Historia de la UGT en Cataluña. 4, Guerra civil, expansión
Tras nuestras entradas dedicadas a su fundación y primeros años, a sus años de estancamiento a principios del siglo XX y a su despegue durante los primeros años de la IIª República, publicamos esta dedicada a su evolución durante los primeros años 30 en una introducción en cinco partes a la historia del sindicato socialista Unión General de Trabajadores en la región catalana desde su fundación a finales del siglo XIX hasta el final de la dictadura franquista en los años setenta.
1.
El primer fruto del movimiento unitario, en términos de afiliación, fue la integración de la Confederación General del Trabajo Unitaria, sindicato controlado por el Partido Comunista de España, en la UGT a mediados de diciembre de 1935. No tenía una gran trascendencia cuantitativa; la CGTU no alcanzaba en toda España los 50.000 afiliados y en Cataluña era una organización absolutamente marginal. Tuvo sobre todo significación política, como un primer paso. Fue el clima político de euforia entre la izquierda obrera generada por el triunfo electoral del Frente Popular, en febrero de 1936, el que impulsó la afluencia de nuevos ingresos o reingresos a la UGT de Cataluña. Entre febrero y julio se dieron de alta más de setenta sindicatos que sumaron casi 17.000 afiliados. El salto en algunas secciones fue más que notable: el Sindicato Textil de Barcelona pasó de poco más de 400 afiliados al acabar 1935 a casi 7.400 en mayo de 1936. Por otra parte en la primavera se dieron también los primeros pasos para la reintegración de la UGSOC así como para la incorporación de la Federación Obrera de Sindicatos de la Industria Gastronómica, controlado por los comunistas. La UGSOC contaba con 20.000 afiliados y la FOSIG con 8.000, lo que habría de significar una importante inyección de efectivos. Finalmente en junio de 1936 se produjo un hecho significativo: el Sindicato de la Madera de Mataró, integrado en los Sindicatos de Oposición de la CNT, rechazó regresar a la central anarquista y solicitó en cambio ingresar en la UGT. Todo ello configuraba un panorama de crecimiento de la UGT en el que había que contar no sólo los ingresos que ya se estaban produciendo, sino también el campo de expansión futura que constituían la UGSOC, la FOSIG y los Sindicatos de Oposición que rechazaban volver a la CNT. La UGT catalana se aproximaba a los 50.000 y a ello cabía añadir ese campo de expansión, que sumaba ya antes del estallido de la guerra un total de 46.000 afiliados.
Ese crecimiento, importante ya en sí mismo, fue más por el hecho de inscribirse en un escenario de cambio de la correlación de fuerzas sindicales marcado por el retroceso de la CNT. Ciertamente el sindicato anarquista había conseguido reincorporar a la mayoría de los Sindicatos de Oposición, pero en Cataluña algo más del 40% de los afiliados a estos últimos no lo hicieron, por lo que su afiliación a comienzos de julio de 1936 sólo sumaba 160.000, prácticamente la mitad de los que tenía en 1931. Seguía siendo el sindicato más numeroso y dominaba los sectores industriales tradicionales, pero en su conjunto no podía seguir considerándose que fuera ya el sindicato hegemónico de antaño. A las nuevas dimensiones que ya estaba perfilando la UGT –si sumamos crecimiento real y crecimiento potencial– había que añadir la importante presencia de otros sindicatos y en particular la de la Federación Obrera de Unidad Sindical, que agrupaba desde primeros de mayo a los sindicatos controlados por el POUM, con 40.000 afiliados y el Centre Autonomista de Depenents del Comerç i de la Indústria (CADCI), el histórico sindicato mayoritario de la dependencia mercantil, con sus 23.000 afiliados.
La otra cara de la moneda de esa trayectoria positiva del ugetismo catalán fue su grave crisis de dirección. Estalló precisamente cuando se iniciaba el despegue del sindicato, en el Pleno Regional de diciembre de 1935, cuando los representantes de la federación bancaria encabezaron una dura crítica contra el secretario general, Vila Cuenca, con acusaciones de mal uso de fondos sindicales, así como del aprovechamiento personal que, supuestamente, habría estado haciendo de su cargo de presidente de un Jurado mixto rural, en representación de la UGT. La acusación afectó también al secretario de organización, Antonio Olarte, no por comportamientos personales sino por no haber atajado las malas prácticas de Vila Cuenca. No ha de pasar desapercibido el hecho de que la Federación de Banca y Bolsa, que hasta entonces no había tenido ningún protagonismo en el funcionamiento del Secretariado de Cataluña de la UGT, pasó a ser en 1936 una de las secciones fundamentales en la política interna del sindicato. Tras ser considerado culpable por una comisión de investigación interna, Vila Cuenca dimitió en el siguiente Pleno Regional, en enero de 1936 y con él lo hizo también Olarte. La crisis de dirección habría de tener su resolución definitiva en el próximo congreso regional, el tercero, previsto para abril de 1936 y, mientra tanto, el Pleno eligió una dirección regional interina con Emilio García, afiliado del metal y del PSOE, como secretario general y Pedro Mendoza, como secretario de organización. No hubo una buena relación entre ambos y la interinidad no era, tampoco, la mejor condición para hacer frente al crecimiento del sindicato y a la compleja situación política en la que la victoria del Frente Popular se mezclaba con las divisiones internas, cada vez más graves, del socialismo español, en contradicción con la persistencia de la presión unitaria de las bases militantes, en particular de las más jóvenes. Mendoza acabó dimitiendo a comienzos de marzo, y también su sustituto, Miralles, del sindicato ferroviario, en mayo, para asumir la responsabilidad interina de la secretaria de organización Ángel Davo, militante de la Agrupación Socialista de Barcelona. El proceso es confuso y apenas conocido en detalle; puede especularse con cuestiones personales, pero resulta más lógico considerar que en el fondo de una tal inestabilidad, que afectaba muy directamente por lo visto al área de organización, estaban las consecuencia internas del conflicto que producía un rápido –dadas las condiciones de la propia organización– crecimiento y la carencia de autoridad de los miembros de la dirección regional. Paralelamente el Tercer Congreso, que inicialmente había de haberse celebrado a comienzos de la primavera, fuera pospuesto, en fases sucesivas, hasta trasladar su celebración al 25 de julio próximo; no podría celebrarse en tal fecha, por la rebelión militar y su deriva en guerra y no llegó a hacerse hasta año y medio más tarde.
La crisis de dirección se hizo insostenible y en los primeros días de junio Emilio García y el reciente, y tercer, responsable interino de organización dimitieron ante un pleno regional. La iniciativa de los movimientos que se produjeron correspondió a una corriente interna crítica articulada entre los sindicatos barceloneses que rechazaron sustituir los dimitidos en su cargos estatutarios y promovieron, en cambio, la formación de un nuevo organismo de dirección regional integrado por siete miembros, que transitoriamente fue identificada como Comisión Permanente, pera recuperar después la denominación de Secretariado, aunque mantuvo su ampliación. La novedad no sólo residía en el número de la nueva dirección y en su configuración por completo al margen de los estatutos del Secretariado regional, también era nueva la identidad política de sus miembros. La secretaria general fue asumida por José del Barrio, y la de Organización por Antoni Sesé, militantes ambos del Partit Comunista de Cataluña (PCE) y a esas dos secretarías tradicionales se le añadió otra, de Propaganda y Legislación, atribuida a Francesc Durán Rosell, dirigente del Textil y militante de la Agrupación Socialista de Barcelona. El resto de la nueva dirección la componían, a título de vocales, Modest Martínez y Desiderio Trilles, que procedían de la militancia ugetista de la capital catalana, y Antonio López Raimundo, dirigente de la federación bancaria, y Salvador González Albaladejo, del sector de la construcción, ambos de las Joventuts Socialistes Unificades de Cataluña, que habían de constituirse aquel mismo mes de junio, el primero procedente de las Juventudes Socialistas y el segundo de las Comunistas. Esa composición era una suma de corrientes –sobre todo la comunista, el ala caballerista del socialismo catalán, y las juventudes ya unificadas– que coincidían en el impulso del movimiento unitario, particularmente en el ámbito sindical, en la que destacaba el acceso de Del Barrio a la Secretaría General. José del Barrio era un inquieto cuadro comunista, que entre 1935 y 1936 había pugnado, sin éxito, por el liderazgo de la organización catalana del PCE, y finalmente encontró acomodo en la crisis de dirección de la UGT catalana para asumir por fin una responsabilidad de primer nivel. Le avaló su condición de secretario del Sindicato Metalúrgico de la UGT, desde 1933, la importancia de la unificación de los metalúrgicos de la UGT y la UGSOC aquel mismo junio y, sin duda, su capacidad de discurso. Del resto de componente los de mayor peso específico en el sindicato, como Antonio López Raimundo, Francesc Durán Rosell y Salvador González Albaladejo estaban demasiado ocupados en la expansión de sus propias federaciones o, simplemente, aceptaron sin reticencias el deseo de Del Barrio para aceptar una Secretaría General, que de todas formas había de ser provisional a la espera de la celebración del Tercer Congreso. Mientras tanto, Duran Rosell, primero, y Sesé, después, viajaron a Madrid para intentar que la Comisión Ejecutiva de la UGT validara los acuerdos del Pleno de junio; sin conseguirlo por el momento ante la reticencia de Largo Caballero, siempre muy celoso del cumplimiento de las formalidades administrativas en la organización que lideraba y receloso, además, de su pérdida progresiva de control sobre los sectores de la izquierda del socialismo. La UGT de Cataluña dejó temporalmente de tener representación en el Comité Nacional del sindicato. La excepcionalidad y la provisionalidad de la situación de la nueva dirección de la UGT catalana no tuvieron opción de resolverse por la vía reglamentaria. La rebelión militar y la guerra consolidaron la situación de hecho.
2
La rebelión y la guerra civil transformaron profundamente el panorama social y político catalán. Los militares insurrectos fueron derrotados en Barcelona por la acción de las fuerzas de orden público, dirigidas por la Consellería de Gobernación de la Generalitat, y los grupos de obreros armados de los sindicatos y los partidos marxistas catalanes y también, aunque con una participación menor, de militantes republicanos. El desenlace en la capital catalana determinó la derrota de los rebeldes en toda Cataluña, pero también configuró un nuevo escenario en el que el estado y la Generalitat de Cataluña perdieron una parte importante de sus capacidades; y de manera muy particular el control del orden interior, de las calles, las carreteras y los pueblos, en un proceso de asalto a los cuarteles y de fragmentación del poder, con la proliferación de comités de todo tipo que suplantaron a las instituciones de gobierno local y asumieron el control de centros productivos y de distribución. La Generalitat quedó tocada, pero no hundida y Lluís Companys decidió asumir la realidad de la nueva situación y propuso a los sindicatos y a los partidos del Front d’Esquerres (Frente popular) un pacto político mediante la constitución de un nuevo organismo, el Comité Central de Milicias Antifascistas, integrado por todos ellos, que asumiría la movilización para la guerra, para el frente así como la organización del control de los grupos armados y las calles; en tanto el Gobierno de la Generalitat se centraba en las responsabilidades de la administración civil y de manera especial a garantizar la financiación de la economía y de la guerra. Un pacto que fue aceptado, institucionalizando el compromiso unitario antifascista y estableció una dualidad de funciones, no de poder, entre el Gobierno de la Generalitat y el Comité Central de Milicias Antifascistas.
La dualidad de funciones se prolongaría hasta finales de septiembre de 1936. Durante ese tiempo cada una de las partes procuró acumular las mayores atribuciones posibles, evitando entrar en un conflicto abierto de competencias entre ambas. El Gobierno de la Generalitat asumió todas las parcelas que pudo de la administración del estado, más allá de lo establecido por el estatuto de 1932, y el Comité Central de Milicias Antifascistas extendió el campo de sus actividades a la organización de los abastecimientos en la capital catalana o al impulso del proceso de ocupación de centros productivos y comerciales por parte de los trabajadores, que empezó de manera espontánea. Prevista para hacer frente a una situación de guerra sobrevenida pero que inicialmente se esperaba que tuviera un desenlace rápido, su prolongación y su evolución negativa para la República puso en evidencia las limitaciones del pacto de julio y también de la autoridad efectiva tanto del Gobierno del Gobierno de la Generalitat como del Comité Central de Milicias Antifascistas. El primero de ellos, integrado exclusivamente por representantes republicanos (Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana y Unió de Rabassaires) carecía de la fuerza política precisa en una situación en la que emergía el protagonismo de las clases trabajadoras y a sus organizaciones sindicales y políticas. El Comité Central de Milicias Antifascistas, por su parte, pudo actuar como plataforma de acuerdo e impulsor de la movilización miliciana, pero nunca consiguió establecerse como real autoridad central de la red de comités y, a menudo, el cumplimiento de sus disposiciones no superó el ámbito del área metropolitana de la capital. Además, la dualidad de funciones generaba una creciente descoordinación en el ámbito económico y, sobre todo, en el del orden interior y el control de la violencia en la retaguardia.
La solución fue la constitución el 26 de septiembre, de un nuevo Gobierno de la Generalitat integrado por todos los que componían el CCMA, presidido igualmente por Lluís Companys y en el que Josep Tarradellas asumió la función de Conseller Primer. El nuevo pacto de septiembre impulsó un proceso de recuperación institucional en el campo de la administración política al propio tiempo que ratificaba las transformaciones sociales, sobre todo por lo que se refería a la ocupación de los centros de producción y los sistemas de distribución. Sin que ello significara, ni mucho menos, la consecución de un acuerdo definitivo sobre los modos y el alcance final de esas transformaciones. Cada uno de los integrantes del Gobierno de la Generalitat tuvo su propia concepción de lo que todos consideraban en aquella etapa como un hecho revolucionario: de revolución proletaria, como lo propugnaban anarquistas y poumistas, de revolución popular, el PSUC y con él la UGT, de revolución política, como tendía a considerarla en términos de su relación con el estado español Esquerra Republicana. Diferencias que desembocarían en los enfrentamientos de mayo de 1937 y que lastrarían la unidad de la lucha contra los rebeldes hasta el final de la guerra.
A lo largo de todo ese proceso histórico los sindicatos desempeñaron, desde un primer momento, un papel principal, por su condición de organizaciones de masas y de impulsores y organizadores del control de la movilización para la guerra, la producción y la distribución. La consecuencia fue doble: la de la sindicalización de la vida económica y, en parte, política catalana; y, al propio tiempo, la politización de los sindicatos que se convirtieron directamente, en el caso de la CNT, o indirectamente, en el de la UGT, en figuras principales de la dinámica política. La CNT hizo lo que nunca habría pensado, participar en un gobierno, hacer política explícita. La UGT lo que formalmente había querido evitar hasta entonces: dar su nombre para representar de manera exclusiva la opción de un partido, el PSUC. Una situación que se llevó al extremo en el caso de la UGT a raíz de la crisis del Gobierno de la Generalitat de diciembre de 1936 cuando, para enmascarar la exclusión del POUM en el nuevo Consell Executiu de la Generalitat, se presentó este como un gobierno de representación social integrado por los sindicatos, UGT, CNT, la Unió de Rabassaires y Esquerra Republicana a título de representante de las clases medias antifascistas. Fue obvio que las siglas UGT se prestaban para una representación del PSUC que estaba materializada por tres dirigentes del partido, que nada tenían que ver con la actuación sindical: Joan Comorera, Rafael Vidiella y Miquel Valdés. Esa ficción se mantuvo hasta junio de 1937.
La UGT, presente en los combates de julio tuvo un papel relevante tanto en el campo de la acción institucional como en el de la movilización y el Comité Central de Milicias Antifascistas. Por lo que al primero se refiere, la hegemonía sindical de la Federación de Banca y Bolsa en el sector hizo posible que la Generalitat pudiera aplicar una de sus decisiones más trascendentes, en los primeros días, en la administración económica del país: la constitución de la Comissaria General de Banca, que intervino la actividad de la banca privada para evitar la fuga de capitales, estableció la priorización del pago de los salarios y la organización en el tiempo del resto de operaciones financieras y crediticias. La intervención de los bancarios de la UGT resultó fundamental para evitar el colapso de la economía catalana, incluidas las empresas colectivizadas por los sindicatos, mediante una ordenado intervención pública del sector que le ahorró la desorganización inmediata a los combates de julio que se produjeron tanto en las áreas de la producción como en las de la distribución. Al propio tiempo la UGT se integró en el Comité Central de Milicias Antifascistas por medio de su secretario general José del Barrio y dos miembros relevantes del Secretariado, Salvador González Albaladejo y Antonio López Raimundo. Finalmente, el propio José del Barrio encabezó, junto con Manuel Trueba y Ángel Estivill la primera columna de milicianos organizada conjuntamente por la UGT y el recién constituido PSUC, la Columna Karl Marx que marchó al frente el 24 de marzo. Esta última circunstancia obligó a relevar a José del Barrio en la Secretaría General. Por otra parte, el asesinato de Antonio López Raimundo, en un control de carreteras, el día anterior, y en los últimos días de julio el de Desiderio Trilles, por parte de elementos no identificados de la CNT, obligó a una reestructuración del Secretariado Regional: Antonio Sesé pasó a ocupar la Secretaria General y la de Organización, que dejaba vacante, fue asumida por Tomás Molinero; Modest Martínez y Francesc Durán Rosell siguieron al frente de sus respectivas secretarías –la de Durán Rosell con la nueva denominación de Prensa y Propaganda– y se incorporaron como nuevos miembros Joan Vilar, también bancario y en sustitución de López Raimundo, y dos representantes de dos importantes sindicatos autónomos que se integraron en la UGT en los primeros días de la guerra, Miquel Ferrer, del CADCI, y Emili Vilaseca de la FOSIG. Con la salvedad de Antonio Sesé, asesinado durante los sucesos de mayo de 1937, ese fue el grupo dirigente que se mantuvo hasta que, por fin, pudo celebrarse el Tercer Congreso, en noviembre de 1937.
3.
El protagonismo del movimiento obrero y de los sindicatos, en particular, significó un extraordinario crecimiento de la UGT catalana, que tendió a equiparar prácticamente sus fuerzas con su rival histórico, la CNT. Ese crecimiento no fue un hecho abrupto. Arrancaba ya de la dinámica unitaria que se remontaba a finales de 1935, aunque el proceso social y político de los primeros meses de la guerra multiplicó al máximo su intensidad. En líneas generales respondió a cuatro factores: la culminación de los acuerdos de integración en la UGT decididos o apuntados ya antes de julio de 1936; la concentración de los sindicatos obreros «autónomos» en una u otra de la centrales sindicales de clase, mayoritarias; la adhesión a la UGT de una serie de organizaciones sociales no estrictamente obreras que respondieron de esa manera a la sindicalización de la vida social y política catalana; y la inscripción individual en el sindicato como mecanismo de promoción social o incluso de autoprotección personal en momentos de rápido cambio de las relaciones de poder, con una importante producción de violencia. Desde la perspectiva de la historia del sindicalismo el más significativo, fue el segundo de ellos. Nunca la existencia de grandes centrales sindicales, como la CNT y la UGT había hecho desaparecer en Cataluña a un importante número de sindicatos, de ámbito territorial diverso desde el local hasta los que extendían por diversos puntos de la geografía catalana, denominados autónomos, que agrupaban trabajadores de un sector, de un oficio o de una categoría laboral, como eran, para poner dos ejemplos antagónicos, la Sociedad de Boteros y Amarradores del puerto de Barcelona –que se adheriría a la UGT– o el Sindicato de Contramaestres de la Industria Textil «El Radium» –que lo hizo a la CNT–. En vísperas de la guerra civil la suma de afiliados esos sindicatos autónomos alcanzaba la de los dos sindicatos mayoritarios de clase. El tercer factor estuvo protagonizado por organizaciones estudiantiles e incluso pequeños empresarios y comerciantes, y tuvo una significación y una repercusión más política que sindical. En cuanto al último de ellos, un tópico frecuente es la de magnificar la afiliación a la UGT como mecanismo de autoprotección, para conseguir un carnet con el que sortear los controles obreros en las calles, las carreteras y los centros de trabajo o la represión contra los sospechosos de connivencia con la rebelión; es indudable que se produjo, pero no fue, ni de lejos, el mayor productor de afiliación y, en cualquier caso, no llegó a tener ninguna influencia política en el seno de ninguno de los dos sindicatos.
La línea de continuidad entre la aproximación a la UGT de diversos sindicatos antes de la guerra y su efectiva integración en ella en los primeros días del conflicto, la representaron en primer lugar la UGSOC, que la acordó de manera definitiva el 21 de julio, la FOSIG, que lo hizo por las mismas fechas. Pero también ha de incluirse en esa categoría la incorporación de los Sindicatos de Oposición que habían rechazado su reingreso en la CNT. Ya se ha visto como uno de ellos, en Mataró, decidió integrarse en la UGT antes de la guerra; el más importante, la Federación Local de Sindicatos de Sabadell, con unos 14.000 afiliados, había acordado también antes de julio de 1936 someter a votación general si se reintegraban a la CNT o ingresaban a la UGT y celebrada ésta el 22 de agosto dio por resultado, de manera abrumadora, el ingreso en esta última; el acuerdo de Sabadell debió influir entre los Sindicatos de Oposición de Manresa, que contaban con 3.600 afiliados, y que tomaron la misma decisión a finales de agosto. Esas cuatro organizaciones, por sí solas, aportaron a la UGT una masa de más de 45.000 afiliados, casi tantos como los que entonces contaba el sindicato ugetista.
Un tópico, falso, es el que supone que el proceso de crecimiento y concentración sindical, en UGT y CNT, fue consecuencia directa de un supuesto decreto de sindicación obligatoria emitido por el Gobierno de la Generalitat. Nunca existió tal decreto; en realidad ese tópico confunde la existencia de un decreto de sindicación en el campo, que no tiene que ver con el asociacionismo sindical sino con el hecho de los «sindicatos agrícolas» locales, las entidades de servicios característicos de la agricultura catalana de la época, y también durante la guerra de intermediación entre el productor y el mercado. La concentración sindical y el crecimiento de los sindicatos de clase no fue resultado de una coacción institucional y jurídica, sino del protagonismo del movimiento obrero y, en cualquier caso, de los acuerdos tomados en el seno del Comité Central de Milicias Antifascistas y entre la UGT y la CNT. El Secretariado Regional de la UGT el 29 de julio hizo pública una propuesta de unificación total de los sindicatos, de convertir el «front únic de combat» en «una unitat orgànica en una sola organització de la classe obrera i pagesa»; reconocía que esa unidad solo sería definitiva cuando se produjera entre la UGT y la CNT pero que ese sería el paso más difícil y que, por el momento, lo inmediato era concentrar en cualquiera de las dos sindicales todos los sindicatos «autónomos». Esa propuesta se combinó, por otra parte, con la de que ningún trabajador quedara sin afiliarse a una u otra central, dejando no obstante plena libertad a los sindicatos o a los individuos de optar entre la UGT y la CNT. La presión sobre los sindicatos autónomos surtió efecto y entre agosto y octubre prácticamente todos ellos se habían incorporado a una de las dos. La más importante fue la del CADCI a la UGT, que lo decidió en una asamblea el 2 agosto; aunque fue una decisión controvertida que mantuvo un debate interno no cerrado plenamente hasta el 4 de julio de 1937, con la ratificación de la decisión tomada un año antes. Un caso singular fue la FOUS, que no era un sindicato «autónomo» sino un tercer sindicato de clase, competidor de la UGT y la CNT; en las semanas iniciales de la guerra quiso mantener esa posición hasta que, finalmente, después de la formación del gobierno de unidad de septiembre el POUM decidió que no le era posible sostener la posición independiente de la FOUS y decidió su ingreso en el sindicato que le era ideológicamente más afín, la UGT, aunque también era con el que mantenía mayor discrepancia política, con la esperanza de combatir en él la influencia del PSUC y revertir aquella discrepancia. Fue un proceso de integración que generó conflictos puntuales sobre todo después de mayo de 1937 cuando la dirección de la UGT de Cataluña acordó expulsar a sus miembros que hubieran participado en dichos sucesos haciendo frente a la Generalitat y las fuerzas que la apoyaron.
Las incorporaciones colectivas se cerraron con la integración de algunas organizaciones que no eran propiamente sindicales, en cualquier caso no sindicatos de trabajadores. Se trató por un lado de la Federació Nacional de Estudiants de Cataluña, que lo así lo acordó el 18 de agosto, para responder a la presión anarquista alineándose con el sector sindical que consideró más acorde con sus posiciones republicanas y nacionalistas. Por otro de la constitución de una sección singular: la de los Gremis i Entitats de Petits Comerciants i Industrials, llevada a cabo por decisión del Secretariado Regional y acordada por el Comité de Cataluña de la UGT en octubre de 1936. Se trataba de acoger al pequeño empresariado industrial y comercial –que tuvieran un solo negocio y no ocupara más de 10 trabajadores en Barcelona y 5 fuera de ella– para integrarlo dentro del concepto de revolución popular promovido por el PSUC que la UGTC compartió en líneas generales. El GEPCI tuvo un estatuto particular dentro de la UGTC, nunca fue una federación de industria y la afiliación máxima que llegó a tener fue de unos 18.000 afiliados, menos del 4% del total.
Las afiliaciones colectivas de los primeros meses de la guerra significaron más de la mitad de su incremento total. El principal crecimiento se produjo en esa etapa, en 1936, para mantenerse luego en términos mucho más moderados. David Ballesté ha dado unas cifras prudentes de evaluación del resultado final de ese salto cuantitativo: la UGT de Cataluña durante la guerra había alcanzado unos 488.000, aunque el Secretariado Regional hubiera sostenido que había llegado a los 600.000, cifra claramente inflada. En esos términos su relación con la CNT se había casi equilibrado; en el pleno regional de junio de 1937 de la central anarquista, se contabilizaron 534.000 afiliados; aunque la prensa anarquista también infló las cifras, de una manera más exagerada hasta postular el millón de afiliados. Por primera vez la UGT estaba presente en prácticamente todas las comarcas de Cataluña y en el 80% de los municipios. Las diferencias en cifras se habían acortado aunque sí había otro tipo de diferencias: la CNT era mayoritaria entre las industrias tradicionales y, en estas, entre los trabajadores, mientras que la UGT tenía una mayor presencia en el sector de servicios, entre los trabajadores de «cuello blanco» y empleados, y en las industrias entre los técnicos y profesionales. La polarización acentuó la lucha por la hegemonía entre las dos sindicales. Se plantearon de nuevo violentos conflictos por el rechazo o la defensa, esta por parte de la UGT, de la libertad individual de afiliación sindical. No se trataba de un conflicto de poder corporativo, respondía a concepciones sindicales y políticas distintas y alternativas. La UGT catalana defendió la aplicación estricta del Pacto de La Monumental, suscrito por la CNT, la FAI, el PSUC y la UGT, en octubre de 1936, que había de dar base sólida a la unidad antifascista. En particular defendió la política pactada de colectivizaciones, que combinaba la gestión sindical de las grandes empresas, con la subsistencia de las pequeñas sometidas a control obrero; rechazó lo que los anarquistas llamaron «socialización», es decir la exclusión de la mediana y pequeña propiedad y la sindicalización de todas las empresas de producción y distribución, sin distinción. Defendió también la municipalización de los servicios públicos. En el campo se opuso a las colectivizaciones forzadas y apoyó las reivindicaciones de aparceros, rabassaires y pequeños campesinos de defensa de la explotación familiar. En la industria se opuso al igualitarismo salarial de los anarquistas y propuso la recuperación de la disciplina de trabajo y del esfuerzo productivo, más allá de los intereses de grupo o de empresa. Defendió la priorización del esfuerzo del esfuerzo de guerra y reclamó un papel en la red de producción industrial de guerra, que le fue negado por la Comissió de Indústries de Guerra y el virtual monopolio de éstas por los anarquistas.
4.
El salto de la UGT no solo fue cuantitativo. Como se había postulado por Martínez Cuenca en los primeros años de la República, el sindicato pasó a organizarse de manera autónoma dentro de la UGT de España; la asunción por parte de la Generalitat de todas las atribuciones del estado en Cataluña, desbordando el estatuto de 1932, actuó a favor de esa situación de hecho. Esa actuación autónoma no se limitó al nivel de la dirección, del Secretariado y del Comité de Cataluña, con tomas de decisión políticas que, en más de una ocasión, discrepó de las adoptadas por la dirección de la UGT de España. Se tradujo, también, en una nueva estructura organizativa de la que, ya con la mayor propiedad, pasó a denominarse regularmente UGT de Cataluña, no solo por su ubicación geográfica. Primero fue la reconversión de las secciones catalanas de las federaciones de industria en federaciones regionales de industria; existía el antecedente de la Federación de Banca y Bolsa, por su proceso de integración colectiva en la UGT en 1934, pero ahora el modelo se generalizó a partir de octubre. Había para ello una razón que iba más allá de las concepciones territoriales del sindicato: gestionar la industria colectivizada obligó tanto a la UGT como a la CNT a impulsar las federaciones de industria en el ámbito catalán. En julio de 1936 apenas había tres estructuras de federación de industria en la UGT catalana, las de la industria textil, el sector de la banca y el sector ferroviario; en 1938 prácticamente todo los sindicatos estaban organizados en federaciones de industria, un total de 28. Las federaciones regionales dependían de las federaciones nacionales por lo que se refería a las cuestiones organizativas, técnicas y profesionales y del Comité de Cataluña con respecto a la política sindical general y específica de su sector e el ámbito catalán. En el Pleno del 18 de noviembre de 1936 la estructura propia de la UGT de Cataluña se completó con la adopción de un segundo eje de organización y funcionamiento interno, el territorial mediante la creación de las federaciones locales y comarcales; para reforzar la presencia de ese nuevo eje territorial, se decidió también incorporar al Comité de Cataluña, junto a los representantes de las federaciones de industria los de veguería, que en principio habían de ser los secretarios generales de los comités de la comarca donde se situaba el «cap de veguería». No obstante el desarrollo de ese nuevo esquema territorial fue menos completo que el sectorial, en particular por lo que se refería a las federaciones comarcales pocas de las cuales llegaron a funcionar realmente. El cruce real, en última instancia, se produjo entre el eje sectorial y el eje local. La construcción inicial de la personalidad propia de la UGT de Cataluña se completó, en enero de 1937, con la conversión del diario Las Noticias, fundado en 1896, en el diario portavoz de la UGTC, bajo la dirección de Gabriel Trilla.
La amplia autonomía ejercida por la UGT de Cataluña, que se sumaba al conflicto no cerrado sobre el reconocimiento por parte de la UGT de España de los acuerdos del pleno catalán de junio de 1936, ahondó las discrepancias entre las direcciones de ambas. Y a ello se sumaba el diferente espacio político en el que se situaban una y otra: la española en la del ala caballerista del socialismo, más proclive a las propuestas de «frente obrero» que a las de «frente popular» y más inclinado al entendimiento con la CNT que con el PCE y los republicanos; la catalana en la del PSUC, principal defensor del frentepopulismo, y competidor abierto de la CNT con el acuerdo de una parte de Esquerra Republicana de Cataluña. Las diversas concepciones nacionales, las cuestiones estatutarias y reglamentarias y las discrepancia políticas se sumaron para producir un escenario de relaciones complejas, que en algún sector estuvieron al borde de la ruptura. Un primer paso en la normalización de las relaciones se dio cuando el 28 de septiembre Antonio Sesé pudo participar, por fin, en la sesión del Comité Nacional. Sin embargo las discrepancia políticas de fondo subsistieron y se agravaron en los primeros meses de 1937 y se aceleraron a raíz de la celebración del Primer Congreso de la Federación Regional del Transporte, en marzo, a la que acudió el presidente de la correspondiente federación nacional, Hernández Zancajo, destacado caballerista que se molestó de entrada por la iconografía del escenario del congreso, con retratos de Pablo Iglesias, de Lenín y de Stalin, pero no, el primer día, de Largo Caballero, que fue incorporado inmediatamente después. Hernández Zancajo se retiró del congreso y la Federación Nacional del Transporte, por él dirigida, desautorizó a la regional catalana. Las manifestaciones de hostilidad de la Comisión Ejecutiva Nacional hacia la UGT de Cataluña se sucedieron a partir de entonces, con medidas administrativas de desconocimiento de sindicatos y exigencias de cotizaciones pendiente; y el conflicto tocó fondo en junio de 1937, cuando se integró plenamente en la ruptura interna de la UGT de España, a raíz de la sustitución de Largo Caballero por Negrín al frente del Gobierno de la República, y del rechazo de la Comisión Ejecutiva a que la UGT participara en él. Además la Comisión Ejecutiva de la UGT desautorizó a Las Noticias, el 30 de julio y firmó un acuerdo con el Comité Nacional de la CNT, a espaldas por completo del Secretariado de La UGT de Cataluña, en plena confrontación de ésta con la CNT catalana por los recientes sucesos de mayo y la negativa anarquista a mantenerse en el Gobierno de la Generalitat. La UGT de Cataluña exigió la celebración de un Comité Nacional para resolver las discrepancias, y se sumó luego a la misma petición presentada por 29 federaciones nacionales de industria de la UGT de España. A partir de entonces la UGT de Cataluña se alineó con las posiciones críticas a Largo Caballero en el seno de la UGT española, participó junto a ellas en el Comité Nacional de octubre de 1937 y respaldó la ejecutiva salida de dicho comité. El conflicto en el seno de la UGT española se sobrepuso por completo al que hasta entonces se había desarrollado entre la dirección nacional y el Secretariado Regional. Este último pasó a un segundo plano, en tanto que el primero de ellos alcanzó una solución de compromiso, mediante la intermediación de la Federación Sindical Mundial y del dirigente de la CGT francesa Leon Jouhaux, con la formación de una nueva ejecutiva nacional con presencia de todas las corrientes internas, incluidas la caballerista; una solución que el desarrollo adverso de la guerra y la fractura irreversible del socialismo español no permitió que fuera permanentemente estable.
5.
Los sucesos de mayo marcaron una línea divisoria en la historia política de la retaguardia catalana y sus consecuencias repercutieron en el Gobierno de la República. Por otra parte el curso desfavorable de la guerra fue imponiendo la realidad prioritaria de ésta y relegando el debate político al desarrollo de las acciones militares y a la posibilidad o no de seguir combatiendo o, alternativamente, poder iniciar un proceso de negociaciones para el fin del enfrentamiento. En Cataluña, la resaca de mayo de 1937 y el rechazo de la CNT a participar en el nuevo Gobierno de la Generalitat del 29 de junio de 1937, devolvió el peso del protagonismo político a los partidos y fue reduciendo progresivamente a los sindicatos a los ámbitos de la producción y la movilización para el trabajo. El Gobierno de la Generalitat quedó integrado exclusivamente, hasta el final de la guerra, por Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, la Unió de Rabassaires y el PSUC y a partir de esa configuración se produjo un movimiento mayoritario para mantener a los sindicatos fuera del ejecutivo, que no consiguió modificar el intento de CNT de regresar al Gobierno de la Generalitat, apoyado por Tarradellas y una parte de Esquerra Republicana. Esa pérdida de protagonismo político se vio reforzada, además, por la nueva orientación de la Conselleria de Economía, en manos de los anarquistas desde septiembre de 1936 y a partir de junio de 1937 asumida por el secretario general del PSUC, Joan Comorera que reforzó la presencia de la Generalitat en el sector de la economía colectivizada, al tiempo que las necesidades de la economía de guerra fueron reduciendo el margen de actuación autónoma de los sindicatos en la gestión de las industrias. Por otra parte, la UGT catalana, que había accedido al poder municipal mediante la reorganización de los ayuntamientos regulada por los decretos de octubre de 1936, quedó excluida del gobierno local, al menos directamente, al atribuir la nueva reorganización, decretada en octubre de 1937, las concejalías exclusivamente al PSUC; no obstante, la pérdida era más ficticia que real, en 1936 su presencia se había debido a las limitaciones territoriales de la implantación del PSUC, cuya cuota quedó completada cuando el partido no pudo hacerlo por el sindicato, mientras que en octubre de 1937, lo que ocurrió fue que el Gobierno de la Generalitat no accedió a desdoblar la cuota del PSUC y de la UGTC, como esta última reclamó.
En el contexto de esa nueva situación política, también caracterizada por la reducción de las atribuciones de la Generalitat, por la recuperación del Gobierno de la República de algunas de las que le eran propias y en exclusiva –las militares o el control de las fronteras– y por la intervención por parte de dicho gobierno de la dirección del Orden Público –de acuerdo con las previsiones estatutarias en situación de emergencia, como la que había significado mayo de 1937– el partido mayoritario, Esquerra Republicana impulsó en el verano de 1937 una operación para reforzar su margen de actuación política mediante la promoción de un tercer sindicato, afín a los republicanos, y dejar de despender así, en ese terreno, de los dos sindicatos de clase históricos. Era una propuesta que complementaba con los acuerdos del Plenario de Esquerra Republicana del 12 de junio de 1937 de circunscribir a los sindicatos a su ámbito considerado original y de impulsar un «front nacional» para disponer de su propia política de alianzas frente a los frentes de clase, más hipotéticos que reales dado el antagonismo CNT-FAI/UGT-PSUC. Su aplicación se apoyó en el conflicto estatutario que vivía el CADCI desde su integración en la UGT de Cataluña, en la presencia republicana en los sindicatos de funcionarios y de estudiantes y en la reintegración de la Unió de Rabassaires a la órbita del partido de Lluís Companys, uno de sus principales impulsores en la década de los veinte. La cuestión estatutaria del CADCI se había planteado a raíz del pacto establecido entre el histórico sindicato y la Comisión Ejecutiva de la UGT, a comienzos de 1937, que ratificaba la incorporación votada en asamblea en agosto de 1936 manteniendo la personalidad colectiva del sindicato mercantil catalán y sus siglas pero con funciones exclusivamente mutualistas, cediendo las de resistencia al conjunto de la futura Federació de Treballadors Mercantils de Cataluña. El pacto exigía una modificación de los estatutos del CADCI, para la disolución de sus secciones de resistencia y ese requisito se convirtió en el caballo de batalla dentro de las diversas corrientes políticas que en él influían. Esquerra Republicana presionó para que se rechazara la integración en la UGT, pero finalmente la asamblea de julio de 1937 aprobó por amplia mayoría la reforma estatutaria y la integración en la UGTC y eligió una nueva junta directiva encabezada por Pere Aznar, dirigente asimismo del PSUC. La derrota republicana se repitió en la Associació de Funcionaris de la Generalitat que también acordó su permanencia en el seno de la UGT el 1 de agosto; pero no en la Federació Nacional d’Estudiants de Cataluña, que desde junio de 1937 inició su separación de la UGT consumada ya en el Primer Congreso de la FNEC al mes siguiente. El balance final de la confrontación hizo inviable la constitución de un tercer sindicato. Por otra parte, el apoyo republicano a las candidaturas de la Unió de Rabassaires, en las elecciones para la constitución de los sindicatos agrícolas locales del verano de 1937 reforzó la independencia de ese sindicato y su posición de rechazo a fusionarse con la Federació Catalana de Treballadors de la Terra de la UGT; aunque no decantó de manera absoluta y definitiva las posiciones en el seno de la Unió de Rabassaires, donde un sector, minoritario pero importante, se situaba bajo la influencia del PSUC.
El momento culminante de la UGT de Cataluña durante la guerra civil fue el de la celebración del Tercer Congreso, pendiente desde la primavera de 1936 y que por fin pudo celebrarse entre los días 13 y 16 de noviembre de 1937, en el Palau de la Música Catalana. De acuerdo con las cifras oficiales en el congreso estuvieron representados más de 462.000 afiliados al corriente de cotización, a los que habría que sumar otros 130.000, sin representación, por no haber podido desplazarse finalmente sus representantes (unos 50.000), por estar movilizados en el frente (60.000) o por no estar al corrientes de cotización (20.000). Resuelto el litigio con la dirección de la UGT de España, el congreso ratificó la autonomía de la organización sindical catalana y se eligió un nuevo Secretariado Regional cuya estructura enfatizaba esa personalidad particular incorporando a las secretarias y vocalías ya establecidas en junio-julio de 1936 las figuras de Presidente y Vicepresidente, para las que fueron elegidos Rafael Vidiella y Josep Moix. Para la Secretaria General, en la que recaía la dirección ejecutiva real, fue elegido Miquel Ferrer, que ya la venía desempeñando provisionalmente desde comienzos de septiembre; el asesinato de Sesé, en mayo de 1937, había obligado a José del Barrio a volverla a asumir, pero éste finalmente optó por mantener la condición de primer mando militar del PSUC dejando vacante su responsabilidad en la UGT.
La identificación entre la UGT y el PSUC no se producía únicamente en las estructuras de dirección. El programa aprobado por el Tercer Congreso era, de hecho, también el programa de dicho partido y en sus conclusiones se hacía expresa referencia a él como «único partido de clase de nuestra tierra»; y reconocía que de la misma manera que el Comité Nacional de la UGT había finalmente manifestado sentirse representado en el Gobierno de la República por el PSOE y el PCE, la UGT de Cataluña se sentía representado por el PSUC en el Gobierno de la Generalitat. La identificación llegaba hasta compartir la tesis de la lucha contra el trotskismo identificado como agente de la quinta columna y por tanto, sancionar la depuración del POUM y la expulsión del sindicato de los que hubiesen participado en los sucesos de mayo o siguieran identificándose de manera activa con dicho partido. Por otra parte, aunque consideraba que, en circunstancias normales, la acción de gobierno había de corresponder a los partidos políticos, no renunciaba, dada la excepcionalidad de la situación a participar también como UGT en el ejecutivo, aunque la vinculaba a la presencia también de la CNT. Se apoyaba la política de Frente Popular, la prioridad del esfuerzo de guerra, la disciplina en el trabajo y el incremento de la productividad, mediante incentivos salariales específicos y la adopción de «normas de organización científica del trabajo». Finalmente, invitaba a la CNT a incorporarse al Frente Popular y a relanzar un pacto de unidad de acción.
La evolución de la guerra en 1938, que empezó con la derrota final de la batalla de Teruel, en febrero, y la primera invasión de Cataluña, en abril, por las tierras de Lleida, acabó dominando todo el escenario social y político catalán, cada vez más dividido ahora también sobre la oportunidad o la posibilidad de resistir al avance franquista o, por el contrario explorar vías de negociación para acabar con la guerra. La historia del sindicato se subsumió por completo en la historia general. La UGT de Cataluña había alcanzado material y formalmente su mayor influencia en el seno de las clases trabajadoras y del movimiento obrero, también su mayor incidencia en la vida económica y política del país y, al propio tiempo, había obtenido el reconocimiento de un status de organización con perfil propio en el seno de la UGT de España, que parecía superar las históricas oposiciones a toda aspiración de autonomía. Pero apenas tuvo tiempo para desplegar todas las posibilidades que le proporcionaba todo ello. La derrota interrumpió trágicamente ese proceso, con sus secuelas de represión y fragmentación interna y abrió un largo paréntesis de más de treinta años, hasta que pudo reconstituirse de nuevo como un sindicato de masas, con plena capacidad representativa y de acción.
