Guerra imperialista y resistencias feministas en el sur Global
Las mujeres resisten creativamente los embates de las medidas coercitivas unilaterales (MCU), una de las formas de guerra híbrida del hiperimperialismo, que refuerza el patriarcado y otras formas de discriminación social.
Las ilustraciones de este dossier son parte de los afiches creados por mujeres de todo el mundo en el marco de las exposiciones Feminismo antiimperialista para cambiar el mundo (2021) e (In)seguridad feminista: Mujeres contra la guerra (2022), organizadas por Capire. Esta plataforma mediática se creó en 2021 «para hacerse eco de las voces de las mujeres en movimiento, para hacer visibles las luchas y los procesos de organización en los territorios, para reforzar las referencias locales e internacionales del feminismo popular, anticapitalista y antirracista» .
Nos dicen que somos una amenaza inusual y es verdad. Somos amenaza inusual porque estamos formados, porque estamos conscientes, porque no queremos seguir siendo patio trasero y porque queremos seguir siendo libres y soberanos e independientes.
Ayarit Rojas, vocera de INFREHAVIANT (Infantería Revolucionaria Ecosocialista por Hábitat y Vivienda Antímano), Venezuela
Desde las primeras décadas del siglo XXI está en marcha un claro proceso de redefinición de las relaciones de poder a nivel global, marcado por el debilitamiento del dominio unipolar de Estados Unidos. Su crisis de hegemonía es tan feroz como la respuesta que ha desplegado para enfrentarla: intenta compensar su pérdida de poderío económico y tecnológico con el dominio militarista, junto a su red de aliados del bloque político, militar y económico que es el Norte Global (Tricontinental, 2024b). Estos países comparten una historia de violencia contra los pueblos del Sur Global, incluido el genocidio de los pueblos indígenas de las Américas en la era colonial, la trata de esclavos en el Atlántico, el uso de bombas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki y el genocidio en curso del pueblo palestino.
Las formas que asume actualmente ese ejercicio violento de disciplinamiento y sometimiento son heterogéneas: ocupación y militarización territorial, imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU)1, sanciones y genocidio. Esta fase desbocada del capital, en el que la crueldad se impone como forma de gobierno y ejercicio de poder, es lo que hemos dado en llamar hiperimperialismo (Tricontinental, 2024a).
La particularidad de las MCU como dispositivo de poder es que no matan de manera directa, sino que operan sobre el aislamiento financiero, comercial y político, el desabastecimiento y el ahogo económico. Las MCU impiden a los países afectados acceder a recursos financieros, así como a los bienes y servicios más elementales para el sostenimiento de la vida: agua, alimentos, electricidad, medicamentos, insumos sanitarios. Un rasgo característico de las sanciones y MCU es que generan un exceso de celo en su cumplimiento por parte de las personas, empresas y organizaciones con las que los países afectados buscan establecer relaciones, sean económicas, políticas o culturales. Es decir, por temor a las sanciones y MCU, estas entidades optan por no establecer ninguna relación con los países sujetos a ellas.
Esta modalidad de intervención se ha profundizado exponencialmente en el contexto de la agudización de la disputa global. Solo en las dos últimas décadas, las MCU han aumentado al menos un 933% (Tricontinental, 2024b: 28). Estados Unidos lidera su aplicación, imponiendo tres veces más MCU que cualquier otro país u organismo internacional, llegando a 15.373 en abril de 2024. Estas medidas atacan a un tercio de todos los países, entre ellos más del 60% del total de países de bajos ingresos (Stein y Cocco, 2024). Los países con más MCU son Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela.
El aislamiento que las MCU generan es una forma de castigo colectivo, un mecanismo de control y disciplinamiento político, una forma violenta de subordinación que asfixia pueblos enteros y los desconecta de las redes de interdependencia comercial, financiera y política y que, además, va acompañado por campañas mediáticas de estigmatización. La astucia de esta modalidad de injerencia es que realiza un ejercicio de inversión. El poder imperialista acusa a los Estados y pueblos afectados por las MCU de ser culpables de la violencia de la que son objeto. Estos países son generalmente acusados sin base por el bloque imperialista de no colaborar en la guerra contra el narcotráfico, no combatir el crimen organizado, no ser democráticos, etc., y la acusación es suficiente para la aplicación de la pena. Esta inversión esconde la criminalización y discriminación de los pueblos, líderes y gobiernos que no se alinean a los intereses de las potencias hegemónicas y resisten al poder neocolonial, capitalista y patriarcal del hiperimperialismo, intentando construir soberanía.
Las MCU, consideradas como estrategia de la «guerra híbrida», «guerra asimétrica» o «guerra difusa», operan sobre el conjunto de los ámbitos de la vida social y, particularmente, sobre el dominio de los cuerpos, los corazones y las mentes de la población. Son, de este modo, parte de una guerra que, sin ser declarada, no reconoce fronteras, se difunde por todo el cuerpo social, interviene y ejerce control sobre todas las esferas de la reproducción y la organización de la vida (Ceceña, 2014). Todos los estudios e informes consultados, de expertos nacionales e internacionales y de las agencias de la ONU resaltan que tanto las sanciones como las MCU tienen un impacto desproporcionadamente alto en los sectores más vulnerables de la población, especialmente en las mujeres, la niñez, las personas adultas mayores, discapacitadas y la población LGBTTIQ. Si bien la falta de empleo y fuentes de ingreso afectan a toda la población, las mujeres sufren más la destrucción de infraestructuras y el debilitamiento de los servicios sociales públicos porque afectan directamente a la reproducción social, especialmente al trabajo de cuidados, llevado a cabo casi exclusivamente por ellas. Las sanciones y las MCU claramente refuerzan el patriarcado y otras formas de discriminación social.
En 2023 se celebró en Sudáfrica la conferencia Dilemas de la Humanidad. En la mesa de debate Feminismos y luchas contra el patriarcado, una cuestión que apareció reiteradamente fueron las marcas del imperialismo en la vida de las mujeres y la comunidad LGBTTIQ. Las compañeras del Magreb árabe y de Palestina narraron el horror que implica la ocupación territorial imperialista, las dificultades para garantizar la vida en condiciones de no humanidad, el acecho permanente de la muerte y la violencia sexual, el colapso de la salud, los servicios sanitarios, el corte del suministro del agua y sus consecuencias críticas en la reproducción de la vida y su impacto en la vida de las mujeres. Según relataron las compañeras de Venezuela, Cuba y otros países de Asia y África, el impacto de las MCU impuestas por Estados Unidos sobre los territorios, la reproducción de la vida, la organización del poder popular y la participación política de las mujeres es bastante similar, aunque la muerte por armas de fuego no sea una amenaza constante. En este dossier nos proponemos analizar, desde una perspectiva feminista, los modos en que las MCU, entendidas como iniciativas imperialistas de subordinación y control, afectan la organización de la vida y sus impactos económicos, pero también políticos, en las mujeres de algunos de los países más sancionados.
El proceso de diálogo con compañeras de los países afectados implicó superar diversas barreras, tanto logísticas como contextuales. A pesar de estas dificultades, logramos establecer algunos espacios de intercambio significativo en Venezuela, en los que las compañeras compartieron sus experiencias y estrategias de resistencia, reafirmando su compromiso con la soberanía y la vida comunal. Entrevistamos a lideresas feministas de varias organizaciones populares campesinas y de trabajadoras, entre ellas la Infantería Revolucionaria Ecosocialista Antímano por el Hábitat y la Vivienda, la Asamblea Viviendo Venezolanos Jorge Rodríguez Padre y la Organización Heroínas sin Fronteras. Este proceso contó con el importante apoyo del Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad entre los Pueblos, institución venezolana que con la que también dialogamos y que además fue la que nos facilitó oportunidades de conexión e intercambio, incluso en las circunstancias más adversas, y reforzó la importancia de documentar estas luchas para avanzar en la resistencia colectiva.
Efectos económicos: subdesarrollo forzado y decrecimiento
Las MCU suelen dirigirse contra los países que intentan afirmar su soberanía dando prioridad a la autosuficiencia y al nacionalismo de recursos, y se resisten a integrarse en la estructura económica neocolonial que pretende mantener el dominio occidental y a los países del Sur Global subdesarrollados y económicamente dependientes mediante mecanismos como la deuda, los desequilibrios comerciales y el control extranjero de sus recursos. Se espera que el deterioro económico provoque estallidos sociales que faciliten el cambio de régimen a uno favorable al imperialismo.
Las MCU tienen efectos económicos adversos en los países objetivo como la caída del PIB per cápita, tasas de inflación elevadas, fluctuaciones de la inversión extranjera directa, la ayuda exterior y las subvenciones financieras. También aumenta la desigualdad de ingresos, cae el empleo en el sector manufacturero y disminuye el consumo de los hogares, entre otros deterioros. En conjunto, estos efectos provocan el colapso económico y el consecuente aumento de la pobreza. A continuación, algunos ejemplos:
Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero de EE. UU. contra Cuba desde hace seis décadas está configurado por las MCU más antiguas y exhaustivas de la historia moderna. Fue radicalizado cuando Trump revirtió todas las medidas de flexibilización del gobierno de Obama y colocó de nuevo al país en la lista del Departamento de Estado de países supuestamente patrocinadores del terrorismo en 2021. Hostilidad reeditada el 20 de enero de 2025 cuando Trump revirtió el decreto de Joe Biden de pocos días antes que retiraba a Cuba de la lista. El bloqueo representa un perjuicio de 421 millones de dólares por mes y un total acumulado a la fecha de 1,5 billones de dólares. Sin bloqueo, se estima que el PIB de Cuba podría haber crecido 8% en 2023 (República de Cuba, 2024: 10-12).
Venezuela. Se enfrenta a más de mil MCU y otras medidas restrictivas y punitivas desde 2014 (Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2025) que han afectado gravemente a su industria petrolera, a otros sectores productivos y al comercio exterior. El sector petrolero pasó a producir menos de 500.000 barriles diarios entre 2020-2021, frente a los 2.200.000-2.300.000 barriles de producción diaria durante 2008-2016. Las estimaciones de las pérdidas van desde 797.000 barriles diarios de producción, que serían 16.400 millones de dólares al año a los precios actuales (Rodríguez, 2023, 71-72), hasta 1.800.000 barriles diarios, unos 48.000 millones de dólares a precios actuales (Arellán, 2024). Para 2021, los ingresos del gobierno venezolano representaban el 10% de los del año en el que comenzaron las MCU. La hiperinflación ha provocado la devaluación de la moneda nacional, con la consiguiente disminución de los salarios y ha afectado a las importaciones (Observatorio Venezolano Antibloqueo, 2023: 31-32).
Irán. Pasó de exportar entre 700.000 y 1,4 millones de barriles de petróleo diarios con sanciones y MCU (2010-2015) a 2,5 millones diarios cuando estas fueron levantadas (2016-2018) tras el Plan Integral de Acción Conjunta de 2015, antes de volver a imponerse tras la retirada de Estados Unidos de ese acuerdo. Con la vuelta de las sanciones y MCU, solo en 2018 y 2019, las exportaciones de crudo cayeron un 57%. Los ingresos anuales estimados en divisas del país cayeron más de un 62%, de 66.000 millones de dólares entre 2005 y 2011 a 25.000 millones de dólares durante 2019-2021 (ONU – Relatora Especial, 2022b: 5).
Siria. Uno de los mayores productores de petróleo de la región, con 385.000-500.000 barriles diarios, de los que exportaba alrededor de 100.000 hasta 2010; desde 2011, cuando comenzó el conflicto, se ha convertido en importador neto de crudo. Entre 2000 y 2010, la economía siria crecía en promedio aproximadamente 5% al año. En 2010, el PIB fue de 252.520 millones de dólares. En contraste, en 2020 el PIB fue de sólo 11.000 millones de dólares, 4% del nivel de 2010. El conflicto ha causado graves daños y destrucción de la capacidad productiva, los bienes y la infraestructura, así como grandes cantidades de población desplazada y refugiada. Las MCU agravaron la situación, provocando una contracción de la economía de alrededor del 90%. Entre 2016 y 2019, la economía mostró cierta mejoría, con una débil tasa media de crecimiento anual del 0,6%. Sin embargo, la intensificación de las MCU, la incapacidad del Estado para explotar muchos de sus recursos económicos por estar fuera de la zona que controlaba, más las consecuencias de la pandemia de COVID-19, causaron una contracción de la economía de 3,9% en 2020 (ONU – Relatora Especial, 2023: 5-6). Las MCU se suavizaron en cuanto un gobierno prooccidental llegó al poder en Damasco a fines de 2024.
Zimbabue. Desde 2001, enfrenta MCU de Estados Unidos y sus aliados dirigidas a sectores productivos clave de la economía, como la minería, la industria manufacturera, el turismo y la agricultura. El país había registrado un superávit comercial de 155 millones de dólares (~ 74% del PIB) en 2000, con un aumento del 1,44% de la producción global. Tras la imposición de MCU adicionales y otras medidas, la balanza comercial del país se redujo al -23,8% en 2010, y ha permanecido negativa desde entonces. La desindustrialización provocada por las MCU ha dado lugar a una grave contracción económica (del -3,1% en 2000 al -17,7% en 2008). El colapso económico ha provocado un agudo desempleo, una disminución del ingreso per cápita y la pérdida de profesionales cualificadxs (actualmente, las tasas de vacantes oscilan entre el 30 y 50% en diferentes sectores). Además, los cierres de empresas y los despidos de trabajadorxs han afectado a más de 610.000 personas entre 2005 y 2020. La inflación se disparó del 56% a más de 230 millones% en 2008, lo que provocó el colapso del sistema público e hizo que el gobierno fuera incapaz de prestar servicios esenciales, desde la salud y el transporte a la electricidad y la educación (ONU – Relatora Especial, 2022a: 5).
Las mujeres en los países sancionados y objeto de MCU del Sur Global se encuentran sobrerrepresentadas tanto en el trabajo precario como el formal, en las industrias orientadas a la exportación, como la textil, la confección, la marroquinería y los ensamblajes electrónicos. Las interrupciones en la exportación, causadas por las MCU, pueden afectar gravemente a los medios de subsistencia de las mujeres (Peksen y Drury, 2014). Tras las dificultades económicas causadas por las MCU, las mujeres se convierten en las primeras en ser despedidas de sus empleos, lo que aumenta su dependencia de la supervisión familiar (Al-Ali, 2005).
La creciente crisis económica de los países sancionados y objeto de MCU obliga a muchas personas a emigrar en busca de mejores condiciones de trabajo. En este proceso, las mujeres, la niñez y las poblaciones con diversidad de género se enfrentan al riesgo de convertirse en objeto la trata de seres humanos, la explotación ilegal, el crimen organizado, la xenofobia y la violencia de género (Madriz Franco y Oropeza, 2019). Esta población refugiada y migrante se ve obligada a trabajar en empleos informales, no cualificados y mal pagados donde, debido a la discriminación en los procesos de contratación, de nuevo las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas (Plataforma RV4, 2022).
Desabastecimiento inducido e inseguridad alimentaria
Desde el momento en que murió el comandante Chávez comenzó esta arremetida con mayor fuerza, una guerra económica que es contra la moneda nacional y que provocó la hiperinflación, todos los productos encarecieron y luego comenzaron a escasear. Todo ello reconfiguró la dinámica social. (…) Las mujeres que estaban al frente de los procesos de organización de la revolución bolivariana (…) tuvimos que apartarnos de la lucha comunitaria, de la lucha social, de nuestras propias orgánicas de nuestras propias dinámicas de reuniones permanentes, asambleas y todo para irnos a hacer largas filas para poder adquirir alimentos. (…) Filas de 3 o 4 horas de sol, a esperar a ver si me venden una harina, un azúcar, un aceite o lo que estuviese disponible en ese momento.
Laura Franco, Instituto Simón Bolívar, Venezuela
La producción de alimentos suele verse afectada por las restricciones inducidas por las MCU, que en muchos casos incluyen la prohibición de importar maquinaria agrícola, fertilizantes y semillas, y generan escasez de combustible y agua para la irrigación. Estos factores traen consigo un incremento de los precios de los alimentos, escaladas inflacionarias, conformación de mercados paralelos, y una profunda crisis alimentaria que afecta de manera desproporcionada a la población más vulnerable.
Las MCU también incluyen mecanismos de extorsión, como medidas impuestas a empresas privadas proveedoras de alimentos, la criminalización de empresarios y la confiscación por parte del sistema financiero internacional del dinero destinado al pago de proveedores de alimentos.
En Cuba, en 2019 y 2020, la falta de combustible obstaculizó la siembra de 12.399 hectáreas de arroz, lo cual trajo como consecuencia dejar de producir más de 30 mil toneladas de este cereal esencial. De igual manera, al afectar el transporte, la escasez de combustible impidió la producción de 2 millones de litros de leche y 481 toneladas de carne, lo que perjudicó parte de la alimentación básica de la sociedad cubana (Delgado y Ferrer, 2023: 19). La falta de fertilizantes y pesticidas ha provocado un descenso del 40% en el rendimiento histórico de varios cultivos y, en comparación con 2019, la producción de arroz, huevos y leche ha disminuido un 81%, 61% y 49% respectivamente (República de Cuba, 2024: 15, 28).
En los países afectados por las MCU, la inseguridad alimentaria se agrava también por las restricciones a la importación de alimentos y el desplome de la inversión directa en el sector. En Venezuela, desde el 2014 se registra una caída drástica de las importaciones de alimentos, que pasaron de 10.000 millones dólares en 2014 a menos de 1.000 millones de dólares en 2019, una caída de más del 90% (Delgado y Ferrer, 2023). Cuba reporta que en 2024 pagó un 76% más de dinero por la misma cantidad de alimentos importados que en 2019 (República de Cuba, 2024: 28).
Según UNICEF, las restricciones a la importación de alimentos en Venezuela provocaron el aumento constante de la desnutrición entre 2016 y 2022, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave (Arizmendi, 2023: 76). En el 2019, se produjo una violenta disminución de la importación de alimentos de casi un 90%, con efectos en la subalimentación de la población (Arizmendi, 2023: 80). En 2017, el sistema financiero de Estados Unidos bloqueó el traslado a Venezuela de 18 millones de cajas de alimentos subsidiadas del programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), creado en 2016 en respuesta a la escasez de alimentos generada por la guerra económica. Ese mismo año, un total de 23 operaciones financieras de Venezuela destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos fueron devueltas por bancos internacionales (Arizmendi, 2023: 76). El suministro de alimentos se ha visto comprometido además por el colapso operacional de las empresas estatales, la falta de suministro de productos intermedios para el sector agroalimentario, la escasez de combustible para la producción y distribución de los productos finales a los mercados y la caída del poder adquisitivo de las y los trabajadores.
Bajo las MCU, Siria enfrentaba una grave crisis alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 12 millones de sirios y sirias, más de la mitad de la población, sufrían inseguridad alimentaria, un 51% más que en 2019. La Relatora Especial de la ONU sobre las Repercusiones Negativas de las MCU en Siria, Alena F. Douhan, revela un aumento en la desnutrición de la niñez menor de 5 años del 48% entre 2020 y 2021; mientras que más del 10% de las mujeres embarazadas y lactantes estaban desnutridas (2023: 9).
Por su parte, en Zimbabue, la crisis alimentaria ha sido una preocupación clave desde 2001, tanto en términos de accesibilidad como de asequibilidad. La proporción de personas en situación de inseguridad alimentaria aumentó del 29% en 1995 al 58% en 2003. Esta situación empeoró aún más a finales de 2020, alcanzando a más del 60% de la población, y para el año 2017 un 30% de la población rural requería asistencia alimentaria (ONU – Relatora Especial, 2022a).
La inseguridad alimentaria afecta más fuertemente a los sectores más vulnerables, en donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas. En Venezuela, el 65% de los hogares pobres son monoparentales y tienen como cabeza de familia a la mujer-madre soltera (Delgado y Ferrer, 2021: 44). En esos hogares, el acceso a los alimentos depende mayoritariamente de ellas, tarea a la que destinan una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y estrés. De este modo, el impacto con relación al acceso a la alimentación tiene también un impacto diferencial por razones de género.
En estos escenarios, las políticas de distribución de alimentos resultan sumamente relevantes. En Venezuela, por ejemplo, en diciembre de 2020, el 88% de los hogares estaba recibiendo suplementos alimenticios proporcionados por los CLAP. Según las estadísticas oficiales, en 2020 se distribuyeron paquetes de alimentos de los CLAP a 7,5 millones de familias (Arizmendi, 2023: 75-76).
Además de las políticas de distribución y abastecimiento alimentario para hacer frente a la inseguridad alimentaria, en algunos de estos países las políticas gubernamentales para garantizar la autosuficiencia alimentaria y agrícola se han convertido en una prioridad.
Según el Programa Mundial de Alimentos, las tasas de autosuficiencia en Irán oscilaron entre el 53% y 82% entre 2000 y 2012. Actualmente, el país aún depende de importaciones de alimentos, con una tasa de autosuficiencia de aproximadamente un 85% (ONU – Relatora Especial, 2022b: 9). Sin embargo, la reimposición de MCU en 2018, junto con las restricciones comerciales y financieras de bancos extranjeros, ha interrumpido significativamente el suministro de semillas, fertilizantes y equipos agrícolas necesarios para la producción.
El gobierno de Venezuela también realizó importantes esfuerzos para revertir la dependencia en la importación de alimentos, que, según la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, en pocos años Venezuela pasó de importar el 85% de los alimentos para consumo interno a producir 97% de los alimentos que el pueblo de Venezuela se lleva a su casa diariamente (SUNAGRO, 2025).
Desmantelamiento de la infraestructura social
Además de impedir el transporte de personas y bienes como los alimentos, la falta de combustible y la incapacidad de conseguir repuestos para las áreas estratégicas de producción e infraestructura afecta la sostenibilidad de los sistemas de producción y distribución hidrocarburífera, energética y de agua potable, lo que repercute críticamente en el acceso de la población a los servicios esenciales.
La Relatora Especial, Alena Douhan, señaló que las MCU impiden a los países sancionados obtener piezas para mantener infraestructuras vitales para la vida cotidiana. En virtud del exceso de cumplimiento, empresas extranjeras e instituciones financieras se niegan a suministrar materiales de construcción, piezas de repuesto y software para plantas de energía, refinerías y estaciones de bombeo de agua, o bloquean las transacciones financieras para el pago de dichos bienes y servicios (ONU, 2021).
Como consecuencia de ello, estos países enfrentan graves carencias de electricidad, combustible y agua potable, debido a la destrucción de plantas e infraestructura de distribución y a la incapacidad de realizar actividades de rehabilitación, mantenimiento y desarrollo. Los cortes de energía son frecuentes.
En Siria, el promedio de distribución eléctrica es de entre 2 y 4 horas diarias (ONU – Relatora Especial, 2023: 7). En Cuba, la crisis energética se ha agravado y durante el 2024, se registraron jornadas con tasas de afectación máxima superiores al 50%. Los apagones se deben principalmente a la carencia de combustible —fruto de la falta de divisas para importarlo— y a las frecuentes averías en las centrales termoeléctricas del país causadas por un déficit crónico de inversiones. En los últimos meses, Cuba recibió la ayuda solidaria del gobierno de la República Popular China, que donó al país caribeño 69 toneladas de radiadores, motores, piezas y otros accesorios para apoyar la recuperación del sistema eléctrico de la isla (Swissinfo, 2024).
Las restricciones comerciales y financieras inducidas por las MCU también presentan desafíos en la adquisición de equipos mecánicos y eléctricos para proyectos de agua y sistemas de alcantarillado, lo que afecta el acceso de las poblaciones al agua y al saneamiento.
En Venezuela, se estima que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de abastecimiento de agua, pero las interrupciones son frecuentes debido a los cortes en la electricidad que suministra a las bombas de agua. Según el informe de la Relatora Especial de la ONU (2021), el ministro responsable del agua informó que 52% del sistema de distribución de agua utilizaba tecnología de Estados Unidos y el 29% equipos alemanes y suizos. Las dificultades crecientes para adquirir piezas de repuesto y realizar trabajos de mantenimiento hizo que solo estén en funcionamiento el 50% de las unidades de distribución. Esto obligó a distribuir el agua por turnos para garantizar el suministro a todos.
En Siria, solo el 50% de los sistemas de agua y saneamiento en el país funcionan adecuadamente, debido a la destrucción y falta de mantenimiento del sistema de energía eléctrica y la capacidad reducida de generación eléctrica. En 2022, la Relatora Especial de la ONU Alena F. Douhan visitó el país y observó que, además de solo contar con dos horas de electricidad al día, las escuelas primarias y secundarias de la zona rural de Homs que atienden a cientos de alumnos no tienen agua corriente. La asignación de agua potable se ha reducido a 30–40 litros diarios, en comparación con los 130 litros diarios disponibles antes de 2011 (ONU – Relatora Especial, 2023: 8).
En Zimbabue, la escasez de agua tiene efectos críticos. Los informes indican que para el 2019, el 77,1% de los hogares carecían de acceso a fuentes mejoradas de agua limpia, con disparidades entre las zonas rurales (67,9%) y urbanas (97,3%). Esto ha acelerado epidemias de enfermedades, como el cólera y la fiebre tifoidea (especialmente en 2008 y 2018), con un saldo de muertes combinado estimado de más de 3.000 personas, y ha puesto en riesgo a más de 100.000 personas (ONU – Relatora Especial, 2022a: 7).
Salud precarizada
Las MCU reducen la capacidad de los Estados de sostener los servicios públicos que son esenciales para la población más vulnerable. En estas condiciones, el derecho a la salud se ve limitado porque se dificulta el acceso a fuentes de energía, agua, alimentos, productos de higiene personal, pañales, toallas sanitarias, medicinas, pero también a los espacios de atención de salud, todos necesarios para una vida saludable.
En Venezuela, la prohibición de importación de insumos y piezas de repuesto afecta la funcionalidad de los equipos destinados a la atención de salud y actualmente solo el 20% están en funcionamiento óptimo. Otro impacto ha sido la escasez en 2017–2018 de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria (Delgado y Ferrer, 2023: 35). El noveno informe periódico de Venezuela ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (República Bolivariana de Venezuela, 2021) denuncia que las MCU afectaron el desempeño del programa de «Medicamentos de Alto Costo» del Instituto Venezolano de Seguros Sociales: en 2014 distribuyó gratuitamente 535.071 medicamentos, mientras que en 2020 sólo 64.078, una reducción de la cobertura de casi el 90% (RBV: 26).
Yirley Rodríguez, trabajadora social, feminista popular y madre cuidadora, cuenta cómo mientras estaba embarazada se preocupaba por «No poder conseguir cosas que necesitara para el parto y la bebé […] No pude acceder a todos los alimentos de mi dieta, medicinas que no se encontraban». Lo mismo que reporta la Relatora Especial de la ONU respecto a Siria (2023: 10-11).
Un sector particularmente afectado en Venezuela ha sido la población con alguna discapacidad y las mujeres que ejercen los cuidados de estas personas, desde que el país perdió el control de la empresa petrolera venezolana CITGO, radicada en Estados Unidos. Esta empresa apoyaba financieramente la política social de atención a este sector, sobre todo cuando se trataba de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas fuera del país (Delgado y Ferrer, 2023: 65).
Ante todas estas dificultades, una de las salidas ha sido recurrir a la medicina natural para paliar en algo los efectos nocivos del bloqueo, como indica Marta del Programa Todas las Manos a la Siembra: «Hemos vuelto a la medicina natural». Ella revaloriza el uso de plantas para la curación de enfermedades sin negar la importancia de la medicina convencional: «El conocimiento científico, técnico y ancestral o popular deben ir de la mano, acompañándose siempre para obtener un mejor resultado».
La salud reproductiva tanto de las mujeres como de la población sexodiversa se ve particularmente afectada de distintas formas. Entre 2017 y 2020, en Venezuela hubo obstaculización del acceso a pruebas citológicas, dificultando la detección temprana de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama a miles de mujeres, ocasionando en muchos casos la muerte de las mismas. Existen dificultades para la adquisición y distribución gratuita de la terapia antirretroviral (TARV), imprescindible para el tratamiento del VIH. Han aumentado los niveles de vulnerabilidad frente a embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual porque se redujo la distribución gratuita y masiva de anticonceptivos orales, preservativos, dispositivos intrauterinos u otros métodos de planificación familiar y prevención de ITS esenciales para el desarrollo de una sexualidad saludable (Delgado y Ferrer, 2023: 57).
La tasa de mortalidad materna, que estaba cayendo en Venezuela hasta 2014, comenzó a subir de nuevo a partir de la aplicación de las MCU y solo recuperó cifras similares tras la pandemia (Delgado y Ferrer, 2023: 58). En Zimbabue,2 donde todos los indicadores de salud se han deteriorado a niveles muy graves desde la imposición de las MCU, la tasa de mortalidad materna era de 614 por 100.000 habitantes en 2014, y un modelo del Banco Mundial estima que podría haber llegado a 314 en 2020, entre las más altas del mundo. La tasa de mortalidad infantil también es muy elevada: 29 por cada 1.000 nacidos vivos (ONU – Relatora Especial, 2022a: 8).
El embargo ha devastado el sistema sanitario gratuito y universal de Cuba, uno de los pilares del proceso revolucionario. Sin embargo, e incluso tras la crisis del COVID-19, el país mantiene una esperanza de vida elevada, 73,7 años, muy similar a la media de las Américas y mayor que la media mundial (OMS, 2021). La excelente formación de los trabajadores de la salud cubanos, 71% de los cuales son mujeres, ha convertido a la exportación de servicios de salud en el 71% del total de exportaciones. Las misiones médicas cubanas llegaron a 60 países en la pandemia, pero debieron retirarse de algunos por la «sostenida campaña de desprestigio del gobierno de Trump» (OXFAM, 2021).
En este país, las MCU afectan severamente el acceso a medicamentos. El 51% de los 651 medicamentos incluidos en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales no están disponibles. Hay escasez de anticonceptivos, preservativos y medicamentos para embarazadas, así como medios de diagnóstico, pruebas de embarazo y pruebas de enfermedades de transmisión sexual (República de Cuba, 2024: 24, 89). Como señala Indira Pino:
Sufrimos la escasez de medicamentos. Las farmacias están vacías debido a que las materias primas son de difícil acceso para nuestro país. Por ejemplo, las almohadillas sanitarias, la materia con las que se hacen no es de buena calidad y eso causa molestias a las mujeres durante su ciclo menstrual (OXFAM, 2021: 18).
Irán produce alrededor del 95% de sus medicamentos y vacunas básicas como medida para aliviar el impacto de las MCU, pero sufre, al igual que Venezuela, la falta de acceso a medicinas, insumos y equipamientos que salvan vidas en el caso de enfermedades más raras o complejas (ONU – Relatora Especial, 2022b: 7).
Un escenario muy diferente es el de Zimbabue, donde el 70% de los medicamentos esenciales dependen de importaciones y la escasez de personal de salud es alarmante: las tasas de vacancia son de 89% para comadronas, 64% para médicos en los servicios públicos y de 49% para los tutores de enfermería (ONU – Relatora Especial, 2022a: 8).
La producción farmacéutica de Siria antes de la guerra superaba el 87% de las necesidades del país y exportaba a 73 países. Hoy sufre una escasez significativa de equipos médicos y un enorme deterioro del sistema público de salud que obliga a las personas a acudir al sistema privado, cuyos costos la población más vulnerable, entre ellos las mujeres, no puede cubrir (ONU – Relatora Especial, 2023: 10).
Las intenciones genocidas del bloqueo quedaron aún más claras cuando en lo peor de la pandemia del COVID-19 se impusieron a Cuba MCU adicionales, entre ellas reforzar la prohibición de la importación de ventiladores pulmonares e impedir la importación de oxígeno, sumado a las dificultades para obtener kits de prueba y equipos de protección personal (República de Cuba, 2024: 12; OXFAM, 2021: 6). Venezuela e Irán experimentaron dificultades similares (Delgado y Ferrer, 2023: 38; ONU – Relatora Especial, 2022b: 8-9).
Sobrecarga de trabajo de cuidado
[…] lo que es la carga de tareas domésticas, de cuidado y laborales, sí se han acrecentado, por supuesto. Una vez que nosotras las mujeres salimos a trabajar inclusive todo el día en la calle con dos o tres trabajos, luego en la noche cuando llegamos tenemos entonces que hacer las labores domésticas, no solamente lavar, fregar, cocinar, sino que también tenemos que estudiar con nuestros hijos […] si tenemos en casa a los padres o abuelos, hay que atenderlos, están bajo nuestro cuidado. Eso es una carga, y bueno, por último, hay que también ser esposas [y] cumplir con nuestros esposos.
Comunera y lideresa campesina (44 años) (en Delgado y Ferrer, 2023: 91)
La guerra imperialista, en su modalidad híbrida, tiene importantes efectos en la vida cotidiana y en la posibilidad de compaginar tiempos y esfuerzos entre tareas laborales, de cuidados, tiempo libre y de participación política. Esta guerra silenciosa ha reafirmado la división sexual del trabajo tradicional, impactando el uso del tiempo e incrementando las jornadas de trabajo no remunerado de las mujeres al asumir una mayor carga en los cuidados (Franco, 2022).
Este escenario tiene un impacto profundo en las mujeres, quienes absorben con trabajo no remunerado parte de la crisis y para quienes la gestión de la salud y de los alimentos comienza a exigir mucho más tiempo, en detrimento del tiempo destinado al trabajo remunerado y otras actividades. También son ellas quienes se enfrentan con las dificultades que la escasez hídrica ocasiona en la vida cotidiana. Las mujeres generalmente son las que se ocupan de buscar y administrar el agua potable para sus familias, que en contexto de escasez puede demandar mucha más dedicación:
La falta de agua trastoca los horarios de vida, se necesita mucho más tiempo de trabajo para los cuidados porque conseguir agua se convirtió en algo muy distinto. Se hace muy difícil armonizar el tiempo de cuidados como madre con los tiempos de trabajo en tu empleo y con el tiempo de trabajo con la militancia política, se desordenó. Porque la prioridad es el agua, cuando llega el agua tienes que salir a lavar, a almacenar, no importa el horario que sea. Esto repercutió negativamente en la organización y armonicidad de los tiempos y generó sobrecarga de trabajo de cuidados.
Yirley Rodríguez, trabajadora social, feminista popular y madre cuidadora. Venezuela
Las mujeres al frente de la organización social
Ahora bien, frente a las adversidades que ocasionan las sanciones y las MCU, las mujeres se convierten en una malla de contención, apuntalando soluciones colectivas en el marco de la organización comunitaria y garantizando la sostenibilidad de la vida en los territorios. En tiempos donde el trabajo voluntario se incrementa, en sus comunidades manejan todos los casos de salud, distribuyen alimentos, gestionan la solución de problemas, dando cuenta de múltiples formas de resistencia, de reinvención y de resiliencia.
En los momentos más adversos de la guerra económica contra Venezuela, las mujeres que lideran los procesos de organización comunitaria se convirtieron en las principales aliadas en la implementación de políticas estatales de abastecimiento alimentario en todo el país. Como señalamos, en 2016, fueron creados los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para sustituir los circuitos privados de distribución de alimentos por mecanismos estatales, con la incorporación de la participación comunitaria en la ejecución de la política, un elemento fiscalizador novedoso de carácter popular. Este programa, al promover la entrega de una canasta alimentaria de manera directa a los hogares, sin intermediación privada, colaboró en la organización social y familiar, y en particular con las mujeres, en quienes aún recaen mayormente las tareas no remuneradas vinculadas a la reproducción doméstica y comunitaria de la vida. No es casual que las mujeres constituyan el destacamento de vanguardia que desde los CLAP garantizan hoy la distribución de alimentos en las comunidades de las ciudades y el campo. La participación femenina en los consejos comunales y las comunas supera el 70%, lo que las convierte en protagonistas en la resistencia a la agresión imperialista y patriarcal (Franco, 2022).
Para este dossier dialogamos con Marta, miembro del Programa Todas las Manos a la Siembra. El programa fue creado por el gobierno en la crisis del petróleo en Venezuela para ampliar el conocimiento en las escuelas acerca de la soberanía alimentaria, la producción sustentable y la cuestión medioambiental, pero también para acompañar procesos y proyectos locales de producción de alimentos. Marta cuenta que en el peor momento de la «guerra económica», las escuelas agroecológicas organizaban mercados populares locales, con el apoyo del programa Ferias del Campo Soberano, donde vendían los alimentos a precios más baratos, lo que resultó una estrategia importante para paliar la crisis inflacionaria y el desabastecimiento. Este programa fue la respuesta del gobierno en zonas rurales para distribuir proteínas, frutas y verduras a bajo costo en 1.500 comunidades priorizadas en la que las mujeres campesinas productoras tuvieron un papel destacado.
No obstante, es importante no idealizar estas labores, ya que pese a estar impregnadas de heroísmo en este contexto por ponerse al frente del sostenimiento de la vida, constituyen también modalidades de división sexual del trabajo político. Mientras que la organización comunitaria tiene una importante impronta y liderazgo femenino, esto no se extiende a otros ámbitos de representación política institucional y de gestión estatal. Las tareas comunitarias amplían la jornada de trabajo no remunerado de las mujeres más allá del hogar, lo que ensancha la brecha de desigualdad de género con relación al trabajo y los ingresos, con su correlato en términos de feminización de la pobreza y sobrerrepresentación en los mercados informales de trabajo. Y, además, suelen obstruir el derecho al ocio, a la recreación y al vivir bien de las mujeres (Delgado y Ferrer, 2023: 75).
Las cubanas indican dificultades similares: «Para las mujeres es mucho más duro, pues debido a la carga doméstica que por lo general tienen, no contar con transporte les provoca mayor estrés», dice Yunisleydis Duvergel, gestora de transporte (OXFAM, 2021). El bloqueo no crea las desigualdades de género, pero si empeora las condiciones en las que las mujeres deben desempeñar el trabajo doméstico y de cuidado tradicionalmente asignado a ellas.
Conclusiones: resistencia y comunidad
Las mujeres asediadas por el hiperimperialismo han desarrollado formas de resistencia y confrontación basadas en el retorno a la tierra, en la economía alternativa, familiar y cooperativa.
El trabajo de las mujeres de tejido capilar de la sociedad y de organización comunal ha tenido un papel central para sostener y profundizar procesos revolucionarios en escenarios de gran adversidad y enfrentar las embestidas externas e internas que buscan generar terror y desalentar la esperanza. Ayarit Rojas, vocera de la Infantería Revolucionaria Ecosocialista por Hábitat y Vivienda Antímano (INFREHAVIANT), organización de base venezolana liderada por mujeres que desde el 2011 ejecuta más de 1.600 proyectos de construcción de nuevas comunidades ecosocialistas y proyectos de vivienda basado en un sistema de diseño participativo, nos cuenta de las obras que con esfuerzo, creatividad y coraje han logrado hacer a pesar de lo mucho que afectó el bloqueo en la posibilidad de acceder a los materiales de construcción mayormente importados:
Fuimos catalogadas como amenaza inusual, el desabastecimiento inducido, la hiperinflación y todo eso fue conllevando a que nosotras cada día nos fortalezcamos más y buscáramos alternativas para seguir avanzando. En el tema constructivo, las MCU fueron caóticas y nosotras como mujeres éramos las que teníamos el peso triple en los hombros por el tema hogar, tema laboral y tema constructivo, entonces era demasiado. Pero, sin embargo, logramos nuestro objetivo porque hoy tenemos nuestra vivienda y nuestro hábitat digno gracias a este proceso revolucionario.
Ayarit Rodríguez, vocera de INFREHAVIANT, Venezuela
Las mujeres enfrentan las consecuencias adversas en términos económicos, productivos y sociales. Pero también juegan un papel decisivo ante la guerra psicológica que estos escenarios provocan. Porque la participación femenina que politiza cotidianamente la precariedad y colectiviza la gestión de la supervivencia, constituye un elemento decisivo contra la pedagogía neoliberal de la crueldad, del olvido y del hiperindividualismo:
La fuerza para seguir adelante en este contexto tan difícil son las relaciones comunitarias y este sentido común que aún impera en Venezuela, este gran consenso de la vida colectiva, de resolvernos en comunidad, de ser un soporte las unas con las otras, como este gran tejido social que ha venido construyendo la revolución bolivariana (…) Lo que me da fuerza es que aquí hay condiciones políticas para crear la comunalización de la vida, hay otra propuesta de mundo, de sociedad, de relaciones sociales, que es comunalizar versus la propuesta de liberalizar de los grandes capitales. Esto es lo que me da fuerza, es que hay posibilidad de crear, de disputar sin que nos cueste la vida, de interlocutar con los que están en espacios de poder, de toma de decisiones. Este escenario político y social es lo que a mí me da fuerza para continuar creyendo y para continuar apostando desde el feminismo popular a cambios estructurales y para afrontar la coyuntura que vivimos hoy en día frente a las sanciones económicas y a esta guerra psicológica que tienen contra nuestra emocionalidad y espiritualidad.
Yirley Rodríguez, trabajadora social, feminista popular y madre cuidadora. Venezuela
Como afirma Yirley Rodríguez, la fuerza para resistir en las peores circunstancias está dada por la convicción de que es posible construir un mundo distinto, que no se asiente en la explotación ni en la destrucción del tejido social, sino en la posibilidad de construir una vida en común, con protagonismo popular y en donde todas las personas puedan vivir dignamente.
Notas
1 Denominadas común, pero erróneamente, sanciones. En el ámbito internacional solo se puede denominar legítimamente sanciones a las medidas determinadas por la ONU conforme a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Si un país aplica medidas represivas contra otro, no son sanciones, sino MCU, y deberían ajustarse a los principios del derecho internacional, lo que normalmente no sucede.
2 Conforme consta en el Informe de la Relatora Especial. No existen datos más actualizados recogidos directamente, solo estimaciones.
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