Historia del movimiento y de la clase obrera

El cambio político (1962-1976) Materiales para una perspectiva desde abajo

10 abril, 200614 febrero, 2020 84 minutos de lectura

Xavier Domènech Sampere

La historia social –tradicionalmente ocupada más en la historia de los de abajo que en la historia desde abajo–, se ha preocupado poco de interpretar la transición política, mientras que la historia política se ha ocupado aún menos de explicar la historia social de la transición. Y si lo primero es realmente sorprendente, ya que entre las mejores obras sobre el franquismo y el período de la transición se pueden contar las monografías de historia social, lo segundo no lo es tanto a juzgar por la calidad de la mayoría de historias políticas de la transición al uso.

Esta formación en paralelo de la historia social y política tiene una explicación fundada. Y es que el paradigma explicativo de la transición cumple, a la vez que una función “científica”, una clara función normativa en la legitimación de origen del orden político actual. Lo que pasó durante las oscuras horas de la dictadura y confusos años de la transición es fuente de legitimación política para instituciones –como la monarquía o la democracia tal como la conocemos– y discursos dominantes –la moderación, el centrismo como valor clave o la retórica de la modernización– que a pesar de su aparente solidez actual se movieron desde sus inicios en una gran debilidad real. Para poderse consolidar se realizó una operación de grandes implicaciones para la memoria histórica: se convirtieron estas instituciones y retóricas en los ejes claves de la transición. Emergió así una explicación histórica en la cual las elites se convirtieron en el motor explicativo del proceso que trajo las libertades políticas en España. Y en este proceso la historia social, sino contaba cosas de una mayoría que se ve que era silenciosa –a lo cual se prestaban gustosamente algunos sociólogos– , fue expulsada de la historia política.

Pero más allá de esto, surge un problema aún más grande, un problema de cariz pre-político y pre-científico para afrontar la transición desde la historia social. El carácter genético del período de la transición ha determinado su distorsión hasta el punto de hacer imposible verlo como un período propio, autónomo con relación a su pasado y preñado de líneas de futuro. Fijémonos tan sólo en la denominación del período, transición: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto (Diccionario de la Real Academia). La palabra misma evoca su principio, el franquismo, y su fin, la democracia, pero nada nos dice sobre el mismo; es más, se considera que la única importancia del período se deriva por lo que devino, no por lo que pasó y menos aún por lo que podía haber pasado. No deja de ser curioso que en una ciencia con tantas prevenciones contra la teleología y el presentismo, este término se haya impuesto sin merecer ni una línea de reflexión. La transición es probablemente, más que ninguna otra etapa de nuestra historia, una construcción ideológica en la que se han confundido consecuencias –la monarquía, la supervivencia de elites políticas y sociales, la moderación, el centrismo– con causas; se ha construido una línea ascendente y única de un punto de partida a un punto de llegada, vaciándola de toda aquello que no indicaba su rectitud; y, en el proceso, el paradigma dominante ha eliminado, o ha subsumido como meras anécdotas, gran parte de las experiencias de la generación que la protagonizó en la memoria publicada, confundida a menudo con la memoria colectiva.

La necesidad de presentar la transición como un gran acto de reconciliación de las “dos” Españas nos ha llevado a una necesaria reinterpretación-deformación de nuestro pasado. Toda noción de conflicto colectivo, de lucha de fuerzas e imposiciones, fue abandonada para explicar el pasado y presente de España. Si la transición había sido posible fue desde el libre convencimiento racional de las partes –se diría que desde la república de las ideas puras, donde la realidad no llega a manchar–, régimen y oposición, que evolucionando a lo largo del tiempo habrían abandonado los maximalismos anteriores. El régimen vio en la llegada de un nuevo jefe de estado de talante demócrata contrastado la necesidad de avanzar hacia una democracia moderna; y la oposición abandonó las posiciones rupturistas desde la comprensión de su futilidad y aceptó el necesario entendimiento con unas autoridades con voluntad democrática, yendo hacia el pacto entorno a la ruptura pactada. Este es el núcleo central de la teoría o teorías de la transición, extremadamente reducido al intentar insertar en las elites de dos actores sociales (régimen y oposición) la complejidad de fenómenos que llevaron la democracia a España. Con el paso del tiempo, se han visto las limitaciones explicativas de este paradigma y se han establecido tres modelos que permiten ampliar sus prestaciones, uno se atrevería a decir que con un poco de zilitione. No es que la historia social haya establecido un nuevo modelo para reconceptualizar la transición, sino que, a la inversa, la historia política –o al menos las presunciones que la apoyan– ha asaltado la historia social del período, no sin cierta perplejidad por parte de los historiadores que provienen de esta tradición. Así se ha intentado, sin tocar el núcleo central del paradigma de la transición, establecer como mínimo tres modelos explicativos, y un cuarto posible que se empieza a vislumbrar en el horizonte, que aquí sólo mencionaremos brevemente, dado que no es nuestra intención realizar un artículo historiográfico. A) La transición por modernización económica [1]: según ésta, la triada mercado capitalista, Mercado Común y democracia es inseparable para explicar el cambio político. El desarrollo del mercado capitalista habría integrado en una solidaridad casi mecánica –en el sentido durkheimniano del concepto– lo que en la república era una convivencia imposible entre clases sociales. La demostración de esta integración, y su mayor garantía, era el anhelo de la gran mayoría de la población de entrar en el Mercado Común, como plasmación madura de una realidad que se empezaba a vivir en España. Y como resultado de todo lo anterior habría llegado la democracia. B) La transición por omisión del sujeto social [2]: en este caso se postularía que la máxima contribución que hicieron los sujetos sociales, los de abajo se entiende, al cambio político, fue precisamente no hacer nada. Ante la amenaza que la movilización obrera podía suponer para la llegada de la democracia, su principal virtud radicó en su capacidad de autocontrol. C) La transición de los de abajo es igual a los de arriba [3]: según esta muy reciente línea de interpretación, no sólo la “mayoría silenciosa” quería una transición tal como finalmente se dio –resguardo último de la legitimidad de toda teoría de la transición, y de la transición misma–, sino que los movimientos antifranquistas contenían en su seno y aspiraciones los mismos preceptos. D) Todo fue una cuestión de giro lingüístico [4]: esta última línea no reproduce, tiempo al tiempo, los análisis propios del giro lingüístico que han hecho furor en otros campos de la historia, pero mantiene algunos parecidos con ella: la centralidad del problema del lenguaje en la explicación del devenir histórico. De hecho esta línea, si es que de momento se puede catalogar ya como tal, emerge como consecuencia necesaria de todas las anteriores: si lo central que hizo la oposición y el régimen fue olvidarse –o echar al olvido– de un pasado tortuoso y establecer el consenso como valor supremo de la dinámica política, necesariamente lo realmente significativo para el cambio político de la historia de los movimientos de oposición no son sus luchas, ni las consecuencias de las mismas que en si no llevaron a nada, sino cómo aprendieron el “lenguaje de la democracia” que les enseñó a comportarse de una forma diferente a como lo habían hecho en el pasado. Ni que decir tiene que en absoluto estas líneas son contradictorias, ya que emergen del mismo tronco común, si acaso algunas podrán ser elaboradas –y algunas realmente lo son con brillantez– con más fortuna que otras.

En este artículo intentaremos ofrecer, en sintonía con las interpretaciones que han venido desarrollando autores como S. Balfour [5] o Carme Molinero y Pere Ysàs [6], entre otros, materiales interpretativos –basados en investigaciones realizadas para la área metropolitana de Barcelona, con lo que ya se comprueban todos sus alcances y límites– que pueden ayudar a entender de una forma diferente la relación de los movimientos sociales, específicamente el movimiento obrero [7], con el cambio político. Partimos de la presunción que esta relación va más allá del corto período donde ha sido encerrado por el paradigma de la transición y que tiene mucho que decir sobre el marco real en que se realizó. Se pueden delimitar, como mínimo, tres grandes períodos de esta relación: A) Un primera etapa que se iniciará con el renacimiento que vivirán los movimientos sociales, y especialmente el movimiento obrero, durante la década de los sesenta. Fue en este momento cuando una renovada acción colectiva habría hecho inviable la continuidad del régimen a largo plazo y redefinido los espacios y las posibilidades de la acción política bajo el franquismo. B) Un segundo momento, como etapa diferenciada y autónoma –en el sentido de un marco de acciones alternativas abiertas por la especificidad del período aunque construidas con los materiales del pasado reciente– que se iniciaría con la muerte de Franco y se cerraría con el referéndum para la reforma política. Es en este corto espacio de tiempo donde el movimiento obrero tendrá un papel activo, crucial, en el devenir de la historia española. C) Habrá aún un tercer momento, en el cual, una vez determinado el modelo de transición, el movimiento obrero dejó de tener una influencia determinante en el proceso político y de hecho su propia conformación pasó a ser más consecuencia que causa del mismo. La(s) teoría(s) de la transición han privilegiado el tercer momento en detrimento del primero y el segundo. Esto, que se entiende por su funcionalidad dentro de la propia teoría, ya que es la etapa de consenso, ha eliminado las etapa más activas de la relación entre movimientos sociales y cambio político. Las reflexiones que presentamos aquí, por el contrario, nos hablan del primer y segundo momento de esta relación.

Pequeños grandes cambios

1962 fue un año extraordinario, a todas luces uno de esos raros años en la historia que marcan un antes y un después, que señalan tanto la muerte de lo viejo, como el nacimiento de lo nuevo. Fue en ese momento cuando salió a la luz la novela de Martín Santos Tiempo de silencio, mientras en París un grupo de exiliados publicaban un grueso volumen, con la inestimable voluntad de un José Martínez [8] siempre injustamente olvidado, que bajo el título de España Hoy mostraba que el exilio también estaba cambiando con las nuevas generaciones de estudiantes provenientes de la conflictividad política de los años cincuenta y principios de los sesenta; también fue el año de la detención de Julián Grimau, último ajusticiado por delitos de la Guerra Civil, que un recién llegado ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, tuvo que afrontar como una de sus primeras batallas informativas con la prensa extranjera; hasta el tiempo parecía que se detenía un instante, justo para coger fuerzas y volver a empezar, durante las nevadas que emblanquecieron la ciudad de Barcelona. Cómo no, también fue el año del “contubernio” de Munich, pero especialmente para la gente común de las principales zonas industriales del país fue el año de las huelgas.

Efectivamente durante ese año, después de casi cuatro lustros de sequía para la oposición antifranquista, una nueva oleada de huelgas parecía reiniciar el ciclo huelguístico característico de los años cincuenta. Ya desde 1961 se había empezado a detectar el despertar de una renovada conflictividad, pero fue en Asturias -¿podía ser en otro lugar?– donde empezó la ola de conflictos que acabó rompiendo en los principales centros industriales del país, específicamente en el País Vasco y Cataluña, pero también en Galicia, Madrid o la minería de León, en 1962. Realmente esa nueva oleada de huelgas, que afectó entre 200.000 y 650.000 trabajadores según estimaciones aproximativas [9] cogió por sorpresa a la oposición antifranquista, y a su partido principal. De hecho el PCE, desde los fracasos en la Jornada de Reconciliación Nacional de 1958 y la Huelga Nacional Pacífica del año siguiente, vivía en un interregno de bandazos estratégicos y políticos que acabaría con la crisis de su dirección en 1964.[10]

Inicialmente el retorno de la conflictividad por motín de los años cincuenta –tal como la ha caracterizado S. Balfour [11]–, hizo suponer a esta misma oposición que de nuevo era posible intentar reeditar la estrategia de la Huelga Nacional Pacífica –ahora llamada Huelga Nacional Política debido a los giros tácticos y estratégicos del interregno. De esta manera, cuando en julio de 1963 los mineros asturianos volvieron a retomar el camino de la huelga, el PCE intentó por todos los medios que se encontraban en su mano provocar una nueva oleada huelguística que “pueda movilizar a la gran masa y prepararla para la huelga política”[12]. Pero la realidad fue otra y en 1963 no se reeditó la esperada oleada que 1962 parecía haber anunciado. En agosto de ese año, un mes después de que los mineros asturianos hubieran anunciado “el camino”, Dolores Ibárruri mostraba su inquietud por las ondas de la REI: “Con el pulso tenso, el coraje en el alma y los labios resecos de las hieles del largo combatir, los mineros de Asturias preguntan a los trabajadores y a todos los antifranquistas españoles: ¿QUÉ HACEIS? ¿A QUE ESPERAIS?”[13]. Y aún en setiembre los amaneceres de la Ciudad Condal descubrían en la calle unas hojas volantes que, bajo el significativo título de “¿A qué esperamos?”[14], parecían constatar la perplejidad comunista. En el Pleno ampliado del Comité Central de noviembre de 1963, el PCE finalmente tuvo que aceptar la dura realidad de unos hechos que no se terminaban de comprender: “Hay también otra explicación, en ciertas regiones, que se resume así: “todavía no hemos recorrido el camino de Asturias”. Para algunos sitios es justo, pero en otros sitios ¡se ha recorrido el camino de Asturias!. En Vizcaya, en general se ha recorrido “el camino de Asturias”; en Cataluña, “grosso modo”, también se ha recorrido “el camino de Asturias”. Sin embargo no hubo huelga general.”[15]

Realmente la primavera de 1962, a pesar del efecto óptico que podía proyectar, no fue el inicio de un nuevo ciclo de conflictividad como el que inauguró 1956, sino la transición de un modelo de conflictividad expansiva y con un tempo marcado, a otro de carácter policéntrico y sostenido en el ámbito regional que aún se encontraba en sus albores. En el primero, el conflicto iba de la dinámica general al caso particular dónde se formulaban las reivindicaciones concretas según llegaba la ola; en el segundo, la dinámica de la conflictividad se iniciaría en el caso particular y sólo en algunos casos se proyectaría más allá del espació de incidencia local –a un modelo correspondería la huelga general entendida como una convocatoria en un día determinado, propia de la estrategia política de los cincuenta; al otro, la huelga general entendida como una mancha de aceite que se iba extendiendo de la empresa a la localidad, de la localidad a la región y de la región al estado. En efecto, cuando la ola de 1962 fue retrocediendo dejó al descubierto una nueva realidad que no se había dado en los anteriores ciclos: la constitución de núcleos militantes en las empresas [16]. En las principales plantillas del país, significadamente en las del metal, se iban a iniciar nuevas prácticas para desarrollar el conflicto obrero. Bajo la forma de comisiones obreras de empresa [17], y en algunos casos con formas organizativas o de interlocución que llegaban a superar este ámbito (Comisión Obrera Provincial de Vizcaya o comisión de negociación en Asturias), se estaba gestando un nuevo modelo de protesta obrera, que tenia como marco el cambio en el modelo de relaciones laborales. En efecto, los cambios en la negociación colectiva que de hecho inicialmente sólo afectaban a les grandes empresas, producto de la nueva ley de convenios colectivos aprobada en abril de 1958, abrieron la oportunidad para estos nuevos núcleos militantes de iniciar una conflictividad sostenida en el tiempo, entorno a reclamaciones de la propia empresa, con pequeñas victorias que garantizaban su continuidad. Más allá de tener que depender de una lucha global que permitiera romper los decretos salariales del gobierno, ahora se había abierto una nueva estructura de oportunidades en las grandes fábricas, que sería el marco para la generación de modelos locales de conflictividad obrera.

Así, en 1962 se gestó una de las piezas nucleares del movimiento obrero de la década de los sesenta y setenta: el papel de las fábricas referentes en el ámbito local [18]. Siempre, a lo largo de la historia del movimiento obrero bajo el franquismo, ciertas fábricas con grandes plantillas y tradición de lucha habían jugado un papel esencial en la dinámica de la protesta obrera, pero este papel se vinculaba a los nodos de los ciclos huelguísticos por oleadas propios de los años cincuenta. La diferencia con el período anterior residiría ahora en la capacidad de estas concentraciones obreras para sostener una conflictividad propia proyectada sobre el movimiento obrero de su ámbito de influencia.

Pero todo esto no nos puede llevar a pensar que los cambios acontecidos en 1962 inauguraron por si solos el modelo de conflictividad obrera propio de los años sesenta y setenta. La aparición y generalización de las nuevas formas de organización obrera, como las comisiones obreras, la generación de un nuevo modelo de conflictividad en núcleos determinados y la consecución de victorias parciales, no garantizaban la continuidad y el crecimiento de la conflictividad obrera por si solos. Quedaron, como mínimo, dos interrogantes en el aire después de los hechos de 1962. El primero hacía referencia a la posibilidad de que la nueva conflictividad se extendiera más allá de estas fábricas referentes, llegando a constituir la base de la formación de un movimiento obrero nuevo bajo la España de Franco. El segundo, que es el que nos interesa especialmente aquí, hacía referencia al papel que jugaría el nuevo movimiento obrero en el cambio político español, sobre todo después de la frustración que supuso la no realización de una gran huelga general en 1963. El primer interrogante nos acerca al problema de la constitución del movimiento obrero como sujeto social, el segundo a su papel como sujeto político. Y uno no puede ser contestado sin el otro.

Si bien en los años que siguieron a 1962 la conflictividad en las principales empresas del país iba cosechando éxitos parciales, muy pronto se evidenciaron también sus limites. Así, por ejemplo, en el conflicto de la Siemens, en el Bajo Llobregat, en 1962 o en la ODAG en el Valles Occidental en 1965-1966, o en la ENASA de Barcelona se reproducía siempre un modelo de conflictividad parecida [19]: se inician pequeños conflictos –paros a pie de maquina, reducción de ritmos, etc.– por reivindicaciones de tipo laboral; en el proceso se constituye una comisión obrera representativa de los diferentes talleres o secciones de la fábrica que acaba convocando el paro de la fábrica; los jurados y enlaces de la empresa o bien son desbordados por la dinámica de los acontecimientos, quedando apartados de la gestión del conflicto y la posibilidad de una negociación, o bien toman partido por la dirección; hay intentos de llevar la acción colectiva fuera de la empresa que las más de las veces no va más allá de la propia salida de los trabajadores en manifestación; la empresa decreta el despido colectivo de los trabajadores y cierra las puertas en espera de una readmisión individualizada; finalmente el conflicto acaba por el agotamiento de los recursos de los trabajadores, que son readmitidos en el puesto de trabajo, con el despido de los miembros más destacados de la comisión obrera. A pesar de los logros parciales de este modelo de conflictividad, lo que explica su reproducción a lo largo de estos años, los costes represivos producen un movimiento obrero sincopado, sin capacidad de desarrollar una conflictividad sostenida y organizada. La falta de un centro organizador fuera del propio espacio de la fábrica que recabé apoyos y amplifiqué el conflicto, la falta de apoyo del resto de empresas –vía solidaridad material o paros parciales de la producción y manifestaciones que conviertan el conflicto en un problema público– y la falta de enlaces y jurados representativos que garanticen la cobertura legal de parte de la representación obrera y a su vez faciliten los procesos de negociación, eran los principales handicaps para este tipo de conflictividad obrera. Tipología de conflictividad que, a su vez, sólo tenía utilidad para la clase obrera que trabajaba en las grandes empresas del país y que difícilmente, más allá de marcar una referencia de condiciones laborales como modelo a seguir, daba respuesta a la problemática obrera que se desarrollaba en las medianas y pequeñas empresas.

Fue la formación de las CCOO en las principales áreas de desarrollo económico del estado –especialmente en el contexto de mayor libertad que abrieron las elecciones sindicales de 1966, con la victoria de las candidaturas de la oposición obrera allí donde había condiciones para presentarse– la que puso las bases para la instauración de un modelo de conflictividad realmente sostenido. En el período que siguió a las huelgas de la primavera de 1962, hasta las elecciones sindicales de 1966, la militancia política y social antifranquista, y las organizaciones en que ésta estaba encuadrada, fue metabolizando los cambios acaecidos en su entorno. Dando como respuesta organizativa, en el marco del movimiento obrero, la formación de las CCOO fuera del ámbito de la empresa para intentar superar los déficits de la movilización obrera del momento.

Las CCOO, con sus especifidades territoriales producto del marco donde nacieron [20], consiguieron articular una militancia obrera de diferentes procedencias ideológicas y organizativas –desde cristianos hasta comunistas– en una nueva forma organizativa que se incardinó en el centro de los problemas del movimiento obrero. Consiguió (siguiendo la táctica comunista de finales de los cuarenta de infiltración en los órganos del régimen, pero también la práctica ya iniciada por militantes obreros de diferentes tradiciones) conquistar importantes posiciones en la primera línea de mando formada por los enlaces y jurados, y en algunos casos en las mismas UTT, del Sindicato Vertical [21]. De esta manera ofreció una mayor cobertura legal a la ascendente conflictividad obrera y en algunos casos consiguió que el contacto entre la vanguardia organizada y los trabajadores se realizara desde los mismos locales de la CNS. A su vez, esta representación legal permitió que los enlaces y jurados pudieran incidir en las negociaciones de los convenios locales, comarcales y provinciales que afectaban a las pequeñas y medianas empresas, antes ajenas a cualquier participación en la negociación de sus propias condiciones laborales. Pero más importante que todo esto, en los ámbitos locales puso en relación los problemas de las fábricas referentes con los del resto del movimiento obrero, y en esa relación se llegó a dilucidar la dinámica que seguiría el movimiento obrero en los siguientes años.

En efecto, la existencia de una organización de carácter sindical, aunque no fuera un sindicato stricto senso, sino un movimiento sociopolítico como se vino a nombrar entonces, permitió que los conflictos de las grandes empresas encontrasen una forma de extender la solidaridad entorno a sus reclamaciones, aumentó su capacidad de resistencia y consiguió el interés de las autoridades en evitar la extensión de un conflicto de la empresa, al sector y del sector a la localidad. Si el conflicto que la empresa ODAG de Sabadell vivió en 1965, antes que irrumpieran las CCOO en la ciudad, terminó con el despido final de sus principales organizadores y la derrota de los trabajadores, en 1967 se consiguió después de casi un año de conflictividad enhebrar un resultado claramente diferente. La diferencia residía en que en esta ocasión la nueva militancia de las CCOO, gracias a la organización del conflicto, pero también a los enlaces que la oposición había ganado en 1966, coordinó la conflictividad de una de las principales empresas del metal de Sabadell, como era la ODAG, con el desarrollo del convenio colectivo del metal de la comarca. De esta manera, a medida que se estaba negociando el convenio de la ODAG, que marcaría las pautas de negociación del convenio comarcal, se producían concentraciones de trabajadores de diferentes empresas ante el Sindicato. A su vez, cuando se producía la negociación del convenio comarcal, concentraciones de trabajadores, se manifestaban públicamente –acción colectiva que una pequeña o mediana empresa sola no podía abordar–, reuniendo como recogía un informe de las autoridades: “Entre los componentes del referido grupo 30 o 40 eran enlaces sindicales, se hallaban también productores de otras ramas de la producción y consiguientemente, que en nada les afectaba el convenio que se está celebrando”[22]. El resultado de esta forma de acción, que llevaba a realizar paros coordinados, a ocupar los locales del Vertical para realizar las asambleas e incluso a actuar a trabajadores de ramos que no estaban afectados por las diferentes negociaciones, fue la aprobación del convenio del metal de esa ciudad con incrementos del orden del 30% y la consecución de las reivindicaciones en la ODAG, sin que esta vez, a diferencia de 1965, hubiera despidos colectivos, ni individuales [23].

Este proceso fue menos consciente de lo que se puede suponer y esta basado en la aparición de una red de solidaridades entre los trabajadores de un mismo espacio urbano que reconocían la diversidad de sus reivindicaciones como propias. Pero a su vez, para que esta solidaridad tuviese continuidad en el tiempo tenia que mostrase efectiva en el terreno práctico, y realmente lo llegó a ser. La aparición de la nueva conflictividad centrada en reclamaciones propias de cada fábrica, y de las nuevas formas organizativas como CCOO que le dieron forma, estabilizó finalmente la realidad de un movimiento obrero integrado –por redes de solidaridad y por los repertorios de acción colectiva que desarrollaba– en el ámbito local. Pero si el movimiento obrero de los sesenta abandonaba el ámbito estatal como espoleta de su conflictividad, ahora este nuevo modelo le permitía robustecerse e implicar a conjuntos cada vez mayores de trabajadores. De forma que cuando en los setenta vuelvan las huelgas de solidaridad por hechos acaecidos lejos de su área natural de influencia, estas afectaran a muchos más trabajadores y conllevaran una erosión para el régimen mucho mayor de lo que pudieron suponer las huelgas de los cincuenta [24]. Pero el dato esencial a retener fueron las consecuencias que para la acción política tuvo la aparición del nuevo movimiento obrero y sus formas organizativas en la década de los sesenta, ya que nada fue igual a partir de entonces para el régimen y la oposición antifranquista.

Cuando el 23 de octubre un centenar de trabajadores, movidos entre la curiosidad y la sorpresa de ver cómo en un país y en un tiempo donde tres personas juntas podían ser conminadas a la dispersión se conseguía reunir a tantas gentes de diversa procedencia, fundaron las CCOO de Sabadell [25], se dijo una frase que vale la pena retener. Un joven de 17 años, José Lara Aranda, afirmó allí que “Aquello era público, que allí podía ir todo el mundo y que iban a tratarse las cosas de los trabajadores”[26]. Frase que nos puede parecer obvia en los tiempos actuales, pero que en esos momentos suponía una afirmación extraordinaria. Significaba el fin de todo un período que había durado un cuarto de siglo para la oposición antifranquista; el fin de la disidencia a la dictadura ejercida entre las reuniones clandestinas en las casas de los militantes, las voluntariosas convocatorias de huelgas políticas y las pintadas en las oscuras noches del franquismo; el fin de la política tan sólo practicada desde las organizaciones aisladas. Sustituyendo el ámbito privado de la lucha clandestina por la organización y movilización pública, ya no importaba tanto si uno era comunista, el otro frentista y, aún el último, cristiano. Ahora la gente que quería luchar para cambiar sus circunstancias vitales –laborales, urbanas o políticas– ya no tenía que comulgar con una ideología, una organización y una práctica partidista concreta, se abría el espacio de la militancia antifranquista hasta hacerlo ilimitado. A la vez, las organizaciones de la oposición veían ampliado infinitamente su espacio potencial de influencia: “Hasta entonces el partido había sido totalmente hermético, pero en ese momento nos conocíamos y nos conocieron”[27]. La politización seguiría ahora otros caminos que permitían diferentes grados de compromiso y, lo que es más importante, se realizaría desde la cotidianidad de los problemas del día a día, donde el trabajo de los militantes era demostrar sus implicaciones políticas:

“El arte de los dirigentes del nuevo movimiento obrero para organizar a los trabajadores va a probarse precisamente en este terreno (…) debemos demostrar la trabazón existente entre la lucha económica y la lucha política. La experiencia facilita esta labor (…). Cuando los obreros hemos comenzado a reclamar aumentos de salario, al oponernos a la brutal explotación, hemos comprendido rápidamente que estas reivindicaciones debían ir ligadas a la lucha por un sindicato democrático (…). Por ese camino los obreros hemos experimentado la necesidad de reclamar el derecho a huelga (…). Así los trabajadores hemos pasado de la lucha económica a la lucha política (…). Aprovechar las posibilidades legales, hay que hacerlo. Y por ese camino conseguir que lo que hoy es todavía ilegal, sea legal mañana”.[28]

La práctica de ocupar el espacio público –la calle tradicionalmente controlada por el régimen– y organizarse en un primer momento a la luz del día, iniciada por la CCOO, amplió el ámbito de lo posible para el resto de actores sociales. De esto se dio cuenta un viejo militante del Movimiento Socialista de Cataluña que después de años luchando en la clandestinidad más absoluta, no pudo reprimirse las lagrimas cuando invitado por los nuevos activistas a un espacio público para realizar una charla, comprobó, a pesar de la lluvia de aquella tarde de 1967, que no sólo la podía realizar sino que además había un público dispuesto a escucharlo.[29]No tan sólo los viejos militantes de los años cuarenta gozaban de la oportunidad, abierta por las nuevas generaciones, de utilizar otra vez el espacio público, también nuevos movimientos aparecieron a raíz de este cambio. La aparición de las CCOO había reducido, en abierta confrontación con el régimen, los costos represivos de la acción pública, posibilitando que otros movimientos sociales con una base social más débil eclosionasen. El movimiento vecinal, pero también ya entrados los años setenta los trabajadores de cuello blanco, las movilizaciones por los derechos nacionales –la mayor parte de las veces iniciadas por el propio movimiento obrero–, o por la amnistía política, utilizaron los espacios por donde habían transitado inicialmente los trabajadores. La normalización de la conflictividad se imponía en el día a día gracias a la acción constante de los trabajadores y las trabajadoras. El intento continuado de “por ese camino conseguir que lo que hoy es todavía ilegal, sea legal mañana” pronto empezó a dar sus frutos. En el verano de 1967 ya se podían comprobar sus efectos en las propias jerarquías del régimen cuando, en un debate sobre el derecho a huelga, no reconocido legalmente, uno de los representantes del Consejo de Trabajadores de Barcelona afirmó que “Teniendo en cuenta que los trabajadores utilizan la presión de la huelga tantas veces como crean necesario en defensa de sus intereses sin necesidad de que nadie los aconseje, no existe ninguna necesidad de seguir insistiendo sobre este tema”[30]. A su vez, la eclosión del movimiento obrero proporciona un amplio repertorio de acciones colectivas que ulteriormente serian utilizadas por el resto de movimientos ciudadanos. Así durante estos años se inician acciones que a corto plazo se van a convertir en medios habituales para los movimientos de oposición: la recogida de firmas, posicionamentos públicos, plantadas, ocupaciones, recursos legales, etc. Acciones que poco a poco articulan un nuevo ámbito de posibilidades y generan cambios en los mismos aparatos del estado que, como en el caso de las Magistraturas de Trabajo durante los años setenta, se flexibiliza ante las nuevas demandas sociales. De hecho el movimiento obrero amplió el significado de lo posible bajo el régimen franquista.

El éxito que cosechaba este modelo de intervención, tanto en el campo laboral, como en el político, llevó al régimen a intentar desarticularlo ya en una fecha muy temprana. La voluntad de conquistar el espacio público se puso en juego durante el bienio negro de 1967-1969. Pero a pesar de la represión más indiscriminada, que en el caso catalán empezó con las detenciones del día de San Esteban de 1966 en Sabadell [31], ya no se volvió atrás. Aunque esto último significase graves enfrentamientos con las fuerzas del orden, como los que hubo el 1 de mayo de 1967 en Sabadell y Barcelona [32], en Terrassa el 27 de octubre del mismo año [33], o el estado de excepción en Vizcaya.[34] De hecho este nuevo ciclo inaugurado por la actitud del régimen ante la naciente fuerza del movimiento obrero, empezó con la ilegalización formal de las Comisiones Obreras por el Tribunal Supremo en marzo de 1967, ya que, como se recordó en uno de los primeros juicios a militantes obreros se consideraban la nueva organización obrera como “un instrumento tendente a dirigir la lucha política y revolucionaria contra el poder constituido”[35]; siguió con la congelación salarial de noviembre de 1967 que cortaba de raíz el sentido de la negociación colectiva y tuvo su momento cumbre con el estado de excepción de enero – marzo de 1969. En estos pocos años se jugó la supervivencia de la oposición antifranquista.

Período crucial en la constitución del movimiento obrero tuvo un papel determinante en su devenir posterior [36]. Y es que, a pesar de la sectarización política, el grupusculismo y el replegamiento en los debates internos, a pesar de que la represión y la suspensión de la negociación colectiva rompía en su espina dorsal el modelo de conflictividad que integraba las dinámicas de las grandes, medianas y pequeñas empresas, las innovaciones que se introdujeron en este período permitieron no sólo sobrevivir al movimiento obrero, sino además poner las bases para su extensión y consolidación en la década siguiente. Podemos observar este período a la luz de las polémicas internas de una organización diezmada y ensimismada por la represión, pero abstrayéndonos de estas tensiones también podemos observar la función histórica que para el movimiento obrero y el antifranquismo en general tuvieron los cambios introducidos a veces de forma contradictoria, a veces de forma contrapuesta. Durante este período se crearon unas formas organizativas –COJ, CCOO de zonas– capaces de integrar a una nueva militancia desconocida por la policía, que protagonizará la lucha en la siguiente década. De hecho en estos años el movimiento obrero, y sus organizaciones, articuló a una nueva generación de militantes que las más de las veces no procedían estrictamente de una base obrera [37], constituyendo un ámbito para la regeneración y organización de la militancia antifranquista más allá de la propia clase obrera. A su vez se generó una forma de acción colectiva –las manifestaciones relámpago– que permitió que el ámbito de la lucha por el espacio público no fuera abandonado; se profundizó en el trabajo y la organización dentro de la propia fábrica y por ramos, debido a la represión sí, pero que permitió conservar una conflictividad que al final del período acabó rompiendo con los topes salariales, haciendo inútil la acción del gobierno en este campo; se produjo una clandestinización de la organización que le permitió sobrevivir esperando tiempos mejores; y, finalmente, en el sector central de este movimiento obrero, se maduró en las formas organizativas y en los ámbitos de coordinación, con la creación de órganos que como las Reuniones Generales de Comisiones Obreras, la Coordinadora Nacional Gallega o la CONC en Cataluña, permitieron afrontar de una manera renovada la relación entre movimiento obrero y la sociedad civil.

Es más, en este período se estaba produciendo, paralelamente a lo que hemos mencionado, un doble fenómeno que de forma relacionada, a la vez que provocaba las iras de las autoridades, impedía la desarticulación real de la oposición antifranquista y tenía importantes implicaciones para su futuro: la sustitución constante de los militantes caídos por nuevas personas, a pesar de que estas no pertenecieran a la clase obrera, y la solidaridad que en la espiral de acción-represión –de otro lado característica de toda la izquierda europea de este mismo período– iba tejiendo lazos cada vez más fuertes entre el movimiento obrero y la sociedad civil.

A diferencia de períodos anteriores, la determinación de actuar a la luz del día, de que los nuevos dirigentes de la oposición en cada fábrica y ciudad fueran conocidos públicamente, cambiaba la consideración social de la represión. Si en otros tiempos esta represión afectaba a militantes desconocidos de organizaciones clandestinas, ahora se arrojaba encima de personas conocidas más allá de los reducidos núcleos del antifranquismo organizado. A la vez que la acción se realizaba públicamente, la represión también se visualizaba públicamente cuando afectaba a la asistente social que ayudaba en el barrio [38], o a la persona que había batallado para mejorar la condición obrera, y esta nueva situación decantaba las actitudes de parte de la población en dos sentidos: la militancia o la solidaridad. Así después de una importante caída en 1968 antes del 1 de mayo que se tenia que realizar en Sabadell –que afectó a 8 militantes de un total de 118 caídos en el período 1967-1969 [39]– las autoridades se encontraron con que la manifestación fue capitaneada por ocho curas de la ciudad, lo que al ser detenidos provocó la lectura de una homilía airada en todas las iglesias contra la actuación del régimen y a favor de la causa obrera [40].

De la misma forma, los militantes caídos ya no se encontraban abandonados a su suerte en las prisiones franquistas, cada vez más sectores de profesionales liberales, pequeños tenderos y sectores de las clases medías en general, colaboraban materialmente en el mantenimiento de sus familias [41]: “La gente participaba mucho en la solidaridad (…) y eso no es sólo el dinero, en si, sino el hecho que participaban de alguna manera en la lucha (…). Eran de profesiones liberales: abogados, médicos, arquitectos (…).”.[42]. Esta realidad teñía las actitudes sociales de un color más cálido para la militancia antifranquista, más allá de la ayuda material. Tal como nos dice otra destacada militante de Badalona de esos años:

“Los compañeros, la gente desconocida, yo creo que todos tenemos una deuda de gratitud impresionante con el pueblo de aquel tiempo y de aquella época. El peligro, las situaciones complicadas, tienen menos importancia que lo que significaban las muestras de solidaridad, de compañía, de saber que podías confiar tu vida a un compañero o a una compañera (…). Nunca he sentido la solidaridad, como la sentí en aquel momento y ésta sí que es una palabra importante: solidaridad. (…). Sin ella no hubiésemos podido hacer nada. Sin gente comprometida en el sentido más amplio, no hubiésemos podido hacer nada, no hubiésemos durado ni cuatro días. El antifranquismo no fue una exclusiva de la gente que tomamos una postura, fue un tema de millares y millares de personas que lo hicieron posible”. [43]

De hecho, sin que la oposición antifranquista abandone la voluntad durante estos años de convocar acciones en el ámbito estatal como las del 17 de febrero y el 27 de octubre de 1967 –fuente de polémicas constantes dentro del movimiento obrero a causa de los costes represivos que conllevaba lo que se dio a conocer como jornalismo [44]– , frente a la estrategia de una acción directa (guerra de movimientos la llamaba Gramsci) contra el régimen, se irá imponiendo gracias a las aportaciones del movimiento obrero como sujeto político una lucha entorno a los espacios de hegemonía social y cultural (la guerra de trincheras del filosofo de la praxis) entre el régimen y la oposición. Ésta tendrá su campo de batalla central y simbólica en la calle, pero de hecho se estará librando en el mismo seno de la sociedad civil. Así el dilema político de 1962 se resolverá en la práctica de los movimientos sociales generados a lo largo de los años sesenta.

La conquista de la solidaridad

“Ha cambiado de década. Y además es que ha cambiado todo (…). Es que yo cuando entré en la cárcel ganaba 8.000 o 10.000 pesetas. Pero es que cuando salí, en el mismo puesto me dieron 24.000. Yo no entendía nada. Cuando entré en la cárcel llevaban faldas hasta media rodilla, y cuando salí iban en minifalda.(…) El régimen no había cambiado, era el mismo, pero de hecho se vivía una explosión de desarrollo intelectual, de creación artística, de todo.”[45]. Las experiencias que vivieron los militantes al salir de la prisión a principios de los años setenta, encarcelados a finales de los años sesenta cuando sucedieron los cambios que hemos relatado más arriba, nos vienen a confirmar que por una vez, cosa rara en el tiempo histórico, el inicio de una década por convención numérica vino a coincidir con su nacimiento real. Pero el cambio no afectó sólo al tamaño de las prendas de vestir. Las movilizaciones que se desarrollaron en torno al Juicio de Burgos y los muertos en Granada redescubrieron la posibilidad de realizar concentraciones amplias en lugares públicos, abandonándose ya la práctica habitual de las manifestaciones relámpago. Esto vino a confirmar, lo mismo que las rupturas de los topes salariales y la aparición de conflictos largos y endurecidos, que la oposición antifranquista podía retomar los ritmos que la represión sistemática de finales de los años sesenta había pretendido interrumpir.

El movimiento obrero de los años setenta fue extendiéndose a lo largo y ancho de España, llegando a muchas zonas donde la conflictividad obrera prácticamente no había estado presente hasta entonces. Uno de los cambios más notorios que sufrió a lo largo de estos años, capital para entender la popularización del conflicto en los setenta, vino de la incorporación de los sectores de servicios, como la enseñanza, la sanidad, la banca, etc., a la protesta obrera [46]. La popularización de la protesta, la incorporación laboral de militantes que se habían formado en el movimiento estudiantil o juvenil (COJ) de los años sesenta y la creencia, sustentada en realidades, de que la única forma de conseguir mejoras en las condiciones de vidas pasaba por la movilización colectiva, explican este fenómeno nuevo en los setenta, que en el caso de algunos sectores como la banca ya había empezado a finales de los sesenta. Este fenómeno acabó de consolidar entre amplios sectores de la población una imagen nueva de la protesta obrera.

Por ese camino, que incluyó huelgas generales de tipo regional como las del Ferrol, o el Baix Llobregat, que llevaron en el caso por ejemplo de Vigo a afirmar al PCE que “se produjo algo que se acerca a lo que podría ser la Huelga Nacional, el paro masivo de toda la población con los obreros del Bazán (…). Paro apoyado desde la iglesia… De este modo el Ferrol estuvo prácticamente varias horas liberado”[47], el movimiento obrero consiguió ser el único sujeto social, antes de la muerte del dictador, que produjo una ruptura política y social en el ámbito sindical con la victoria de las candidaturas de la oposición obrera en las elecciones de junio de 1975 [48]. De hecho esto rompía uno de los pilares básicos que el franquismo, como régimen político y social, ofrecía a sus bases sociales –el control y encuadramiento de la clase obrera a partir de la OSE– , y erosionaba parte del apoyo social que había delegado en él su representación política a cambio del control social. Más cuando la nueva cultura antifranquista ya no ponía sólo en cuestión al régimen político, sino a las propias clases sociales que lo sustentaban. Como nos hacen notar Carme Molinero y Pere Ysàs [49], en el tardofranquismo la identificación entre empresario y franquista empezaba a ser preocupante. La conflictividad había llevado al empresario, y al resto de elites sociales, al aislamiento social y cultural, con poca capacidad de convencimiento más allá de sus filas en un contexto donde, además, durante la coyuntura de 1974 a 1976 los salarios crecieron tres veces más que la productividad, recortando la tasa de beneficios [50]. Todo esto provocó que los sectores de vanguardia empresarial (empresarios del metal, entidades como el Cercle d’Economia, etc.) observasen que el cambio político era la única forma de intentar recomponer su hegemonía social en un momento de crisis económica [51]. Tal como afirma Linz “la legitimidad de un régimen democrático puede asegurar la estabilidad y el desarrollo (…) la experiencia española de los años setenta muestra que la legitimación del orden político democrático quizás sea un prerrequisito para la reestructuración económica”.[52]

Pero en el campo de los movimientos sociales durante los setenta, seguramente el que aportó más novedades fue el movimiento vecinal.[53] A diferencia del movimiento obrero, su base de organización y de protesta se encontraba en el espacio, y no en la clase, lo que le permitía organizar en torno al ámbito vivencial una forma de oposición hasta cierto punto interclasista. El movimiento vecinal permitirá la incorporación de profesionales liberales, salidos de las luchas del movimiento estudiantil, en un trabajo de asesoramiento y apoyo sobre los aspectos urbanísticos, sanitarios y económicos, que afectaban a su realidad, pero también de pequeños tenderos, funcionarios, etc. De la misma manera, se mostró tremendamente eficaz en la conexión de los sectores que protagonizaban la protesta obrera en los servicios públicos con la articulación de propuestas alternativas al desarrollo social del estado franquista. De esta manera, su composición y las alternativas concretas que elaboraba en el campo de la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, la planificación urbanística, etc., implicaran que la oposición encuentre en este campo una forma de elaboración de alternativas concretas al régimen. Articulado entorno a alternativas a la gestión de la vida cotidiana, más allá de propuestas políticas abstractas, conseguía realizar una forma de oposición integral, por concreta, al régimen, que iba del problema del agua en un barrio concreto a la falta de democracia que no permitía discutir ese problema en un pleno municipal.

Este mismo desarrollo de la oposición antifranquista en los años setenta, acabó de confirmar la principal característica que ya se había destacado en el caso del movimiento obrero en los sesenta: su desarrollo como una oposición que tenía su ámbito natural de actuación en lo local. Es en esta escala donde sus denuncias, campañas y suma de voluntades, encontraran su máxima expresión, ayudada por unos medios de comunicación que, si no podían ejercer la libertad de información a escala territorial o nacional, en el ámbito local encontraban el camino más libre para explicar lo que realmente estaba sucediendo. Como no dejaba de indicar un informe del Gobierno Civil de Barcelona en 1969: “El Correo Catalán dedica una edición especial a Sabadell, Terrassa y comarca, cuyo estilo informativo es de inspiración demagógica, cultivando especialmente la problemática sociológica y urbanística de la población (…) sin dejar de aprovechar cualquier circunstancia que pueda provocar disconformidad o descontento en la clase productora”. [54] Todos estos factores –el desarrollo de los movimientos sociales como movimientos de escala local, la capacidad de la oposición antifranquista para concretar alternativas y el papel que en este sentido jugaron los medios de comunicación permitidos– dieron como resultado que la crisis de hegemonía del régimen franquista también tuviera su máxima expresión en el ámbito local, donde el régimen pasaba a depender cada vez más de los sectores ultras para reclutar su personal político, ante la desafección de sectores que antes se habían situado en su órbita.[55]

Aún así, este proceso era general, e iba de los movimientos sociales al campo de la cultura, pasando por las tomas de postura de los colegios profesionales de abogados, médicos, arquitectos [56], la organización de grupos democráticos de periodistas [57], cineastas [58], de intelectuales [59]. De hecho, que la oposición antifranquista andando los años era cada vez más plural social y culturalmente se empezaba a reflejar políticamente, y no sólo con la aparición de nuevas organizaciones o en la diversificación de la militancia del PCE y del PSUC durante estos años, también en las propuestas que se realizaban. Muy pronto, en el año 1967, el Secretario General del PCE en una carta dirigida a Dolores Ibárruri formulaba una primera aproximación a la articulación de una política acorde con las nuevas realidades “En la discusión del Comité Ejecutivo hemos convenido en la necesidad de esbozar en la próxima reunión la perspectiva de lo que llamamos un frente de las fuerzas del trabajo y la cultura (…) –que– puede irse creando a través de los contactos de la Comisiones Obreras, el movimiento campesino, los estudiantes y las diversas formas de organización de los intelectuales. En un momento determinado, cuando la coordinación haya llegado a un grado de madurez, y cuando la coyuntura política lo aconseje, puede aparecer formalmente constituido en la escala nacional y provincial por representantes de las diferentes capas sociales. Una de las originalidades de este frente, en el que los artesanos y los comerciantes e industriales podrían encontrar también lugar, es que sería no un partido, sino una especie de frente laboralista amplísimo”. [60] A pesar de esta formulación –la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura que debía de producir la Acción Nacional dirigida por el Pacto por la Libertad de todos los partidos políticos que se oponían al régimen [61]–, el proceso de articular conscientemente esta realidad informal y difusa que era la sociedad civil antifranquista, sólo tuvo cierto éxito en el caso catalán donde la constitución de la Assemblea de Catalunya en 1971, con sus asambleas locales, que reunía desde una organización excursionista hasta un partido político, pasando por entidades culturales, organizaciones vecinales o grupos cristianos, supuso la plasmación de esta línea política. De la misma forma, la constitución de mesas unitarias de los partidos políticos de la oposición, que en el ámbito de estado no llegó hasta el año 1974 cuando se constituyó la Junta Democrática, a la que pronto le salió un competidor bajo el nombre de la Plataforma de Convergencia Democrática, contaba ya en Cataluña con una larga tradición desde la primera Taula Rodona hasta la constitución del Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Los límites de la socialización de esta sociedad civil antifranquista, más allá de los principales núcleos industriales y urbanos del país, y las diferencias entre estos mismos núcleos, marcaba los límites de la extensión de un tejido social opositor al régimen y, en cierto sentido, también determinará finalmente los límites del mismo cambio político. Aún así esta misma sociedad civil, formada por el compromiso de personas, entidades y movimientos, mostró una innegable capacidad de actuación en las campañas que conseguían reunirla bajo un objetivo común. Tal fue el caso de las declaraciones, conciertos, tomas de postura, las presiones en los plenos municipales, recogidas de firmas y movilizaciones a favor de la amnistía política [62]. Los recursos que la sociedad civil concentró hacia esta reivindicación consiguieron marcar la agenda política del régimen. De hecho el grado de asunción de la amnistía política se acabó convirtiendo en un verdadero termómetro del cambio político en España. No es extraño, entonces, que el primer gobierno Suárez tuviera la prioridad de aprobar un primer decreto para la amnistía política en junio de 1976 (diferente al indulto, ya que en ese contexto el primero significaba perdón del delito, mientras que la amnistía suponía la inexistencia de tal delito [63]), para mostrar su voluntad real de cambio ante una agenda política que era marcada claramente por la movilización social

Y es que, de hecho, en los setenta fueron madurando los elementos que se habían ido gestando en el período anterior, produciendo la aparición de un tejido social emergente en los principales centros urbanos y industriales del país. Y es precisamente en este proceso de articulación de una sociedad civil antifranquista donde encontramos la genética de la relación entre los movimientos sociales, la acción colectiva abierta, y el cambio político que de forma soterrada, pero profunda, acaecía en la realidad de lo setenta. Los movimientos sociales generaban espacios de libertad, objetivos comunes para la oposición y programas alternativos de sociedad, la sociedad civil relacionada con estos movimientos metabolizaba y amplificaba estos planteamientos creando una cultura alternativa a la oficial, que se extendía por los diferentes sectores sociales y, finalmente, el poder político se veía obligado a abandonar espacios sociales para irse recluyendo detrás del control que le garantizaba la coerción cada vez más descarnada. Era una lucha por el control del espacio y el poder público en términos de hegemonía social, cultural y finalmente política, el campo de batalla soterrado se encontraba precisamente en los vasos comunicantes que establece toda sociedad compleja y su corazón principal residía en los movimientos sociales. En el movimiento obrero como principal agente de acción y cambio social y en el movimiento vecinal como principal nucleador de diferentes clases sociales (obreros, profesionales, tenderos, pequeños empresarios, etc.) y articulador de alternativas concretas de gestión de la vida cotidiana. Pero fue con el “hecho biológico”, cuando los ritmos de la dinámica social, cultural y política que en la historia siguen tiempos diferentes, y a menudo alejados, se ensamblaron en un solo espacio temporal en el cual todas las esferas participaban y se veían afectadas por él: el tiempo del cambio político. Si éste se había gestado a lo largo de los años sesenta, fue en este momento cuando se pusieron en juego todos los recursos de la oposición antifranquista y de nuevo, como no podía ser de otra forma, el movimiento obrero –reforzado gracias a los recursos organizativos, solidarios, materiales y culturales que le suministraba esta sociedad civil antifranquista– jugó un papel determinante en el cambio que se gestó en el primer semestre de 1976.

Pero, ¿de quién era la calle?

“Yo estuve pendiente toda la noche de la radio y cuando me tuve que levantar a las cinco de la mañana y supe que había muerto, lloré. Algo importante terminaba”.[64] Pero el fin del dictador, percibido como el fin de todo un período de su vida para algunos militantes antifranquistas, también fue un principio. Otro activista, temeroso de que el régimen muriese matando, como había hecho durante su lenta agonía biológica, tomó una determinación diferente: “Yo tenía miedo que hubiese una represión muy fuerte. Me voy hacia la Modelo (…) y me la encuentro rodeada de Guardias Civiles. Se temían que hubiese un asalto (…) Los primeros momentos eran un compás de espera. A ver si nos ponen en prisión, y los otros: que no nos asalten la prisión”[65]. La muerte de Franco no supuso la muerte del régimen, el poder del cual estaba garantizado en ultima instancia por sus órganos represivos, pero sí la muerte de su poder simbólico. El desconcierto se apodero de una dictadura que, bañada de su propio imaginario lleno de fantasmas, se temía la emulación del asalto a la Bastilla en la prisión Modelo de Barcelona. Cuando la larga noche se retiraba para dejar paso a las primeras luces de la aurora de un nuevo día, una pintada quedó grabada en una calle: “El viejo se muere ¿Quien mandará ahora?”[66]. Era, de hecho, lo que todo el mundo se preguntaba en esas extraordinarias jornadas de nuestra historia.

Para el Ministro de Gobernación –es una ironía, y de hecho una metáfora, que el máximo representante de la opción reformista dentro del régimen fuera precisamente el que tenía que garantizar el orden público– del primer gobierno de la monarquía, aún en pleno franquismo, la cosa era clara. Los dos temas claves del primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno eran la amnistía y les elecciones municipales [67] y su resolución, conjuntamente con el control de la calle que tan famoso le hizo desde el celebre exabrupto –exabrupto que reflejaba realidades- “¡La calle es mía!”, tenía que garantizar la continuidad del régimen político.

Nos puede resultar extraño pensar que el problema de las elecciones municipales fuera un tema central en aquella coyuntura crítica de 1976, sobretodo sabiendo que la estrategia de la oposición mayoritaria pasaba durante esos años por la realización de una Huelga General de trabajadores que, continuada por la Huelga Nacional o la Acción Nacional Democrática, provocaría la caída del régimen, pero si no acercamos un poco más a los espejos de aquellos tiempos entenderemos su importancia. Y es que las fuerzas en pugna tenían pocos referentes sobre lo que estaban haciendo. En unos momentos cruciales, los políticos de la oposición y de la dictadura se giraron hacia la única experiencia real que conocían de cambio político de una dictadura a la democracia: la II República. A pesar de todos las transformaciones, a pesar de los “olvidos” del pasado que impuso finalmente la transición, la República seguía estando presente como modelo o antimodelo, según los casos, por excelencia. La obsesión por el “plebiscito de la calle”[68] que afectaba tanto al primer gobierno de la monarquía, como a la oposición, o el espejismo de que la proclamación de una República en Cataluña podría forzar a la realización de la misma en el resto del estado [69], así lo demuestran. Pero donde más patente se hizo este espejismo, fue en el caso municipal. El cambio político en los años treinta no había llegado con la realización de una huelga general, sino por unas simples elecciones municipales que demostraron que los principales centro industriales y urbanos del país estaban contra el gobierno monárquico. La realidad que en el último franquismo eran estos mismos centros los principales medios de la oposición y la certeza que unas elecciones municipales podían ser el prolegómeno de la caída de la dictadura, estaba demasiado presente como para que frente a la Huelga General y la Huelga Nacional no emergiese la alternativa local. Y eso no obsesionaba solamente a un gobierno que, según la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local del 21 de noviembre de 1975, tenía que dejar elegir por sufragio universal a los regidores de la mitad de consistorios de cada provincia exceptuando los alcaldes de Madrid y Barcelona [70], sino que también era un tema central para la oposición. Así no era extraño que la Assemblea de Catalunya aprobase en esos momentos la campaña para la consecución de los ayuntamientos democráticos, que fue una de las campañas centrales después de la muerte de Franco, ya que “rondaba por la cabeza de muchos asistentes de aquella reunión de la Permanente (…) el recuerdo de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y sus contundentes efectos”[71]. Como no podía ser de otra manera estas elecciones fueron paralizadas, ya que “pesaba el fantasma de las elecciones de abril de 1931”[72], aunque de hecho la oposición, que finalmente ganó las elecciones municipales en los principales centros del país cuando estas se realizaron, significativamente, al final de todo el ciclo de elecciones en abril de 1979, nunca se dejó de plantear durante este tiempo la posibilidad de asaltar los Ayuntamientos [73]. Finalmente todos los problemas que planteaban estos centros de atención –el problema de quién controlaba la calle, el problema de quién hegemonizaba los principales núcleos de población del país y el problema de la amnistía política– fueron resueltos en el espació que provocativamente había señalado el régimen. Lo que había empezado en los años sesenta como una acción por el espacio público, ahora tomaría unas dimensiones inesperadas.

En estos primeros momentos de confusión después de la muerte de Franco, cuando el gobierno Arias intentaba llevar a cabo una reforma dentro de la continuidad, la política se convirtió en un plebiscito de la calle, como única forma de saber con quien o para qué estaba la gente en un país donde le inexistencia de mecanismos democráticos no permitía saber lo que realmente pensaba la población. En este contexto, la conflictividad social y obrera se disparó de una forma desconocida hasta entonces.[74] Si en el año 1975 se habían perdido a causa de la conflictividad 10 millones de horas de trabajo, en el año 1976 la perdida se disparó hasta 110 millones con 3,5 millones implicados, por medio millón en 1975.[75]

Barcelona, País Vasco, Navarra, Madrid y Asturias serán los grandes protagonistas de esta explosión de la conflictividad que llegará también a ciudades como Valladolid, con una huelga que afectó a 40.000 trabajadores [76], o Badajoz [77]. En el norte de España la movilización obrera tendrá su momento explosivo en marzo, a partir de las huelgas de solidaridad generadas por los sucesos de Vitoria que pararon a 150.000 trabajadores en Vizcaya [78], 150.000 en Guipúzcoa [79] y toda Navarra, especialmente Pamplona, durante 4 días en los que se produjeron fuertes enfrentamientos con la policía [80]. Pero a pesar de la gran campaña que galvanizó la movilización solidaria con Vitoria en marzo de 1976, cada región siguió sus propios ritmos. En Vizcaya el momento álgido de la movilización, en un año donde se contabilizaron trece huelgas generales en esa provincia, se registró durante la gran huelga general de setiembre, causada por la muerte de un trabajador, que terminó el 27 de setiembre con 250.000 trabajadores en huelga por la amnistía, la demanda de entrar en un período constituyente, la legalización de los partidos políticos, trabajo y salarios justos.[81] En Navarra la lucha se inició a principios de año por el Convenio Provincial de Navarra, superando el ámbito de empresa y de sector para tratar de unificar los intereses dispersos de todos los trabajadores, que movilizó a 35.000 personas el 22 de febrero de 1976 [82]. Transversalmente a la lucha por el convenio, hubo una constante movilización a favor de la amnistía que paralizó totalmente Pamplona y la zona norte de Navarra también el 27 de setiembre de 1976, justo un año después de la muerte de los últimos cinco presos políticos ajusticiados por el franquismo, ya antes en esta política de tomar la calle se habían manifestado más de 10.000 personas durante los sanfermines [83]. En estos mismos instantes Asturias revivía de nuevo, después de años de conflicto amortiguado, con el conflicto de Duro-Falguera y Endesa, empresas metalúrgicas que llevaron a la paralización total de Avilés, y con la nueva conflictividad generada en Hunosa después de años de retroceso. Conflictos que llevaron el 15 de julio a la manifestación de 20.000 personas por la amnistía [84]. Galicia no quedaba al margen de esta situación, concentrándose la agitación en las huelgas de la construcción y el metal en Vigo y A Coruña y el conflicto durisimo de Astano en el Ferrol que duró todo el año.[85]

Aún así la movilización no era patrimonio del norte, en estos momentos en la capital del estado, sin declararse una huelga general abiertamente, durante enero de 1976 la ciudad estuvo absolutamente paralizada por 300.000 huelguistas de diferentes sectores, en servicios tan sensibles y visuales como el metro [86]. Fue, además, una explosión de conflictividad politizada que pedía de hecho el desmantelamiento del régimen con “reclamaciones abiertamente políticas –fundamentalmente, la amnistía para los presos y exiliados y los derechos civiles –, cuya satisfacción implicaba el desmantelamiento del sistema político franquista”[87]. En la otra gran metrópoli del estado y capital de la conflictividad durante los últimos años del régimen, Barcelona, la huelgas en el sector servicios se extendían (bomberos, funcionarios municipales, etc.) a la vez que la conflictividad crecía exponencialmente [88] y se producían movilizaciones que como las de la SEAT llevaban a 30.000 manifestantes a marchar sobre Barcelona [89]. En el caso catalán, pero, a veces la iniciativa podía llegar a ser más ciudadana que obrera, un buen indicador de hasta donde había llegado el antifranquismo en Cataluña, como en la gran movilización del 1 de febrero que reunió a 40.000 manifestantes y la del 8 del mismo mes, convocada por la Assemblea de Cataluña, donde ya aparecían abiertamente los líderes políticos de la oposición mientras la policía quedaba paralizada por la acción de los automovilistas. Pero si alguna cosa destacó en aquellos instantes fueron las grandes huelgas locales de enero y febrero en el Baix Llobregat y Sabadell que significaron la visualización de la ruptura política en el ámbito local.

De hecho el gran ciclo movilizador de 1976 afectó a casi todo el estado, en muchos lugares significó la aparición del conflicto laboral abierto por primera vez y también se incorporaron sectores a la conflictividad nunca vistos [90]. Pero hubo dentro de estas movilizaciones, conflictos más o menos aislados con un carácter cualitativamente diferente al resto. Hablamos de esas huelgas generales políticas locales o regionales que comportaron la aparición de elementos que de facto llevaban a la ruptura política. En cierto sentido estos conflictos incorporaron un elemento más de presión del movimiento obrero y de la oposición antifranquista en el decurso político del régimen, ya que a pesar de ser fenómenos localizados y delimitados mostraban lo que podría suceder en un futuro no muy lejano en el resto de España en caso de no sucederse cambios políticos sustanciales.

Seguramente el caso más espectacular del tipo de conflictos a los que nos estamos refiriendo, fue la huelga general de Vitoria en marzo de 1976 [91]. Iniciada a partir de la conflictividad que se estaba desarrollando en diversas empresas de la ciudad, en un proceso bastante común en el resto de la península, se radicalizó a causa de los detenidos y despedidos en el mismo proceso huelguístico. En una primera huelga general el 6 de febrero se consiguió liberar a los presos, lo que llevó a una segunda huelga general el 3 de marzo por la readmisión de los despedidos. En esta segunda huelga las fuerzas gubernamentales atacaron a los manifestantes con armas de fuego, el resultado fueron 5 muertos en las calles de Vitoria. A partir de este hecho se iniciará la movilización en todo el norte de España, antes explicada, con un fuerte contenido de denuncia política. El modelo de Vitoria, interpretado a menudo como un modelo impulsado por la izquierda radical [92], fue acompañado de otras huelgas locales como la de Córdoba, que a sido explicada, debido a les negociaciones que hubo para intentar evitar su extensión y radicalización, como una realización de la ruptura pactada desde abajo [93], pero dónde también estos procesos fueron especialmente intensos fue en Cataluña. En efecto los casos del Baix Llobregat y de Sabadell, especialmente el segundo, escenificaron a pequeña escala el camino que la oposición había imaginado para realizar la ruptura política. La comarca del Baix Llobregat había sido durante los últimos años del franquismo de las más, sino la más, conflictivas de España, con una gran diversidad y riqueza en recursos organizativos y estratégicos [94]. A inicios de 1976 el conflicto por los despedidos de Laforsa llevó a la “Intersindical”, organización de inspiración portuguesa que había llegado a una hegemonía total dentro del movimiento obrero de la comarca, a preparar una semana de lucha del 19 al 29 de enero contra los topes salariales, a favor de los puestos de trabajo y por la amnistía, con una espectacular manifestación de 25.000 personas hacia el Gobierno Civil de Barcelona, que llevó a la readmisión total de los despedidos. Que esta huelga se produjese, sin mediar ningún acto represivo policial, como en los otros casos, nos puede dar la medida de la colosal fuerza de un movimiento obrero que sólo mantuvo tensiones internas para decidir cuando se debía volver a trabajar. Ochenta mil personas se movilizaron en este conflicto y con razón se decía de boca a oreja durante aquel invierno en el Baix: “Escucha amigo: Laforsa ha vencido”.

El caso de Sabadell fue, dentro de los imaginarios estratégicos de aquel entonces, lo más parecido a lo que tenía que llegar a ser la Acción Democrática o la Huelga Nacional que tenía que derrocar al régimen [95]. A diferencia de las otras huelgas, la huelga general de Sabadell aparecía como la huelga de una comunidad, no de una clase, contra un régimen aislado socialmente personificado en el Ayuntamiento. La huelga, provocada por la represión de una manifestación por la escuela pública, que llevó a niños de 4 a 14 años al hospital, y por los heridos graves que se registraron en una manifestación posterior de repulsa a los hechos acaecidos, en el marco de un conflicto creciente para la dimisión del alcalde, la dimisión del consistorio y la asunción de la amnistía por parte de la entidad municipal, paralizó completamente la vida ciudadana de Sabadell. Taxistas, pequeños comerciantes, transportes… la inmensa mayoría de la ciudad se sumó a la huelga, que llegó a afectar a 45.000 trabajadores y consiguió neutralizar el consistorio franquista, imponer una nueva legalidad de facto con la liberación de los detenidos en la propia huelga y la realización de una gran asamblea pública como forma de representación simbólica, y de hecho, de la crisis de hegemonía del régimen –agudizada con la marcha final del alcalde– y su recomposición en torno a la izquierda.

Todas estas huelgas, a pesar de su heterogeneidad, mantienen unos trazos que les son comunes en la mayoría de los casos: profundización en la democracia de base fuera de la fábrica; la superación de los convenios de empresa o sector para desarrollar luchas generales en el marco de convenios locales o provinciales; superación del marco de la OSE, o control absoluto del mismo, sustituida por organizaciones propias como la Coordinadora de Fábricas de Vizcaya, Consejo de Trabajadores en Navarra, Intersindical en el Baix Llobregat, Interramos en Sabadell, Comisión de los Quince en Asturias, Asamblea de representantes en Córdoba, Coordinadora de Fábricas en Basauri [96], etc..; inicio de la huelga por motivos laborales politizados o directamente por motivos políticos, seguido de despedidos, heridos o muertos por la acción represiva; lucha solidaria y política contra la represión que en ciertos momentos se convertía en un desafió directo al régimen; fin de la huelga, con el retorno de los detenidos y la readmisión de los despedidos, con una gran escenificación pública de la fuerza de los movimientos que las autoridades tienen que aceptar, demostrando que ya no controlan la calle. Y de hecho, en un marco de conflictividad generalizada, este plebiscito de la calle escenificó la ingobernabilidad del país. Si bien es verdad que el antifranquismo no había llegado ni mucho menos a difundirse a lo largo y ancho del estado con el modelo que aquí hemos presentado –y ese es el principal motivo, conjuntamente con la actitud que (no) tomaron las fuerzas armadas, de que la estrategia rupturista pura no tuviese finalmente salida–, también lo es que en los principales centros urbanos y industriales llegó a poner en jaque al régimen. Cabe preguntarse, en este contexto, qué gobierno o régimen político puede, en medio de una crisis económica, sobrevivir a medio o corto plazo sin controlar zonas enteras como Navarra, Asturias, Madrid, País Vasco, Cataluña o Galicia, más allá de la represión, teniendo en cuenta que como dice E.P. Thompson: “Muy pocas veces en la historia –y en este caso sólo por intervalos cortos– una clase dominante ejerce la autoridad por medio de la fuerza militar, o incluso económica, directa y sin mediación”[97]. Fue la acción de esta conflictividad política y social la que consiguió marcar los márgenes por donde pasarían los futuros gobiernos de la transición, haciendo caer al primer gobierno de la monarquía y obligando a que el segundo, si es que quería sobrevivir, asumiera la agenda política de la oposición –empezando por el primer decreto de amnistía del 30 de julio de 1976 y incorporando la legalización de los partidos políticos, las elecciones libres y finalmente las constituyentes democráticas. Esto último permitió sobrevivir al personal político del régimen, pero el régimen en si murió. Lo que vino a pasar durante estos meses fue un empate técnico entre la oposición y la dictadura que marcaba el final de la última. Como afirma Gramsci:

“Cuando la fuerza progresiva A lucha con la fuerza regresiva B, no sólo puede ocurrir que A venza a B o viceversa; puede ocurrir también que no venza ninguna de las dos, que se debiliten recíprocamente y que una tercera fuerza C intervenga desde el exterior dominando a lo que resta de A y B (…). Puede existir un cesarismo progresista y uno regresivo; y el significado exacto de cada forma de cesarismo puede ser reconstruido, en última instancia, por medio de la historia concreta y no a través de un esquema sociológico. El cesarismo es progresista cuando su intervención ayuda a las fuerzas progresivas a triunfar aunque sea con ciertos compromisos y temperamentos limitativos de la victoria; es regresivo cuando su intervención ayuda a triunfar a las fuerzas regresivas, también en este caso con ciertos compromisos y limitaciones, las cuales, sin embargo, tienen un valor, una importancia y un significado diferente que en el caso anterior. (…) Se pueden dar soluciones cesaristas aun sin un Cesar, sin una gran personalidad “heroica” y representativa”[98].

De esta manera se tiene que entender el papel del segundo gobierno de la monarquía, que con un presidente venido de las mismas filas del régimen, y no precisamente de sus sectores reformistas, inició una política en sentido progresivo. La autonomía que mostró este gobierno, incluso en aspectos tan críticos como la legalización del PCE, tan sólo se puede entender a partir de una situación de empate técnico, que neutralizaba las fuerzas más reaccionarías, donde la agenda política era marcada por las gentes que ocupaban la calle. En este contexto la oposición y el régimen empezaron a actuar en un marco de preinstitucionalización democrática y el papel de la calle cambió de signo, pasando de ser el elemento principal para provocar la ruptura política, a un recurso de presión para avanzar la negociación indirecta con el régimen [99]. Es por eso que si bien las huelgas del primer semestre de 1976 consiguieron importantes victorias, las que se producen después de la formación del gobierno Suárez en el mismo año 1976, como la segunda huelga de la construcción de Navarra [100], la huelga del metal en Sabadell o las huelgas en Madrid [101], se perderán [102], en un contexto en el cual la patronal percibe, correctamente, que el gobierno ha ganado un espacio de legitimidad y los partidos y organizaciones antifranquistas han pasado a primer término la preocupación por saber quien llegará con mejores cartas a la democracia y la negociación con el gobierno, aunque ésta en un primer momento sea indirecta. Pero, en todo caso, éste ya es otro momento de la relación entre movimientos sociales y cambio político, un momento donde estos en su conformación pasan a ser más consecuencia que causa del cambio político, lo que nos importa retener aquí es que: contrariamente a lo que apuntan la mayoría de historias al uso, la transición tomó la forma que tomó gracias a las movilizaciones que imposibilitaron cualquier proyecto de continuidad del régimen y condicionaron los principales puntos de la agenda del cambio político; que este camino empezó mucho antes que el Rey o un joven llamado Suárez, camisa azul para más señas, supieran siquiera que iba a suceder algo parecido a la llegada a la democracia; que estos cambios tampoco tienen su fundamento único en el cambio económico y social generado en los años sesenta, sino en las gentes que interactuando con él decidieron actuar contra el franquismo y consiguieron establecer un modelo de lucha contra el régimen que les permitió pasar de la resistencia a una oposición que comenzaba a cosechar éxitos. Pequeños en sus inicios, pero que andando el tiempo fueron cruciales para la historia de nuestro país. En cierto sentido, el último ciclo huelguístico del franquismo, durante el primer semestre de 1976, cerraba finalmente las incógnitas cargadas de esperanza que había abierto la oleada huelguística de 1962.

[1] Su representante más destacado, desde una reflexión prolífica y fecunda, ha sido Santos Juliá. Su texto clásico sobre el tema: Juliá, S., Obreros y sacerdotes: cultura democrática y movimientos sociales de oposición, en Tusell, J., La oposición al régimen de Franco, Madrid, UNED, 1990. Para ver los problemas que le ha traído su interpretación, al dejar una puerta abierta por dónde se la han colado los que defienden el carácter democratizador del franquismo: Juliá, S., Un fascismo bajo palio en uniforme militar, EL PAÍS, 18 de julio de 1998. Problema que ha cerrado más congruentemente –negando el determinismo económico y apostando por la centralidad del lenguaje democrático como factor del cambio– en uno de sus últimos trabajos: VVAA, Franquismo, Madrid, Temas de Hoy, 2000, pp. 57 – 114

[2] Uno de los mejores análisis en este sentido: Fishman, R., Organización obrera y retorno de la democracia en España, Madrid, s. XXI-CIS, 1990.

[3] Esta tendencia que está bastante extendida y parece ser la moda a venir, ha tenido su encarnación con la interpretación de los movimientos a favor de la amnistía como máxima realización de los contenidos fundamentales de la transición. Parece ser que las campañas por la amnistía política se realizaban con el mismo ardor tanto para el preso político, como para el torturador de la politicosocial. Ver: Aguilar, P., La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en la transición a la democracia, en: Pérez Ledesma, M., Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Universidad, 1997, pp. 327 – 257; Laraña, E., La construcción de los movimientos sociales, Madrid, Alianza Universidad, 1999.

[4] Ver: Mainer, J.C., y Juliá, S., El aprendizaje de la libertad, 1973-1986, Alianza Ensayo, Madrid, 2000, especialmente, pp. 31 – 51.

[5] Balfour, S., La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), Ed. Alfons el Magnànim, Valencia, 1994.

[6] Molinero, C. y Ysàs, P., Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, s. XXI, 1998. O: Molinero, C. y Ysàs, P, Movimientos sociales y actitudes políticas en la crisis del franquismo, Historia Contemporánea, núm. 8, pp. 269-279.

[7] No incluiremos en este análisis al movimiento estudiantil. Aunque este fue básico para situar el problema de la reproducción de las elites políticas, sociales y económicas franquistas, y para el inicio de un nuevo ciclo de los movimientos sociales, tiene una cronología muy determinada bajo el franquismo. De hecho el movimiento estudiantil español, al igual que el iraní o el chino, toma importancia política debido a la falta de sujetos políticos y sociales que cuando se desarrollan lo resituan, en los setenta, en un ámbito muy secundario.

[8] Ver sobre la extraordinaria trayectoria de este editor: Forment, A., José Martínez: la epopeya de Ruedo Ibérico, Barcelona, Anagrama, 2000.

[9] No hay datos oficiales para 1962, de hecho no se empezaron a computar hasta 1963, por este motivo cualquier estimación es aproximativa y se tiene que basar en las fuentes de la propia oposición las cuales usualmente están sobrestimadas. Jordi Blanc (Manuel Castells), reproduciendo los datos de Nuestra Bandera (número 42-43, marzo abril de 1965), da un total de 659.360 obreros participantes en las huelgas de 1962. Carme Molinero y Pere Ysàs, reducen esta estimación y la sitúan entre 200.000 y 400.000 obreros participantes. Ver: Blanc, J., Las Huelgas en el movimiento obrero español, p, 274, Horizonte español 1966, Ediciones Ruedo Ibérico, 1966, pp. 249-274; Molinero, C. y Ysàs, P., Productores disciplinados…, p. 143. Para una argumentación en el sentido de que en 1962, contrariamente a lo sucedido en otros casos, los datos de la oposición no sólo no estaban sobrestimados sino que de hecho minusvaloraban la conflictividad real: Vega, R., y Serrano, B., El movimiento obrero en Gijón bajo el franquismo (1937-1962), Gijón, Ayuntamiento de Gijón, 1998, pp. 227 – 228.

[10] Claudín, F., Documentos de una divergencia comunista, Barcelona, Viejo Topo, 1978.

[11] Balfour, S., Conflicte social i mobilització política, p. 314, en: VVAA, Indústria i ciutat. Sabadell, 1800-1980, Barcelona, l’Abadia de Montserrat, pp. 307-326. El origen del concepto se puede encontrar en: Hobsbawn, E., Trabajadores. Estudios de la historia de la clase obrera, Barcelona, Crítica, 1979, pp. 16-35.

[12] ANC, Fons PSUC, caja 68. Informe del Comité Ejecutivo del PSUC al IV pleno del Comité Central del PSUC de enero de 1963, Hacia la preparación de la Huelga General Política, p. 36.

[13] Discurso reproducido en: ANC, Fons PSUC, Comité Local del PSUC, caja 230, En pie de ayuda de los mineros asturianos, 20 de agosto de 1963.

[14] ANC, Fons PSUC, Comité Local del PSUC, caja 230.

[15] ANC, Fons PSUC, Documentación del Comité Central, caja 37, Pleno ampliado del CC, noviembre de 1963.

[16] La clave, pero, de la formación de estos nuevos núcleos militantes, más que en la propia conflictividad obrera, la tenemos que buscar en la conformación de las nuevas comunidades obreras de los años cincuenta y sesenta que, producto de una emigración no debida exclusivamente a motivos económicos, conformaron redes de solidaridad internas opacas al control policial. De esta realidad emergió una nueva militancia política y social en un medio que permitía una acción política renovada desde las redes de confianza previas a la acción política. La relación fábrica-comunidad obrera es la mayor parte de las veces una de las claves explicativas de la aparición de estos nuevos núcleos de militancia obrera. El cambió en la militancia obrera de los años sesenta es un fenómeno más complejo de lo que el lugar común sobre el recambio generacional y la aparición de una militancia que no había vivido la Guerra Civil permite suponer. Desarrollar esta línea aquí desbordaría los limites de este artículo. Para ver un estudio sobre el carácter no meramente económico de los núcleos fundacionales de las nuevas comunidades obreras: Puig, A., De Pedro Martínez a Sabadell: l’emigració una realitat no exclusivament econòmica. 1920-1975, tesis doctoral, UAB, 1990. Para un estudio sobre las relaciones entre comunidad obrera, renovación de las prácticas políticas y conflictividad laboral: Domènech, X., Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell. (1966-1976), tesina, UAB, 2001.

[17] Hay que tener en cuenta que el modelo de comisión obrera es anterior, pero es en este momento cuando se difunde en las principales empresas del país y inicia una línea de continuidad que constituye la base de la organización de las comisiones obreras en los años sesenta. Para la historia de las CCOO, ver: Ruiz, D. (direc.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, s.XXI, 1993.

[18] El modelo de fábricas referentes estuvo bastante extendido durante el franquismo, sobre todo en los movimientos obreros que estaban fuertemente cohesionados a escala local. Casos como el de la Siemens en el Baix Llobregat, la CAF en el Gohierri, o la UH en Sabadell son ejemplos de los que estamos hablando, Ver: Garmendia, J.M., El movimiento obrero, el caso del Gohierri guipuzcoano, Estudios de Historia local, Bilbao, 1987; Botella, J., y Riera, I., El Baix Llobregat: 15 años de luchas obreras, Barcelona, Blume, 1976.

[19] Para ver el desarrollo de esté modelo en los tres ejemplos mencionados: Riera, I., y Botella, J., El Baix Llobregat. 15 años de luchas obreras, Barcelona, Blume, pp. 25-35; Palomero, D., Los trabajadores de ENASA durante el franquismo, Barcelona, Sírius, pp. 112-114; par el caso de la ODAG, ver: AHGCB, Informes laborales, 1967-1968, caja 274, Carpeta ODAG.

[20] Ruiz, D., Historia de Comisiones…. De hecho, un estudio comparativo, que sería de un extraordinario interés, aún no ha sido abordado. Para un precedente: Miguélez, F., Los orígenes del nuevo movimiento obrero en España. Algunas hipótesis de interpretación, en: González Portilla, M., Maluquer, J., y de Riquer, B., Industrialización y nacionalismo. Análisis comparativos, Barcelona, 1985.

[21] Aún no hay un estudio completo de las elecciones sindicales bajo el franquismo, ni siquiera sobre las del 1966. Para Cataluña se pueden ver los trabajos de: Estivill, J., y de la Hoz, J.M., La cultura política dels treballadors a Catalunya. Estudi de les eleccions sindicals (1944 – 1987), Barcelona, Magrana, 1988. Para las elecciones sindicales de 1966 en el caso catalán: Balfour, S., La dictadura, los trabajadores y la ciudad…, pp. 99 – 108.

[22] AHGCB, Informes laborales, caja 279, Nota Informativa, Sindicato del Metal: Convenio Metalúrgico de Sabadell, 25 de enero de 1967. El subrayado es mío.

[23] Todo este proceso se puede seguir en: AHGCB, Informes laborales, caja 270 y 279; AHGCB, CCOO, caja 121.

[24] Es evidente que hablamos de un modelo significativo y dominante para la conflictividad laboral de los sesenta y setenta. Lo cual no significa que este modelo fuera único, o que no sufriese retrocesos. Así, por ejemplo, para S. Balfour en sitios centrales para el movimiento obrero, como Barcelona, las fábricas referentes no tenían influencia en su comunidad circundante, argumento contestado parcialmente por las afirmaciones de Palomero. En otros casos el ritmo de la fábrica referente no se acoplaba con el resto, caso que se dio claramente, por ejemplo, en el conflicto salvaje de la SEAT de 1974 – 1975, perdido por la falta de solidaridad. De la misma manera, la huelga del petit metall de 1976 acabó fracasando al no contar con la participación de las fábricas referentes. Para la opinión de Balfour sobre el movimiento obrero de la ciudad de Barcelona: Balfour, S., La dictadura, los trabajadores…, p. 148; la afirmación de Palomero sobre que sí que se estableció una relación fábricas – comunidad obrera en el caso de la Segrera: Palomero, D., Los trabajadores de ENASA …, p. 131; sobre la huelga de SEAT: Miguélez, F., SEAT la Empresa modelo del régimen, Barcelona, Dopesa, 1977, p. 193; sobre la huelga del petit metall: AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista Teresa Buigues Poveda; también: Fabregàs, D., y Giménez, D., La huelga y la reforma: Sabadell, metal, otoño 1976, Madrid, 1977.

[25] La formación de las CCOO de Sabadell se puede seguir a partir de las entrevistas a Alvaro García Trabanca, Antoni Farrés Sabater, Francisco Morales, Ginés Fernández Pérez, Antonio González Merino y Antonio González González en: AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978); también en el documento-informe de las CCOO de Sabadell, en: AHGCB, Comisiones Obreras, 1968, caja 121, y: AHGCB, Informes laborales, caja 274, NI, DGGC, 22 de octubre de 1966.

[26] AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista a Ginés Fernández Pérez.

[27] AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista a Francisco Morales.

[28] AHGCB; Comisiones Obreras, caja 121, NI, DGGC, 19 de agosto de 1968, Informe de las Comisiones Obreras de Sabadell, julio de 1968.

[29] AHS, Entrevista Alvaro García Trabanca.

[30] AHGCB, Informes laborales, 1753-II, NI, JSPB, 23 de agosto de 1967.

[31] AHGCB, Comisiones Obreras 1968, caja 121, documento interno del 9 de enero de 1968; AHCONC, Fondo Albert Fina – Montserrat Avilés, Relación de detenidos de Sabadell, 1966;AHCONC, Expediente Ángel Rozas.

[32] AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevistas Sabadell; AHCONC, Fondo Francesc Casares, Expediente Sabadell, mayo de 1968; Díaz, J.A., Luchas internas en Comisiones Obreras de Barcelona 1964 – 1970, Barcelona, Bruguera, 1977, p. 30.

[33] García, C., El model de Terrassa, 1986, en: Cipriano García. Una lluita permanent pels drets dels treballadors, les llibertats nacionals i la democràcia. Miscel·lània d’homenatge i relació d’escrits (1970-1988), Fundació Cipriano García – AHCONC, 1995, pp. 79 – 91.

[34] Ruiz, D., Historia de Comisiones …, p. 121.

[35] AHCONC, Expediente Ángel Rozas.

[36] Como se puede ver en: VVAA, Debat. Comissions Obreres, 1968-1969: Repressió i crisi, Quaderns, núm. 1, 1981.

[37] Así, por ejemplo, en una caída de las COJ de abril – mayo de 1968 sólo 5 de los 16 detenidos eran obreros industriales, siendo la mayoría de procedencia estudiantil. Ver: AHGCB, CCOO, caja 121, NI, JSPB, 7 de mayo de 1968.

[38] El caso de la detención de una asistente social que había colaborado con el movimiento obrero de barrio implicó, por ejemplo, el compromiso político de una parte de la promoción de las asistentes sociales del Gremio de Fabricantes de Sabadell. Ver: AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista Remei Bona Puigvert.

[39] AHS, Fondo Municipal. Registros Policía Municipal; AHS, Fondo Municipal. Informaciones Clandestinas. AMH 4.3.1.; AHCONC, Fondo Albert Fina – Montserrat Avilés; AHGCB, CCOO, caja 121; AHGCB, ACR, caja 120.

[40] AHGCB, CCOO, caja 121, NI, JSPB, 7 de mayo de 1968.

[41] En un solo mes se podían recoger cantidades extraordinarias en esos tiempos. En el caso de Sabadell en noviembre de 1969 se llegaron a recoger 176.000 ptas para los presos. Ver: AHGCB, ACR, caja 120, documento de la comisión pro-pressos de Sabadell, 12 de diciembre de 1969.

[42] AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista Francisco Morante

[43] AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista, Teresa Buigas Poveda (Eneida). La traducción del catalán es mía.

[44] Sanz Oller, J., (José Antonio Díaz), Las Comisones Obreras de Barcelona. Entre el fraude y la esperanza, París, Ruedo Ibérico, 1972, 124 – 128.

[45] AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista Ángel Abad Silvestre. Esta experiencia es compartida por otros militantes entrevistados. Ver por ejemplo: AHCONC, Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista Ginés Fernández; Entrevista Antonio González Merino.

[46] Los estudios sobre la conflictividad en los sectores de servicios en el franquismo son un desierto más de nuestra historiografía. Para un estudio pionero: Ysàs, P. (coord.), Treball, treballadors i sindicalisme, Barcelona, Columna/CONC, 1998.

[47] Morán, G., Miseria y grandeza del PCE, 1939 – 1975, Barcelona, Planeta, 1986, p. 471.

[48] Boix, I., y Pujades, M., Vota la Candidatura Unitaria obrera y Democrática, Barcelona, Avance, 1975: Molinero, C., y Ysàs, P., Productores disciplinados…, pp. 248 – 258.

[49] Molinero, C., y Ysàs, P., Els industrials catalans durant el franquisme, Vic, Eumo, 1991, pp. 123-126.

[50] Balfour, La dictadura, los trabajadores…, p. 235.

[51] Esta recomposición de las estrategias empresariales entre se puede observar, por ejemplo, en: Centro Metalúrgico, Boletín de Información, números 1974 – 1976.

[52] Fishman, R., Organización obrera…, p. XIV.

[53] Hay pocos trabajos aún sobre el movimiento vecinal. Para el caso catalán existe el estudio clásico de: Alabart, A., Els barris de Barcelona i el moviment associatiu veïnal, Tesis, 2 vol., UB, 1981; También recientemente: Martínez, R., El moviment veïnal a l’àrea metropolitana de Barcelona durant el tardofranquisme i la transició: el cas de Sabadell (1966 – 1976), tesina, UPF, 1999.

[54] AHGCB, CCOO, Propaganda, 1968-1974, caja 302, Informaciones ODI, 15 de mayo de 1969.

[55] Martí, M., Franquisme i poder local: L’Ajuntament de Sabadell, 1939 – 1979, tesina, UAB, 1990, pp. 204 – 205.

[56] No hay prácticamente estudios sobre el papel de estas entidades en el proceso de maduración del antifranquismo. Para el caso del papel de los colegios de abogados se tienen que seguir las memorias o testimonios de época: Falcón, L., Memorias políticas (1959-1999), Barcelona, Planeta, 1999; VVAA, Albert Fina, Barcelona, Los libros de la factoría, 2001.

[57] Ver, por ejemplo: Roglan, J., El grup democràtic de periodistes (1966-1976), Barcelona, Diputació de Barcelona, 1992.

[58] Trenzado, M., Cultura de masas y cambio político: El cine español de la Transición, CIS-s.XXI, Madrid, 1999.

[59] Ver, por ejemplo, sobre el compromiso intelectual y sus formas de acción colectiva: Batista , A., i Playà, J., La gran conspiració. Crònica de l’Assemblea de Catalunya, Barcelona, Empúries, 1991, pp. 69 – 85; o la novela de Muñoz, J.M., La Gran Tancada, Barcelona, Columna, 1999.

[60] Morán, G., Miseria y grandeza…, p. 431.

[61] Carrillo, S., Libertad y socialismo, París, Éditions Sociales, 1971.

[62] Un relato de estas campañas y su significado, aunque estoy en profundo desacuerdo con su enfoque, en: Aguilar, P., La amnesia y la memoria…; Para una reflexión aguda sobre el significado político de la amnistía en la transición: Castells, M., Los procesos políticos, Madrid, Fundamentos, 1976. Más recientemente para el caso de Barcelona: Ballester, D., y Risques, M., Temps d’amnistia, Barcelona, Edicions 62, 2001.

[63] Aguilar, P., Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 263.

[64] Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista Ginés Fernández Pérez.

[65] Proyecto de Biografías obreras. Fuentes orales y militancia sindical (1939-1978), Entrevista Antoni Farrés Sabater. Traducido del catalán.

[66] AHS, Fons Municipal, Registres Policia Municipal, 29 de octubre de 1975.

[67] Fraga, M., En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta, 1977, p. 25.

[68] Tal como lo ha formulado Ucelay da Cal. Citado en: Casanovas, J., De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997, p. 14.

[69] Sobre esto último ver: Sánchez-Terán, S., De Franco a la Generalitat, Barcelona, Planeta, 1988, p. 30.

[70] Sánchez-Terán, S., De Franco…, . p. 42.

[71] Colomer, J.M., Assemblea de Catalunya, Barcelona, L’avenç, 1976, p. 86. Traducción del catalán.

[72] Fraga, M., En busca…, p. 25.

[73] Uría, Ll., La conquesta dels ajuntaments, p,. 177, a: VVAA, Memòria de Catalunya, Barcelona, Taurus, 1997, pp. 175-188.

[74] De hecho el descenso de la conflictividad que se había producido en 1975, a causa de los primeros efectos de la crisis económica y la represión de la dictadura, se rompe claramente no en 1976, sino ya en el mismo noviembre de 1975, en una onda que dura hasta mayo de 1976 cuando caerá el primer gobierno de la monarquía. Se produjo en esos momentos un cambio en la estructura de las oportunidades políticas que, más allá de la siempre señalada incidencia de la negociación colectiva que por si sola no explica nada, fue percibida correctamente por parte de los trabajadores como la oportunidad de desarrollar nuevos conflictos con éxito.

[75] Molinero, C., y Ysàs, P., Productores disciplinados…, 1998, pp. 120-124.

[76] Ruiz, D. (dir.), Historia de Comisiones Obreras…, p. 356.

[77] Ibid., p. 415.

[78] Ibarra, P., El movimiento obero en Vizcaya: 1967-1977, Bilbao, UPV, 1987, p. 522.

[79] Guindal, M., y Giménez, J.H., El libro negro de Vitoria, Madrid, ediciones 99, 1976, p. 104.

[80] Iriarte, J., Movimiento obrero en Navarra (1967-1977), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995, pp. 283-284.

[81] Ibarra, P., El movimiento obrero…, pp. 495-500.

[82] Iriarte, J., Movimiento obrero…, pp. 275-278.

[83] Ibid., p. 287.

[84] Ruiz, D., (direc.), Historia de Comisones…, pp. 179 – 182.

[85] Ibid., p. 284. I también: Gómez, J., y Santidrián, V.M., Historia de comisións obreriras de Galicia nos seus documentos, A Coruña, Edicios do Castro, 1996, pp. 309 – 387.

[86] VVAA, Madrid en huelga. Enero de 1976, Madrid Ayuso, 1976.

[87] Babiano, J., Emigrantes, cronómetros y huelgas, Madrid, s.XXI, 1995, p. 136. También para la conflictividad en Madrid: Soto, A. (direc.), Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical. Evolución socio-laboral de Madrid. 1939 – 1991, Madrid, Ediciones GPS – Madrid, 1994.

[88] Balfour, S., La dictadura, los trabajadores…, p. 234.

[89] VVAA, Memòria de Catalunya, Barcelona, Taurus, 1997, p. 43.

[90] En la extensión y radicalización de la conflictividad en esa coyuntura la construcción jugó un papel clave. Sector que tenia presencia incluso en los sitios donde el tejido industrial era muy débil, a causa de la crisis económica, la cual tenía un efecto más inmediato en este sector que en otros, se radicalizó en 1976, jugando un papel muy similar al de los trabajadores de la construcción durante la II República. Ver: Ruiz, D., y Babiano, J., (edit.), Los trabajadores de la construcción en el Madrid del s.XX, Madrid, Akal, 1994; también para el papel que jugaron para la extensión de la conflictividad en áreas relativamente alejadas de ella: Sánchez, F., Las Comisiones Obreras en Extramadura: tardía presencia y problemática consolidación (1969 – 1978), pp. 414 – 420, en: Ruiz, D. (direc.), Historia de Comisiones…, pp. 391 – 427.

[91] Vitoria-Gasteiz, De la huelga a la matanza, Ruedo Ibérico, 1976; Guinda, M., y Giménez, J.H., El libro negro de Vitoria, Madrid, Ediciones 99, 1976; Abásola, J.A., Vitoria 3 de marzo. Metamorfosis de una ciudad, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1987.

[92] Morales, R., La transició des de baix: la vaga de la construcció de Còrdova l’any 1976, L’AVENÇ, número 207, 1996, pp. 8 – 13.

[93] Morales, R., Transición política y conflicto social. La huelga en la construcción de Córdoba en 1976, Córdoba, Ediciones de La Posada, 1999.

[94] Riera, I., y Botella, J. , El Baix Llobregat…

[95] Esta huelga ha generado una amplia bibliografía. Específicamente: Balfour, S., La dictadura, los trabajadores…, pp. 237-245; Balfour, S., Conflicte social…, pp. 307 – 326.; Giménez, D., Sabadell: el pueblo unido…, Barcelona, Casals Editor, 1976; Vinader, X., y Benaul, J.M., 1976. Una semana de Huelga General Política, inédito, 1976.

[96] En el caso de Guipúzcoa la diferenciación entre acciones laborales y políticas había cobrado la suficiente entidad como para que esta coordinadora se estableciese exclusivamente para movilizaciones políticas contra el régimen. Ver: Ibarra, P., El movimiento obrero…, p. 494.

[97] Thompson, E.P., Agenda para una historia radical, Barcelona, Crítica, 2.000, p. 26.

[98] Gramsci, A., Notas sobre maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Madrid, Ediciones Nueva Visión, 1980, p. 71.

[99] Así, por ejemplo, el principal partido de la oposición antifranquista ante la huelga del metal de setiembre-octubre de 1976 de Sabadell, pide que no se diluyan las fuerzas en conflictos intensos y extensos en el tiempo y que se guarden para acciones puntuales, como la huelga general convocada en noviembre de 1976. Consejo que difícilmente se hubiera dado en el primer semestre de 1976. Ver: AHS, Fons Municipal. Informacions clandestines, AMH 4.3.1., D. 19 – 62, Declaración del PSUC sobre la huelga del metal, octubre de 1976.

[100] Iriarte, J., Movimiento obrero…, p. 295.

[101] Babiano, J., Emigrantes, cronómetros…, 325 – 326.

[102] Nota aparte será la conflictividad que se mantendrá en el País Vasco, donde las grandes movilizaciones por la amnistía se realizaron en setiembre de 1976. Pero esto tiene su explicación en las peculiares condiciones en las que se dio la transición en el País Vasco. Ver: Ugarte, J., (ed.), La transición en el País Vasco y España, Bilbao, UPV, 1998.

Xavier Domènech Sampere

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