¿Existe el extractivismo progresista?
Patrick Guillaudat
En su edición de julio de 2021, Le Monde Diplomatique publicó un artículo de Maëlle Mariette y Franck Poupeau titulado «¿Abajo la mina o abajo el Estado?» Donde aplauden las políticas extractivistas de los gobiernos «progresistas» latinoamericanos al tiempo que crucifican a lo que los autores denominan «activistas e intelectuales que se hacen pasar por «progresistas».
Vale la pena darle una mirada porque, incluso si sus autores no lo proclaman, va en la dirección de la corriente que lleva una parte de la izquierda nacional-estatista que ha negociado las virtudes de la emancipación social frente a las de un Estado fuerte. Está representado en Francia en particular por Jean-Luc Mélenchon pero también, en lo que respecta a los aficionados al «progresismo latinoamericano», por periodistas como Ignacio Ramonet o Maurice Lemoine. Apoyan incondicionalmente al clan Ortega en Nicaragua, de Maduro en Venezuela y de Correa en Ecuador, etc., esta izquierda de ‘compas’ reduce al pueblo a sus únicos gobernantes omniscientes, y la crisis política, económica y social de estos países a la mano desestabilizadora de Estados Unidos. El premio es para Ignacio Ramonet quien no tuvo miedo en afirmar: «El presidente Nicolás Maduro, evitando todos los obstáculos, trampas y dificultades, demostró su excepcional capacidad como estadista. Y el líder indestructible de la revolución bolivariana»[1]. El pueblo venezolano que ha caído en la pobreza sin duda lo aprecia. Sin embargo, Maëlle Mariette y Franck Poupeau (MM y FP) sitúan su polémica en otro campo. En lugar de lanzar una apología de Correa, Maduro y Morales, que tendrían que justificar, concentran su artillería en el candidato ambientalista e indígena Yaku Pérez en las elecciones presidenciales. En base a sus innegables errores bajo Correa (en particular su llamado a apoyar al candidato de derecha Guillermo Lasso contra el representante del partido de Correa, Lenin Moreno) estos dos autores no dudan en ir más allá de los límites y, para apoyar mejor la política económica de los gobiernos progresistas, sólo se oponen a ella de una manera muy caricaturesca como «una izquierda que defiende la dictadura» (¡sic!). Esta descalificación es inevitablemente vergonzosa (¿quién en la izquierda podría aceptar defender una dictadura?) permite evitar discutir realmente cualquier crítica de izquierda al progresismo, y en particular al extractivismo. Incluso si el artículo de Mariette y Poupeau no es lo suficientemente sustancial, no retoman el argumento central desarrollado por autores como Alberto Acosta, Maristella Svampa o Eduardo Gudynas, en el centro de su crítica. Todo está bien para desacreditar a esta izquierda crítica, incluidos los ataques ad hominem [2].
¿Qué es en realidad el neoextractivismo?
Para nuestros dos autores, el neoextractivismo es «afirmar la soberanía nacional para desarrollar la industria y modernizar el aparato productivo, única forma de liberar al país de su dependencia del extractivismo». Si bien el principio es loable, nada en la realidad de los hechos permite verificar las virtudes anunciadas.
En Venezuela, el país que más se benefició económicamente del extractivismo, incluso los economistas chavistas (por ejemplo, Jorge Giordani, ministro de Planificación, hasta su expulsión por Maduro en 2014) explicaron que, como en cualquier economía capitalista, incluso parcialmente estatal, la renta extractiva favorece la corrupción y participa sólo marginalmente en la industrialización del país. El caso de Venezuela es emblemático en este aspecto. Las instalaciones petroleras se encuentran en tal estado de deterioro, a pesar del aumento de los precios del petróleo entre 1998 y 2014 (¡por lo tanto, de la renta!), que la producción debe realizarse a un ritmo lento donde varias instalaciones tuvieron que cerrarse [3]. Lo mismo ocurre con las infraestructuras eléctricas, como lo demuestran los repetidos apagones gigantescos, denunciados por los sindicatos del sector eléctrico, que habían alertado al gobierno desde el 2009 realizando propuestas para remediar las fallas del sistema. La inversión productiva, cuyos beneficios enarbolan Mariette y Poupeau, está a tal nivel que la mayoría de los productos manufacturados deben ser importados, y los empresarios prefieren especular con los tipos de cambio monetarios y la venta de materias primas en lugar de invertir. En Ecuador, el gobierno de Correa ha desarrollado infraestructura, especialmente la red de carreteras, tranvías, metro y represas hidroeléctricas. La inversión productiva fue muy dinámica en los sectores de la pesca, el turismo y la agricultura de exportación. Pero la principal consecuencia fue una mayor concentración del sector privado en unas pocas empresas. Y en poco tiempo, las grandes empresas que contribuyeron al PIB con un 57,74% en 2011 vieron esta cifra subir al 71,36% en 2014 [4]. De hecho, si bien el crecimiento fue fuerte en Ecuador entre 2006 y 2014, siguió siendo impulsado por la explotación del subsuelo. Tanto es así que a partir de la crisis del petróleo de 2014 y la caída del precio del crudo, la economía ecuatoriana entrará en crisis, como todas las demás economías latinoamericanas, sean sus gobiernos progresistas o no. ¿Por qué tan poca diferencia con otros países? Porque la economía rentista ha favorecido sectores orientados a la exportación (pesca y agricultura en particular) haciendo que la economía ecuatoriana sea extremadamente vulnerable, golpeada por dinámicas especulativas sobre los precios de las materias primas y productos agrícolas. El extractivismo «progresitsta» reduciría las desigualdades, nos dicen MM y FP. Sin embargo, el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ecuador) llega a conclusiones completamente diferentes. En 15 años, la renta media disponible se ha multiplicado por 6 para los «capitalistas de las ramas productivas» (¡y por tanto extractivistas!), y solo por 3 para los «trabajadores de las empresas extractivistas». Si bien, la pobreza disminuye y los sectores públicos mejoran, la mayor parte de las desigualdades persisten. En Bolivia, la explotación de materias primas no fue utilizado para el desarrollo económico orientado al mercado interno. Por el contrario, la participación de la producción agrícola destinada al consumo interno se derrumbó a favor de la agroindustria [5]. En cuanto a la industria, la mayor parte de los productos manufacturados es importado. En el caso de Bolivia, también vale la pena volver a los ingresos de la minería. El estado solo recupera el 10% a través de un proceso muy simple: el procesamiento de mineral en bruto es patrimonio del sector privado. Sin embargo, es en la transformación de materias primas donde se produce la mayor parte del valor añadido. Entonces, en estos tres países, ¿qué vemos? La caída de los precios no fue amortiguada por la industrialización de estos países. Por el contrario, para mantener su capacidad de importar productos manufacturados, pero también productos alimenticios (especialmente en Venezuela), ante la ausencia de producción local, es necesario acelerar la explotación de recursos. Y desde 2014, hemos visto la proliferación de proyectos de tipo extractivista. Pero a medida que los precios bajan y la renta debe recuperarse, las empresas operadoras son aún menos cuidadosas con las condiciones de explotación de los recursos. En Venezuela, la cuenca del Orinoco está totalmente contaminada; en Ecuador, la extracción de oro multiplica la contaminación por cianuro mientras que las áreas otorgadas a los hidrocarburos explotan. Para mantener el ritmo, también se incumplen las leyes. En Ecuador y Bolivia, basándose en «los mejores intereses de la nación», los gobiernos «progresistas» restringen los controles previos a la explotación, incluidos los estudios de impacto. En Venezuela, va más allá al militarizar las «zonas económicas especiales» donde se deroga tanto la legislación laboral como la relacionada a los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, los países neoliberales no se equivocaron. Por ejemplo, Francia ha firmado acuerdos de protección de inversiones con Ecuador, denunciado en 2018, Bolivia, denunciado en 2013 [6], pero también con Venezuela desde el 15 de abril de 2004, acuerdo aún vigente. Estos acuerdos permiten tanto la repatriación masiva y rápida de beneficios como el acceso a los servicios en condiciones muchas veces más ventajosas que las de los locales. Pragmática, Francia destila retórica anti-Morales, anti-Correa y anti-Maduro, pero se asegura de que el negocio continúe. ¿Este es acaso el «extractivismo progresivo» que aplauden Mariette y Poupeau?
¿Se puede criticar el extractivismo?
Al contrario de lo que sugieren estos dos autores, oponerse al extractivismo no significa volver a la época de la vela. Pero significa implicar a la población en las decisiones económicas, incluso para la explotación del subsuelo. Esto sólo puede lograrse rompiendo con la centralización estatal, que favorece los arreglos y la corrupción, y organizando el control de la producción, el respeto de las normas medioambientales y sociales y los derechos de las personas que viven sobre el codiciado subsuelo.
En realidad, se trata de que la renta no sea monopolizada por un pequeño grupo de especuladores, sino que se utilice en un proyecto de planificación democrática. Esto es lo contrario del Estado que, controlando todo, se vuelve incontrolable.
Desgraciadamente, Marielle y Poupeau están fascinados por el extractivismo, desde el momento en que éste se califica de «progresista». Sin embargo, este modelo extractivista se parece mucho al que estaba en boga a finales del siglo XIX y en el XX. La principal diferencia es el importe de las compensaciones concedidas a los gobiernos locales, que es mayor que antes. Pero la esencia sigue siendo la misma: contaminación, habitantes evacuados, enriquecimiento de las empresas extranjeras, degradación duradera del ecosistema y pésimas condiciones laborales para los trabajadores contratados en la obra.
Sin embargo, a diferencia del período actual, este período extractivista del siglo XX sirvió para aplicar el modelo de «industrialización por sustitución de importaciones» de la CEPAL, que permitió el crecimiento económico de América Latina hasta principios de los años 70. Este modelo de desarrollo se basaba en la utilización de materias primas agrícolas y minerales para industrializar el país. Cualesquiera que sean las limitaciones de este modelo, se produjo un auge en la creación de empresas productoras de bienes manufacturados con las limitaciones inherentes a toda sociedad capitalista. Esto fue posible debido a que la integración con el mercado mundial era más floja y porque había un margen de maniobra para los gobiernos latinoamericanos.
Desgraciadamente, en la economía neoliberal actual, donde la liberalización del comercio es total, y donde los países del Sur dependen de las decisiones de las multinacionales y de los gobiernos del Norte, la creencia de que las rentas generarán automáticamente la industrialización es una ilusión. No es la integración cada vez mayor en el mercado mundial, mediante el auge de la producción de materias primas y su exportación, lo que salvará a los pueblos, sino la organización autónoma de la producción. Ya no es posible plantear la cuestión de un desarrollo alternativo sin romper –o al menos empezar a romper– con el capitalismo. Pero esta no es la elección que se ha hecho. Como resultado, los primeros compromisos, incluidos los constitucionales, han sido cuestionados y luego barridos por la propia lógica del extractivismo.
Al defender las políticas de Estado aplicadas tanto por Morales como por Correa, Mariette y Poupeau olvidan que, si bien estos líderes están aplicando una política que puede ser significativamente diferente a la de sus predecesores, la confianza total en el Estado y la creencia en su neutralidad, dos de las fuerzas motrices de las políticas nacional-populistas, están en flagrante contradicción con toda el discurso de «participación ciudadana», «democracia participativa» y similares desarrollada por Correa, Morales y Chávez por igual.
Curiosamente, también está en contradicción con lo que el propio Franck Poupeau escribe en otro lugar, quien, partiendo de un análisis orientado a refundar la izquierda, supo recordar con buen criterio que no se trata de abogar por el retorno al Estado, al que explica que ejerce funciones de dominación imprescindibles para la supervivencia del capitalismo[7]. Funciones que han desaparecido repentinamente bajo los líderes «progresistas».
También es necesario mirar la forma en que nuestros dos autores critican a los intelectuales que luchan contra el extractivismo. De hecho, establecen una compatibilidad entre ellos y el pensamiento conservador, para quien todas las «intervenciones humanas para cambiar su orden natural conducen a lo peor». Añaden que «la crítica al neoextractivismo es sorprendente por su paradójica compatibilidad con la ideología neoliberal». Es una forma de olvidar que la minería que supuestamente alimenta la riqueza del país es llevada a cabo por todas las multinacionales y todos los gobiernos de derecha, la expresión misma de la ideología y la práctica neoliberal. Se podría deducir lo contrario: los que defienden el neoextractivismo son aliados de los neoliberales.
Mariette y Poupeau olvidan que todos los países «progresistas» están vinculados al mercado mundial y que la creencia en un desarrollo autónomo, basado en una mayor integración en este mercado mundial (impulsado por las multinacionales y las bolsas), es una ilusión. De hecho, todos estos países se han partido los dientes creyendo que están sorteando el capitalismo y lanzándose a la boca del lobo extractivista.
¡Así que, sí, podemos y debemos criticar las posiciones desarrolladas por Maristela Svampa, Eduardo Gudynas o Alberto Acosta! Pero es necesario hacerlo sobre la base de lo que realmente dicen. Maristela Svampa, que parece ser el principal objetivo de sus críticas, insiste en la necesidad de reflexionar sobre la propia noción de desarrollo. Según ella, el desarrollo debe ser capaz de articular el legítimo deseo de las poblaciones de vivir mejor con la necesaria preservación de la naturaleza, condición indispensable para proteger el planeta de una crisis climática, social y humana. Esta cuestión, compartida hoy por varios investigadores, merece una respuesta mejor que lanzar insinuaciones malintencionadas como: «desde los cines de Quito hasta los del Boulevard Saint-Michel de París (…) la crítica al extractivismo opera como un catalizador de la fama y la legitimidad en un entorno académico consciente de las exigencias del marketing individual».
Los primeros en criticar el extractivismo fueron los propios líderes de los países progresistas, cuando cantaron las alabanzas a la Pachamama o al Buen vivir, anunciando un retorno a los valores supuestamente mantenidos por los pueblos indígenas. Pero no tardó más de tres o cuatro años en dar un giro de 180º. El tiempo necesario para evitar una ruptura con los sectores populares que habían creído en sus promesas.
Sin embargo, se podría haber debatido la relación entre el respeto de las normas medioambientales y sociales, por un lado, y la modernización del país, por otro. ¿Deben satisfacerse las necesidades exclusivamente mediante el desarrollo de las exportaciones de materias primas, minerales, silvicultura y agricultura? ¿Qué tipo de desarrollo debe aplicarse? Este debate debería haberse organizado democráticamente para que las decisiones tomadas fueran el resultado de la voluntad popular.
Sin embargo, esta no es la dirección que se ha elegido. La aceleración de las políticas extractivistas ha sido impulsada por la presión de la caída de los precios de las materias primas, como una carrera loca para recuperar las divisas perdidas. Pero en tiempos de crisis, la consecuencia inmediata es que se reducen los costes de explotación y se cuestionan las normas medioambientales y sociales. La segunda consecuencia es la multiplicación de proyectos que supuestamente compensan la pérdida de ingresos.
¿De qué izquierda hablan ellos?
A pesar de su oda a Rafael Correa, reconozcamos el mérito que le corresponde: Correa nunca se consideró a sí mismo de izquierdas hasta su conflicto abierto con Moreno y su expulsión del partido Alianza País. Este partido, que fundó en 2006, es una coalición multiclasista cuya ambición era la modernización política y económica del país.
Además, la política social de Correa se limitó a una mejor redistribución de la riqueza, sobre todo en el marco de la lucha contra la pobreza, cuyos planes de reducción sólo consistieron en la actualización de los puestos en marcha por el partido de derecha en el poder antes de la victoria de Correa[8]. En cuanto a la política hacia los trabajadores, está plagada de derechos suprimidos (precarización del trabajo, restricción del derecho de huelga y de asociación), criminalización de las acciones sociales y sindicales (especialmente con su integración en la legislación antiterrorista), etc…
François Houtart, famoso altermundista y también cercano a Rafael Correa, había alertado personalmente al presidente sobre el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas como consecuencia del desarrollo de los cultivos de exportación (especialmente el brócoli y las plantaciones de flores). Esto fue en vano. Al igual que con los derechos de la mujer, donde Correa siempre se ha opuesto a cualquier modificación de las leyes conservadoras vigentes en materia de aborto.
Por supuesto que ha habido algunos avances sociales innegables, sobre todo con la reducción de los índices de pobreza, la mejora de la escolarización, etc. Pero también es el caso de Perú, país vecino gobernado por la derecha.
Las políticas de Correa fueron tan «populares» que las movilizaciones contra él se multiplicaron durante su segundo mandato, con huelgas generales y un fuerte aumento de las críticas de los pueblos indígenas. Estas políticas estuvieron tan marcadas por el autoritarismo y la represión de los movimientos sociales que personalidades de los movimientos que habían apoyado a Correa acabaron en la oposición. De hecho, el rechazo fue tal que, para ser elegido, Lenin Moreno, el candidato de Alianza País avalado por Correa, se vio obligado a desvincularse de su mentor y a comprometerse a revertir las leyes represivas.
En cuanto al movimiento indígena, fuertemente reprimido, se dividió entre un ala dispuesta a apoyar a la derecha («no puede ser peor») y otra que, más cautelosa y sin querer alimentar una división definitiva dentro del movimiento indígena, no dio ninguna instrucción de voto para la segunda vuelta. Esta ruptura política del movimiento social sólo puede estar relacionada con la desorientación y la decepción causadas por las políticas de Correa. Esto explica la actitud de Yaku Pérez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, donde no dio ninguna instrucción de voto[9]. Esto también explica por qué, a pesar de la impopularidad de Lenin Moreno, no fue el candidato heredero de Correa quien resultó elegido en la segunda vuelta, ya que los dolorosos recuerdos de su último mandato seguían presentes.
Por último, Mariette y Poupeau se equivocan (en el mejor de los casos) al afirmar que «Rafael Correa había rechazado cualquier injerencia del FMI durante su mandato». Tras el terremoto de 2016, la prensa ecuatoriana reveló el 25 de abril de 2016 un proyecto de acuerdo secreto entre el gobierno de Correa y el FMI. Esto fue rápidamente confirmado por el Ministro de Finanzas Fausto Herrera, mientras que una lista de empresas a ser privatizadas fue publicada el 3 de mayo de 2016[10].
En cuanto a su defensa de Evo Morales, es totalmente deshonesta, sobre todo cuando explican que «Esa “izquierda” se ha negado a hablar de golpe de Estado al referirse al derrocamiento del señor Morales en octubre de 2019». Y de inmediato citan, como prueba, el artículo de Maristela Svampa, titulado «Bolivia y sus derivas argentinas» del 30 de noviembre de 2019, esperando que los lectores de Le Monde Diplomatique no lo lean, conformándose con su sola citación en una nota. Sin embargo, este artículo comienza con «El dramático devenir del proceso boliviano, el golpe de Estado (el subrayado es mío), las lecturas acerca del gobierno de Evo Morales, son hoy objeto de intensos debates»[11]. Estas referencias erróneas les permiten ignorar una realidad algo más compleja. Por ejemplo, que la COB, la Central Obrera Boliviana, pidió la dimisión de Morales por considerar que hubo fraude. ¿O por qué las manifestaciones que pedían la salida de Morales fueron masivas, mientras que las que iban contra el gobierno de Añez tardaron varios días en comenzar? También hubiera sido necesario cuestionar las razones de esta aversión popular a Morales.
Pero ese no es el objetivo de este artículo de Le Monde Diplomatique, cuya única intención parece ser la de la lealtad inquebrantable a los líderes que se cubren con la bandera del progresismo.
Hubo intelectuales de izquierda, pero también movimientos sociales, que inicialmente se negaron a calificar el derrocamiento de Morales como un golpe de Estado. Se basaron en varios elementos. En primer lugar, las instituciones (Asamblea Nacional y Senado) siguieron en pie, dirigidas por el MAS. En segundo lugar, muchos en el propio lado de Morales querían que se fuera, creyendo que seguramente había habido fraude. Argumentaron que Morales había violado la Constitución boliviana y había conseguido que la cambiaran para poder presentarse, y que su deseo de mantenerse en el poder a toda costa hacía posible un eventual fraude. En tercer lugar, el hecho de que el gobierno de Añez era interino, preparándose para una nueva consulta.
Es este contexto global el que explica este error de diagnóstico, un diagnóstico invalidado por las masacres de Sacaba y Senkata del 15 y 19 de noviembre de 2019 perpetradas por los militares en una situación marcada por la caza de militantes y dirigentes del MAS y de las organizaciones sociales.
Sin embargo, olvidar este contexto global para fustigar a una izquierda que defiende la dictadura es totalmente indignante.
El retorno del “campismo” no se como se dice en castellano pero es el espíritu de cuerpo de los de izquierda que ven todo binario si no aceptas todo lo que hacen los presidentes progresistas no eres de izquierda.
No es casualidad que el artículo de Mariette y Poupeau comience con un conocido estribillo, interpretada sobre todo por los medios de comunicación de derechas, que pretende explicar que la crítica al extractivismo la llevan a cabo «decenas de otros cineastas, periodistas, artistas y académicos», acompañada de incesantes alusiones sobre el hecho de que deberían «salir de los salones de la academia».
Tras este clásico discurso populista, destinado a enfrentar a las élites con el pueblo, nos encontramos con un reportaje de campo en el que unas entrevistas realizadas en la calle por los dos autores recogen las palabras de una mujer de 15 años, un hombre de 40 y otro de 80, todos ellos satisfechos con los beneficios de la minería para sus comunidades: acceso al agua, nuevas carreteras, etc., a diferencia de los intelectuales encerrados en sus universidades.
No hay ningún cuestionamiento sobre el hecho de que las empresas mineras de todo el mundo estén comprando la paz social con la construcción de infraestructuras, teniendo la ventaja de satisfacer rápidamente las demandas sociales que el Estado, incluso los progresistas, nunca han podido implementar. El problema se reduce, pues, a saber «por qué los dominados pueden aceptar, o incluso contribuir, de forma más o menos activa, a los modos de dominación que, sin embargo, padecen»[12]. 12] Una pregunta que nunca se ha hecho, ni siquiera se la plantea en este artículo.
Más grave, esta vieja resurrección del ‘campismo’, donde se explica que la lucha contra el extractivismo «progresista» «deleita a la derecha», que se envuelve en un discurso ecologista para criticar mejor a sus adversarios. Esto es motivo de sospecha para nuestros dos autores. Si hay una política que comparten los gobiernos de derecha y los progresistas es el extractivismo.
En los países «progresistas», la derecha se apoya en las desviaciones, los errores y las opciones políticas de los gobiernos para apoderarse de las demandas populares, a menudo legítimas, y volverlas contra el gobierno. Frente a esto hay dos actitudes al respecto. La actitud de Mariette y Poupeau que consiste en decir que si la derecha está a favor, no es cierto, así es que hay que decir lo contrario. La otra actitud, verdaderamente de izquierdas, basada en las reivindicaciones populares, consiste en dar contenido a esas reivindicaciones, movilizándose para defenderlas, practicando una democracia lo más amplia posible, cosa que la derecha nunca lo hará.
Por tanto, no se trata de reducir su análisis a los discursos políticos de los distintos partidos, que se contradicen en gran medida con sus prácticas reales, sino de cuestionar las políticas realmente aplicadas y los resultados obtenidos. No es la opción de Mariette y Poupeau, que prefieren limitarse al clásico enfoque ‘campista’: todo lo que parece oponerse a la derecha merece la etiqueta de progresista.
Notas
[1] 31 diciembre 2016 en el sitio de Telesur, Las 10 victorias del presidente Maduro en 2016.
[2] Por ejemplo, para descalificar a Gudynas, un largo párrafo dice: «Porque ¿quién conocía la obra de Gudynas antes de que se especializara en la denuncia del extractivismo? Una búsqueda en el sitio de Google Académico (…) muestra menos de 110 citas por año antes de 2010. Entonces la curva sube de repente. Desde 2016, la cifra nunca ha bajado de 1.400: poco se lee ahora sobre acusaciones y juicios de líderes progresistas latinoamericanos que no mencionen su nombre.» ¿Entonces?
[3] Contrariamente a lo que dicen los aficionados de Maduro, esta crisis del aparato productivo no data de la caída de los precios del petróleo. El 27 de agosto de 2012, la mayor refinería del país, Amuay, explotó y mató a casi cincuenta personas. Los sindicatos de la empresa llevaban años quejándose del estado vetusto de las instalaciones y de la falta de mantenimiento. Fueron excluidos ilegalmente de la investigación, que se encomendó a los militares en completo secreto.
[4] Basado en datos del BCE (Banco Central de Ecuador) y de la Superintendencia de Compañías.
[5] Hay que recordar que la liberalización de la producción agrícola en beneficio del agronegocio, mediante la apertura de territorios protegidos para la explotación agrícola, es la principal fuente de los enormes incendios que han asolado el oriente boliviano.
[6] Estos acuerdos siguen siendo válidos durante 20 años para Bolivia para las inversiones realizadas antes de la fecha de la denuncia y 15 años para Ecuador.
[7] Ver su libro Les mésaventures de la critique, 2012
[8] El Bono Solidario, creado en 1998, fue sustituido en 2003 por el Bono de Desarollo Humano (BDH), que sigue vigente, siguiendo las directrices del Banco Mundial sobre la aplicación de las TMC – Transferencias Monetarias Condicionadas. Hay que recordar que el Banco Mundial desarrolló estas CMT en todos los países (excepto en Cuba y Venezuela, que se negaron) para desarrollar el mercado interno e integrar a las poblaciones que estaban excluidas de él. Esto ha contribuido en gran medida a la dislocación de las relaciones sociales de la comunidad.
[9] Recordemos que su socio fue expulsado de Ecuador por Correa por haber criticado la política extractivista del poder.
[10] Como dijo Correa en un comunicado del 3 de mayo de 2016 para justificar las privatizaciones, «debemos convertir esta riqueza en efectivo».
[11] Traducido al fránces en las notas de este articulo original.
[12] Pregunta de Franck Poupeau en Les mésaventures de la critique.
Fuente: Ecuador Today (https://ecuadortoday.media/2021/08/14/existe-el-extractivismo-progresista/). Traducción al español del original en francés publicado en Contretemps (https://www.contretemps.eu/extractivisme-amerique-latine/)
