que amenazaría a Francia a causa de la deuda.

En el supuesto de una victoria de LFI, existe, no obstante, un amplio abanico de medidas de su programa que podrían traducirse en beneficios materiales inmediatos para la base social, cuyo apoyo activo es indispensable para el éxito de esta política de ruptura —algunas de ellas se mencionan, por cierto, en la continuación del texto de CD—: aumento de los salarios, congelación de los precios de los productos de primera necesidad, inversiones masivas en los servicios públicos y medidas de justicia fiscal. Sin convertir el aumento del déficit en un fin en sí mismo, la idea de que estas medidas puedan satisfacerse planteando como condición previa la renuncia a una política de reactivación parece totalmente ilusoria. La cuestión que se plantea, por tanto, es la de las condiciones económicas para su puesta en práctica.

Lo que nos lleva a los argumentos de CD en este ámbito. Hay que evitar, nos dice CD, «la incertidumbre generada por este enfrentamiento [con el BCE]», ya que Francia ya presenta un elevado nivel de endeudamiento y de déficit presupuestario. Una política keynesiana clásica de reactivación presupuestaria conduciría a un aumento del nivel de endeudamiento. Ahora bien, prosigue, «ampliar aún más la dependencia de los mercados financieros y del BCE no es necesariamente una buena idea» . CD admite que, por el momento, la carga de los intereses de la deuda es moderada, pero observa, con razón, que los tipos están subiendo. Según las estimaciones oficiales, esta carga podría aumentar un 36 % en 2026 con respecto al año anterior y alcanzar cerca del 90 % del presupuesto de Educación Nacional, que históricamente ha sido la principal partida de gasto del Estado.

CD respalda las peticiones que un gobierno de izquierdas podría formular con el fin de lograr un «cambio en el papel del BCE y, en particular, la plena movilización del poder monetario al servicio de los imperativos de la transición ecológica». Pero considera, de nuevo con razón, que sería muy imprudente confiar en que dicha petición fuera acogida favorablemente. Evidentemente, no se cuenta entre quienes creen en «otra Europa» —un discurso que, por lo demás, resulta difícilmente audible en el contexto actual—. Sin embargo, se abstiene de señalar en qué medida tal reorientación contravendría los tratados europeos, que solo establecen un único objetivo de política económica para el BCE: una inflación inferior al 2 %. Para hacer frente a esta dificultad, plantea la siguiente propuesta:

«Si el camino elegido no es el de la confrontación con las instituciones europeas, para poner fin a estos ataques es necesario, en primer lugar, comunicar de forma coherente la trayectoria de las finanzas públicas, de modo que se garantice que los demás tenedores de la deuda no sigan el ejemplo de los hedge funds» .

¿En qué consiste esta «comunicación coherente sobre la trayectoria de las finanzas públicas»? El primero de los «cuatro pilares» del escenario formulado al final de su texto aclara en cierta medida los términos: se trata de «adoptar una postura de responsabilidad fiscal» y, por parte de «la izquierda», de «comprometerse a estabilizar el peso de la deuda pública ya desde la campaña».

Los términos se han elegido cuidadosamente para no chocar de frente con los lectores de Contretemps y, en un sentido más amplio, con los partidarios de esa «política ecosocialista» que figura en el título del texto. No obstante, la «estabilización del peso de la deuda» y la «trayectoria fiscal controlada» no son más que la jerga repetida ad nauseam por los gobernantes y sus cohortes de expertos. De hecho, eso es precisamente en lo que consisten los objetivos que expone extensamente el informe de los cuatro expertos designados por el Gobierno en una «misión sobre la transparencia de las finanzas públicas de cara a 2030», cuyas conclusiones han recibido el respaldo de los actuales ministros de Economía y de Acción y Cuentas Públicas, Roland Lescure y David Amiel⁸.

Para alcanzar el objetivo de estabilizar la ratio deuda/PIB de aquí a 2032, ya que de aquí a 2030 «el aumento continuado de la deuda pública en proporción al PIB… parece inevitable»⁹, los autores de este informe oficial recomiendan un «ajuste presupuestario por valor de 125 000 millones de euros», que basan en un «reparto de esfuerzos», es decir, la combinación de «recortes en el gasto» (se señalan explícitamente los gastos sociales: pensiones y sanidad), de un «aumento de los ingresos» y un «incremento del crecimiento»¹⁰. Asimismo, dejan claro que esta trayectoria viene dictada por los «compromisos europeos de Francia», es decir, los objetivos de un 3 % de déficit presupuestario y un 60 % de ratio deuda/ PIB, actualizados por el Pacto de Estabilidad revisado en 2024, que adapta los mecanismos que permiten alcanzarlos:

«los Estados miembros deben publicar a partir de ahora un plan presupuestario y estructural a medio plazo (PSMT) destinado a situar el saldo público en un nivel compatible con la sostenibilidad de la deuda y a evitar déficits excesivos »¹¹.

El cumplimiento de los objetivos de este plan es objeto de las consultas entre la Comisión Europea y los sucesivos Gobiernos franceses, en el marco del semestre presupuestario europeo, a partir de julio de 2024, fecha en la que Francia, junto con otros seis países¹², fue sometida a un «procedimiento por déficit excesivo». Este procedimiento impone, durante el período de ajuste, una reducción de la ratio deuda/PIB del 1 % anual y una reducción del déficit presupuestario estructural de al menos el 0,5 % anual. La austeridad permanente es, como se puede observar, el eje central de este mecanismo, al igual que constituye la base de los tratados europeos.

La propuesta de CD equivale, por tanto, a aceptar los objetivos de los planes de ajuste presupuestario en curso. Se podría incluso afirmar que, al no proponer un plazo concreto para la estabilización de la ratio deuda/PIB, va potencialmente más allá de los objetivos oficiales en materia de «consolidación presupuestaria» . De este modo, se validan al mismo tiempo los supuestos de la «sostenibilidad de la deuda» —en otras palabras, la negativa a cuestionar su legitimidad— y la reducción de los déficits como condición para una situación financiera «sana». Ya se puede afirmar que contraviene una medida fundamental del programa de LFI, que consiste en suspender unilateralmente (mediante una votación del Parlamento francés) las normas presupuestarias y el semestre europeo. Esta medida es fundamental precisamente porque consiste en negarse a atarse las manos de antemano en cuanto a la política que se seguirá y en no excluir ninguna opción que permita cumplir los compromisos del programa, objetivo al que deben subordinarse todos los demás.

¿Se puede afirmar, por tanto, que CD aboga directamente por una política de austeridad? Resulta difícil formarse una idea clara a partir de este texto, en la medida en que no se explicitan las decisiones relativas al gasto público que implican los objetivos de estabilización de la ratio deuda/PIB y de una «trayectoria fiscal controlada». CD aboga por una especie de política de reactivación al proponer «poner fin a la austeridad salarial» mediante un « aumento de los salarios bajos» (por lo tanto, no de los demás, ya que el umbral que define el «salario bajo» sigue sin estar determinado), de aumentar los ingresos mediante medidas de justicia fiscal que permitan «generar recursos… en particular para los salarios de los funcionarios, para la acción ecológica, para la innovación y la investigación y en favor de la dignidad de las personas» y mediante inversiones financiadas por organismos públicos que operan al margen del presupuesto.

Se trata, en otras palabras, de una reactivación impulsada sobre todo por medidas sin coste presupuestario y, en lo que respecta al ámbito del presupuesto, mediante gastos que se supone que se financiarán íntegramente con el aumento previsto de los ingresos, sin agravar el déficit, y dentro del límite autorizado por dicho aumento. CD pretende así demostrar que existe un margen para alcanzar los objetivos fijados por el Pacto de Estabilidad mediante otras modalidades, socialmente más justas.

En este momento, quedan varias cuestiones pendientes. Por ejemplo, aunque esté estrictamente condicionado al aumento de los ingresos, ¿es compatible el crecimiento previsto del gasto público con el objetivo de su reducción que implica la «trayectoria controlada» necesaria para la estabilización de la ratio deuda/PIB? ¿Se someterán sin rechistar el capital y las clases acomodadas a medidas de tributación y de restricción de las ayudas públicas —sobre todo en el contexto de libre circulación de capitales impuesto por los tratados europeos? ¿Existiría una vía que permitiera resolver la cuadratura del círculo, es decir, alcanzar la « responsabilidad fiscal», es decir, reducir drásticamente los déficits y estabilizar el nivel de endeudamiento, al tiempo que se evita la austeridad?

¿Es la España de Pedro Sánchez un modelo a seguir?

La referencia de CD a la política de los gobiernos de izquierda en México y España («países gobernados por la izquierda, como España o México, han reducido sustancialmente su ratio deuda/PIB») permite aclarar las cosas. De hecho, a pesar de las referencias atractivas (dirigidas al público de la izquierda radical) a los comunistas chinos de la década de 1940 o al economista marxista Charles Bettelheim, es más bien la política del Gobierno de Sánchez la que inspira las propuestas de CD en materia de «responsabilidad fiscal»: aumento del salario mínimo, inversiones públicas (financiadas en gran parte con fondos europeos), medidas fiscales redistributivas y ayudas específicas a los hogares (en particular, para el coste de la energía), así como una reforma del mercado laboral que ha reducido la proporción de contratos precarios.

Gracias a esta política de reactivación, España ha podido reducir tanto su ratio de deuda pública como sus déficits presupuestarios sin recurrir a medidas de austeridad¹³ —aunque la proporción del gasto público en el PIB se mantiene en un nivel modesto, significativamente inferior a la media de la UE, en particular a la de Francia, o incluso a la de Bélgica, Hungría y Croacia. La clave de este éxito reside en el crecimiento que ha experimentado el país durante los años posteriores a la pandemia, claramente superior a la media europea, en particular a la francesa. Esto explica que la política de los gobiernos españoles sirva actualmente de referencia para propuestas políticas destinadas a renovar el modelo socialdemócrata, incluido, por ejemplo, el programa del PS presentado por Chloé Ridel¹⁴.

Cabría decir que, con estas medidas de reactivación «presupuestariamente neutras», salvo aquellas destinadas a «resolver la crisis humanitaria », el programa de Salónica de Syriza, analizado anteriormente, se adelantaba a estos acontecimientos. Sea como fuere, no cabe duda de que existe una diferencia real entre la política seguida al otro lado de los Pirineos y la de los gobiernos franceses o de otros países fieles a las recetas neoliberales.

¿Debe, por ello, considerarse el caso español un modelo a la vez deseable y trasladable para la izquierda de ruptura? Comencemos por lo deseable. Todo depende, por supuesto, de dónde se sitúe el listón: una gestión más humana del orden neoliberal o una ruptura con el mismo. Y es que, aunque difiere de la brutalidad neoliberal de un Macron, la política de los gobiernos de Sánchez no ha supuesto ningún cambio estructural en el modelo económico del país. Así, la subida del salario mínimo solo ha permitido mejorar de manera significativa los salarios más bajos, ya que únicamente el 20 % de la parte inferior de la escala salarial ha recuperado entre 2019 y 2023 las pérdidas del periodo 2010-2018.

En general, España sigue siendo un país de salarios bajos¹⁵, con un salario medio que en 2026 seguirá siendo inferior al nivel de 2021 y una participación de los salarios en el PIB inferior en 2024 al nivel de 2020 e incluso al de principios de la década de 2000¹⁶. Dicho de otro modo, el crecimiento relativamente sostenido de España en los últimos años ha beneficiado sobre todo al capital, y el aumento de los salarios bajos se ha traducido en una redistribución interna dentro de la población asalariada.

Cabe destacar hasta qué punto el modelo español se basa en los salarios bajos, que afectan (aquí como en otros lugares) de manera desproporcionada a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes: según diversos estudios, entre 2019 y 2025, la población de nacionalidad extranjera en edad de trabajar ha aumentado un 39 % y representa dos tercios del incremento de la población activa durante ese periodo. Esta aportación explicaría el 47 % del crecimiento acumulado del PIB entre 2022 y 2025. Por otra parte, a pesar del crecimiento, el desempleo se mantiene en un nivel elevado (un 10,1 % en 2026, el segundo más alto de Europa), especialmente entre los jóvenes (24,3 %, el 3^.º puesto a nivel europeo). El gasto público en sanidad sigue siendo inferior a la media europea (5,9 % del PIB frente al 6,6 %) y el problema de la vivienda se ha convertido en un tema candente, como demuestran las recientes movilizaciones contra los desahucios, que, por otra parte, llevaron a Sánchez a convocar elecciones anticipadas.

La política de los gobiernos de Sánchez ha aprovechado los márgenes de maniobra que ha generado la suspensión provisional de las normas de los tratados europeos durante el periodo de la pandemia y los años posteriores. Un neoliberalismo con rostro humano, sin duda, pero para lograr un cambio radical habrá que mirar claramente en otra dirección.

La cuestión es ahora saber si incluso este estrecho margen de maniobra podrá sobrevivir al restablecimiento de dichas normas, que se materializará con la la adopción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2024. Y es que, contrariamente a las expectativas optimistas de CD, que en 2020 diagnosticó la «segunda muerte del neoliberalismo», la ortodoxia neoliberal no ha tardado en reaparecer. En lo que respecta a España, la Comisión de Bruselas muestra signos crecientes de impaciencia y considera, en su informe de 2026 dedicado a este país, que «las medidas detalladas en el MTFSP [plan presupuestario estructural a medio plazo presentado por el Gobierno español a la Comisión] solo responden parcialmente a estos retos» y que «serían necesarios esfuerzos adicionales para cumplir sus compromisos presupuestarios en un contexto de fragmentación política (el Parlamento no ha aprobado ningún presupuesto desde 2023), de aumento del gasto en defensa y de presiones presupuestarias persistentes relacionadas con el envejecimiento de la población y las decisiones políticas que de ello se derivan».

La cuadratura del círculo

El retorno a la austeridad impulsado por el Pacto de Estabilidad vigente no es en absoluto una mala racha; al contrario, fue la relajación durante el periodo de la pandemia lo que resultó excepcional. De hecho, hace inviable la combinación de un retorno a la ortodoxia presupuestaria y la adopción de medidas redistributivas financiadas con impuestos . Es cierto que los tratados europeos no se oponen formalmente al aumento de la fiscalidad sobre el capital y los más ricos. No obstante, en virtud de las famosas «cuatro libertades» que han guiado la integración europea desde su fundación, estas consagran la libre circulación de bienes, servicios y capitales.

El artículo 66 prevé excepciones para la circulación de capitales, pero estas solo pueden ser decididas «en circunstancias excepcionales» por el Consejo, únicamente a propuesta de la UE y tras consultar con el BCE, todo ello por un plazo que no puede exceder los seis meses. Por lo tanto, queda excluido que un Estado miembro pueda decidir una medida de este tipo de forma unilateral. Y es precisamente una medida de este tipo la que figura textualmente en el programa de LFI. En la práctica, esto significa que si el Gobierno de un Estado miembro aumenta los impuestos sobre el capital, este puede (amenazar con) trasladarse al país vecino sin perder el acceso al mercado del país del que está a punto de marcharse.

Como subraya Frédéric Lordon, «es precisamente por eso por lo que, en los tratados europeos, el artículo 63, que garantiza la total libertad de movimientos de capitales, es la joya de la corona. Los alemanes, que no son tan tontos, sabían muy bien que no se podría contar únicamente con el artículo 126 (el artículo del 3 %-60 %), que no tiene más poder disciplinario que la tinta sobre el papel, y que se ignoraría a la primera ocasión. Así pues, se complementó el dispositivo formal e impotente del artículo 126 con el dispositivo real y tiránico del artículo 63: «lo que la letra del 3 %-60 % sería incapaz de producir, lo lograría la confrontación obligatoria con los mercados de deuda que impone el artículo 63».

La combinación de las normas presupuestarias y los principios de la «libre competencia sin distorsiones» conduce así a una situación que no deja otra opción para lograr el ajuste presupuestario que la reducción del gasto y las medidas fiscales que afectan sobre todo a los más débiles (como el aumento del IVA). Al establecer mecanismos que se aplican de forma permanente, incluso en ausencia de presión por parte de los mercados financieros (y con mayor intensidad aún cuando dicha presión aumenta), los tratados institucionalizan la parálisis de la fiscalidad del capital a nivel europeo.

Se podría objetar a esto que, hasta la fecha, las autoridades europeas se han mostrado complacientes con unos niveles de endeudamiento y déficit público de Francia muy superiores a los famosos 3/ 60 de los tratados. Sin embargo, de conformidad con las disposiciones del Pacto de Crecimiento reformado, la Comisión Europea inició en junio de 2024 un procedimiento para declarar a Francia en situación de déficit excesivo por haber superado los umbrales de déficit presupuestario y deuda pública. Tal y como se precisa en el documento oficial del Gobierno francés de diciembre de 2024, «la Comisión Europea ha fijado una trayectoria de referencia exigente: un ajuste estructural que representa 0,6 puntos del PIB al año de media durante el período [2014-2030]»¹⁷.

Pero la inestabilidad política que siguió a la disolución de 2024, es decir, la ausencia de una mayoría parlamentaria dispuesta a aplicar el choque de austeridad exigido por Bruselas, ha dado lugar a una reducción del déficit público de apenas 0,8 puntos del PIB entre 2024 y 2026, o incluso la mitad según las últimas previsiones del Gobierno, que tienen en cuenta la caída prevista del crecimiento. Y, sin embargo, sabemos cuál es el coste social de esta austeridad «suavizada», que se produce tras años de desinterés del Estado, de una subinversión alarmante y de recortes en la función pública.

Aquí es donde entra en juego un factor sobre el que CD guarda un silencio absoluto: la explosión del gasto militar. Sin embargo, estas cifras, en lo que respecta al margen presupuestario, son vertiginosas: entre el inicio del mandato de Macron y el año en curso, el gasto militar (excluidas las pensiones) han pasado de 32 a 57 150 millones, lo que supone un incremento de más del 78 % (y un aumento del 1,8 % al 2,21 % del PIB), con una clara tendencia a la aceleración. Es cierto que, en el marco del plan ReArm Europe adoptado por la Comisión Europea, que prevé un gasto adicional de 800 000 millones de euros de aquí a 2030, los Estados miembros están autorizados a hacer una excepción a la norma del 3 % de déficit presupuestario, hasta un máximo del 1,5 % de su PIB durante un periodo de cuatro años. ¿Es compatible el realismo presupuestario que defiende CD con la continuación de esta carrera armamentística? ¿Cuenta con esta excepción para mantener la «trayectoria de control de las finanzas públicas» sin realizar recortes adicionales en el gasto social?

En cualquier caso, una cosa parece segura: lo que las autoridades europeas y los mercados financieros han aceptado sin demasiadas objeciones por parte de los gobiernos macronianos no tiene ninguna posibilidad de perdurar bajo un Gobierno de izquierda de ruptura. Por parte de los mercados financieros, que llevan la batuta en esta materia, este cambio de rumbo ya está, por lo demás, en marcha, con la subida de los tipos de interés de los empréstitos franceses, subida alimentada por la incapacidad persistente de los Gobiernos franceses para ajustarse a las normas del Pacto de Estabilidad. Una incapacidad tanto más grave cuanto que se perfila en el un horizonte una perspectiva mucho más sombría para esos mismos mercados, a saber, la posibilidad —ahora plausible— de que la izquierda radical llegue al poder.

El Financial Times, una de las voces autorizadas de las finanzas mundiales, señalaba ya el 27 de agosto que « Francia ha sustituido a Italia como principal motivo de preocupación para los inversores». Citando a múltiples analistas que trabajan para entidades financieras, el diario de la City destaca que «mientras ambos países se enfrentan a delicadas negociaciones presupuestarias este otoño y a elecciones el año que viene, la atención de los inversores se ha centrado de nuevo en el deterioro de la situación presupuestaria de París y en la creciente probabilidad de que gane un candidato menos favorable a los mercados». Unas líneas más adelante, se identifica claramente a ese «candidato menos favorable a los mercados»:

« Las últimas encuestas indican que es cada vez más probable que Jean-Luc Mélenchon, candidato de extrema izquierda, se clasifique para la segunda vuelta frente a Marine Le Pen, candidata de extrema derecha, un escenario que Evelyne Gomez-Liechti [gestora de carteras multiactivos del grupo financiero Mizuho] ha calificado como “el peor desenlace posible para los mercados”».

El 24 de septiembre, el nivel de inquietud del Financial Times aumentó claramente:

«La inquietud de los inversores se ha acentuado, ya que las encuestas apuntan a que Mélenchon podría pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de mayo, lo que daría lugar a un duelo con la líder de extrema derecha Marine Le Pen, cuyas ambiciosas propuestas en materia de fiscalidad y gasto público también contribuirían a agravar la deuda».

Desde la publicación de este artículo, la candidata de extrema derecha se ha apresurado a mostrar su alineamiento con las medidas de austeridad y la «continuidad con el macronismo» tal y como destaca, no sin cierto regodeo, el emblemático diario del «centro extremo» francés. Lo cual no ha impedido en absoluto que el spread (el diferencial entre los tipos de interés de los títulos franceses y alemanes) superara, el 18 de septiembre, el umbral simbólico de los 100 puntos (1 %), lo que supone un nivel récord desde el punto álgido de la crisis del euro de 2012. Como subraya muy acertadamente Romaric Godin, «El «spread» se convierte entonces en un medio para condicionar la decisión de la primavera de 2027, ejerciendo lo que muchos considerarán un «principio de realidad», pero que, en realidad, no es más que un principio de dominación. Lo que está en juego aquí es muy sencillo: garantizar la subordinación del Estado al capital».

¿Renacionalizar la deuda «manipulando las fuerzas del mercado»?

Hasta ahora, lejos de contradecirla, la propuesta central de CD nos ha parecido una variante del «verdadero principio de Tsipras», tal y como lo hemos analizado anteriormente, es decir, obtener el consentimiento de los guardianes del templo del ordoliberalismo aceptando el marco establecido por los tratados europeos. Los fundamentos son idénticos, en particular el hecho de no cuestionar el principio del reembolso de la deuda pública, cuya ratio ha alcanzado la de Grecia en 2010 (el 120 % del PIB) , aunque, a pesar del discurso difundido por los medios de comunicación, Francia dista mucho actualmente de estar excluida de los mercados financieros. Los riesgos de recaer en una gestión austeritaria y de acabar con la experiencia de un Gobierno de izquierda de ruptura antes incluso de que haya comenzado son, como creemos haber demostrado, evidentes.

No obstante, en lo que respecta a la deuda, surge a primera vista una diferencia significativa entre ambos enfoques: al abandonar «el arma del débil», es decir, el impago, Tsipras abogaba, como hemos visto, por una solución consensuada de la cuestión de la deuda, siguiendo el modelo del acuerdo de Londres de 1953, que condonó la mitad de la deuda de Alemania. CD no confía, con razón, en tal generosidad de miras:

«Si bien es cierto —escribe— que hay que abogar a nivel europeo por un cambio en el papel del BCE… no hay que dejar en manos de las instituciones europeas las condiciones que hagan posible una política ecosocialista impulsada a nivel nacional».

Por consiguiente, propone «manipular las fuerzas del mercado» y «estar dispuesto a derrotar a los especuladores si es necesario y sin la ayuda del BCE ». El mecanismo que aboga consiste en «incentivar de forma coordinada a los agentes nacionales para que adquieran más deuda pública». De este modo, el Banco de Francia dispondría de «un cierto margen discrecional en sus compras de activos, que puede utilizar para adquirir títulos de deuda pública en el mercado secundario».

A ello se sumarían las compras de deuda en el mercado secundario por parte de « entidades públicas, como las empresas e instituciones financieras de capital público», a las que se les puede «instar a realizar órdenes para defender la deuda pública», pero también por parte de agentes privados, como los bancos y las aseguradoras. De este modo, sería posible transferir a manos de agentes nacionales la parte (mayoritaria: el 56 % en el 4^º trimestre de 2025) de la deuda que actualmente está en manos de acreedores extranjeros. A falta, pues, de un circuito del Tesoro —que permitiría la financiación de la deuda por parte del Banco Central nacional (como ocurrió en Francia desde los años cuarenta hasta los sesenta)—, se dispondría así de un mecanismo capaz de resistir ataques especulativos contra la deuda francesa.

Pero hay un problema, e incluso un doble problema. En primer lugar, el «margen de maniobra » del Banco de Francia en esta materia parece muy limitada. El texto del Acuerdo sobre activos financieros netos (ANFA) al que hace referencia CD regula de forma muy estricta la actuación de los bancos nacionales que forman parte del Eurosistema. Afirma la primacía de los objetivos de la política monetaria única, «competencia exclusiva del Consejo de Gobierno del BCE», cuyas decisiones prevalecen en todos los casos sobre las de los bancos nacionales¹⁸. Así, en caso de divergencia entre los objetivos de la política monetaria y las medidas autorizadas en el marco del acuerdo, el Consejo puede decidir por mayoría de dos tercios (artículo 14.4 del Tratado Europeo).

Además, tal y como admite CD, «manipular el mercado para lanzar un ataque especulativo contra la deuda pública de Francia es la estrategia adecuada, siempre que el objetivo sea, efectivamente, mantener una trayectoria fiscal controlada (el subrayado es nuestro)». Por lo tanto, es más bien el manipulador en ciernes quien corre el riesgo de acabar siendo manipulado, y no al revés. A riesgo de recurrir a una metáfora: este procedimiento equivale a creer que uno se libera del yugo de un chantajista siempre que se respeten el importe y los plazos de pago del tributo que exige.

Más fundamentalmente, a falta de un verdadero circuito del Tesoro, «renacionalizar la deuda» al estilo de CD significa que la titularidad pase a ser mayoritariamente residente. En sí mismo, esto no tiene absolutamente ningún efecto: la deuda francesa está denominada en euros, el Banco de Francia forma parte del Eurosistema, por lo que, aunque la mayoría de los bonos franceses estuvieran en manos de residentes, estos podrían vender sus títulos. En caso de «crisis de confianza», nada impide —más bien al contrario— que los bancos y los fondos franceses exijan rendimientos más elevados, mientras que otros inversores podrían anticiparse a estas ventas y amplificarlas. En resumen, los bancos y los inversores institucionales franceses se comportarán como todos los demás del planeta.

El término «renacionalización» resulta aquí engañoso, en la medida en que da a entender que se trata de una recuperación del control por parte de los poderes públicos, una opción que la toda la arquitectura de la moneda única pretende excluir. Una verdadera nacionalización de la deuda soberana implica un mecanismo totalmente distinto, a saber, un circuito del Tesoro y, como corolario, el control de los movimientos de capitales (véase más adelante).

El «principio de realismo de ruptura»: prepararse para la inevitable confrontación

Hay situaciones en las que intentar eludir el momento del enfrentamiento en nombre de una vía intermedia inalcanzable es el camino seguro hacia la capitulación. Ese momento es precisamente aquel en el que se construye y se transforma la relación de fuerzas. Puede desembocar en un compromiso —por definición, temporal e inestable— o en una transformación más profunda, en función de la configuración de las relaciones de fuerza al término de una secuencia de enfrentamientos.

En cualquier caso, es el momento del conflicto, de la lucha, el que permite ampliar el abanico de posibilidades concretas. Para lograrlo, se requiere una estrategia adecuada. Consiste en establecer las «líneas rojas» y las prioridades. Para la izquierda de ruptura, la única «línea roja» posible es la de la aplicación de los compromisos de su programa. Esto implica invertir el orden de prioridades tal y como lo ha formulado CD. En lugar de fijar como objetivo principal apaciguar a las instituciones europeas y a los mercados financieros, y de intentar crear márgenes de maniobra compatibles con el mantenimiento de ese marco, proponemos un «principio de realismo de ruptura ».

El objetivo prioritario pasa a ser, por tanto, la ruptura con la austeridad, para reparar el estrago causado por décadas de política neoliberal y poner en práctica los pilares del programa de LFI. Las decisiones presupuestarias quedan subordinadas a este objetivo, lo que implica la suspensión inmediata del mecanismo del Semestre Europeo, tal y como prevé el programa de «Les Insoumis». En otras palabras, aumentar el déficit no debe ser un tabú ni, por el contrario, un fin en sí mismo. Estas opciones deben evaluarse en función del contexto y a la luz de las posibilidades que ofrecen para romper con las políticas de austeridad y la militarización de la economía, y para reconstruir un Estado social.

Pero una opción de este tipo no puede sino toparse de inmediato con poderosas resistencias. Resistencias que son aún más poderosas, ya que décadas de neoliberalismo autoritario han alimentado una radicalización de las clases capitalistas occidentales y reforzado sus aspiraciones militaristas e imperialistas. Por lo tanto, en el supuesto de una presidencia de Mélenchon y de un Gobierno insumiso, la cuestión es la de los medios de (auto)defensa frente al ataque de los mercados, a las presiones de Bruselas y al arma nuclear de que dispone el BCE, es decir, el arma monetaria.

Limitémonos al problema central planteado por CD: cómo reaccionar ante el previsible ataque de los mercados financieros y, de manera más general, ante el doble desafío de la deuda y los déficits públicos. De hecho, este ataque ya ha comenzado, con la subida de los tipos de interés y la difusión de un clima de crisis de la deuda que pretende tomar como rehén la campaña presidencial francesa. Pero se intensificará considerablemente si la izquierda radical se impusiera en 2027.

La respuesta radica en dos medidas, ambas incluidas en el programa de LFI: la restablecimiento de un circuito del Tesoro y el control de los movimientos de capitales. La primera consiste en obligar a las instituciones financieras públicas (o parapúblicas), así como a las empresas públicas que dispongan de amplios fondos de tesorería, a suscribir bonos del Estado, obligación que puede llegar a cubrir la totalidad de los títulos emitidos¹⁹. Esto dista mucho de la compra en el mercado secundario que practican las políticas de flexibilización cuantitativa del BCE o de una simple transferencia de títulos entre actores «nacionales» sujetos a las leyes del mercado.

Solo la recreación de de un circuito del Tesoro de este tipo —que existió en Francia al término de la guerra y hasta la década de 1960²⁰— hace posible liberarse de la dependencia de los mercados financieros y restablecer la soberanía presupuestaria. Esto no implica una salida inmediata del euro (siempre que no se exija la intervención del Banco de Francia) , pero entra en contradicción con la maquinaria disciplinaria de los mercados y de la libre circulación de capitales, cuyo acceso a los títulos de deuda se vería restringido o incluso bloqueado.

Al disponer de dicho instrumento, junto con un control de los movimientos de capitales —lo que, una vez más, supondría una violación total de los tratados—, un gobierno de izquierda de ruptura podría resistir las presiones del BCE y llevar a cabo una política de reactivación presupuestaria sin la espada de Damocles que supone el chantaje de los mercados financieros. La La implantación de este mecanismo provocaría sin duda alguna una contraofensiva de las instituciones europeas, especialmente en el ámbito jurídico, con un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que volvería a plantear la cuestión del desacato a sus decisiones, sinónimo de salida de facto de la UE.

¿Qué hay de la propuesta de condonación de la parte de la deuda en poder del BCE? Ya se sabe ya que se enfrenta a la negativa categórica del BCE y del Banco de Francia, y no hay ninguna posibilidad de que esta postura cambie. Sin embargo, al formular esta petición, el candidato de LFI ha situado la cuestión de la deuda en el centro del debate y ha preparado el terreno para un enfrentamiento con las instituciones europeas²¹. No obstante, queda por plantearse la respuesta a esta negativa y a las presiones del BCE sobre el sistema bancario francés.

Éric Toussaint propone un plan de este tipo, en una publicación reciente, que se basa en sus intervenciones anteriores durante la crisis de la deuda de Ecuador y Grecia. Se sustenta en un doble enfoque: en caso de que el BCE se niegue reiteradamente a acceder a la petición del Gobierno francés, este pondrá en marcha una auditoría ciudadana de la deuda y suspenderá temporalmente —sin prejuzgar los resultados de la misma— los reembolsos de los títulos en poder del Eurosistema cuando venzan. Esto obligará al BCE y al al Eurosistema a entablar un debate y una negociación. Una vez concluida la auditoría, Francia podrá decidir democráticamente cuáles serán sus exigencias respecto al tratamiento de la deuda: reestructuración con un fuerte descuento, cancelación parcial o total. Cabe recordar que la auditoría ciudadana de la deuda pública para evaluar su parte ilegítima es un mecanismo que figuraba en el programa de LFI de 2022 y que se recoge en las propuestas para el presupuesto de 2026 presentadas por el grupo parlamentario de LFI.

Teniendo en cuenta el peso de la deuda francesa, tal suspensión, combinada con el amplio debate público que generaría la auditoría, sacudiría profundamente el sistema bancario europeo y asestaría un golpe decisivo a la autoridad del BCE. Se plantearía la salida del euro, pero una salida de Francia del euro supondría el fin del euro. En este sentido, Francia no es, en efecto, Grecia. Por otra parte, su permanencia en el euro en condiciones de liberación de las restricciones de la moneda única y de los tratados —es decir, una secesión de hecho— equivaldría a una lenta deflagración. Resulta difícil imaginar cómo podría sobrevivir a ello la arquitectura de la moneda única y de los tratados.

Una crisis de este tipo abriría una oportunidad a las fuerzas de izquierda rupturistas en otros países europeos, aunque hoy en día tal posibilidad parezca abstracta, dada la situación de la izquierda radical a escala continental. No obstante, cabe pensar que una Francia gobernada por una izquierda de ruptura desencadenaría un seísmo político cuyas consecuencias a escala continental, y más allá, no pueden sino ser inmensas y, en la etapa actual, imprevisibles. Hay que estar preparados tanto para resistir ante un entorno hostil como para apostar por un despertar popular que traspase las fronteras.

Sea como fuere, el «principio de realismo de ruptura» se reduce, en definitiva, a lo siguiente: el enfrentamiento no es una cuestión de elección, sino que es el adversario quien lo impone en cuanto percibe que su dominio se ve cuestionado, aunque sea mínimamente. Y para aspirar a salir victoriosos, hay que prepararse para ello. Desde ayer mismo.

Notas

* Agradezco a Benjamin Bürbaumer, Thierry Labica, Frédéric Lordon, Stefano Palombarini y Éric Toussaint sus comentarios y correcciones durante la elaboración de este texto. Huelga decir que soy el único responsable de las posiciones que en él se defienden.

1 Por citar solo un ejemplo, las referencias a Charles Bettelheim, quien defiende un «cálculo económico-social » como base de la planificación, nos parecen poco compatibles con el «cálculo en especie» inspirado en Otto von Neurath que CD y Razmig Keucheyan proponen en su obra Cómo tomar un nuevo rumbo. Los principios de la planificación ecológica (París, La Découverte/Zones, 2024), pp. 92-105. Por otra parte, los casos chino y cubano remiten, en el primero, a una economía de guerra (que permite una disciplinarización de las fuerzas del mercado inalcanzable en tiempos de paz), y, en el segundo, a una revolución que ha abolido la mayor parte de la propiedad privada de los medios de producción; es decir, situaciones que no tienen nada que ver con la que deberá afrontar una posible presidencia y un posible Gobierno de LFI en la Francia de 2027.

2 A decir verdad, el único ejemplo verdaderamente pertinente es el compromiso keynesiano surgido de unas relaciones de fuerzas absolutamente excepcionales a escala mundial en la posguerra.

3 Interrupción del suministro de liquidez por parte del BCE, bancos cerrados por tiempo indefinido, límite máximo de retirada de 60 y, posteriormente, de 20 euros, etc.

4 La versión francesa más completa de este programa se puede consultar en este enlace. Para una versión ligeramente abreviada, véase mi libro de entrevistas con Alexis Cukier, La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale, París, La Dispute, 2025, págs. 179-195.

5 Véase el análisis de este giro realizado por Éric Toussaint, «Cómo Tsipras, con la colaboración de Varoufakis, dio la espalda al programa de Syriza», CADTM, 31 de agosto de 2017. Este estudio se recoge en la obra de Éric Toussaint, Capitulation entre adultes. Grèce 2025 : une alternative était possible, Syllepse, 2020, pp. 25-53. Véase, en particular, su testimonio personal, pp. 46-47.

6 Jacques Derrida, Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Galilée, 1993, p. 32. Véase también Daniel Bensaïd, «Espectros y mesías de Derrida», danielbensaid.org.

7 Véase también esta entrevista con Emmanuel Roman, director general de la gestora de activos Pimco, con sede en Estados Unidos, quien declara, en relación con la propuesta del candidato de La France Insoumise: «La moneda única se creó en virtud de un contrato entre distintos países: si uno empieza a dejar de pagar sus deudas, se producirá la explosión del euro y el fin de la Unión Europea» (Le Monde, 7 de octubre de 2026).

8 Véase el informe de Xavier Jaravel, Xavier Ragot, Jean-Luc Tavernier y Natacha Valla (julio de 2026) y el comunicado de prensa del 15 de julio de 2026 firmado por Lescure y Amiel, que pueden descargarse en la página web gouv.fr. Esta línea fue respaldada de inmediato por Jean Pisani-Ferry, antiguo miembro de los gabinetes de Strauss-Kahn y Sautter y uno de los estrategas de la campaña de Macron en 2017, quien se encargó de presentarla como una propuesta que respondía a la «demanda de los mercados», la cual consiste, según él, en exigir «seriedad presupuestaria», pero «no austeridad». Véase su artículo de opinión en Le Monde del 3 de octubre de 2026.

9 Las previsiones oficiales de la Comisión de Bruselas, de mayo de 2026, prevén un aumento significativo de la ratio deuda/PIB hasta 2028, partiendo de la hipótesis de una reducción del déficit de algo menos del 0,5 % anual (que no se ha cumplido, ya que se ha superado ligeramente, solo en 2025) y una hipótesis de crecimiento que ya se ha revelado demasiado optimista.

10 Xavier Jaravel, Xavier Ragot, Jean-Luc Tavernier y Natacha Valla, «Informe», op. cit., p. 24.

11 Ibíd., p. 22.

12 A saber, Italia, Bélgica, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Malta. A partir de julio de 2026, la lista se amplió a Austria, Bulgaria, Finlandia y Rumanía.

13 Véase el balance favorable elaborado por dos economistas heterodoxos españoles: Jorge Uxó, Ignacio Álvarez, «In search of a new economic policy paradigm: the case of Spain», Review of Evolutionary Political Economy, vol. 7, 2026.

14 Tal y como señala el editorial de Le Monde del 24 de abril de 2026: «en el ámbito económico y social, [el proyecto socialista] se inclina claramente más hacia el español Pedro Sánchez que hacia el británico Tony Blair». Un proyecto del que pronto supimos que no comprometía en absoluto al candidato que será respaldado por el partido en las elecciones presidenciales.

15 Según Eurostat, en 2025 el coste horario de la mano de obra era de 26,4 euros en España, frente a los 44,3 de Francia, los 45 de Alemania y los 32 de Italia.

16 Véase Jorge Uxó, Ignacio Álvarez, «In search of a new economic policy paradigm…», obra citada, gráficos n.º 10 y n.º 11.

17 De hecho, de conformidad con el Pacto de Estabilidad revisado, durante un período transitorio que abarca de 2025 a 2027, el cálculo del déficit estructural excluye los gastos adicionales por intereses registrados durante esos años. Durante ese período, el objetivo de ajuste equivale, por tanto, a un esfuerzo que debe representar como mínimo 0,4 puntos del PIB al año.

18 El Consejo de Fráncfort puede, por ejemplo, decidir intervenir en caso de venta de activos financieros, «teniendo en cuenta las condiciones existentes en los mercados, incluidas las posibles consecuencias de ventas masivas de activos en períodos de turbulencias» .

19 Véanse las propuestas en este sentido del Instituto Intérêt général en su nota n.º 15, de 15 de marzo de 2021, Dette publique, en finir avec les manipulations. Episode III : Financer mieux et sortir de la coupe des marchés, pp. 17-22.

20 En su obra Etat et capital (París, Maspero, 1982), Suzanne de Brunhoff analizó el desmantelamiento progresivo del circuito del Tesoro a lo largo de la década de 1960, así como la dilución concomitante del carácter público de instituciones como la Caisse des Dépôts, como consecuencia de una «despolitización de las políticas de crédito», es decir, de una retirada del Estado en beneficio de un capital financiero en auge. Asimismo, señala que este movimiento se vio interrumpido temporalmente por los efectos de mayo de 1968: «Aunque fue provisional, esta interrupción no fue accidental. Puso de manifiesto el efecto sobre las formas de financiación de las luchas políticas y sociales: en el sector financiero público, la relación entre los elementos más implicados políticamente y los demás varía en función de un conjunto de condiciones que incluyen la lucha de clases» (p. 83).

21 La propuesta de Mélenchon, que recoge el programa actualizado de LFI para 2027, es doble: la cancelación de la parte de la deuda en poder del BCE («meterla en el fuego») o su transformación en deuda perpetua a tipo cero («congelarla»).

Ambas propuestas no son equivalentes, tal y como explica Eric Toussaint: solo la primera permite reducir el volumen de la deuda y aflojar el control del BCE. La segunda se limita a retirar los títulos del mercado, conservando el BCE el derecho a sacar la deuda del «nevera»: «una deuda guardada en la nevera sigue siendo una deuda y quien conserva el crédito dispone de capacidad de acción sobre su futuro». Cabe señalar que la versión de 2022 del programa de L’Avenir en commun, bajo el título «Rechazar el chantaje: cancelar la deuda pública», solo mencionaba la segunda propuesta (la de la «nevera»). El énfasis en la «cancelación», perceptible en los discursos de campaña del candidato de La France Insoumise, indica una voluntad de asumir un enfrentamiento con el BCE (y, por tanto, con la UE) en este ámbito.

Fuente:Contretemps, 26 de octubre de 2026,  https://www.contretemps.eu/une-politique-ecosocialiste-sans-affrontement-avec-lue-reponse-a-cedric-durand/