Cuando ocupar edificios es una acción disruptiva que pone en evidencia el sistema
M. Cruz Santos Santos
La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Artículo 2. 26 agosto 1789
Una de las primeras declaraciones de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En su artículo 2, junto con el derecho a la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión, se recoge el derecho a la propiedad. En el mundo capitalista siempre que ha habido que elegir entre propiedad y cualquier otro derecho ha primado el derecho a la propiedad. Desde hace tiempo el derecho a la propiedad privada viene siendo cuestionado de forma práctica por el movimiento okupa con gran indignación por una gran mayoría de la ciudadanía. En este trabajo no se pretender defender la práctica abusiva que también, desde hace tiempo, se viene dando en algunas ciudades donde grupos organizados okupan pisos para, después, alquilarlos a otras personas y sacar un beneficio.
A finales de la década de los 60 y en los 70 surgieron muchos movimientos al margen de las ideologías socialistas que cuestionaban los modelos sociales occidentales y también la propiedad. Fueron corrientes como los hippies de las comunas de California o las Kommune 1 y Kommune 2 de Berlín. Se buscaban formas alternativas de organización social, nuevos modelos de familia con relaciones abiertas y muy críticas con el poder y las políticas del momento. Poco queda de toda aquella efervescencia, aunque algún ejemplo podemos encontrar incluso en España. La praxis en estas comunas no se fundamenta en grandes doctrinas teóricas. Tampoco estos grupos tenían una voluntad transformadora del sistema global. Eran y son más bien el resultado de una apartamiento voluntario de la sociedad, casi una solución individual y ese parece haber sido el origen de Christiania en Copenhague, una historia de okupación consolidada que llega hasta la actualidad y que constituye todo un barrio. Las Kommune 1 y 2 de Berlín tenían, en cambio, un propósito político, un rechazo explícito a la política desarrollada durante esos años en la Alemania Federal y un rechazo consciente y militante de las relaciones humanas y sociales que podemos considerar tradicionales como la monogamia. Ambas Kommunes fracasaron en buena parte por la dificultad en llevar a la práctica relaciones sentimentales abiertas sin que aparecieran sentimientos como los celos.
En ese contexto de un rechazo difuso del modelo de familia, social y político que configuraba el mundo de la época y de búsqueda de modelos y prácticas alternativos surge en Londres el movimiento squatter. No tengo constancia del momento exacto en que aparece ni quienes fueron sus impulsores. Sí está claro que en un primer momento solo era una salida para conseguir un techo en una ciudad cara y con pocas oportunidades para conseguir otro tipo de alojamiento. En aquellos años había un elevado número de fincas municipales que permanecían deshabitadas y que fueron ocupadas por jóvenes tanto ingleses como foráneos que necesitaban habitación. Pronto la práctica se extendió a otros lugares y con otros objetivos. No pasaron muchos años antes de que algunos squatters usaran la okupación de edificios como una forma de activismo para llamar la atención sobre problemas que afectaban a toda la sociedad o señalar los efectos de la especulación inmobiliaria que destruían formas de vida y abandonaban los vecinos a su suerte. Eso fue lo que ocurrió en Tolmers Square en 1973.
De Londres el movimiento se extendió por Europa donde adoptó distintas denominaciones, en España ha adoptado la denominación de okupas. Las primeras okupaciones se dan al principio de los 80. La okupación responde sobre todo a 2 motivos: la necesidad de buscar una vivienda o crear espacios de encuentro al margen de las redes oficiales o ambas, formarían parte de los CSOA (Centros Sociales Okupas Autogestionados). La acción se da en edificios largo tiempo abandonados en los que la propiedad ha hecho dejación de sus responsabilidades y, muchas veces amenazan ruina. Algunas de estas okupaciones se han producido en edificios cuyos propietarios las han adquirido con practicas poco claras e, incluso, fraudulentas, estaríamos hablando por ejemplo, del palacio Malaya, en Madrid, una de las fincas que estaban incluidas en el caso Malaya de Marbella.
En ambos casos el movimiento acaba influyendo en las políticas urbanas de una u otra manera aunque no exista esa voluntad en sus protagonistas. En los casos que solo busca solventar el problema de la vivienda, se puede distinguir entre los casos urbanos y rurales. En estos últimos parece que existe una mayor tolerancia y aceptación tanto por parte de autoridades (ayuntamientos) como de los vecinos porque muchas veces suponen dinamizar socialmente la población y crear espacios de encuentro. A esta categoría pertenecería Navalquejigo.
Navalquejigo es una población cercana a Madrid, depende del municipio de El Escorial. Está bien comunicado con Madrid a través de la AP6 y en tren se tardan unos 50 minutos. Actualmente tiene una población de 5.532 habitantes según datos del INE de 2021, la mayoría de población reside en casas de nueva planta en una urbanización relativamente reciente que casi rodea el núcleo histórico donde se han instalado los okupas. La primera vez que encontramos citada la población de Navalquejigo es en un documento es en el siglo XVI, aunque se da por sentado que existía un núcleo anterior, probablemente del siglo XIII. En ese siglo XVI queda incluido dentro de lo que se conoce como «Cerca de Felipe II», cuyos muros pueden todavía apreciarse actualmente en el pueblo. En la segunda mitad del siglo XX los antiguos habitantes fueron abandonando las casas y a mitad de los años 80 ya solo quedaba un vecino. Acabó siendo «un pueblo fantasma», nos dice Sergio Vicente Muñoz. En el momento que quedó vacío, empezó el expolio de los elementos útiles de los edificios. En 1999 la Plataforma «Salvemos Navalquejigo» pidió la protección para el conjunto de la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz y las casas que forman el conjunto del pueblo histórico y se le acaba concediendo en 2006. A pesar de la protección, el antiguo propietario no muestra ningún interés y ha sido requerido varias veces por patrimonio sin ningún resultado. Las danas de los años 2020 y 2022 derrumbaron la techumbre y parte de la iglesia por lo que en 2021 fue incluida en la Lista roja de Hispania Nostra.
Ante el abandono de las viviendas, hacia 1997 se produce la okupación. Sergio Vicente ha protagonizado todo el proceso y con él hablamos. La iniciativa fue espontánea, la única motivación era conseguir independizarse de la familia. La inspiración la encuentra Sergio en la experiencia de la imprenta Minuesa, en Embajadores, Madrid. Al principio fueron pocos los que se unieron al ensayo, se ocupó únicamente una casa en la parte de arriba donde convivían todos juntos. Fue un inicio problemático por la falta de responsabilidad y solidaridad en las tareas comunes de mantenimiento (limpieza, tareas) y rehabilitación de la casa (reparaciones, sustitución de elementos en mal estado…). En esa primera fase los problemas fueron importantes y correspondieron a los tópicos estigmatizantes que existen sobre este movimiento: suciedad, drogas y problemas en la convivencia. Mientras tanto otro grupo procedente de Valdemorillo se instaló en viviendas de la parte de abajo y quienes restaban del primer intento, se les unieron. La convivencia, a partir de ese momento, dejo de ser comunitaria. Se ocuparon casas individuales que cada quien rehabilitó y acondicionó a su gusto.
Existe un espacio común, la nave, recuperada para actividades culturales que son abiertas a todo el mundo. Además el espacio se presta a otras organizaciones para que puedan montar actos propios. Se hacen conciertos, conferencias, talleres… Importa la conciencia ecológica y algunas de las charlas van en ese sentido. Merece la pena que se destaque las campañas que han impulsado en beneficio de pueblos de Tanzania, aquí, concretamente, en dotar a una escuela libre de placas solares. Igualmente se colaboró en la instalación de placas solares en el Sahara argelino o comunidades zapatistas en Méjico.
Parece que una vez llegaron los primeros ocupantes, cesó el expolio de los edificios abandonados al tiempo que se emprendía la rehabilitación/reconstrucción de las viviendas. No existen exigencias regladas para recuperar una vivienda, se conserva más o menos la fachada pero nada se puede asegurar sobre la conservación de los interiores. La ausencia de normas es la norma en todos los niveles de esta comunidad. Existen problemas de convivencia habituales entre vecinos que no rebasan los límites que puedan existir en otros lugares donde se compartan espacios. Ni siquiera está establecida la frecuencia de las asambleas que son ocasionales. El número de personas que conviven en el pueblo está entre los 30 y 40 y la actividad laboral de la mayoría de los habitantes queda dentro del ámbito artístico/artesanal, es decir no son regulares, entendiendo por regulares la obligación de cumplir un horario, ni tienen un jefe. La población se ha ido renovando con el tiempo y Sergio nos apunta una característica que considero muy interesante: quienes marchan han invertido tiempo y dinero en la reforma y reparación de sus casas pero las ceden a los nuevos ocupantes a coste cero, es decir, las casas no se alquilan ni se venden, se ceden.
Como es habitual en la mayoría de ocupaciones, han habido problemas con la propiedad. La propiedad del sitio ha sufrido una serie de cambios a lo largo del tiempo. Simplificando mucho podemos decir que tras la Desamortización pasó a manos de los Arroyo que la detentaron durante años y todavía parecen poseer la iglesia y otros elementos pero, como hemos explicado, han incumplido sus obligaciones a pesar de los requerimientos de la administración, incluso parece que han renunciado a la herencia. Una parte del pueblo, la parte de arriba, se vendió a la Constructora Edisan que pertenece a José Antonio San Román. Actualmente dicha inmobiliaria está en quiebra, pero en 2007 denunció la okupación y pidió el desalojo de quienes allí vivían. El desalojo se produjo pero los okupas se instalaron en los terrenos comunales, en caravanas. Sergio pasó dos meses viviendo en esa situación al cabo de los cuales se instaló en una casa que no había sido precintada porque estaba en ruinas y la acondicionó. Al año siguiente el juez devolvió las casas a los habitantes de Navalquejigo y esto tuvo como consecuencia que aumentara el número de ocupantes. Actualmente continua el litigio sin que parezca que el resultado esté próximo.
Las sucesivas administraciones municipales han mostrado más o menos tolerancia según el color político del partido mayoritario en el Consistorio, siendo más próximas y comprensivas las formaciones de izquierda. Claro que esto también se refleja en la actitud hacia la recuperación del patrimonio. Ha sido el consistorio anterior, socialista, quien hizo un proyecto de consolidación y rehabilitación de la iglesia cuyo estado actual es muy precario y vulnerable. Precisamente en la campaña que se había iniciado se descubrió el suelo de cerámica. Veremos qué continuidad se le da a la recuperación por la actual administración donde el PP tiene la mayoría.
La experiencia ya tiene bastante más de 20 años y en ese tiempo han nacido niños que no han tenido problemas para ser escolarizados en El Escorial porque están empadronados en el pueblo. Tampoco existe una preocupación por los servicios sanitarios.
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Si hablamos de las CSOA , según González, Cortina-Oriol y Aguilera, hablamos de «lugares de resistencia anticapitalista en contra de políticas urbanas agresivas y sitios de encuentro, organización y vivencia de luchas más globales». Existe una voluntad de actuar sobre el entorno más próximo (vecindario o comunidad) mediante la programación de actividades artísticas, conciertos, talleres. La reivindicación de formas de producción sostenibles (sería el caso de la Vall de Can Masdeu en Collserola donde se cultivan huertos comunitarios de forma ecológica y se dan cursos prácticos sobre el cultivo). En casi todas las ocasiones, además, se conserva un edificio que amenazaba ruina y del que, como hemos dicho, el propietario, sea este particular o público, se había desentendido. A esta categoría pertenece la Vall de Can Masdeu cuyo propietario titular es la MIA, Patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, o la Masía de Torreblanca de Sant Cugat, de propiedad pública y declarada Patrimonio Cultural.
En casi todos los casos han sufrido presiones por parte de las administraciones en forma de denuncias judiciales o desalojos, muchos de los cuales han devenido en auténticas batallas campales. Que la balanza se incline a favor del desalojo o a favor del movimiento okupa depende en muy gran medida del apoyo social con que cuenten los activistas. Tuvieron un éxito parcial los okupas en Can Víes (Sants) donde la piqueta destruyó parte de la masía cuyos edificios tenían una protección D, si bien continua activa.
Otro tanto se dio en Can Masdeu si bien allí no hubo acción de derribo. El Caso De Torreblanca es diferente. Hubo desalojo y lucha pero la okupación cesó cuando el Ayuntamiento pactó continuar con las actividades sociales que se venían desarrollando, lo que nos lleva a un nuevo fenómeno porque algunos de estos activistas negocian su continuidad con la administración municipal principalmente. Es una salida para continuar con la acción social que en más de un caso se ha consolidado y el centro se ha convertido en un referente para la comunidad. A menudo estos pactos son rechazados por el resto del movimiento que los ven como una traición.
Sin encajar exactamente en ninguno de estos ejemplos, está el tema del Hotel Buenos Aires en Vallvidrera, Barcelona. Esta experiencia me parece más cercana a la de Tholmers Square en los años 70 en Londres. Como ocurrió allí, la motivación para esta acción se halla en la necesidad de conservar un espacio y defenderlo de la especulación urbanística.
El Hotel Buenos Aires fue construido en 1886 en Vallvidrera. El edificio original era sencillo aunque ya tenía la forma de «u» que le es característica. En aquellos años Vallvidrera devino un lugar de moda para el veraneo de la burguesía barcelonesa. En 1910 sufrió una ampliación y reforma que le dio su aspecto actual. El arquitecto encargado de la misma fue Jeroni Granell i Manresa, quien había participado en el proyecto del Palacio de la Música Catalana construyendo la vidrieras. Su intervención transformó el humilde hotel en una finca modernista y en una obra de arte, especialmente el comedor. El hotel fue amueblado con elementos vieneses diseñados por los hermanos Thonet. En 1928 cambio su uso por el de residencia de estudiantes sin que quede claro como se hizo la transformación. Con el estallido de la guerra se convirtió en residencia para enfermos y refugiados. Luego estuvo a la venta hasta 1960 en que fue adquirido por los Padres Paules quienes la transformaron en la Residencia Betania para mayores. En el año 2011 la congregación cierra la residencia y traslada a los mayores a otros equipamientos de la orden e intentan vender el edificio a una inmobiliaria, la London Private Company, cuya intención era derribarlo para construir otro hotel de lujo en su lugar. Enseguida se movilizaron los vecinos y en 2019 se okupa el espacio. Implicado en esta acción, tanto él como su hijo, e implicado, creo, que en todas las reivindicaciones del barrio, está Salvador Ferrán con quien he hablado.
Con Salvador ya hemos compartido alguna que otra campaña. Nada más empezar la conversación se niega a considerar la experiencia como una okupación, prefiere la expresión de «activismo social» y es que la lucha por el Hotel Buenos Aires se distancia bastante de otras experiencias similares. En primer lugar, porque el objetivo no es conseguir una residencia/vivienda más o menos indefinida. Los objetivos desde el principio son conservar un bien patrimonial y recuperarlo para el barrio, para Vallvidrera. Es posible que no todos los que participaron compartan esta finalidad al 100%. En «Va passar aquí» (Ocurrió aquí), un programa que emite betevé, la televisión de Barcelona y que en un tiempo de unos 5 minutos explica hechos, procesos o anécdotas que han sucedido en Barcelona a través de un investigador o protagonista, Eulàlia Castelló, que se presenta como portavoz del grupo que se había instalado en el hotel, acaba reivindicando la necesidad de encontrar una solución para los miles de jóvenes que quieren independizarse pero no pueden debido al alto coste de la vivienda.
La historia arranca en 2011. Ese año, como hemos apuntado, los Padres Paules, dueños del Hotel Buenos Aires, rebautizado como Betania y que era una residencia de personas mayores, cierra sus puertas y se lleva a los usuarios a otro edificio al pie del Tibidabo. Los residentes eran muy mayoritariamente personas del barrio que no tenían grandes dependencias y salían, interaccionaban con el resto de vecinos a quien estaban emocionalmente unidos desde muchos años atrás. Su marcha creo también un vacío en Vallvidrera, Salvador habla de una pérdida de la memoria. Por eso a principios de 2017 deciden actuar. Como en el caso de Navalquejigo, encuentran ayuda en un grupo constituido de consumo ecológico y se habla de crear una cooperativa de co-vivienda. No estamos hablando de ocupar. Otra factor que los singulariza porque la decisión de okupar llegó como resultado de todo el proceso.
El primer paso que se dio fue contactar con la congregación y negociar un cambio de usos del hotel. Los Padres Paules fueron reacios, su intención era deshacerse de buena parte del patrimonio, que abarcaba todo tipo de actividades y se hallaba repartido por todo el territorio español, y concentrar sus intereses en Madrid. A finales de 2017 se hace una oferta de compra que es rechazada. Es entonces cuando se empieza a trabajar la idea de la okupación que se materializará en 2019.
Mientras tanto los padres avanzan en su proyecto de venta que ya tiene comprador, la London Private Company cuyo domicilio social parece estar en Mataró si bien antes estaba en Barcelona, y que se constituyó en 2008 y cuenta con un solo socio. La oferta de la London rondaba a la que habían hecho los activistas, entre 2,5 y 3 millones de euros. Igualmente en ese período se ha conseguido los permisos municipales de derribo y construcción de obra nueva. La idea que se tiene es la de volver a construir un hotel de gran lujo en uno de los lugares con las mejores vistas sobre Barcelona. Salvador sospecha que la intención era revender el hotel a una inmobiliaria por el doble de la cantidad pagada, un inmobiliaria que se encontraría con los preceptivos permisos para construir ya sobre la mesa. Es decir, estamos ante una operación puramente especulativa. El propósito se ve truncado porque en ese momento entre 18 y 24 jóvenes se instalan en el hotel y allí pasarán la pandemia. La venta nunca se llegará a materializar.
Como se puede deducir, no fue un acto espontáneo. Los jóvenes se prepararon mediante convivencias, asambleas, diálogos… No hubo problemas de falta de colaboración. Muchos de ellos tenían ya un trabajo que continuaron ejerciendo. Eran universitarios y tenían una buena preparación cultural y académica. Visité la casa más de una vez y siempre estaba ordenada y limpia. Algún joven fue invitado a marchar al ver que no compartía la visión de la mayoría. Durante el año largo que permanecieron antes del desalojo, el hotel estuvo abierto a la ciudad y en las charlas podías encontrar entre el público arquitectos, abogados, profesores. Mientras tanto se fue preparando la solicitud de protección del edificio. Continua sin protección y no sé en que estado están los trámites. Se presionó al Ayuntamiento para que expropiara el edificio y finalmente se consiguió, el Ayuntamiento de Barcelona compró la finca. En ese momento, en la euforia, algunos jóvenes minusvaloraron la fuerza del sistema y creyeron que podían doblegarlo, en expresión de Salvador. Para él el activismo había de ir de la mano de la negociación y el pacto con las autoridades.
La respuesta de la propiedad fue denunciar la okupación y así consiguió el desalojo. Más tarde ha recurrido la expropiación y la jueza le ha dado la razón por defecto de forma. Los activistas fueron denunciados y ahora vienen obligados a pagar a los Padres Paules 60.000 € por daños causados a la propiedad y se está a la espera del resultado del recurso de casación que ha debido poner el ayuntamiento.
En un mundo donde la izquierda parece no saber cuál es su papel, el movimiento okupa ejerce una función de alerta sobre las contradicciones del sistema y sus injusticias estructurales. Sus acciones disruptivas son un intento de resolver un problema particular apuntando a un déficit estructural y cuestionando alguno, o algunos, de los pilares de nuestra sociedad. En la mayoría los casos, además, la acción trasciende lo personal y extiende su actividad al entorno más cercano con iniciativas que cubren necesidades allí donde los poderes públicos se han inhibido o no llegan. Vemos también, que al ocupar edificios abandonados ponen de relieve la incuria de propietarios que hacen renuncia de sus obligaciones por la vía de los hechos y, al tiempo, reivindican la necesidad de la reutilización y reaprovechamiento, base de un mundo donde la ecología se impone como la única salida.
La mentalidad imperante hace que se focalice el interés en la cuestión de la propiedad pero la labor cultural y de formación informal que acompañan a estos colectivos, apuntan también a un rechazo de un mundo excesivamente regulado, donde cualquier iniciativa ha de pasar por el filtro oficial, amputando o, al menos, limitando la iniciativa y la espontaneidad. Hablamos de colectivos que se sitúan voluntariamente al margen del sistema, rechazando sus normas, algo que no hemos de confundir con la marginalidad o la delincuencia. Es de lo que se nos informa al entrar en Christiania en Copenhague, un área de 34 Ha. en plena ciudad que se declara república independiente e, incluso, no se acepta la autoridad de la Comunidad Europea. En Christiania existen normas pero lo que me parece una debilidad es el individualismo de quienes allí viven pues, aunque vivan en comunidad no buscan organizar un movimiento que cambie un sistema social que consagra la desigualdad y está lleno de incoherencias y contradicciones. Se le cuestiona pero no se amenaza su existencia ni siquiera cuando en algunos desalojos, como en Can Vies, han ofrecido un rostro violento. Esa violencia, no nos engañemos, es una violencia a la defensiva, no es una violencia transformadora como la Comuna de París o las huelgas de San Petersburgo de 1905 y 1917 o, las más cercanas en tiempo y espacio, del verano del 36 español. Como dice Salvador Ferrán, no se puede doblegar el sistema, hay que contar con la complicidad más o menos entusiasta de ese mismo sistema que se ataca para consolidar pequeños logros, conquistas parciales. La verdad es que se ha renunciado a doblegarlo
