Referéndum cantado

( setiembre de 2004)

No hay ningún motivo para concluir que merced a la Constitución de la Unión Europea -que según todos los indicios será sometida a referéndum en febrero o marzo- va a cobrar cuerpo entre nosotros una discusión franca y abierta sobre muchos problemas. Para bajarle los humos a una pretensión tan optimista nada mejor que echar una ojeada a lo que, con mucha probabilidad, y desde la atalaya del verano de 2004, ocurrirá en los meses venideros.

Por lo que sabemos, y no parece que se vaya a hacer valer ninguna sorpresa al respecto, las dos principales fuerzas políticas españolas de ámbito estatal -el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular- reclamarán el sí a la Constitución, y otro tanto harán los dos sindicatos mayoritarios -Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores-, o al menos sus cúpulas dirigentes. En tales condiciones lo esperable es que se imponga un irrefrenable rodillo y se articule, a su amparo, una formidable maquinaria de propaganda.

El peso de la maquinaria mencionada es lógico que sea muy notable por cuanto el único temor que parece llamado a atenazar a nuestros gobernantes -los de ahora y los de hace bien poco- es el de una baja participación que al cabo cancele muchos de los pretendidamente saludables efectos de la ratificación en referéndum: aunque este último puede contribuir a reforzar la idea de que hay un demos, un pueblo, detrás de la Constitución, una baja participación, francamente probable, por lo demás, a la luz de lo ocurrido con ocasión de las elecciones al Parlamento de la UE celebradas en junio, moverá el carro en sentido contrario.

Por si lo anterior no fuese suficiente, es lícito albergar dudas en lo que se refiere a la posición que, en el malhadado referéndum, defenderán fuerzas políticas de menor relieve. Aunque el impulso inicial de la izquierda resistente y de buena parte de las formaciones nacionalistas de la periferia lo es en provecho del no, ya se han escuchado voces que han salido en defensa de fórmulas más moderadas, y entre ellas el voto en blanco, la abstención y el inefable sí crítico. Por lo que parece, sigue pesando mucho la idea de que no es saludable plantar cara con radicalidad a ninguno de los elementos articuladores de la Unión Europea del momento, tanto más en un escenario, el nuestro, en el que sigue campando por sus respetos un incontestado europeísmo que tradicionalmente se blande frente al aislacionismo que impregnó buena parte del pasado más o menos reciente.

Así las cosas, es harto improbable que entre nosotros se hagan valer posiciones como la que defiende el dirigente socialista francés Laurent Fabius, por lo que cuentan nada encandilado por la Constitución en ciernes, y es improbable, también, que prospere el criterio, presuntamente hostil a ésta, que parece postular el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Este último, en posición psicológica precaria, se muestra distante de una Constitución en la que –se diga lo que se diga- se han introducido cambios menores, en lo relativo a los acuerdos alcanzados en Niza en 2000, en materia de votos y vetos en el marco de la Comisión Europea. La liviandad de la pataleta de Aznar, firme partidario de situar a España en el club de los países más ricos del globo, sin renunciar -eso sí- al cobro de los Fondos Estructurales y de Cohesión, se revela de la mano de un olvido significado: el de que, conforme a lo acordado en Niza, un ciudadano español contaba, en términos de decisiones en el marco de la UE, casi con el mismo peso que tres ciudadanos germanos.

La disputa por vetos y votos a la que acabamos de referirnos anuncia, una vez más, y en fin, que las discusiones importantes en lo que se refiere a la naturaleza de la Unión Europea de principios del siglo XXI le serán hurtadas a la ciudadanía. No deja de ser significativo, sin ir más lejos, que fuerzas políticas de corte aparentemente dispar se empecinen en preservar cuotas de poder para sus Estados, y desdeñen en paralelo la conveniencia de apuntalar, hasta donde sea posible, sus opciones ideológicas. Pareciera como si para muchos pesase más la perspectiva de que España, Francia o Italia conserven determinados votos o escaños que la posibilidad de que la opción ideológica propia -conservadora, socialista o la que fuere- disfrute de activos reales de decisión en las diferentes instituciones europeas.

En tales condiciones, y sin ninguna ilusión con respecto a un referéndum de resultado cantado y aliento menor, bueno será que peleemos para que, al amparo de aquél, se abra camino una discusión franca en la que se hable, y en serio, de atávicos déficits democráticos, derechos sociales en retroceso y políticas exteriores que muestran cotidianamente su escaso compromiso con la causa de la justicia, de la paz y de la solidaridad. Para que queden atrás, en fin, tantos años de silencio e indiferencia ante la Unión Europea.