Por el crecimiento del sector público

Una de las mayores mentiras de la forma en que los grandes medios de comunicación, gobiernos y grupos de presión han presentado ante la ciudadanía la actual crisis económica es la de culpar de ella al desorbitado tamaño del sector público, causa a su vez, se dice, del incremento desenfrenado del déficit y de la deuda pública. Tal vez, sea de hecho la mayor de todas las mentiras.

Si nos atenemos, sin embargo, a los datos básicos que todo el mundo conoce resulta evidente que no sólo no es así, sino que se puede afirmar que una de las peores carencias del sistema económico español es el excesivamente reducido tamaño del sector público, así como el dominio privado sobre las áreas esenciales de nuestro modelo de desarrollo, como lo son el sector financiero y el energético. Los datos son incontestables. Hasta el momento en que en el año 2008 estalló la crisis en España, contagiada de la crisis internacional pero empujada también por causas autóctonas, nuestro país mantuvo superávit y una deuda pública por debajo del 40% del PIB (muy por debajo tanto de la media europea como de los estrictos límites aprobados como criterios de convergencia). Y el sector público logra esto sin destruir ni un solo puesto de trabajo y con un grado de calidad muy aceptable en la prestación de los servicios. Es más, los mismos gobernantes que han iniciado la privatización de la sanidad, por ejemplo, y que han dejado fuera de sus ventajas a grandes grupos sociales, han venido a argumentar que la extensión de las prestaciones sanitarias públicas era tan amplia y generosa que muchos ciudadanos tendían a “abusar” de ello. Fuera de que tal afirmación sea falsa, descubre que incluso los detractores de la sanidad pública reconocen su enorme calidad y su extensión universal. Y si llegar a todo el mundo en la prestación de un servicio se logra creando más empleo y con superávit en las cuentas públicas, ¿cuál es el problema? ¿Es preferible el desempleo, el deterioro de los servicios y la pobreza?

El déficit en España se dispara a raíz de la crisis, el déficit es una consecuencia y no la causa de la crisis. La razón primordial, con haber otras, resulta fácilmente comprensible. Dado que los gobiernos que se han sucedido en los años anteriores, de uno u otro signo político, han ido desmantelando el sistema tributario y haciendo recaer la inmensa mayoría de los ingresos fiscales sobre las rentas del trabajo, cuando explota la burbuja inmobiliaria por el corte del crédito centroeuropeo y aumenta el paro de manera pavorosa, también se desboca el déficit. En apenas un año hay cerca de dos millones más de parados, que no contribuyen fiscalmente y a los que sin embargo hay que pagar subsidio de desempleo. Ése es el agujero del déficit: no el exceso de gasto público en servicios de sanidad o educación, sino un modelo productivo privado concentrado en el ladrillo que se desploma y arrastra a las demás áreas de la economía.

En lo que se refiere a la deuda pública, que en el último ejercicio también ha tenido un crecimiento inédito, se sabe que éste proviene de la absorción de las pérdidas y consiguientes ayudas a la banca privada (por vía directa en cajas de ahorro nacionalizadas o por vía indirecta en préstamos a muy bajo interés del Banco Central Europeo para que luego los bancos beneficiados presten a interés mucho más alto al Estado).

Es, pues, el sector empresarial privado el causante de la crisis, en especial el sector de las grandes empresas.

¿Cuál es el papel de éste en la crisis?

Mientras el sector público es capaz de mantener su deuda por debajo del 40% del PIB hasta el estallido de la crisis, el sector privado supera el 400% del PIB. Mientras el sector público no destruye ni un solo puesto de trabajo, el sector privado destruye más de dos millones en un año, provocando un incremento rápido del déficit, como hemos visto, por culpa de un sistema tributario que ha reducido los impuestos a las empresas a cotas ridículas (se calcula que los grupos de grandes empresas no tributan ni por un 5% real en Impuesto de Sociedades) y hace recaer toda la carga en las rentas del trabajo. Y, mientras el sector público es capaz de prestar razonablemente bien todos los servicios a que viene obligado sin disparar su deuda, el sector privado se estanca y pulveriza las áreas económicas sobre las que opera.

En eficiencia de gestión, el sector empresarial privado español es una auténtica catástrofe. Poseemos el empresariado más incompetente de Europa.

Desmontemos, de paso, la mentira del relato dominante que asegura que en la primera mitad de gestión de la crisis el gobierno de Rodríguez Zapatero recurrió a una política keynesiana de incremento de gasto público y que hubo de rectificar en mayo de 2010 (la fecha de los grandes recortes del gobierno socialista) por el fracaso de la estrategia inicial. En primer lugar, no hubo tal rectificación sino imposición por la alta burocracia europea y el FMI, así como por el gobierno y banca alemanes. En segundo lugar, el incremento de gasto no fue para reforzar servicios públicos necesarios, que hubiesen generado empleo directo, de calidad y justo, y más ingresos fiscales, sino para entregar dinero al sector privado inmobiliario utilizando como intermediarios a los Ayuntamientos por el recurso a la contratación de obras públicas. Es el famoso en su día Plan E, que fue también un plan de financiación con dinero público del sector privado más responsable de la crisis.

Añadamos que la misma corrupción es fruto de la penetración de intereses privados en el sector público. La proliferación de un sinnúmero de cargos de confianza es una de las expresiones más grotescas de esa corrupción. En el caso de las cajas de ahorro, es esta gestión corrupta la que explica su derrumbe. El problema no fue nunca la presencia de representación política en ellas, sino que tales presuntos representantes estuvieran al margen del control público ciudadano y que las cajas actuasen como bancos privados y no en cumplimiento de ninguna finalidad social.

La expresión máxima de la corrupción en el ámbito público por falta de control democrático, con todo, es la independencia del Banco de España actuase en colusión con el sector financiero y sin salvaguardar el interés general.

Entonces, ¿por qué se privatiza? Porque lo que se pretende es entregar a las grandes empresas privadas que han mostrado una inoperancia y una ineficiencia pavorosas trozos del sector público como negocio. Y el mejor negocio son los servicios públicos esenciales, tales como los de sanidad y educación, en la medida en que dejan cautivos de las grandes empresas a miles de ciudadanos y ciudadanas que habrán de pagar lo que antes no pagaban fuera de sus impuestos para simplemente sobrevivir.

Un ejemplo de cómo se urden las campañas propagandísticas es el del sistema público de pensiones. Desde principios de los años 90 del pasado siglo se viene pronosticando su quiebra por “estudios” presuntamente científicos siempre pagados por grupos empresariales privados con intereses específicos en este campo. El incumplimiento de los pronósticos no impide que los grandes medios de comunicación continúen dando cobertura a nuevos estudios que vuelven a pronosticar la quiebra del sistema con los mismos parámetros de cálculo que fracasaron en los estudios anteriores. Se dijo que quebraría el sistema hacia el 2004, como consecuencia del envejecimiento de la población. No fue así. Ahora se prevé que quebrará por el envejecimiento de la población, ¿para cuándo, para el 2030? ¿Por qué hemos de creer que ahora acertarán profecías idénticas a otras que ya fallaron numerosas veces? ¿Es esto ciencia? No, es propaganda.

Digamos más: si se lograse que las cerca de seis millones de personas paradas tuviesen empleo, no habría absolutamente ningún problema en mantener el sistema de pensiones (no hay que calcular, como se hace, la proporción entre personas en edad de trabajar y personas en edad de jubilarse, sino la proporción entre quienes de manera efectiva trabajan y tributan y las que no). Si se mantiene, por el contrario, la cifra terrible de parados, plantearse la quiebra para dentro de 20 años del sistema de pensiones es una tonta extravagancia porque no podremos sostener ningún servicio público hoy en día, ni las pensiones ni nada.

Así pues, ¿a qué responde tanta urgencia en reformar el sistema de pensiones, después por cierto de una reforma aprobada hace poco menos de un año y para una incierta quiebra de dentro de décadas? Si ese fuese el riesgo, ¿no habría de meditarse con sosiego lo que hubiera de reformar?

No, porque los que en realidad están en quiebra son los fondos privados de pensiones, y hay una única manera de que éstos recluten a nuevos clientes entre una ciudadanía con cada día menor capacidad de ahorro: desmantelar el sistema público y entregar el negocio a los fondos privados. Es un saqueo y es una estafa, organizada criminalmente por los políticos gobernantes.

La misma estafa se repite en el conjunto de servicios públicos. Se afirma una y otra vez que éstos son insostenibles, cuando en realidad se han sostenido muy bien, con calidad y con niveles bajísimos de deuda. ¿Para qué se miente? Para entregárselos como negocio al sector empresarial privado que hizo disparar la deuda, quebró en sus áreas de intervención y provocó la crisis.

El caso de la sanidad en la Comunidad de Madrid o la valenciana es de auténtico escándalo. Se entregan hospitales que funcionan perfectamente con gestión pública a empresas del sector inmobiliario, causantes principales de la crisis en nuestro país. Las empresas que han hundido la economía española se presentan como las que gestionarán un servicio mejor que los propios profesionales sanitarios que han demostrado su competencia logrando que tuviésemos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo.

Ante esta estafa, tiene que constituirse una corriente ciudadana que reclame, a contrapelo de la propaganda oficial, reducir drásticamente el sector privado empresarial, haciendo que las áreas estratégicas de la economía sean nacionalizadas y entregadas al sector público (que ha demostrado, como hemos visto, ser mucho más eficiente y ahorrativo) y controlar desde el sector público también el resto de grandes empresas.

Por todo ello, las y los abajo firmantes reclamamos:

1. La reducción del sector privado empresarial y el aumento consiguiente del sector público, por su demostrada superioridad en la gestión económica de los servicios necesarios para el sostenimiento de la comunidad.

2. La concreción del punto anterior en la creación de una gran banca pública que al menos domine la mayor parte del crédito, estimulando así la creación de riqueza socialmente necesaria y la reducción del desempleo. Puede recurrirse al principio como base a la banca ya nacionalizada, que en ningún caso ha de volver a manos privadas.

3. La nacionalización del sector eléctrico para garantizar la prestación de este servicio a ciudadanos y ciudadanas y pequeñas empresas en condiciones de justicia. Simultáneamente, los propietarios y directivos de las actuales compañías privadas eléctricas deben ser inmediatamente detenidos y puestos a disposición judicial para ser procesados por presunto delito de estafa (el llamado “déficit de tarifa”). Es lógico que esto suponga que no se habrá de pagar absolutamente nada a tales grandes propietarios por la nacionalización.

4. La nacionalización del sector petrolero y de suministro de hidrocarburos, así como del de suministro de gas y demás áreas energéticas.

5. La nacionalización del sector de telecomunicaciones.

6. La paralización y reversión de todos los procesos de privatización en marcha. La detención y puesta a disposición judicial de los gobernantes y gestores públicos que han iniciado tales procesos de privatización para encausarlos por los presuntos delitos de estafa y malversación de fondos públicos.

7. La intervención por el Estado de las grandes empresas, que deberán ser permanentemente controladas por técnicos de la Administración para garantizar que en especial en la selección de sus cuadros directivos se siguen los procedimientos habituales de evaluación de mérito y capacidad del sector público. Los actuales directivos de grandes empresas habrán de superar pruebas adecuadas que aseguren su capacitación profesional y si no ser inmediatamente despedidos o en todo caso degradados a puestos básicos para los que sí estén capacitados. Ello habrá de ser así para evitar que nuevas quiebras empresariales consecuencia de la incompetencia de los directivos arrastren al conjunto de la economía. También deberá aplicarse a estos directivos la responsabilidad patrimonial en la gestión que afecta a los funcionarios públicos.

8. Acercar, en general, los procedimientos de gestión del sector empresarial privado a los más eficaces del sector público.

9. La abolición de todos los límites en tasa de reposición de efectivos en el sector público, aumentando en al menos un 25% en los dos primeros años el número de empleados públicos para cubrir las nuevas necesidades que estas reformas han de generar. Esto se hará por ofertas públicas de empleo según los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

10. La desaparición fulminante en el sector público de todo cargo o puesto que no haya sido o bien votado por la ciudadanía (nivel de representación política) o bien seleccionado en procedimientos objetivos de evaluación de la capacidad profesional (nivel técnico). Eliminación inmediata de todos los cargos de confianza en todos los niveles de la Administración pública.

11. Plan de eliminación de interese privados en el sector público.

12. Abolición de la independencia del Banco de España, que tendrá que ser sometido a control democrático de la ciudadanía cono el resto de instituciones públicas.

13. La modificación de las normas legales que sean pertinentes para la aplicación práctica de los puntos anteriores.

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