Salvador López Arnal

     Parece que las fuerzas políticas españolas y, en general, europeas y americanas, del ámbito de la derecha no extrema ni golpista y de la izquierdas, sea cual sea su adscripción, han criticado el golpe militar en Honduras y exigen el inmediato regreso a la presidencia de Manuel Zelaya. Existe, pues, unanimidad.

Es aparente.

     Los portavoces, o algunos portavoces cuanto menos, de la derecha española, critican lo sucedido pero añaden, inmediatamente, quitando podredumbre al golpismo, que Zelaya intentó romper o transgredir el orden constitucional.

GUSTAVO DUCH GUILLOT

Parece que ahora ya tenemos la información precisa. Pero hasta hace unos pocos días la situación que atravesaba Honduras se nos presentaba, en la mayoría de medios de comunicación, bajo un único prisma. Ese enfoque cansino que todo lo interpreta con los adjetivos habituales de chavismo, populismo, apego al cargo, etcétera. La crueldad que significa un golpe de Estado, los recuerdos que trae ver a los militares tomando los espacios ciudadanos y políticos y algunas evidencias han desmontado buena parte de ese discurso ideológico, y se ha abierto espacio a otras lecturas. Un discurso que sólo puedo entender desde la reacción a cualquier movimiento fuera de lo ‘políticamente correcto’. O lo que es lo mismo, contrario de antemano a cualquier soplo de aire que pueda mover un paisaje donde estamos cómodamente instalados.

Mientras nos inundaban con imágenes de Evo Morales o Hugo Chávez del estilo ‘que viene el coco, que viene el coco’ se olvidaron de explicarnos elementos clave. Por un lado, que el ciertamente errático Gobierno de Zelaya decidió mirar hacia el campo, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones indígenas y romper con el modelo de libre mercado que se promueve desde EE UU (sustentado en el llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), no por capricho, no sólo por el petróleo de Venezuela, sino porque son muy negativas las consecuencias que estos acuerdos provocan sobre las clases más humildes de los países latinoamericanos que los firmaron. Que se lo pregunten por ejemplo a las familias campesinas de México. Por otro lado, se ha informado repetidamente sobre la supuesta inconstitucionalidad de la propuesta de consulta de Zelaya, pero es difícil leer que el tal Micheletti, ascendido a presidente interino, logró imponer su candidatura como precandidato a la presidencia de República en las primarias celebradas el invierno pasado, aun cuando por la ley hondureña está establecido que ningún presidente del Congreso Nacional -asiento que ocupaba Micheletti- podría postularse a dicho cargo. Elecciones para la presidencia que perdió, presidencia que con los votos de los carros blindados ahora ocupa.

Discursos, decía, que se sostienen sobre los mismos cánones que están detrás del golpe de Estado. ¿Qué preocupación existe ante la propuesta de consulta del presidente Zelaya para iniciar un proceso de renovación de la Constitución de Honduras? Pánico a que las cosas puedan cambiar y perder así el poder que durante muchos años han controlado y ha permitido a una rancia oligarquía agroexportadora seguir en la cima, sin importar las desigualdades o injusticias sociales derivadas. Por ello desplegaron inicialmente una serie de ardides legales para impedir, como fuera, la consulta popular pero -para mayor seguridad y para que nada se nos escape- solventaron, con el secuestro del presidente y la canciller del país, el golpe de Estado y manteniendo a la población en estado de sitio y bajo dura represión. Más allá de la opinión que podamos tener de la gestión de Zelaya y de cómo aborda los procesos que quiere abrir, no confundamos las cosas, todo es pura resistencia a la pérdida de poder.

¿Y qué es lo que debería cambiar? Si hablamos de Honduras, como cualquier otro país con una base económica fundamentada en la vida rural, el dato más significativo suele ser la distribución de la propiedad de la tierra. Aproximadamente tenemos que unas 125.000 familias no tienen acceso a la tierra y, junto con unas 80.000 familias que tienen menos de una hectárea, suman un total de 200.000 familias campesinas (casi la mitad de la población rural de Honduras) que se encuentran en condiciones, lógicamente, muy precarias de vida. En cambio tenemos que sólo un 1,6% del censo rural dispone a sus anchas del 40% de los mejores suelos agrícolas hondureños.