El programa real
Joaquín Arriola
La Insignia. España, agosto del 2006
Pero hay un profundo abismo entre el rico y el obrero no comparten gallinero el zorro y la comadreja.
Si los muertos no se quejan, por algo es que se murieron. -Alfredo Zitarrosa-
En lo que llevamos de año se han producido en España tres reformas supuestamente de gran calado: la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones. Todas ellas tienen un contenido común: se han hecho para aumentar el margen de beneficios neto de las empresas. Mediante la reforma laboral, se ha reducido el coste de contratación y el coste de despido de la mano de obra; mediante la reforma fiscal, se ha reducido el tipo del impuesto de sociedades, que pasa de ser uno de los más elevados de la Unión Europea a ser uno de los más reducidos. Mediante la reforma del sistema de pensiones, se endurecen las condiciones de acceso al sistema de prestaciones, y se compensa con un tiempo más largo de cotización por parte de los trabajadores la reducción de la recaudación fiscal procedente de los beneficios.
Todo esto más o menos lo intuye el personal, que una vez más, y como consecuencia de su bajo umbral para soportar el dolor de pensar, mira hacia otro lado, para evitar afrontar la realidad. Pero como los lectores de La Insignia son los dignos sucesores de los de la extinta revista La Codorniz («la revista más audaz, para el lector más inteligente»), aquí vamos a indagar en el texto y el contexto de estas medidas, para concluir que estamos ante el programa real de gobierno del PSOE. Un programa saludado con entusiasmo por la CEOE y con indiferencia y desconocimiento por parte de los sindicatos y de los trabajadores en general.
Los orígenes
Todas y cada una de las reformas llevadas a cabo en este año, en su orientación general y en sus principales contenidos, coinciden ciertamente con las propuestas de la patronal CEOE, pero más aun, con el texto del Programa Nacional de Reformas (PNR), que como señala el gobierno en la presentación «constituye la referencia fundamental de la política económica del Gobierno a medio plazo.»
Vayamos por partes: como se sabe, el PSOE llegó al gobierno central del Estado en unas circunstancias imprevistas; por lo tanto, sin una idea clara de cuál tenía que ser la acción de gobierno. Tras año y medio de gestión, ha podido articular un programa de política económica, de la mano de la Unión Europea y su propuesta de reformas, para hacer efectiva la Agenda de Lisboa. Esta fue la constatación llevada a cabo por los jefes de gobierno de la UE, en el año 2000, de que la Unión Europea estaba inmersa en un proceso de competencia feroz con Estados Unidos. La Agenda pretendía mejorar la posición competitiva de la UE, superando a EEUU en el terreno estratégico de la tecnología y el conocimiento, logrando por este medio mayores tasas de crecimiento económico y de creación de empleo.
Al margen de la más que dudosa relación que pueda haber entre el crecimiento del empleo y la inversión en tecnología, la constatación evidente de la rivalidad entre las dos potencias del Atlántico norte no se tradujo sin embargo en un programa de actuaciones coherente, y la Agenda de Lisboa fracasó en su objetivo de convertir a Europa occidental en el líder del conocimiento mundial, en medio de un estancamiento económico en los principales países de la Unión, en particular Alemania. En lugar de sacar la consecuencia lógica -pero políticamente incompatible con la estrategia el gran capital- de que el crecimiento económico acelerado y la restricción fiscal son incompatibles en un contexto de elevado desempleo, o dicho de otro modo, que en el terreno de la política económica el fracaso deriva del Pacto de Estabilidad comunitario, los gobiernos decidieron revisar la Agenda de Lisboa en 2003 y lanzar dos años después una Agenda de Lisboa renovada, que consiste esencialmente en darle una nueva vuelta de tuerca a la lógica neoliberal, y promover mayor desregulación y precariedad laboral, reducción del papel de lo público en el proceso de acumulación y reorientación de los magros recursos comunitarios, desde la producción material (agrícola) hacia la producción inmaterial (I+D). Y es en este carro que el gobierno español decide enganchar su carreta de medidas de política económica.
Primera constatación por tanto: la dependencia intelectual del gobierno se concreta en que su programa económico es la consecuencia de trasladar al contexto nacional las directrices de la Comisión Europea. Se podría argumentar que puesto que España es miembro de la UE, es corresponsable de dichas directrices, negando así la tesis de la dependencia orgánica. Sin embargo, la capacidad de influencia de España en la UE es directamente proporcional al peso de las multinacionales españolas, por tanto muy reducido, y en consecuencia, las nuevas orientaciones estratégicas de la comunidad derivan del enfrentamiento y pacto de intereses entre los principales representantes del capital europeo (Gran Bretaña, Francia, Alemania y Holanda).
El diagnóstico
El PNR se estructura en cuatro partes: diagnóstico, objetivos, medidas y evaluación y seguimiento, y se inicia con una declaración de fe: «el gobierno comparte plenamente la nueva concentración de objetivos de la Estrategia de Lisboa. ¿Qué persigue la Estrategia de Lisboa? Aumentar las tasas de crecimiento y crear más empleo. Para ello, se plantea el siguiente conjunto de «acciones clave» (en «Acciones comunes para el crecimiento y el empleo: el programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa», Bruselas, 20.7.2005 COM(2005) 330 final, p.4):
«- el fomento del conocimiento y la innovación en Europa,
– la reforma de la política de ayudas estatales,
– la mejora y simplificación del marco reglamentario en el que operan las empresas,
– la plena realización del mercado interior de servicios,
– la conclusión de un acuerdo ambicioso en el marco de la ronda de Doha,
– la supresión de los obstáculos a la movilidad en el sector de los transportes,
– movilidad laboral y académica,
– el desarrollo de un enfoque común de la migración económica,
– el apoyo a los esfuerzos para abordar las consecuencias sociales de la reestructuración económica.»
Estas medidas están redactadas en la jerga tecnocrática al uso. Dicho con palabras más normales y precisas, significan que la UE pretende lograr tasas de crecimiento económico del 3-4% al año, y crear 18,9 millones de empleos (resultado de pasar en la UE25 de la tasa de ocupación actual del 63,8% al objetivo del 70% en 2010), mediante:
– un aumento en la inversión pública en I+D, especialmente en forma de ayudas a las empresas,
– la reducción de otras formas de ayudas públicas y de la burocracia,
– la implantación de la directiva Bolkestein de liberalización de servicios,
– reduciendo las barreras a la importación (de productos europeos) en el tercer mundo y en Japón,
– moviendo a los profesores de universidad por Europa,
– sustituyendo camioneros españoles, británicos y franceses por polacos,
– controlando un poco más la inmigración.
– y con algunas transferencias menores desde el estado hacia los perjudicados por la globalización para controlar su malestar.
Y con este programa inane, el gobierno del PSOE está de acuerdo. Pero no solo eso, sino que constituye el faro y guía de su programa de gobierno. El programa comienza señalando que la economía española crece y crea empleos a una tasa superior a la media de la UE. Pero -y este sería según el PNR el gran problema de la economía española-, la «productividad» evoluciona peor que en el conjunto de la UE.
El diagnóstico estima que esta evolución se debe al «inesperado fenómeno emigratorio» que ha provocado el incremento demográfico más intenso del último siglo: «Según los datos del INE, desde 1900 a 2000, el máximo crecimiento entre dos censos se había alcanzado en el periodo 1960-1970, con un crecimiento interanual promedio del 1%. Sin embargo, a partir de 2000, todos los años la tasa de aumento de la población ha superado ese 1%, alcanzando en el año 2003 un máximo del 2,1%.» (PNR, p.14). Como esa población es mayoritariamente fuerza de trabajo, el PSOE deriva que la inmigración es la causa más importante del crecimiento económico: «En lo que se refiere a la convergencia real, el crecimiento de la población asociado al fenómeno inmigratorio (…) eleva el PIB y la renta nacional». (PNR, p.16).
El problema de la economía española, según el PSOE, es que el aumento de la ocupación vinculado a la inmigración se traduce en un uso extensivo de la fuerza de trabajo, que no se traduce en un aumento de la productividad, sino en todo lo contrario: al «percibir unos salarios inferiores a los de los trabajadores nacionales, abaratando el coste relativo del trabajo e induciendo la sustitución de capital.» (PNR, p.23). De modo que, según el PSOE, los inmigrantes, -que como sabemos se concentran en la agricultura, construcción y servicio doméstico-, serían responsables de que sus patronos compren menos tractores, menos encofradoras y menos lavadoras, y a causa de eso, la relación capital-trabajo estaría disminuyendo en España, y la productividad no mejoraría.
El absurdo diagnóstico les lleva al final a afirmar que el efecto de la inmigración sobre la productividad es en realidad ambiguo porque, por otro lado, como la fuerza de trabajo inmigrante es «más flexible» que la doméstica, favorece la adopción de nuevas tecnologías -es decir, el uso de capital-, «elevando la productividad de los factores y, por lo tanto, la productividad» (PNR, p.23). O sea, que ya lo saben: la inmigración produce, al mismo tiempo, un aumento y una disminución en la composición técnica de la producción, eleva la productividad al mismo tiempo que la reduce. En este vaivén, no se sabe si la productividad finalmente sube, baja o se da vuelta de cabeza; lo único que está claro es que se reducen los salarios relativos de los trabajadores inmigrantes.
Este diagnóstico no sólo se da de patadas con los datos estadísticos, que muestran un importante crecimiento de la composición orgánica del capital en la industria (vale decir, de la relación capital-trabajo), sino que además refleja las dificultades de los ideólogos del gobierno para definir que es eso de la «productividad del trabajo» que en otro momento definen como «la eficiencia con que se utiliza ese factor productivo» (PNR, p.18).
La productividad tiene un sentido real cuando se refiere a la relación en el tiempo entre el esfuerzo (unidades de trabajo) y el producto en volumen (unidades de mercancía). La productividad aumenta si dedicando el mismo esfuerzo, se obtiene un volumen mayor de producto. El capitalismo es un sistema que se caracteriza por generar un permanente aumento de la productividad, constatable históricamente. El problema aparece cuando se quiere «medir» la evolución de la productividad, porque las estadísticas capitalistas recogen la producción medida por su valor-precio, no por su volumen. La evolución de la productividad física del trabajo es una relación simple en el tiempo entre las horas empleadas (denominador) en generar un determinado volumen de producto (numerador) en dos momentos distintos (por ejemplo dos años). Pero al querer calcular dicha variación en términos monetarios, la cosa se complica, porque el valor-precio de las mercancías (numerador) va a variar dependiendo del salario que se pague a la fuerza de trabajo (denominador). Por ejemplo, un camarero en Berlín y otro en Madrid son capaces de servir 100 cervezas en una hora, y en ambos bares la cerveza tiene el mismo precio de venta al público. Ambos trabajan las mismas horas al mes. Pero el de Berlín cobra 2.000 euros mensuales, y el madrileño solo 1.000. Por lo tanto, la contribución al valor añadido (numerador de la productividad en valor) del primero será el doble que la del segundo. Si el madrileño aumenta su productividad sirviendo 150 cervezas por hora, el dueño del bar le modifica el contrato por uno a tiempo parcial, de ¾ de tiempo, y le baja el salario a 800 euros. En ese caso, su contribución a la productividad en valor-precio de la economía española habrá descendido.
Los salarios en España, gracias a los esfuerzos sindicales, están estancados desde hace varios años. Y en algunos sectores están descendiendo, por el aumento de la oferta de fuerza de trabajo inmigrante. El resultado es que el aumento del valor añadido crece más despacio que el empleo, y la productividad-precio global de la economía española deja de crecer, por muchos ladrillos que pongan los obreros de la construcción en un día, o por mucho que aumente el ritmo de trabajo en la cadena de montaje de la Volkswagen de Pamplona.
El concepto de productividad que se maneja usualmente es aun más disparatado cuando se quiere demostrar que el «factor capital» contribuye también al aumento de la productividad. Ese factor no es otra cosa que las máquinas, y como sabe cualquiera que haya trabajado con un martillo o con una máquina de coser, mientras se trabaja con la misma máquina, el aumento en el volumen de producción deriva exclusivamente del cambio en los ritmos de trabajo. Las máquinas lo único que pueden hacer es permitir trabajar con más intensidad y rapidez a la fuerza de trabajo para generar más producción en menos tiempo. Solamente cuando se cambian las máquinas, se puede decir con cierto sentido que la nueva maquinaria mejora la productividad del trabajo sin aumentar el esfuerzo o gasto de tiempo de trabajo directo. Sin embargo, para calcular la contribución del capital, se utiliza de nuevo un indicador estadístico que mide la inversión bruta en capital fijo. Esta inversión no es solo en maquinaria, sino también en infraestructura, edificaciones etc., que solo muy tangencialmente puede afirmarse que aumentan la productividad inmediata. Y tampoco mide la maquinaria nueva, sino también la reposición de maquinaria desgastada. En fin; lejos de ser una aproximación, la denominada «productividad total de los factores» es una forma de esconder el hecho de que solo la contribución del trabajo, el esfuerzo de los hombre en el proceso de producción, mejora la productividad real.
Pretender por tanto que la remuneración de los trabajadores dependa de algo tan ambiguo como la productividad, es una invitación a limitar aun más la capacidad de maniobra del colectivo laboral sobre su participación en la distribución del valor añadido, otorgando mayor poder discrecional al capital -al de verdad, no a las máquinas- en el reparto de la tarta. Que sea esta una de las propuestas estrella del Programa Nacional de Reformas, nos dice más del color del cristal con el que miran los economistas del PSOE que de su capacidad analítica o teórica.
El diagnóstico del PNR sale del empantanamiento en que le ha sumido su análisis de la productividad para sobrevolar la realidad del boom inmobiliario, vinculándolo a la demanda de las familias como consecuencia de los mayores ingreso debidos al aumento del empleo y la reducción de los tipos de interés, para decir que «no está claro» que haya un proceso especulativo en el sector de la vivienda.
El déficit del comercio exterior refleja el deterioro de la actividad industrial española. En 2005 España solamente fue superavitaria (exportó más de lo que importó) en frutas y verduras, bebidas, carne, grasas y aceites, productos cerámicos, cal, neumáticos, colorantes, material de transporte ferroviario y automóviles, tejidos y calzado. En todo lo demás, la industria española ha sido incapaz de abastecer el mercado interior. El único sector con superávit es el de alimentos, aunque este fue de 1.417,5 millones de euros en 2004, y tan solo de 360,8 millones en 2005 (datos de la Secretaria de Estado de turismo y comercio). Sin embargo, en el Programa se le resta importancia a esta situación, señalando que en el actual contexto de la UEM, nuestro déficit exterior no tiene problemas de financiación y no se traducirá en ajustes bruscos como en el pasado.» (PNR, p.28) y que por otro lado «la competitividad no se ha deteriorado significativamente» (PNR, p. 29). Es significativo que el análisis que realiza el gobierno del déficit comercial es meramente monetario: la moneda de pago, los términos de intercambio o los niveles relativos de inflación para medir la evolución de la denominada «competitividad». Pocos ejemplos tan claros del enfoque reduccionista de la economía neoliberal, incapaz de entender los condicionamientos históricos, sociales y estructurales de los procesos económicos, en este caso el comercio exterior.
El diagnóstico inmobiliario y comercial da pie para volver al ataque: si el comercio exterior no chuta, es por culpa del «insuficiente avance de la productividad» (PNR, p.31). Y de esta afirmación, solo hay un paso a argumentar que la productividad es la clave para conseguir la convergencia real con la UE -es decir, al convergencia en nivel de renta por habitante-, y cuyo aumento parece depender según el gobierno (PNR, pp.34-45) de:
a) invertir en infraestructuras;
b) desarrollar la formación continua;
c) Invertir en I+D+i;
d) Reducir aun más la «protección del empleo» y vincular los aumentos de salarios… a la productividad;
e) Lograr que los jóvenes creen más empresas;
f) Cumplir los objetivos de Kioto.
En opinión del PSOE y de su gobierno, la productividad aumentará si se desregula más el mercado de trabajo, y si la evolución de los salarios pasan a depender precisamente de la productividad, en una relación causal que como se ha señalado no tiene ni pies ni cabeza.
Por otro lado, el programa no saca la consecuencias obvias de la propia información que maneja; por ejemplo, con los datos que se aporta, se ve con claridad que la reducción en las infraestructuras per capita respecto a la UE obedece ¡a la caída de la inversión pública! Pero reconocer esta conclusión pondría en cuestión el dogma neoliberal que ya se había respetado al señalar que la aplicación del programa no supondría ningún incremento del peso en el sector público en la economía (PNR p.12).
En fin, no vamos a detenernos más es este alucinado diagnóstico. Pero es preocupante que las organizaciones sindicales, que por lo visto tuvieron conocimiento del borrador del programa, no hayan sido capaces de realizar ninguna crítica de fondo al mismo, ni general ni puntual, en un claro síntoma de descomposición de la praxis de las cúpulas dirigentes del movimiento sindical, y por extensión, del movimiento obrero español.
Las actuaciones
Los objetivos económicos «prioritarios» del gobierno son obtener un nivel de PIB por habitante similar a la media de la UE25, y lograr que dos tercios de la población en edad de trabajar se encuentre ocupada. Dos objetivos de corto alcance, pues hay que recordar que el paso de la UE15 a la UE25 supuso la llegada de 10 con un nivel de renta por habitante muy inferior al español, lo cual hace bajar la media significativamente, pues España tiene en 2006 una renta por habitante equivalente al 91% de la media de la UE25, pero solo llega al 84% de la media en la UE12 (datos de Eurostat). En cuanto al objetivo del empleo, la llegada de inmigrantes, casi todos en edad de trabajar, ha hecho que desde 2003 la tasa de empleo se eleve medio punto al año, llegando al 63,5% en 2005, con lo cual el objetivo del 66% se alcanzará incluso antes de la fecha prevista, a poco que aumente la oferta de empleo a inmigrantes.
El resto de objetivos, son una combinación de medidas de ajuste neoliberal, un programa moderado de obras públicas y la trasposición de recomendaciones de a Comisión Europea al contexto español. Pero el gobierno considera que estos son los objetivos adecuados para lograr los considerados prioritarios, ya que «inciden en el aumento de la productividad y del empleo» (PNR p.48).
El problema con este conjunto de objetivos no es que sean «insuficientes», como suelen decir los análisis críticos oficiales, sino que son erróneos y reflejan la mentalidad neoliberal predominante en el gobierno de Zapatero, y no solamente en el Ministerio de Economía y Hacienda, por cierto.Esto en cuanto a los objetivos cuantificados, porque otros dos, «mejorar la posición española en relación con los indicadores de competencia» y «reducir la siniestralidad laboral, medida como índice de incidencia (por cada 100.000 afiliados a la SS)» son un brindis al sol, incorporados sin numerar y probablemente como expresión de la «aportación» de los agentes sociales a este programa.
Sirva como ejemplo los objetivos de empleo. Continuamente los gobiernos hablan de aumentar la tasa de ocupación de tal o cual colectivo, o de la población en general. Conviene recordar que la única política pública que garantiza un aumento del empleo es la contratación por parte del sector público. Como esto no entra dentro de los cálculos del gobierno, y recordando que en una economía capitalista, la decisión privada de contratar depende fundamentalmente de la rentabilidad esperada de las inversiones potenciales, lo que va a hacer el gobierno para mejorar la tasa de empleo de mujeres y de jóvenes es de esperar: una nueva reducción de cotizaciones sociales, un nuevo aumento de las subvenciones directas, para que los empresarios contraten personas de esos colectivos. Pero estas medidas solo Por lo tanto, un efecto de sustitución de empleo por prestaciones.
Por otro lado, los objetivos que implican incremento del gasto, esto es las inversiones en infraestructuras y en investigación, no se ven acompañadas de medidas para incrementar los ingresos. Si tenemos en cuenta además que el gobierno persiste en la política de reducción del déficit, ya puede suponerse el lector de donde van a venir los recursos para estas funciones de gasto prioritarias: de las partidas que no aparece como prioritarias en el programa. Como es fácil deducir a costa de quiénes se va a financiar el programa económico del gobierno, me abstengo de proseguir con el caso.
La parte más extensa del programa se dedica a especificar los instrumentos para alcanzar dichos objetivos específicos, que se articulan en torno a siete ejes, los cuales reflejan no tanto lo que serían las actuaciones más adecuadas para que crezca la economía y el empleo, sino más bien el peso relativo de los diversos ministros y ministerios. Los siete ejes del programa pivotan respectivamente sobre siete ministerios:
-Economía (Eje 1. Refuerzo de la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria).
-Fomento y (Eje 2. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT);
-Educación (Eje 3. Aumento y mejora del capital humano);
-Industria (Eje 4. La estrategia de I+D+i (INGENIO 2010)),
-Administración Pública y Economía (Eje 5. Más Competencia, Mejor Regulación, Eficiencia de las Administraciones Públicas y Competitividad),
-Trabajo y Asuntos Sociales (Eje 6. Mercado de Trabajo y Diálogo Social)
-y de nuevo Industria (Eje 7. El Plan de Fomento Empresarial).
Agricultura y Vivienda, dos ministerios de fuerte contenido económico, quedan al margen del PNR, revelando el escaso peso político de las respectivas ministras (y Comunidades Autónomas: hay que tener en cuenta que la composición del gobierno español refleja la nueva orientación cuotista de la política local: hay cuotas de mujeres, como hay cuotas de reinos de taifas o comunidades autónomas. A este paso, no sería de extrañar la asignación de cuotas por orientación sexual -otro de los temas estrella de la política nacional- o por sistemas de creencias, que algo de ello se empieza a vislumbrar). El medio ambiente, colado de rondón en el eje 2 -programa AGUA- es otro de los aspectos estructurales del crecimiento económico ignorados en el programa neoliberal del gobierno.
Un repaso a las medidas incorporadas en los distintos ejes permite sintetizar las actuaciones propuestas como sigue:
El punto de partida es la afirmación siguiente: «La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para alcanzar un crecimiento económico sostenible y mejorar así el bienestar social.» (PNR p.56). Puede ser discutible, pero hay razones técnicas para aceptar esta afirmación. Pero hay dos enfoques irreconciliables del asunto, los contenidos de la «macroeconomía» son objeto de disputa política. Desde la perspectiva de la mayoría de la población que vive de un salario o una pensión, los equilibrios macroeconómicos básicos son los que relacionan el ingreso salarial y por transferencias sociales y la capacidad de consumo, y en términos reales, el equilibrio entre la capacidad de trabajo potencial de la sociedad y el empleo efectivo. Para el gobierno del PSOE, para el Partido Popular, para la Comisión Europea, para el FMI y para todos los que piensan en la economía desde los intereses de la acumulación capitalista, la macroeconomía se reduce a los equilibrios en el sistema de precios (inflación) y en las cuentas publicas.
Ya señalamos que el desequilibrio exterior no es preocupación prioritaria del gobierno. Pero lo que resulta excesivo es que a continuación de la frase entrecomillada anterior, el PNR reduzca la «estabilidad macroeconómica» al equilibrio presupuestario.
No contentos con esta lógica monoequilibrista, a continuación se sienta otro axioma: «La estabilidad presupuestaria debe conseguirse sin elevar de forma permanente la presión fiscal.» (PNR p. 56). Debe hacerse notar que esta afirmación no se corresponde con ninguna conclusión de la teoría económica. Es más, lo que está ocurriendo en España en los últimos años es precisamente lo contrario, una reducción permanente de la presión fiscal. Y si hay una correlación difícilmente refutable, es la que relaciona los mayores niveles de bienestar bajo el capitalismo con niveles de gasto público superiores al 40% del PIB, nivel que se encuentra un 5% por encima del nivel español, y si tomamos en cuenta la economía sumergida, que las estimaciones más conservadoras cifran en un 20% del PIB, el nivel de recaudación fiscal efectivo no alcanza ni un tercio del PIB español real.
En fin: si echamos un vistazo a las medidas propuestas, aparte de apuntarse a la «doctrina Prodi» que afirma que el respeto a las reglas de la convergencia monetarista hay que medirlo a lo largo del ciclo económico, y no año por año, y de las conocidas porpouesats de desfiscalización de los beneficios y las rentas altas (reducción de tipos y de tramos), la demás medidas se orientan a satisfacer las exigencias del territorio donde se deciden las principales alianzas políticas del PSOE (Cataluña), en materia de reforma de la financiación de las comunidades autónomas:
-Garantía de que los esfuerzos fiscales adicionales de las CC.AA. se destinen a financiar servicios en la CC.AA. correspondiente.
-Mayor asociación de la evolución de los recursos a la de la población.
-Refuerzo de la presencia de las CC.AA. en las instituciones para favorecer conjuntamente la autonomía financiera de las distintas Administraciones y la gestión eficiente de los recursos tributarios de ámbito estatal.
Y por supuesto, acorde con el objetivo de «reorientación del gasto público hacia el gasto productivo», el programa no se olvida de los trabajadores y del esfuerzo especial que se les va a pedir para financiar tan maravilloso plan: un apartado dedicado a reducir las prestaciones sociales, con medidas -ya aplicadas en la reforma del sistema de pensiones- tan «progresistas» como reducir el número de viudas con derecho a pensión y el número de ciudadanos con derecho a cobrar las pensiones mínimas. Y como el esfuerzo es poco, ya nos anuncian la que será la reforma del próximo curso: la «racionalización» del gasto sanitario que va a consistir en reducir las prestaciones farmacéuticas, los servicios médicos tecnológicos (diagnósticos y terapias) y un aumento de la productividad de los empleados del sistema nacional de salud («incentivos a los profesionales sanitarios» lo denominan, PNR p.64).
En materia de inversiones en infraestructuras, pocas novedades: del 1,5% del PIB que se piensa dedicar a infraestructuras de transporte entre 2005-2020 el 48% irá al ferrocarril. Sin embargo, el elevado coste de las líneas de alta velocidad absorbe casi todos los recursos, en consecuencia, no parece que se vaya a producir un cambio cualitativo en las modalidades de trasporte en España. Basta comparar los huecos del mapa de ferrocarriles con la estrecha malla del mapa de carreteras nacionales que ha planificado el gobierno. Probablemente los estrategas gubernamentales estén pensando en el efecto sustitución que puede suponer el plan de infraestructuras respecto a la construcción de viviendas, en el «modelo de crecimiento cementero» implantado en España. Que todo apunta va a seguir por muchos años.
En todo caso, hay que resaltar el sistema de financiación previsto, que supone recaudar el 40% del gasto previsto mediante el aumento de las tasas y tarifas, es decir, la financiación mercantilizada de las infraestructuras, mediante la profundización en un sistema fiscal regresivo, pero que se convierten en un mecanismo privilegiado de acumulación privada de capital.
Respecto al programa AGUA, que ocupa 22 líneas en un programa de 157 páginas, es un claro exponente de la importancia que tiene en la estrategia gubernamental uno de los problemas mundiales más graves del siglo XXI. La retórica vacía dela sostenibilidad tiene aquí uno de sus más claros exponentes.
La educación y la enseñanza como mecanismo de socialización y civilización han sido sustituidos en la ideología del PSOE por el «capital humano», es decir por la formación de la fuerza de trabajo «el capital humano es un recurso productivo» (PNR p. 75). Analiza el PNR la calidad del sistema, el fracaso escolar y el bajo nivel de participación en la formación continua como preocupaciones centrales. Pero olvida señalar que las principales causa de las limitaciones del sistema escolar y formativo español son, en primer lugar, el bajo nivel de inversión pública en el mismo -siempre en comparación con la UE, España dedica un 1% del PIB menos que la media comunitaria a inversión educativa. Y al respecto, no existe ningún compromiso cuantitativo en el programa, lo cual dice mucho del alcance real de las medidas. Y por otro lado, el nivel de renta y las expectativas de la población (Felipe Romero: el informe PISA 2003). Si las perspectivas de trabajo de los jóvenes escolares son el empleo precarizado y temporal, sus expectativas sociales y escolares se adaptan a esas condiciones; empleo precario, cultura precaria, formación precaria, vida precaria… son las constates vitales de una sociedad que el Programa Nacional de reformas entiende tan mal.
El eje estrella del PNR es el dedicado a la I+D+i. Incluso se han inventado un nombre, el Programa Ingenio 2010, destinado a lograr una orientación más mercantil de la investigación, y aunque no se explicita claramente, a que España compense parte de la pérdida de ingresos en forma de fondos estructurales por un aumento dela captación de recursos en el programa comunitario de I+D. Cuyos fondos van a pasar de 17.500 millones en 2000-2006 a más de 70.000 millones de euros en 2007-2013. Pero el cambio no es fácil; se trata de pasar de recibir fondos de cohesión, en competencia con países como Portugal o Grecia, a competir por captar fondos de investigación con Alemania, Francia o Finlandia. Como ya señalamos en un artículo anterior («Vacas o Algoritmos«), la estructura del capital en España -tamaño micro de las empresas, especialización productiva, subordinación en las cadenas productivas a multinacionales extranjeras- es refractaria a la innovación y al uso productivo de la ciencia, problema que no se resuelve con recursos financieros a la investigación. Siendo este el eje más detallado y cuantificado, sin embargo da por supuesto algo que no está claro en realidad, y es que la mejora del bienestar social no depende de que las empresas hagan más investigación y desarrollo, sino de la orientación democrática de la ciencia y la tecnología. La privatización de los fines de la ciencia, por tanto, va en contra del objetivo ético perseguido, y será de dudoso éxito en el objetivo mercantil para el cual se ha diseñado el programa.
El programa habla de una «nueva política industrial», sin acordarse que en todo caso es nueva porque hasta ahora nunca ha habido una política industrial real, desde que Felipe González optara por otorgar todo el poder sobre la política económica al sector financiero español.
Pero si alguien se piensa que este gobierno ha aprendido de las omisiones del pasado que deje toda esperanza; en el PNR la «política económica» se limita a buscar una mayor competencia entre operadores en sectores como la energía, las telecomunicaciones o la distribución comercial, privatizar el transporte ferroviario, suprimir definitivamente el carácter de servicio público de Correos, reducir el poder de los sindicatos de estibadores y aumentar las tarifas eléctricas y el precio del agua.
Un pan de este tipo necesariamente tiene que contemplar actuaciones directas sobre la fuerza de trabajo. Las reformas recientes apuntan en el sentido señalado en el PNR: reducción del coste de la fuerza de trabajo para las empresas por la vía de reducir las cuotas patronales y las indemnizaciones por despido, reforzando estas medidas para colectivos específicos (jóvenes, mujeres, discapacitados). Una vuelta de tuerca más en el desmantelamiento de los servicios públicos de empleo favoreciendo las agencias privadas de contratación -ya tenemos una nueva mercancía: los servicios de intermediación entre oferta y demanda de empleo; todo es poco para favorecerla acumulación de capital.
¿Y que hay de uno de los principales problemas de los trabajadores, la enorme tasa de temporalidad en el empleo que supone un incremento inmenso del poder contractual del capital? No me resisto a reproducir lo que dice el PNR al respecto:
«El objetivo es mejorar el funcionamiento del modelo existente, configurando un nuevo escenario legislativo que sea general, compensado, realista, que no comporte la introducción de rigideces adicionales a las hoy existentes y que permita una transición paulatina hacia un nuevo escenario que fomente la estabilidad en el empleo, pero cuidando que no conlleve peligros para la creación de empleo. Se trata de no crear descompensaciones o incertidumbres que puedan afectar al nivel de creación de empleo, compaginando flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores.» (PNR p.130).
Más claro, agua: según el gobierno, la temporalidad es un factor que genera más puestos de trabajo. Y si se quiere menos temporalidad, habrá que aumentar la flexibilidad por otro lado. Y aquí radica uno de los objetivos estratégicos reales del neoliberalismo europeo: sustituir la flexibilidad en términos de volumen de empleo por flexibilidad en términos de volumen de salarios. Mientras esa transmutación no se complete, la temporalidad seguirá vigente como norma de contratación prioritaria.
¿Para cuando una alternativa?
Es increíble que un programa de este calado haya pasado desapercibido a la izquierda sindical y política que apoya al gobierno, bajo el increíble argumento de que un gobierno del PP lo haría peor. Tal actitud solo se explica por una cierta tradición existente en el movimiento sindical oficial que considera que en las políticas diseñadas por los gobiernos del PSOE, del dicho al hecho hay un gran trecho. Sin embargo, las reformas aplicadas en 2006 nos indican que al gobierno está dispuesto a cumplir su programa neoliberal rajatabla. Y para facilitar el objetivo, va a modificar las alianzas en Cataluña, reforzando el flanco neoliberal con Convergencia y Unió, y desembarcando de la tripulación al sector populista de ERC e ICV (al menos a los primeros, que son los que cuentan).
La mayor debilidad ante esta orientación neoliberal del programa real del gobierno, sin embargo, estriba en la ausencia de alternativa por parte de la izquierda. Una alternativa que para ser tal debiera ser creíble, en una doble dimensión: técnica -es decir, basada en un conocimiento real de los problemas de los trabajadores, de la economía española, del margen de maniobra actual y potencial, esto es, del existente y del que se puede lograr «empujando»- pero también política, es decir, que concite una alianza de fuerzas suficientemente sólida como para que haya visos de que el programa alternativo puede llegar a convertirse en política de gobierno.
Mientras tanto, la pobreza masiva entre jóvenes y ancianos, la especulación inmobiliaria, el control parasitario de las rentas salariales por la banca, la incertidumbre y el riesgo creciente sobre los ciclos de vida de las familias trabajadoras, la pérdida de tejido y cultura industrial, la desamortización del sector público y la falta de participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas, seguirán campando por sus respetos.
Reformas neoliberales
«Quiero creer que nuestro mal gobierno es un vulgar negocio de los hombres y no una metafísica, que España
debe y puede salir de la pobreza, que es tiempo aún para cambia su historia antes que se la lleven los demonios.»
-Jaime Gil de Biedma-
¿Cuál es el contenido esencial de la reforma del mercado de trabajo pactada por UGT y CCOO con la patronal y el gobierno? Lo más importante, la «normalización» de las contrataciones temporales a través de las ETT, a las cuales se les rebaja un punto las cotizaciones patronales por desempleo, para igualarlas con las que pagan las empresas cuando hacen ellas los contratos, esto es, un 6,7%. Algo más de 90 millones de euros al año que dejará de ingresar el Estado, y que se acumulan a los beneficios netos de las empresas de contratación temporal. En segundo lugar, rebajar las cotizaciones patronales por desempleo en los contratos indefinidos, pasando del 6,5% actual al 5,75% a partir de julio y hasta el 5,5% en enero de 2008. Un «regalo» de más de 530 millones de euros, que deja de ingresar la caja del desempleo para aumentar la caja de los beneficios empresariales. Si a esto le añadimos el aumento de las bonificaciones pactadas por contratos a colectivos especiales o por contrataciones indefinidas, estamos hablando de cerca de 750 millones de euros al año, regalados por los representantes de los trabajadores y el gobierno, de parte de todos los ciudadanos a los empresarios. ¿Qué obtienen los trabajadores a cambio? Poca cosa. El compromiso de aumentar en 132 el número de inspectores de trabajo y en 124 el de subinspectores, es decir, unos 15 inspectores y subinspectores de media por comunidad autónoma, con un coste total de unos 10 millones de euros al año. Vayamos a la reforma fiscal. ¿Qué es lo que se ha reformado? Una reducción en el impuesto de sociedades del 5% y del 10% para las pequeñas y medianas empresas, que representa una reducción prevista en los ingresos fiscales de 2.000 millones de euros y una reducción de tramos y del tipo máximo del IRPF, que se traducirá al menos en una reducción de otros 2.000 millones de euros de recaudación fiscal; es decir, la reforma consiste en una rebaja fiscal de unos 4.000, que se convertirán fundamentalmente en beneficios empresariales e ingresos capitalistas. Entre las reformas, una que ha pasado casi desapercibida. A parir de ahora, la publicidad le saldrá gratis a las grandes empresas, al poder deducirla de su base imponible. Para difuminar un poco el asunto, se disfraza de apoyo empresarial al mecenazgo, de forma que por ejemplo el Banco de Santander puede donar 100 millones de euros a una o varias fundaciones culturales y artísticas, dedicar de ese dinero 90 millones a publicitar la ingente labor del banco a favor de la cultura, preferentemente con las letras del banco muy grandes y las de la cultura muy pequeñas, y deducir ese dinero de los impuestos que le toca pagar.
En esta evolución probeneficios del reformismo socialista, alguien tendrá que explicar alguna vez que pintan los sindicatos. Pero mientras esperamos a que nos lo cuenten, preguntémonos porque considera el gobierno que lo más importante en materia económica hoy en día no es acabar con la precariedad (es decir, suprimir las modalidades legales de contratación que se introdujeron en el Estatuto de los Trabajadores en su día), ni revertir la tendencia a la desigualdad en la tributación (que se puede hacer reduciendo el IVA en productos básicos, igualando el tipo del impuesto de sociedades al tipo medio del IRPF, implantando un verdadero impuesto sobre el patrimonio y aumentando la progresividad de los impuestos directos) sino por el contrario, darle más dinero a los empresarios reduciendo su contribución al presupuesto de todos los españoles.
Si este es el resultado principal de las reformas fiscal y del mercado de trabajo no es por casualidad. El gobierno parece especialmente preocupado por dos cosas: los procesos de deslocalización de empresas y la evolución de la rentabilidad, y el impacto que están teniendo en la producción industrial. Como se observa en el gráfico del índice de producción industrial, desde finales del año 2000 se nota una tendencia hacia el estancamiento de la producción industrial, cuya variación anual medida mes a mes tiende a concentrarse solo ligeramente por encima del nivel 0 (entre 2004 y marzo de 2006, el índice medio se sitúa en 1,3%, por debajo del nivel de reposición del capital. O dicho de otra forma, tenemos una situación de virtual estancamiento de la producción industrial).
La inversión extranjera tampoco va nada bien. Desde el año 2003 la inversión directa se está reduciendo cada año más. Y si tenemos en cuenta la inversión de empresas españolas en el exterior, desde 1997 el saldo es negativo, es decir, sale más capital del que entra.
En lo que respecta a la rentabilidad del capital, tras la crisis industrial de los años setenta, esta se recuperó rápidamente en la segunda mitad de lo ochenta en España, y se mantuvo por encima de la rentabilidad media del capital productivo de la Eurozona hasta 1999. Pero desde el año 2003 la rentabilidad está cayendo en España, mientras que en el resto de la Eurozona se mantiene o incluso mejora ligeramente.
En lo que se refiere a la rentabilidad de las inversiones financieras, aunque el capital financiero sigue llegando en gran cantidad (39 mil millones en 2003, 113 mil millones en 2004, 137 mil millones en 2004), las altas tasas de inflación de nuestro país erosionan la rentabilidad esperada, y lo mismo que entra, dicho capital puede salir volando -por eso se le denomina «capital golondrina»- en cuanto perciba que la rentabilidad que está obteniendo es inferior a la de otros países del entorno.
Estos pocos datos pueden ayudar a explicar porqué se prima la inversión financiera (el «ahorro» es el término que utiliza el gobierno) con un tipo impositivo del 18%, más bajo que el tipo marginal más bajo del IRPF, y más bajo que el impuesto de sociedades.
Por tanto, el objetivo central de la reforma fiscal consiste en favorecer el mantenimiento de los flujos de inversión financiera, que sirven entre otras cosas para pagar el abultado déficit comercial.
Pero el gobierno también se preocupa por la producción. El argumento subyacente a su política parece ser la siguiente: si la inversión extranjera se retrae y las empresas españolas invierten en el exterior, y aumentan los procesos de deslocalización, será porque la rentabilidad del capital está disminuyendo. Como los salarios no crecen desde hace varios años, y a pesar de todo la rentabilidad no mejora, lo que se propone el gobierno es reducir las transferencias de ganancias de las empresas hacia el Estado (reforma fiscal, reducción de cuotas patronales por desempleo) y al mismo tiempo, dar las garantías suficientes de que la fuerza de trabajo no se va a encarecer (mantenimiento de las modalidades de contratación precaria). Se pretende así incentivar la inversión productiva, que venga a sustituir como motor de la economía a la inversión en construcción, en proceso de desinflamiento, y cuyo dinamismo solo se mantendrá en los próximos años arropada por las inversiones en infraestructuras públicas.
Para mantener el gasto público se cuenta fundamentalmente con las medidas destinadas a hacer aflorar parte del dinero negro, que representa casi la cuarta parte de la economía española. En estas circunstancias, no es extraño que los ricos oficiales sean tan pocos; recientemente se han publicado los datos del impuesto sobre el patrimonio. Apenas 25.000 personas declaran poseer un patrimonio superior a 1,5 millones de euros, de los cuales 1.500 declaran un patrimonio superior a 6 millones, y solamente 65 personas con una base imponible superior a 30 millones. Gran ocultamiento frente a un impuesto que no recauda ni el 0,1% del PIB.
Si hoy el impuesto sobre la renta de las personas recauda el doble que el impuesto de sociedades (6,6% del PIB frente al 3,1%), en el futuro, la distancia será aun mayor. Los dividendos de las acciones de los propietarios cotizan menos que los salarios de los empleados. Las rentas financieras cotizan menos que los salarios. El capital transfiere menos recursos para ser redistribuidos que el trabajo. Pero tiene más capacidad de influir en como realizar el reparto que los trabajadores.
En las reformas fiscal y laboral, no hay ninguna iniciativa de cambio estructural, de pasar de un modelo de servicios de bajo coste y producción de componentes y subcontratación, a un modelo de innovación. No hay ningún compromiso de mejora de la distribución de la renta, ninguna propuesta que garantice la reducción de la precariedad, ninguna idea nueva que permita crearnos la ilusión de que quienes gobiernan aspiran a algo más que a gestionar lo recibido. El aumento del conflicto social será sin duda la consecuencia del rumbo elegido por quienes mientras estamos a verlas venir, toman las decisiones en nuestro nombre.
