Entrevista a Isabelo Herreros (II)
Salvador López Arnal
«Son muy pocos los alcaldes del cambio que han llevado a la práctica algo de laicismo, como no asistir a oficios religiosos en representación de la institución.»
Isabelo Herreros, periodista y escritor, fue también profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de libros y ensayos acerca de la Segunda República, la guerra civil y la represión franquista –Mitología de la cruzada de Franco, por ejemplo-, también ha escrito biografías de personalidades republicanas: Ángel Ossorio y Gallardo, Mariano Ruiz Funes, Bibiano F. Osorio-Tafall, Félix Urabayen, José Serrano Batanero, Carlota O’Neill. Ha prologado y anotado libros de discursos de Manuel Azaña: De la cárcel al poder. Discursos de Manuel Azaña en Política, así como Azaña imprescindible. Sus grandes discursos, también ha prologado La velada en Benicarló, y A la altura de las circunstancias (selección de textos de Azaña durante la guerra civil). Recientemente ha anotado la reedición de Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, de Cipriano de Rivas Cherif.
El cocinero de Azaña. Ocio y gastronomía en la República, y Erotismo y liberación sexual en la Segunda República, así como del Libro de cocina de la República.
En la actualidad es presidente de la Asociación Manuel Azaña y colaborador de El Digital de Castilla-la Mancha y de la revista Mongolia. Ha publicado recientemente: Por la gracia de su católica majestad. El poder de la Iglesia en España, Mong Editorial, 2022.
Nos habíamos quedado en este punto. Lo hemos hablado de pasada. ¿Cuál es la situación actual de lo que usted llama, con toda razón, «el expolio de las inmatriculaciones»? ¿José María Aznar fue cómplice consciente con su reforma de la Ley Hipotecaria?
José María Aznar es licenciado en Derecho e inspector de Hacienda, por lo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, como también lo sabía su ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, también licenciado en Derecho. No se puede hablar de complicidad si no de actores de la perpetración de un fabuloso robo al Estado a favor de una secta religiosa.
Parecida o igual responsabilidad les concierne a los gobiernos que ha habido después, y que no han hecho nada para revertir la situación. Tampoco la Fiscalía ni la judicatura, que deberían de haber actuado de oficio, en algunos casos con el procesamiento de registradores de la propiedad, que no exigieron siquiera documentos que avalasen el presunto derecho de propiedad, tal y como lo hacen con el resto de la ciudadanía que acude a sus oficinas. No se entiende que el gobierno de Pedro Sánchez haya avalado este atropello, y se haya limitado a facilitar un listado muy deficiente, cuando lo cierto es que existen ya sentencias que reconocen la apropiación indebida. También en Europa. La equidistancia del gobierno en este asunto es intolerable, máxime si tenemos en cuenta que se obliga pequeños municipios, que apenas tienen medios económicos, a pleitear para recuperar una muralla, una ermita construida por los vecinos del lugar o un prado para esparcimiento de la población.
¿Por qué se ha permitido (y se sigue permitiendo) durante años y años que la Iglesia católica se beneficie de exenciones fiscales? ¿Nos podría citar algún ejemplo?
Algunas exenciones fiscales están consagradas en la Ley de Mecenazgo, pero otras son impropias de un Estado de Derecho, pues violan incluso el principio de igualdad, como son los miles de negocios que tiene la Iglesia y sus distintas marcas, por ejemplo, en el sector inmobiliario, hospitales, residencias de mayores, colegios, y también en sus museos, monumentos y catedrales, donde la opacidad es total para el propio Estado. No es de recibo que no pague el IBI o el impuesto que corresponda por los miles y miles de fincas rústicas y urbanas que tiene en propiedad y que no están destinadas al culto, si no a negocios, como alquileres a terceros. Hoy día las catedrales, gracias a los miles de millones gastados por el Estado en su restauración y puesta a punto, son dedicadas al negocio del turismo, con ingresos no declarados, sin contabilidad legalizada alguna, por lo que han dejado de cumplir con la función de culto, que solo lo ejercen en un espacio muy reducido, con prohibición de acceso a sus propios fieles al resto del templo.
Las razones o sinrazones de este estado de cosas hay que preguntárselas a los gobiernos de la nación, así como a los ayuntamientos, también a los del cambio, que solo en casos muy contados se han atrevido a reclamar esos impuestos a la poderosa Iglesia. Por descontado que la posición de la judicatura es favorable a dejar las cosas como están, pero eso es así por que no ha habido un cambio en las leyes tributarias que deje claras las cosas.
Pensando y escribiendo a favor de la Iglesia, algunos autores hablan de su importante «labor social». Ponen el ejemplo de Caritas o de otras instituciones de asistencia social. ¿No habría que tener en cuenta esta labor de ayuda a los más necesitados cuando se hace el balance de las actividades de la Iglesia católica?
Aquí hemos llegado al negocio de la caridad y a la cara amable de la Conferencia Episcopal, es decir, Caritas, financiada por Estado a través de la crucecita de obras sociales en la declaración del IRPF, además de muchas aportaciones que reciben de CCAA y ayuntamientos. También tienen un sustancioso patrimonio inmobiliario, derivado de herencias de fieles, y que lo gestionan sus economistas y abogados, con precios de mercado, tanto en lo concerniente a locales de negocio como viviendas. No lo utilizan para hacer frente a la emergencia social de los sintecho, por ejemplo. Su comportamiento, cuando vencieron los contratos de alquiler de locales y viviendas anteriores a 1985, conocidos como los de la Ley Boyer, fue como el del peor de los fondos buitre, desahuciando o con incrementos brutales de los importes.
Hay dos cuestiones que quiero comentar…
Adelante con ellas.
La primera es una pregunta: ¿No debería ser el propio Estado quien asumiera directamente el problema derivado de la pobreza, con una renta básica, políticas de viviendas sociales, bancos de alimentos y comedores? Ocurre, como en otros ámbitos, que se externaliza esa obligación de las instituciones, pero al final es el propio Estado quien paga. Caritas no pone un solo euro, todo es de lo que reciben de las administraciones, y una pequeña parte del presupuesto de la Conferencia Episcopal, que a su vez lo financiamos con los impuestos, es decir cero, por lo que no hay nada que agradecer a una entidad que vive del Estado, no hay generosidad ni dispendio alguno. Su funcionamiento interno es el de una empresa mercantil, con sus ceos y directores generales, con sueldos similares a los de mercado.
De otra parte, y también lo achaco a la pereza para discurrir y analizar con datos en la izquierda, no entiendo esa popularidad de esa empresa católica entre las gentes progresistas de nuestro país, y más aún es inexplicable entre quienes son partidarios de la gestión pública de la sanidad, la enseñanza o las políticas sociales.
En el apartado dedicado al Pleito Aragón-Cataluña, señala usted que ese contencioso por los tesoros del monasterio de Sijena «está trufado de ilegalidades y actuaciones infames de unos y otros y anticipa otro fabuloso negocio para la Iglesia.» ¿A qué fabuloso negocio hace referencia? ¿A quiénes refiere con esos «unos y otros»?
Hay varias administraciones en el litigio, con todos los gastos jurídicos, periciales, con todos los profesionales que han intervenido, y todo lo que ha conllevado el pleito a cargo de la ciudadanía, pero los beneficios del futuro museo serán para la Iglesia, que ya tiene allí a unas monjitas guardando el sitio.
Le cito: «La Iglesia católica ha construido un gran imperio sanitario, espoleado por el tratado fiscal favorable de la institución, libre de impuestos y control, y el impulso de político a derecha e izquierda»? ¿De derecha e izquierda? ¿A qué izquierda se refiere en este caso?
Me refiero a todas las izquierdas, si es que consideramos al PSOE como tal. Sin ir más lejos ahí tenemos las privatizaciones realizadas por este partido en la sanidad andaluza, o en otras CCAA donde gobierna, como Castilla-La Mancha; siempre la Iglesia tiene sus clínicas a punto para adjudicarse concursos públicos, pues juega siempre con ventaja respecto a otras empresas del sector, que pagan sus impuestos. En Madrid existe toda una federación de hospitales católicos, donde no figuran algunos, también fuertes, de origen católico, pero que no están bajo la disciplina de la Conferencia Episcopal.
Por parte de la otra izquierda lo que ha habido es omisión, pues no había nada al respecto en los acuerdos de gobierno, y tampoco antes, cuando han cogobernado en CCAA, se ha puesto sobre la mesa nada al respecto.
El hospital de niños de Sant Joan de Déu entiendo que sería un ejemplo de ese gran imperio sanitario del que hablamos. No son pocas las voces de ciudadanos de a pie, no forzosamente católicos, que hablan muy elogiosamente de ese hospital. ¿No tendría que reconocerse en justicia la importante labor de investigación y asistencia que realizan?
No tengo problema en reconocer la valía de los profesionales de ese centro, que es hospital de referencia internacional en Pediatría, pero volvemos a lo de Caritas, es decir, todo ese potencial se ha construido a base de conciertos con las instituciones, que lo financian con nuestros impuestos. Funcionaría igual de bien si fuera público, saldría más económico a la administración y no se dependería, a la hora de una política general sanitaria, de los intereses de una multinacional de la Sanidad, como es la Orden de San Joan de Déu, con más de trescientos hospitales en distintos países.
Le vuelvo a citar: «Exorcistas del siglo XXI. La renuncia del obispo de Solsona ha revelado la vigencia de espectaculares prácticas esotéricas para perseguir a Satanás, amparadas al máximo nivel por el Vaticano, que han recibido un gran espaldarazo con la llegada a Roma del papa Francisco». ¿Prácticas esotéricas apoyadas por el papa Francisco? ¿No hay aquí algún error?
Antes de ponerme a trabajar en mis últimos textos, a mí me costaba creer que la situación actual del «cuerpo de exorcistas» de la Iglesia fuera la que es. Tuve que indagar y preguntar a varias fuentes, y, la realidad es tozuda. Ha sido bajo el mandato del Papa Francisco cuando se han reactivado unas prácticas, que deberían tener reproche penal y que solo estarían bien en el ámbito de la ficción. Los datos son esos, que ha aumentado el número de curas autorizados para hacer exorcismos. Hay algunas denuncias que se han conocido, pero fundamentalmente las derivadas de abusos sexuales, contra sacerdotes que aprovechan la situación de vulnerabilidad de las victimas para sus apetencias. No estoy hablando de algo marginal dentro de la Iglesia, si no de ritos y ceremonias reglados para combatir el mal, es decir, al demonio, que parece que tiene tiempo para introducirse en los cuerpos de niños.
Otro dato al respecto es que no ha habido en este tiempo, ni por parte de Francisco ni de su ministerio para la ortodoxia doctrinal o eucarística, cambio alguno. Ni siquiera una llamada a la cordura, con recomendación para las personas que creen estar poseídas de que acudan a profesionales cualificados, como son los psiquiatras.
¿Qué opinión le merece el papa Francisco? Recibe, como bien sabe usted, muchos elogios por parte de sectores de la izquierda española (y no solo española).
Me sorprenden estos elogios de la izquierda española y de otros países, y volvemos a la pereza para informarse un poco; lo cierto es que vienen de dirigentes que también elogian la actividad, presuntamente solidaria, de un personaje, gran empresario a costa de su cercanía al poder, el célebre padre Ángel. Durante la pandemia, en las más de cien residencias que controla su ONG es donde se han producido los más sangrantes casos de abandono de ancianos, y muchas defunciones derivadas de falta de atención y escasez de personal, suciedad y ahorro miserable de todo, como los pañales, además de una deficiente y escasa alimentación.
Pero volvemos a Francisco, jefe del Estado Vaticano, y su «progresismo», y aquí hay que echar mano del viejo refrán castellano: obras son amores y no buenas razones. ¿Dónde están los cambios hacia la modernidad, o la investigación de los centenares de miles de casos de pederastia? Aparte de unas declaraciones populistas, lo cierto es que ha seguido la senda de sus antecesores, y que es la protección de los criminales, la humillación de las víctimas y tratar de evitar que las condenas económicas les salpiquen en las condenas judiciales, en lo que se conoce como responsabilidad civil subsidiaria. ¿Dónde están los cambios en los cursos que ampara el Vaticano para «curar» la homosexualidad, o donde lo de decirles, a sus obispos en España, que ya está bien de perseguir a las mujeres que deciden abortar, con esos grupos de fanáticos religiosos a las puertas de las clínicas? ¿Dónde está el perdón que debería pedir la Iglesia por su responsabilidad en la sublevación fascista de 1936 en España, y el posterior genocidio, todo bajo la bendición papal y el tirano bajo palio?
Por el contrario, siguen con las beatificaciones masivas de sus mártires, y, ni siquiera tiene piedad, y lo conoce, por los más de cien sacerdotes asesinados por su lealtad a la República. A la hora de nombrar cardenal a un español lo ha hecho a un funcionario del Vaticano, miembro de la secta Legionarios de Cristo.
¿Dónde están los cambios sobre las mujeres, que suponga un paso adelante, sobre todo en relación a las otras religiones teocráticas?
¿El doctor Luis Montes ha sido una víctima de la intransigencia católica española y de los políticos que están a su servicio?
El doctor Luis Montes, gran profesional y persona bondadosa, fue víctima de esa intransigencia, con un linchamiento que debería de haber tenido castigo cuando los tribunales le dieron la razón, y dictaminaron que no había nada de lo que aquellos miserables pregonaban por las tertulias y todos los medios de comunicación, con una campaña pagada por el gobierno de Esperanza Aguirre. Lo cierto es que el ruido les sirvió de pantalla, o coartada, para privatizar más aún la sanidad madrileña, empezando por el propio Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, que era en el que el doctor Montes era coordinador de urgencias. Fue también un proceso contra la sanidad pública. Aquellos tipejos acusaron de 400 asesinatos a Luis Montes y su equipo, cuando lo que venían haciendo era algo ya muy normal en la mayoría de los hospitales, y que es no prolongar de manera forzada y artificial la vida de los pacientes, en los casos en que es irreversible la enfermedad. Aquello fue una vergüenza nacional, no solo por la evidencia de que esa gentuza de la derecha madrileña, podrida por la corrupción y por su catadura moral, organizó toda una cacería contra una persona honorable, sino por la equidistancia que mantuvo el gobierno del Estado, que a través de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tomó distancia y hizo énfasis en que no abordaría ninguna ley de eutanasia, lo que contribuyó a dejar aún más solo al doctor Montes frente a una gran banda criminal organizada. Mientras eso ocurría se cedía terreno público, y se pactaba con grandes empresas la construcción de ocho nuevos hospitales, pagados por los madrileños, pero de gestión privada. Todo ello con grandes diatribas contra la salud pública, que ellos mismos gestionaban.
¿El mal llamado Valle de los Caídos sigue siendo un negocio para la Iglesia católica?
Suponemos que debe de haber bajado el número de visitantes, tras la salida del cadáver de Franco, aunque las empresas de turismo que operan en Madrid siguen llevando allí a los turistas que visitan el monasterio del Escorial. Todo ese negocio, además de la hospedería y el restaurante, no tienen control alguno de quien debería de hacerlo, Patrimonio Nacional. Las cuentas son tan opacas e inaccesibles como las de la propia Iglesia.
Sostiene usted que las leyes españolas, en pleno siglo XXI, contienen abundantes trazas del nacional catolicismo y la cosmovisión reaccionaria anexa. ¿Nos puede dar algún ejemplo?
Las leyes españolas pueden ser más o menos homologables con las de la mayoría de los países europeos, si bien tenemos en vigor la ley mordaza, por muchas promesas de derogación que se han hecho. También tenemos aún en el Código Penal delitos contra los sentimientos religiosos, que es una herramienta que constantemente se utiliza por grupos católicos para amedrentar a quienes, incluso desde el humor, se permiten criticar los dogmas de esa secta, por ejemplo, el calvario de cinco años que pasaron las activistas de la procesión del «coño insumiso». No es de recibo que tengamos procesamientos y detenciones por ejercer la libertad de expresión, por injurias a la corona, o que se admitan a trámite las querellas que continuamente presentan los abogados cristianos contra actores, mientras se permite que una prensa envilecida y corrompida participe de linchamientos contra políticos de la izquierda, todo con la participación necesaria de jueces que militan en la extrema derecha.
¿No es un escándalo que un país que se declara constitucionalmente no confesional celebre todo la llamada «Semana Santa» o declare festivo el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, un asunto de dogma muy de dentro de la Iglesia?
Nuestro calendario, salvo algunas fiestas locales, que también son «santas», es un calendario católico, si quitamos el primero de mayo y el día de la Constitución. Lo de los dogmas católicos, como el de la Inmaculada Concepción, si no fuera porque hay en el martirologio laico personas que fueron ejecutadas, incluso en 1939 o 1940, por tomarse en broma estas cosas, no merecería mayor comentario, pero sí una critica a los políticos que todos los años van a una iglesia a ofrecer el acatamiento de su ciudad al dogma de marras. Efectivamente, es una vergüenza más el que tengamos un calendario supeditado a las exigencias de la Iglesia y sus fiestas, como lo es la llamada semana santa.
¿La Iglesia católica española sigue siendo una institución tan machista como hace 100 o 200 años? ¿Ve posibilidades de cambio?
Es difícil el cambio en una institución que está aún conformada por militantes de extrema derecha, promovidos a cargos durante la etapa de Juan Pablo II. Ahí está aún el jubilado monseñor Rouco, con su protegido, Martínez Camino, elevado este último a altas funciones, muy amigo de otra bestia clerical, que diría el gran Nakens, el prior del Valle de los Caídos, por no hablar de un tipejo paleto e inculto como Cañizares, que, por cierto, es académico de la Historia.
Está en sus textos y en su practica habitual, pero la responsabilidad recae en el Vaticano que, o bien comparte esta visión de la historia y de la vida, o bien deja estar todo como está, no vaya a ser que pierdan fieles, ya muy menguados. De otra parte, sectas potentes, como el Opus Dei, tienen en su decálogo fundamental ese papel de personas de segundo orden para las mujeres, como portadoras en sí del mal y del pecado, a las que corresponde por designio divino el papel de criadas o paridoras.
¿Por qué a pesar de todo lo sabido y sufrido (recuerdo los casos de pederastia) una buena parte de la ciudadanía trabajadora se sigue reconociendo en una institución de estas características?
Bueno, una parte de esa ciudadanía trabajadora es la que vota a Vox, a pesar de que este partido fascista de libro, pero neoliberal en lo económico, no oculta sus deseos de derogar cualquier protección social para los más débiles. De otra parte, hay una tradición popular, que entronca con lo anticlerical, que tiene refranes y coplillas, que nos vienen a decir que una cosa es la virgen o Cristo y otra sus representantes en la tierra, que, salvo excepciones, son ladrones, pícaros o pervertidos sexuales. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar ese reconocimiento de mucha ciudadanía en la Iglesia. Es como lo de los festejos de la comunión o el negocio de las bodas, después la mayoría no van a practicar aquello con lo que se han comprometido. De otra parte, la Iglesia es siempre muy rápida para cambiar de parroquia a los abusadores de niños o a aquellos que dejan embarazada a una joven feligresa, por lo que el «rebaño», incluso está agradecido al arzobispo de turno por haberles escuchado cuando han denunciado el caso, y la Iglesia tan contenta, por la solución, que, como vemos por todos los casos que se conocen por la campaña de El País, nunca fueron llevados a los tribunales.
Por lo que llevamos hablado, me imagino su respuesta pero tengo que preguntarle directamente: ¿está la izquierda española (en plural si quiere) a la altura de las circunstancias en este tema?
Creo que he contestado a esta pregunta en otras anteriores, por lo que la contestación es que no, y no solo en sus programas, que tampoco, si no en hechos. Son muy pocos los alcaldes del cambio que han llevado a la práctica algo de laicismo, como no asistir a oficios religiosos en representación de la institución. Los ejemplos son en algunos casos humillantes para quienes les han votado, como fue la política al respecto que siguió Manuela Carmena, con su alianza con el padre Ángel, todas las aportaciones económicas que hizo a las distintas sectas de la Iglesia, su permanente asistencia a todas las ofrendas, y, por descontado, su negativa a intentar cobrar el IBI a los negocios de la Conferencia Episcopal, colegios concertados, etc etc.
No fue a la zaga el alcalde de Cádiz, con su imposición de medallas a vírgenes y cristos, procesiones, etc. Toda una decepción.
¿Quiere añadir algo más?
Creo que ya he sido algo pesado en esta entrevista. Solo quiero agradecer mucho al Viejo Topo esta tribuna, para amplificar el contenido del libro. He sido y soy lector de la revista desde su aparición, y hay algunos números especiales que tengo siempre a mano, como referencia necesaria a lo largo de los años.