Los verdugos anónimos del estado corporativo

La juez Loretta Preska, una consejera de la conservadora Federalist Society, de la que Chevron es un gran donante, ha sentenciado al abogado de derechos humanos y némesis de Chevron Steven Donziger a seis meses de prisión el viernes por un delito menor de desacato al tribunal después de que pasase ya 787 días bajo arresto domiciliario en Nueva York.

El arranque caústico de Preska —dijo al sentenciarlo: «Parece que solo el proverbial jarabe de palo entre los ojos inculcará en él algún respeto por la ley– culminó una farsa judicial digna de las payasadas de Vasili Vasilievich, el juez que presidió los grandes juicios espectáculo de las Grandes Purgas en la Unión Soviética y el juez nazi Roland Freisler, quien en cierta ocasión le gritó al defendido: «¡En verdad eres un repugnante pedazo de basura!»

Donziger, un graduado de la Escuela de Leyes de Harvard, ha estado luchando contra las contaminantes compañías petroleras estadounidenses durante casi tres décadas en nombre de las comunidades indígenas y los campesinos en Ecuador. Su único «crimen» fue ganar un juicio por nueve mil quinientos millones de dólares en 2011 contra Chevron para miles de demandantes. El gigante petrolero había comprado propiedades de la compañía petrolera Texaco en Ecuador, heredando una demanda por supuestamente haber vertido dieciseis mil millones de galones de vertidos tóxicos de sus pozos a ríos, capas freáticas y campos de cultivo. Desde el veredicto, Chevron iba a por él, montando litigios para destruirlo económica, profesional y personalmente.

La sentencia llegó un día después de que Donziger solicitase a la corte que considerase una opinión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que consideraba que su arresto domiciliario era una violación de las leyes internacionales de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de las NNUU dijo que su arresto domiciliario contaba como detención según las leyes internacionales y era por tanto ilegal que la juez Preska pidiese seis meses adicionales de prisión. Amnistía Internacional también pidió la inmediata liberación de Donziger.

Donziger y sus abogados tienen dos semanas para apelar la orden de la juez para que Donziger sea enviado inmediatamente a prisión. Preska negó la fianza a Donziger alegando riesgo de fuga. Si la Corte Federal de Apelaciones rechaza la apelación de Donziger irá a la cárcel durante seis meses. La ironía, que no les pasa desapercibida a Donziger y sus abogados, es que la corte superior puede revocar el fallo de Preska, pero para cuando se tome esta decisión, posiblemente ya haya pasado seis meses de cárcel.

«Lo que la juez Preska está intentando hacer es obligarme a cumplir la totalidad de mi sentencia antes de que el tribunal pueda fallar», me dijo Donziger por teléfono el lunes. «Si la corte de apelaciones falla en mi favor, aún así habré cumplido mi sentencia, aunque soy inocente a ojos de la ley.»

Donziger, han señalado sus abogados, es la primera persona bajo la ley de los Estados Unidos acusada de un delito menor «B» puesta bajo confinamiento domiciliario antes de juicio, con un monitor en el tobillo. Es la primera persona acusada de un delito menor mantenida bajo confinamiento domiciliario durante más de dos años. Es el primer abogado acusado nunca de desacato penal por una disputa de descubrimiento en un caso civil en el que el abogado entró en desacato voluntario para presentar una apelación. Es la primera persona en ser procesada bajo la Regla 42 (desacato criminal) por la acusación particular con vínculos financieros con la entidad y la industria que fue litigante en la disputa civil subyacente que dio lugar a las órdenes. Es la primera persona juzgada por una acusación particular que tuvo comunicaciones ex parte con el juez acusador mientras ese juez siguió (y sigue) sin ser recusado en el caso penal.

«Ningún abogado en Nueva York para este nivel de delito ha cumplido más de 90 días y eso fue en confinamiento domiciliario», dijo Donziger a la corte. «Yo he estado en confinamiento domiciliario ocho veces ese período de tiempo. Me han inhabilitado sin una audiencia en la que no he podido presentar pruebas fácticas; por lo tanto, no puedo obtener ingresos por mi profesión. No tengo pasaporte. No puedo viajar; no puedo hacer el trabajo de derechos humanos de la manera normal en la que creo que soy razonablemente bueno; no puedo ver a mis clientes en Ecuador; no puede visitar las comunidades afectadas para escuchar las últimas noticias sobre muertes por cáncer o luchas por mantener la vida frente a la exposición constante a la contaminación por petróleo. Además, y esto es poco conocido, el juez [Lewis A.] Kaplan me ha impuesto millones y millones de dólares en multas y costos judiciales. [Kaplan es el juez de la demanda de Chevron contra Donziger; Preska es su juez elegido a dedo para los cargos de desacato.] Me ordenó pagar millones a Chevron para cubrir sus honorarios legales por atacarme, y luego dejó que Chevron entrase en mis cuentas bancarias y se llevara todos los ahorros de mi vida porque no tenía los fondos para cubrir estos costos. Chevron todavía tiene una moción pendiente para ordenarme que les pague $ 32 [millones] adicionales en honorarios legales. Así es como están las cosas hoy. Le pregunto humildemente: ¿podría ser ya un castigo suficiente para un delito menor de Clase B?»

La juez Preska no se inmutó.

«El señor Donziger se ha pasado los últimos siete años burlándose del sistema judicial estadounidense», dijo en su audiencia para la sentencia. «Es hora de que pague las consecuencias».

La sentencia de seis meses es el máximo que se le permitía imponer al juez. Ella dictaminó que el arresto domiciliario no se puede contar como parte de su detención. Desde el principio al final, esto ha sido una charada. Es emblemático de un sistema judicial que se ha entregado a los lacayos del poder empresarial, que usan el barniz de la jurisprudencia, el decoro y la civilidad para burlarse del estado de derecho.

Cuando la ley es neutralizada, los jueces se convierten en ejecutores de la injusticia. Estos jueces corporativizados, que personifican lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, ahora hacen de manera rutinaria la guerra contra los trabajadores, las libertades civiles, los sindicatos y las regulaciones medioambientales.

Preska envió a Jeremy Hammond a prisión durante una década por ‘hackear’ los ordenadores de una empresa privada de seguridad que trabaja para el gobierno, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, y empresas como Dow Chemical. En 2011, Hammond liberó en las páginas web WikiLeaks, Rolling Stone y otras publicaciones unos tres millones de correos electrónicos de la empresa radicada en Texas Strategic Forecasting Inc. o Stratfor. La sentencia fue una de las más largas en la historia de los EEUU por ‘hackear’ y el máximo que Preska podía imponer bajo un acuerdo con el fiscal en el caso. Yo seguí el juicio Hammond. Yo ví a Preska escupir su bilis y desprecio a Hammond desde el estrado con el mismo vitriolo que usó para atacar a Donziger.

Preska también es famosa por su larga cruzada judicial para obligar a las escuelas públicas de Nueva York a proporcionar espacio gratuito subsidiado por impuestos para las iglesias evangélicas basadas en lecturas descaradamente ilógicas de la Constitución.

La persecución a Donziger sigue el patrón familiar para millones de pobres estadounidenses que se ven forzados a aceptar acuerdos de culpabilidad, muchos por crímenes que no ha cometido, y enviados a prisión por décadas. Sigue el patrón del linchamiento judicial y la prolongada tortura psicológica a Julian Assange y Chelsea Manning. Sigue el patrón de aquellos a los que se les niega el habeas corpus y un juicio justo en la bahía de Guantánamo o en las cárceles ocultas de la CIA. Sigue el patrón de aquellos acusados bajo las leyes antiterroristas, muchos detenidos en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) en el Bajo Manhattan, que no pueden ver las pruebas usadas para acusarlos. Sigue el patrón del uso generalizado de las Medidas Administrativas Especiales, conocidas como SAM, impuestas para impedir o restringir gravemente las comunicaciones con otros presos, abogados, familia, medios de comunicación y gente de fuera de la cárcel. Sigue el patrón de la privación sensorial extrema y el aislamiento prolongado utilizados en aquellos en nuestras cárceles clandestinas y prisiones, una forma de tortura psicológica, el refinamiento de la tortura como ciencia. Para cuando un ‘terrorista’ es arrastrado a nuestros juicios secretos, el sospechoso, desorientado, ya no tiene la capacidad mental y psicológica para defenderse. Si pueden hacer esto legalmente con aquellos demonizados, pueden hacerlo algún día con el resto de nosotros. El caso Donziger es una advertencia siniestra de que el sistema legal estadounidense está roto.

Ralph Nader, quien se graduó en la Facultad de Derecho de Harvard, ha criticado durante mucho tiempo la captura de los tribunales y las facultades de derecho por parte del poder empresarial, y ha calificado a los abogados y jueces del país como «engranajes lucrativos en la rueda empresarial». Señala que los planes de estudio de las facultades de derecho se «basan en el derecho corporativo, el poder corporativo, la perpetración corporativa y la defensa corporativa».

Victor Klemperer, quien fue despedido de su puesto como profesor de lenguas romances en la Universidad de Dresde en 1935 debido a su ascendencia judía, señaló sagazmente cómo al principio los nazis «cambiaron los valores, la frecuencia de las palabras, [y] las convirtieron en propiedad común, palabras que previamente habían sido utilizadas por individuos o pequeños grupos. Confiscaron palabras para el partido, saturaron palabras y frases y formas de oraciones con su veneno. Hicieron que el lenguaje sirviera a su terrible sistema. Conquistaron las palabras y las convirtieron en sus herramientas publicitarias más fuertes [Werebemittle], a la vez las más públicas y las más secretas». Y, señaló Klemperer, cuando se llevó a cabo la redefinición de viejos conceptos, el público no se dio cuenta.

Esta redefinición de palabras y conceptos, como lo atestiguó Klemperer durante el auge del fascismo, permitió a los tribunales convertir la ley en un instrumento de injusticia, revocando nuestros derechos por mandato judicial. Ha visto a los tribunales permitir dinero oscuro ilimitado en campañas políticas bajo Citizens United, defendiendo nuestras elecciones saturadas de dinero como el derecho a presentar peticiones al gobierno y una forma de libertad de expresión. Los tribunales han revocado nuestro derecho a la privacidad y legalizado la vigilancia gubernamental al por mayor en nombre de la seguridad nacional. Los tribunales otorgan a las corporaciones los derechos de los individuos, mientras que rara vez responsabilizan a los individuos que dirigen las corporaciones por delitos corporativos.

Muy pocos de los fallos legales que benefician al poder empresarial cuentan con apoyo popular. El despedazamiento corporativo del país, por lo tanto, está cada vez más cubierto por fascistas cristianos, que energizan a su base en torno al aborto, la oración en las escuelas, las armas y la ruptura de la separación entre la iglesia y el estado. Estos problemas rara vez se abordan en casos ante tribunales federales. Pero distraen a la base de la gran cantidad de fallos a favor de las empresas que dominan la mayoría de los expedientes judiciales.

Corporaciones como Tyson Foods, Purdue, Walmart y Sam’s Warehouse han invertido millones en instituciones que adoctrinan a estos fascistas cristianos, como Liberty University y Patrick Henry Law School. Ellos financian la Red de Crisis Judicial y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que hicieron campaña a favor del nombramiento de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema. Barrett se opone al aborto y pertenece a People of Praise, un culto católico de extrema derecha que practica la «glosolalia». Ella y los otros ideólogos de extrema derecha son hostiles a los derechos LGBTQ. Pero esta no es la razón por la que es tan querida por las corporaciones, que no están interesadas en el aborto, la igualdad LGBTQ o los derechos de armas.

Barrett y los fascistas cristianos adoptan una ideología que cree que Dios cuidará de los justos. A los pobres, los enfermos, los que van a la cárcel, los desempleados, los que no pueden triunfar en la sociedad, les pasa esto porque no han complacido a Dios. En esta cosmovisión no hay necesidad de sindicatos, atención médica universal, una red de seguridad social o reforma carcelaria. Barrett ha fallado constantemente a favor de las corporaciones para estafar a los trabajadores las horas extras, dar luz verde a la extracción y contaminación de combustibles fósiles y despojar a los consumidores de la protección del fraude corporativo. El grupo de vigilancia Accountable.US descubrió que, como juez de un tribunal de circuito, Barrett «hizo frente al menos a 55 casos en los que los ciudadanos se enfrentaron a entidades corporativas en su tribunal y el 76% de las veces se puso del lado de las corporaciones».

Los fascistas cristianos, aliados con organizaciones como la Federalist Society, bajo la administración Trump otorgaron nombramientos vitalicios a casi 200 jueces, aproximadamente el 23 por ciento de todos los jueces federales. Eso incluyó a 53 en los tribunales de apelación de la nación, el tribunal inmediatamente dependiente de la Corte Suprema. La American Bar Association, la coalición de abogados no partidista más grande del país, ha calificado muchos de estos nombramientos como no cualificados. Actualmente hay seis jueces de la Corte Suprema de la Federalist Society, incluidos Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, a quien Nader llama «una corporación disfrazada de ser humano». Dos jueces de la Corte Suprema de la Federalist Society, Clarence Thomas y el fallecido Antonin Scalia, quien fue un consejero de facultad original de la organización fundada por estudiantes de derecho conservadores en 1982, fueron apoyados en el proceso de nominación por Joe Biden.

Sin embargo, la acumulación de títeres corporativos en los tribunales comenzó mucho antes de Trump. Fue llevada a cabo por administraciones tanto republicanas como demócratas. Preska fue nombrada por el presidente republicano G.W. Bush. Sin embargo, el juez que precedió a Preska en el caso Donziger, el juez Lewis A. Kaplan, un ex abogado de la industria tabacalera que tenía inversiones no reveladas en fondos con participaciones de Chevron, según su declaración de revelación financiera pública, fue designado por el presidente demócrata Clinton.

La meta de los tribunales fue uno de los objetivos clave de Lewis Powell, un abogado corporativo elevado más tarde a la Corte Suprema por el presidente Nixon. En el memorando de 1971 de Powell a la Cámara de Comercio, un plan para el golpe corporativo a cámara lenta que se ha producido, hizo un llamamiento a los intereses comerciales para llenar el poder judicial con jueces amigables con las corporaciones.

Los tribunales en todas las tiranías están dominados por mediocridades y bufones. Ellos compensan su vacuidad intelectual y moral con una celosa sumisión al poder. Convierten los juicios en los tribunales en una opera buffa, al menos hasta que la víctima es encadenada y empujada hacia la puerta de una celda de la prisión. Fulminan con cáusticas diatribas a los condenados, cuya sentencia nunca es puesta en duda y cuya culpa nunca está en cuestión.

«Empezó cuando Texaco fue a Ecuador en la Amazonía en la década de 1960 y cerró un trato ventajoso con el gobierno militar que entonces gobernaba Ecuador», me dijo Donziger en una columna que escribí sobre su caso hace un año. «Durante los siguientes 25 años, Texaco fue el operador exclusivo de un área muy grande del Amazonas que tenía varios campos petroleros dentro de esta área, 1500 millas cuadradas. Perforaron cientos de pozos. Crearon miles de pozos de desechos tóxicos al aire libre y sin revestimiento donde arrojaron los metales pesados ​​y las toxinas que surgían del suelo cuando perforaban. Instalaron tuberías desde los pozos hasta los ríos y arroyos de los que dependía la población local para su agua potable, su pesca y su sustento. Envenenaron este ecosistema prístino, en el que vivían cinco pueblos indígenas, así como muchas otras comunidades rurales no indígenas. Hubo un envenenamiento industrial masivo».

“El veredicto llegó, alrededor de 18 mil millones de dólares a favor de las comunidades afectadas, que es lo que se necesitaría como mínimo para limpiar el daño real y compensar a la gente por algunas de sus lesiones», me dijo Donziger. «Eso finalmente se redujo en la apelación en Ecuador a  nueve mil quinientos millones, pero fue confirmado por tres tribunales de apelación, incluido el tribunal más alto de Ecuador. Lo confirmó la Corte Suprema de Canadá en opinión unánime en 2015, a donde acudieron los ecuatorianos para hacer cumplir su sentencia».

Chevron vendió rápidamente sus activos y abandonó Ecuador. Se negó a pagar los gastos para limpiar su daño ambiental. Invirtió aproximadamente dos millones de dólares para destruir a Danziger. Chevron lo demandó, utilizando una parte en los tribunales civiles de la ley federal famosa por acabar con la mafia de Nueva York en la década de 1970, las Racketeer Influenced and Corrupt Organizations [Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Delincuentes], o la Ley RICO. Chevron, que tiene más de 260.000 millones de dólares en activos, contrató a unos 2.000 abogados de 60 bufetes de abogados para llevar a cabo su campaña, según documentos judiciales. Pero el gigante petrolero, que no quería que un jurado escuchara el caso, retiró su demanda de daños económicos, lo que habría permitido a Donziger solicitar un juicio con jurado. Esto permitió al juez Kaplan decidir el caso RICO contra Donziger solo. Encontró creíble a un testigo llamado Alberto Guerra, un juez ecuatoriano, trasladado a los Estados Unidos por Chevron con un costo de unos 2 millones de dólares, quien afirmó que el veredicto en Ecuador fue producto de un soborno. Kaplan utilizó el testimonio de Guerra como prueba principal del cargo de extorsión, aunque Guerra, un ex juez, admitió más tarde ante un tribunal internacional que su testimonio era falso.

John Keker de San Francisco, uno de los abogados de Donziger en ese caso, dijo que se enfrentó a 160 abogados de Chevron y durante el juicio se sintió «como una cabra atada a una estaca». Llamó a los procedimientos judiciales bajo Kaplan «una farsa dickensiana» y un «juicio espectáculo».

Al final, Kaplan dictaminó que la sentencia de la corte ecuatoriana contra Chevron fue resultado de un fraude. También ordenó a Donziger que entregara décadas de todas las comunicaciones con los clientes a Chevron, erradicando de hecho el privilegio abogado-cliente, una columna vertebral del sistema legal angloamericano con raíces que se remontan a la antigua Roma. Donziger apeló lo que era, según los expertos legales que siguieron el caso, una orden ilegal y sin precedentes. Mientras la apelación de Donziger estaba pendiente, Kaplan lo acusó de un delito menor de desacato por esta postura de principios, con una sentencia máxima de seis meses, así como su negativa a entregar su pasaporte, sus dispositivos electrónicos personales y abstenerse de buscar la recopilación del laudo original contra Chevron. Cuando la oficina del fiscal de los Estados Unidos se negó durante cinco años a procesar sus cargos penales por desacato contra el abogado ambientalista, Kaplan, utilizando una maniobra judicial extremadamente rara, designó al bufete de abogados privado de Seward & Kissel para que actuara en nombre del gobierno para procesar a Donziger. Ni el juez ni el bufete de abogados revelaron que Chevron ha sido cliente de Seward & Kissel.

Kaplan también violó el protocolo de asignación de casos aleatorios establecido para asignar personalmente a Preska, quien había participado en una junta asesora de la Federalist Society, un grupo del que Chevron ha sido un donante generoso, para escuchar el caso. Kaplan hizo que Preska exigiera que Donziger pagara una fianza de 800.000 dólares por el cargo de delito menor. Preska lo puso bajo arresto domiciliario y confiscó su pasaporte, que ha utilizado para reunirse con abogados de todo el mundo que intentan hacer cumplir la sentencia contra Chevron. Kaplan logró que Donziger fuera inhabilitado. Permitió que Chevron congelara las cuentas bancarias de Donziger, castigó a Donziger con multas millonarias sin permitirle un jurado, lo obligó a usar un monitor de tobillo las 24 horas del día y cerró efectivamente su capacidad para ganarse la vida. Kaplan permitió a Chevron imponer un embargo sobre el apartamento de Donziger en Manhattan, donde vive con su esposa y su hijo adolescente.

Nada de esto sorprendería a quienes fueron blanco de las tiranías del pasado. Lo que sería sorprendente, quizás, para muchos estadounidenses es cuán avanzada se ha vuelto nuestra propia tiranía corporativa. Donziger nunca tuvo una oportunidad. Julian Assange tampoco. Estos jueces, al final, no se centran en Donziger o Assange, sino en nosotros. Los juicios espectáculo que presiden están destinados a ser transparentemente sesgados. Están diseñados para enviar un mensaje. Todos los que desafíen el poder corporativo y el estado de seguridad nacional serán linchados. No habrá indulto porque no hay justicia.

Traducción de Carlos Valmaseda

Fuente: Scheerpost (https://scheerpost.com/2021/10/06/the-anonymous-executioners-of-the-corporate-state/)