Para que se trate de un derecho de los niños y no de los padres (o de las iglesias y los mercados), la enseñanza debe ser de acceso gratuito y universal: o, lo que es lo mismo, la deben pagar todos los ciudadanos con su trabajo y debe ser obligatoria, sin excepciones, para todos los ciudadanos. No habrá verdadera enseñanza pública mientras haya, junto a ella, ignorancia e incultura, pero no la habrá igualmente mientras haya, junto a ella, enseñanza privada o -valga la redundancia- concertada. Por otro lado, para que se trate de un derecho de los niños y no de las familias, de las iglesias o de las empresas, es necesario que se ejerza además en un medio laico, en el sentido lato de un medio vacío en el que ninguna doctrina -tampoco el ateísmo- tengan ninguna autoridad pública en la aulas y, en cambio, todos los signos -cruces, velos, marcas y camisetas del Ché- tengan igual libertad privada en los recreos.