Dictadura militar en Argentina (1976-1983): naturaleza y antecedentes del Estado genocida
El propósito de los golpistas de 1976 era fundar una nueva legalidad, una nueva escala de valores y de normas sociales que redujera el exterminio del disidente político a la categoría de procedimiento político rutinario, como método fundamental de ejercicio del poder en un nuevo orden que sustituyera la discusión y la crítica abierta de lo político y lo social por la obediencia ciega, en una nueva pirámide de rígidas jerarquías coronadas por una elite integrada pro los comandantes golpistas y sus socios civiles. La muerte del opositor se transformaba en un objetivo y un horizonte político definido consciente por los jefes militares, ya que eran el fundamento constitutivo de la sociedad en la que se había suprimido el disenso. Basta para ello como prueba las palabras de Videla justificando el secuestro y desaparición, la muerte clandestina de disidentes, para evitar el impacto emocional en la opinión pública de fusilamiento a la luz del día y masivos. Que la muerte era el objetivo, eso no se discutía. Según éste nadie en la cúpula o los escalones subalternos de la dictadura dudaba sobre la decisión de asesinar. La discusión giraba sólo sobre si las ejecuciones de disidentes debían ser públicas o secretas.[1]
La necesidad de buscar parámetros con que juzgar históricamente esta catástrofe nos obligan a mirar a los máximos exponentes de la barbarie en el siglo XX: los fascismos europeos de entreguerras y especialmente el fenómeno nazi. Existe un sobrecogedor paralelismo entre estos objetivos y características de la dictadura militar y los regímenes fascistas europeos, especialmente con la dictadura nazi, salvando las obvias distancias de contexto y período histórico (también llama la atención la extensión geográfica del terrorismo de estado en los años setenta en el sur de América Latina, similar a la proliferación de fascismos en la Europa de entreguerras), que es desde ya un calificativo de las cualidades letales del régimen inaugurado en Argentina con el golpe de estado de marzo de 1976. Tanto en el caso del fascismo alemán como de la dictadura militar argentina, regímenes análogos en muchos sentidos, pero especialmente por compartir el mismo objetivo de refundación e ingeniería social basada en la normalización del exterminio como mecanismo de mediación social y de regulación de las relaciones entre sociedad política –el estado- y sociedad civil; pueden rastrearse en su propia historia esos antecedentes que precipitaron a sus respectivos pueblos en un abismo de barbarie, y mediante el genocidio produjeron una fisura irreparable en el concepto del hombre y la humanidad.
Para asegurar sus objetivos ambos regímenes recurrieron a la deshumanización y bestialización sistemática de las víctimas, esencial para aislarlos del resto de la sociedad, e impedir no sólo la solidaridad de los que podrían ayudarlos a escapar de su suerte o a resistir, sino, lo que es más contundente y eficaz para lograr el exterminio, quitar a su eliminación el carácter de muerte, de tal modo que el genocidio se transforma en un asesinato sin culpables, sin responsables, y tampoco sin víctimas, ya que estas deben morir por que los son, no por lo que han hecho y por eso no merecen seguir con vida, según lo decidido por los nazis y los militares argentinos. La cosificación de las víctimas permite la absolución de los verdugos (¿es acaso un criminal el carnicero que trocea una res en el matadero?), transformando al primero sólo en un problema logístico burocrático que exige solución, y al segundo en el ejecutor de la solución del problema.[2]
En el caso argentino también el exterminio de los opositores constituye una finalidad en sí misma, que mide y comprueba la eficacia del poder desplegado (“lucharemos no hasta la muerte sino hasta la victoria”, dijo el almirante Massera, o el célebre exabrupto del sanguinario general Ibérico Saint Jean[3]: “primero eliminaremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, seguiremos con los simpatizantes y acabaremos con los indiferentes”). Y la deshumanización de las víctimas se hace, en lugar de utilizar referentes biológicos seudocientíficos (aunque también existieron manifestaciones antisemitas en la represión desatada por la dictadura)[4], mediante la construcción de un no-hombre, no-ciudadano objeto de eliminación, que carece de existencia política aunque los motivos de su exterminio lo sean, pero igualmente eficaz para promover la indiferencia o la complicidad de gran parte de la población frente al genocidio: el “subversivo”. Para ellos el término designaba una esencia maligna, una amenaza procedente del ejercicio de la democracia, que también se transformaba en sospechosa para los inquisidores uniformados, porque esta, al permitir el intercambio de todo tipo de ideas favorecía su existencia. El subversivo estaba encarnado por todos aquellos que de algún modo se oponían o disentían con la jerarquía social fundacional de la república, o, lo que era aún más inadmisible, proponían alternativas opuestas a la república elitista y desigual. Según la dictadura se trata de individuos agrupados para destruir las esencias prepolíticas de la argentinidad, residentes en la comunidad nacional imaginaria preexistente a cualquier normativa constituyente y depositadas en los estamentos sociales tradicionales, la aristocracia de la tierra y las fuerzas armadas que conquistaron y aseguraron las bases materiales y espirituales del orden social vigente y amenazado por la combinación de “democracia y subversión”.[5]
Si bien no hay nada equiparable en la dictadura militar argentina a las leyes de Nuremberg en la delimitación normativa de quienes deben ser expulsados de la comunidad nacional, esta ausencia no anula la existencia de proyectos que tenían por objetivo la consumación de un genocidio, en este caso sobre un colectivo identificado por su posición política disidente. Si bien no hubo una delimitación escrita del grupo de ciudadanos a exterminar, si la hubo fáctica. Es lo que ha quedado meridianamente establecido con una argumentación impecable, si faltaba una última consideración sobre estos crímenes, por la Audiencia Nacional, en su sesión en Madrid, en noviembre de 1998.[6]
Existe otra coincidencia entre la dictadura militar argentina y el régimen nazi. Es el carácter público de la degradación del disidente y su expulsión –mediante el secuestro- de la comunidad nacional, y el carácter secreto y clandestino de su exterminio: se produjo un Nacht und Nebel rioplatense similar al que practicó Alemania en su propio territorio y en los países aliados y ocupados por los ejércitos nazis. La desaparición tenía el propósito de ocultar a la opinión pública las formas en que se estaba produciendo la represión para que la población no tuviera reparos en aprobar la represión de disidentes al deshumanizarlos, presentándolos como bestias sin alma dispuestas a la destrucción, anulando la existencia del crimen al ser practicado sobre un no-ser humano: de ahí el carácter demoníaco y bestial con que era reforzado cualquier mensaje desde el poder al hacer referencia a los disidentes como “subversivos” y a su conducta general como “la subversión”.[7] Al mismo tiempo el carácter ostensiblemente irregular de los procedimientos de secuestro, que se producían muchas veces en plena luz del día y en las calles más concurridas de las grandes ciudades, mediante coches sin matrícula y personal armado sin uniformes que les identificaran, tenían como objeto resaltar el carácter aparentemente incontrolado de la represión, cualitativamente distinta a la que podría aplicarse de acuerdo a preceptos legales convencionales, y por lo tanto dirigidos a provocar un sentimiento permanente de inseguridad e indefensión en toda la población induciendo conductas sumisas al poder por ciudadanos que estarían dominados por la percepción de que cualquier desviación podrían lanzarlos más allá de la línea de sombra y expulsarlos a las tinieblas de un destino incierto, y que permanentemente actuarían movidos por el deseo de adivinar cuales conductas serían del agrado de las elites dominantes.[8] Porque las causas de la detención por las fuerzas represivas nunca eran anunciadas públicamente mediante un juicio o procedimientos normales de procesamiento. El poder disuasorio y atemorizador sobre la normalidad del método utilizado actuaba a modo de tribunal kafkiano sobre la base de la duda de las motivaciones de la dictadura para proceder de ese modo. También podría actuar como un mecanismo de sometimiento que consistiría en la regresión infantil de gran parte de la población preocupada en agradar al poder con conductas sumisas para no pisar esa peligrosa zona de sombra donde se perdían otros, al actuar de modo socialmente reprobado por la dictadura, convertida en un padre cruel e inescrutable, similar a los modelos de comportamiento que los nazis pretendían inducir en los prisioneros de los campos de concentración, según las conclusiones elaboradas por Bruno Bettelheim, sobre la base de sus experiencias como preso político en la Alemania nazi en los campos de Dachau y Buchenwald.[9] Otra similitud de este con aquel fascismo es la desnaturalización de los términos empleados, basada en el recurso al eufemismo para describir los procedimientos más atroces: así “chupar” significa secuestrar, “traslado” ejecución mediante los vuelos de la muerte o el tiro en la nuca, etc. La misma tergiversación de las palabras que practicaban los nazis: “solución final” exterminio de los judíos, “instalaciones especiales” las cámaras de gas en Auschwitz, “tratamiento especial” los asesinatos en masa practicados por los grupos SS en los territorios ocupados de la URSS. [10]
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