Las masacres olvidadas

Alex de Jong

En la mañana del 30 de septiembre de 1965, un pequeño grupo de oficiales del ejército y miembros del Partido Comunista de Indonesia (PCI) intentaron un golpe contra los jefes del ejército indonesio. Seis generales del ejército fueron asesinados, pero el golpe falló y fue aplastado en pocos días por los jefes supervivientes del ejército. Junto con otras fuerzas derechistas, el ejército, bajo el mando de los generales Suharto y Abdul Haris Nasution, contraatacó.

Cientos de miles de comunistas, reales o supuestos, fueron masacrados, y se instaló un nuevo régimen dominado por los militares bajo Suharto. Potencias occidentales como los EEUU, Gran Bretaña y Holanda aprobaron y a menudo apoyaron activamente las masacres.

La junta militar de Indonesia tomó el control de los medios de comunicación el 2 de octubre, utilizándolos para extender su propia versión de los acontecimientos. Según la versión de la junta, el asesinato de los generales fue la chispa que prendió la ira popular contra un partido que era odiado por su violencia, su falta de respeto hacia la religión y su falta de patriotismo. Supuestamente, los planes del PCI para una revolución violenta y la eliminación de cualquiera que se opusiese a ella fueron detenidos por una ola de ira popular espontánea contra los traicioneros comunistas.

Durante décadas, esta versión de los asesinatos masivos de 1965-66 se ha visto reforzada por la propaganda estatal y repetida como un loro por los expertos occidentales que vieron la «espontánea» erupción de violencia asesina como una confirmación de las ideas racistas preexistentes sobre los «orientales» fanáticos e irracionales.

La investigación histórica ha demolido esta versión de los acontecimientos. El fallido golpe no fue una iniciativa del PCI en su conjunto, sino de un pequeño número de líderes del PCI trabajando con oficiales del ejército simpatizantes que querían apartar a varios líderes militares de derechas -no tomar el poder estatal-. La masacre que siguió fue sistemática, organizada por políticos nacionalistas de derechas y milicias, organizaciones religiosas y, sobre todo, el ejército indonesio. Esta coalición para el asesinato recibió apoyo político y material de las potencias occidentales.

Pasados unos días del golpe, funcionarios de los EEUU y británicos empezaron a hacer planes para explotar la situación política. El golpe les ofreció la oportunidad de aplastar al PCI, un partido que los funcionarios occidentales temían que se estuviese acercando peligrosamente al poder estatal.

En los años que llevaron al golpe, el PCI intentó consolidarse como el partido antimperialista más encarnizado, movilizando contra la influencia del capital extranjero, especialmente su variedad holandesa y británica. El PKI apoyaba al presidente indonesio Sukarno en su demanda de que los holandeses entregasen Irian Jaya (Papúa Occidental) a Indonesia y en su campaña contra Malasia, que denunciaba como un instrumento del imperialismo británico.

Durante un tiempo esta estrategia tuvo éxito. En las elecciones parlamentarias de 1955 -las últimas antes de Sukarno adoptase su sistema autoritario de «democracia guiada«- el PCI surgió como el cuarto mayor partido del país con un 16,4 por ciento de los votos. Los miembros del partido habían crecido de menos de veinte mil en 1954 a más de un millón y medio. Había millones organizados en sindicatos aliados al PCI y organizaciones de masas de campesinos, mujeres, estudiantes y otros grupos.

No era solo el crecimiento del PCI lo que hacía sonar las alarmas en Occidente. A finales de los 50, los EEUU apoyaron rebeliones derechistas contra Sukarno, pero les salió el tiro por la culata cuando los rebeldes fueron derrotados. El apoyo estadounidense a sus oponentes llevó a Sukarno a alejarse del bloque occidental y dañó las relaciones de los EEUU con la fuerza más poderosa de la derecha indonesia: el ejército.

Mientras tanto, la contribución de los comunistas a la lucha contra los rebeldes les ganó la simpatía popular y un favor creciente por parte de Sukarno. A principios de los sesenta, el PCI era el mayor partido comunista fuera del bloque soviético, e Indonesia el mayor receptor de ayuda económica y militar de los soviéticos fuera de este bloque.

Tras el fracaso de las rebeliones regionales, los EEUU adoptaron una estrategia diferente. Con la ayuda de fundaciones filantrópicas como Ford o Rockefeller e instituciones como el Banco Mundial, los EEUU restauraron sus relaciones con el ejército indonesio y la derecha del país al proporcionar asistencia material y entrenamiento a oficiales del ejército e intelectuales prooccidentales.

Pero la capacidad del gobierno de los EEUU de influir en la política estatal indonesia dependía en última instancia del presidente Sukarno. Sukarno, el líder histórico del movimiento de independencia indonesio, era muy popular y básicamente gobernaba por decreto. No era comunista, pero era un ferviente anticolonialista que soñaba con una Indonesia poderosa, plenamente independiente, que interpretase un papel importante en el escenario mundial.

Sukarno chocaba cada vez más con las potencias occidentales especialmente Gran Bretaña y los EEUU, que él denunciaba como neocolonialistas-. A principios de 1965, Indonesia se retiró de las Naciones Unidas y expulsó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.

Como resultado, los funcionarios occidentales eran pesimistas sobre su capacidad de manipular el paisaje político en Indonesia. A principios de 1965, el embajador holandés en Indonesia, E.L.C. Schiff, dijo en un telegrama al ministro de asuntos exteriores que el consenso entre sus colegas era que Sukarno seguiría como lider del país hasta su muerte y que «ya no es posible conseguir que Indonesia no se deslice hacia la izquierda». Los EEUU también habían decidido para entonces que Sukarno no podía ser presionado para que abandonase al PCI, y en agosto de 1964 decidieron derrocar a Sukarno. La Gran Bretaña estableció un «director de guerra política contra Indonesia», situado en Singapur, y la CIA propuso expandir sus propias operaciones en Indonesia para incluir «contactos ocultos con y apoyo a grupos anticomunistas existentes, operaciones de propaganda escrita falsa, operaciones en los medios de comunicación, incluyendo la posibilidad de radios de propaganda falsa (estaciones de radio de propaganda) y acción política dentro de las instituciones y organizaciones indonesias existentes». La previsión era que si Sukarno era apartado, se produciría una lucha de poder entre el PCI y el ejército. El (ahora pro-EEUU) liderazgo del ejército tenía confianza en el resultado de esta lucha: en un encuentro confidencial con el embajador holandés, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ahmad Yani (uno de los generales asesinado el 30 de septiembre) dijo que el ejército era «fiable» y ya estaba haciendo preparativos para la confrontación si el presidente enfermo moría.

Pero mientras Sukarno protegiese al PCI, aplastar a los comunistas era imposible. El Asistente del Secretario de Estado británico Edward Peck sugirió que «habría mucho que decir sobre animar a un golpe prematuro del PCI mientras Sukarno siga vivo». El fallido golpe dió a Peck lo que quería.

El asesinato de los generales fue una bendición para la campaña de propaganda del ejército contra el PCI e, indirectamente, contra Sukarno. El rechazo de Sukarno a condenar o prohibir el PCI, como exigía la derecha tras el golpe fallido, fue explotado por el ejército para desacreditarlo. En los meses siguientes, Sukarno fue obligado a entregar más y más poder al ejército.

La teoría de que la violencia fue una erupción repentina de ira popular se contradice con su escalada gradual. Tras el fallido golpe, el ejército apoyó manifestaciones anti-PCI con transporte y protección, y aproximadamente una semana después de la muerte de los generales, las turbas saquearon los locales del PCI mientras las fuerzas de seguridad miraban. Les siguieron las casas de los militantes del PCI.

Los asesinatos de (supuestos) miembros del PCI y sus partidarios no empezaron hasta semanas después del intento de golpe del 30 de septiembre: se produjeron masacres en Java Central a finales de octubre, después en el Este de Java en noviembre, seguidas por Bali en diciembre. En todos los casos la llegada de fuerzas especiales, dirigidas por el General Mayor Sarwo Edhie, precedió a los asesinatos.

Muchas víctimas fueron inicialmente arrestadas por grupos de milicias apoyados por las Fuerzas Especiales de Edhie. Los prisioneros eran encerrados en campos de prisioneros improvisados en localizaciones remotas y eran a menudo asesinados en grupos, por disparos, apuñalados o aplastados sus cráneos con piedras y porras. Muchos de los asesinatos los llevaron a cabo jóvenes miembros de la milicia de grupos como Ansor, el ala juvenil de Nahdlatul Ulama, la mayor organización musulmana. Ernst Utrecht, un partidario izquierdista de Sukarno y antiguo parlamentario, estima que hasta cincuenta mil indonesios participaron en la masacre. Tras décadas de propaganda y ocultamiento, el número de víctimas no se puede determinar con precisión. La mayor parte de los historiadores supone que el número de muertos está entre los quinientos mil y el millón, aunque Edhie aseguraba que la cifra era 3 millones.

Las potencias occidentales apoyaron al ejército en su campaña contra el PCI. El 17 de octubre, la CIA se preocupaba porque el ejército pudiese no «recorrer todo el camino», acordando en cambio «la acción contra aquellos directamente implicados en el asesinato de los generales y permitiendo a Sukarno recuperar mucho de su poder».

Para impedir esto la CIA dio listas con los nombres de cinco mil miembros del PCI a los generales y organizó la entrega de armas cortas y dinero al ejército. La embajada de los EEUU proporcionó su propia lista con miles de nombres. En un encuentro con funcionarios británicos, el general Sukendro pidió ayuda para el ejército para «consolidar su posición». Las actas del encuentro informan de la «estrategia del Ejército» contra el PCI y cómo «se hicieron consideraciones para responder al clamor de los nacionalistas y los elementos religiosos pidiendo armas».

Otras potencias occidentales también ayudaron a la masacre: el servicio secreto de Alemania Occidental entregó armas y equipos de comunicaciones por valor de 300.000 marcos, mientras el refugiado indonesio Osman Jusuf Helmi informaba de que Suecia había firmado un contrato con Suharto y Nasution «para una compra de emergencia por valor de 10 millones de dólares de armas cortas y munición» en diciembre de 1965.

El embajador holandés Schiff informó el 8 de octubre de que el ejército estaba llevando a cabo una «intensiva campaña de difamación» contra el PCI y llegaba a la conclusión de que la situación era «la mejor -y quizá la última- oportunidad para que el ejército se reafirmase políticamente».

A finales de octubre, la embajada de los EEUU recibió informes de violencia contra masas de partidarios del PCI en Java occidental, central y oriental. El embajador de los EEUU observaba que el ejército se estaba «moviendo implacablemente para exterminar al PKI». Un mes más tarde Schiff informaba de que «kampongs [pueblos] enteros» habían sido masacrados, supuestamente como resultado de enemistades locales.

El baño de sangre consiguió su objetivo de destruir la izquierda indonesia. En abril de 1966, el ministro de asuntos exteriores de Schiff y futuro Secretario General de la OTAN, el general Joseph Luns, destacaba «el golpe dado a los comunistas (del que no es probable que se recuperen en un futuro próximo)». En julio de 1966, el primer ministro australiano Harold Holt remarcaba en una charla en Nueva York que «con entre 50.000 y 1.000.000 de simpatizantes comunistas noqueados, creo que es seguro suponer que ha tenido lugar una reorientación». Unas cuantas semanas antes el Departamento de Estado de los EEUU se había regocijado de que «debido al asesinato de «hasta 300.000 comunistas» y otros 1,6 millones de comunistas habiendo renunciado a su militancia, el número de comunistas en países fuera del bloque soviético había caído en un 42 por ciento en un año.

La ayuda que los funcionarios occidentales dieron al ejército a finales de 1965 y principios de 1966 fue una señal política crucial a los nuevos gobernantes de facto de Indonesia de que los EEUU y sus aliados estaban dispuestos a apoyarlos. Este respaldo era vital para el naciente régimen porque la economía indonesia estaba en crisis y el capital occidental estaba dudoso sobre invertir en Indonesia tras la toma por parte de Sukarno de empresas inglesas y holandesas y los llamamientos a expropiar capital occidental.

Los militares explotaron la crisis económica para minar lo que quedaba de la autoridad de Sukarno: compañías británicas y estadounidenses como Caltex, Goodyear y US Rubber hicieron un trato con el ejército para canalizar los ingresos empresariales a cuentas bancarias sin nombre, robando al estado indonesio una fuente importante de divisas, empobreciendo aún más a Sukarno.

Al mismo tiempo, el ejército aplacó rápidamente a sus partidarios occidentales. Suharto aseguró a las compañías petroleras occidentales que el ejército «no apoyaría movimientos precipitados» contra ellas, y solo días después de que Sukarno entregase oficialmente el poder a Suharto el 11 de marzo de 1966, a la compañía minera estadounidense Freeport se le permitió volver al país para extraer los ricos recursos mineros en Irian Jaya.

Una nueva ley de inversión extranjera con condiciones extremadamente favorables para el capital extranjero se redactó en estrecha cooperación con el FMI y a partir de 1967 el nuevo régimen recibió 450 millones de dólares anuales del Grupo Intergubernamental sobre Indonesia (IGGI).

El IGGI incluía al Banco Asiático de Desarrollo, el FMI, el Programa para el Desarrollo de las NNUU, el Banco Mundial, Australia, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y los Estados Unidos, y era presidido por Holanda. La presidencia holandesa fue sugerida por funcionarios estadounidenses que esperaban distraer así la implicación estadounidense (y japonesa) en el acuerdo.

Se dio prioridad a las grandes ciudades de Indonesia como receptoras de ayudas para estabilizar la situación política. Para 1968 el dictador Suharto estaba cómodamente instalado y comprometido con políticas económicas prooccidentales.

El gobierno indonesio todavía rechaza admitir que los asesinatos fueron violaciones sistemáticas de derechos humanos. Nadie ha rendido cuentas nunca por los centenares de miles de muertes y ni una sola de las muchas tumbas masivas ha sido completamente excavada para dar a las victimas un entierro decente. Y en abril se anunció que Sarwo Edhie sería declarado «héroe nacional» por sus hazañas.

Traducción: Carlos Valmaseda

Fuente: https://www.jacobinmag.com/2015/06/indonesian-communist-party-suharto-massacre-purge/