ALAI AMLATINA, 23/03/2006, Buenos Aires.-  A treinta años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, una de las preguntas que debe plantearse es acerca de las razones que impulsaron a las FF.AA y sus aliados, no sólo a dar el golpe, sino a desarrollar el tipo de políticas que pusieron en práctica.   Sin duda una vía de comprensión se encuentra en el contexto mundial de la época. En los últimos años 60 y primeros 70, tocaba a su fin un cuarto de siglo signado en el mundo capitalista por el crecimiento económico sostenido, por la vía del desarrollo del mercado interno y los altos salarios. Los empresarios tenían obstáculos crecientes para seguir incrementando la productividad frente a sindicatos unificados y poderosos; y masas trabajadoras que habían aprendido a convertir los condicionamientos del "fordismo" en medidas para la defensa de sus intereses. La universalización de las prestaciones sociales comenzaba a ser vista como una amenaza para la rentabilidad de las empresas…  

El incremento explosivo de los precios del petróleo desencadenado por la "cartelización" de los proveedores tercermundistas del fluido, y el déficit de la balanza comercial norteamericana contribuyeron a hacer más complejo el panorama.   La segunda posguerra había sido marcada por sucesivas victorias de movimientos de liberación nacional, muchos de ellos definidos luego como socialistas; de China a Argelia, pasando por Cuba. Esa tendencia se había acentuado en los sesenta y primeros setenta (el que se sintetiza como el "Mayo Francés"), para culminar con un movimiento que si bien no desembocó en un proceso revolucionario triunfante, sacudió las bases políticas y culturales del orden social tradicional en el mismo centro del poder capitalista, y alentó una renovación en el campo de la izquierda mundial.  

Las usinas de pensamiento del poder mundial comenzaron a movilizarse buscando el sendero para una contraofensiva que sacara al orden capitalista de su situación de crisis cada vez más integral, de su pérdida de prestigio en todos los órdenes. Desde los teóricos militares que delinearon la estrategia de "guerra contrarrevolucionaria" poniendo énfasis en las batallas en el terreno de la cultura, pasando por las doctrinas económicas que sólo años después comenzarían a llamarse "neoliberalismo", y las concepciones de Samuel Huntington en cuanto a la necesidad de "restringir" los límites de la democracia de modo de socavar las bases de movimientos contestatarios, germinaba una respuesta que pretendía restaurar a pleno la vigencia de los postulados originales del capitalismo, al tiempo que infligir una derrota estratégica a quienes militaban por una revolución socialista.  

En América Latina se vivía ese momento histórico con particularidades y tiempos diferentes. En Chile y Uruguay; dos procesos que parecían marcar la posibilidad de una transición socialista por vía pacífica dieron lugar a golpes militares que triunfaron, sin enfrentar resistencias eficaces, e impusieron dictaduras sanguinarias. Las guerrillas de los 60′ habían terminado casi todas en derrotas sangrientas.  

En Argentina el proceso de radicalización estaba vigente, pero dando síntomas tanto de debilidad propia, como de la decisión y carencia de límites por parte de sus enemigos. La Doctrina de la Seguridad Nacional estaba alcanzando un nuevo estadio de aplicación, con EE.UU alentándolo, consciente del riesgo de catástrofe. El "estado de bienestar", las políticas dirigistas de tipo keynesiano, y más en profundidad, toda la organización "fondista" de la producción y el consumo empezaban a ser cuestionadas, aún en la versión precaria y periférica que habitaba a países como Argentina.  

Tampoco puede comprenderse la dictadura iniciada el 24 de marzo, sin tomar en cuenta sucesos desencadenados durante el gobierno anterior. Se marchaba a una confrontación cada vez más abierta entre proyectos diferentes; que se simplifican y radicalizan en la medida que el encarnado en José Gelbard y el propio Perón, de retomar la senda de crecimiento relativamente autónomo emparentada con el primer peronismo aparece como inviable y buena parte de sus sostenedores se pliegan a una perspectiva regresiva y represora. La "misión" Ivanissevich y el rectorado de Ottalagano en la UBA fueron, ya en 1974, el preámbulo de las políticas educativas y culturales de la dictadura. Los planes económicos de Celestino Rodrigo y luego de Adolfo Mondelli, señalaron el comienzo de los intentos de imponer la "economía de mercado", que Martínez de Hoz llevaría a cabo poco después, ya en dictadura. La Triple A y otras organizaciones paramilitares iniciaron una masacre de militantes populares que el decreto del presidente interino Luder disponiendo la "aniquilación" de los "subversivos" convirtió en política pública.  

AcciónDeudaExtJul03 * jgambina@rcc.com.ar

El FMI consideró adecuado el cumplimiento de los compromisos acordados con el gobierno argentino entre enero y agosto de este año, y habilita así el inicio de nuevas negociaciones para establecer un nuevo acuerdo por tres años. Allí se renovarán las cláusulas de ajuste fiscal establecidas a comienzo del 2003 y quizá agravadas. Si la meta fiscal requería un superávit de 2,5% del PBI, la intencionalidad del organismo internacional intentará acercarla a 4,5%, presionando a la disminución del gasto público y a una mayor apropiación de la capacidad de recaudación verificable en el último tiempo. Pero también reincidirá en fijar metas de cambios estructurales que agudizarán los problemas de fondo que sufre la mayoría de la sociedad argentina. En primer lugar la salida del "default" con inversores internacionales y la restauración de pagos a los organismos multilaterales de crédito. En segundo lugar la recomposición de las tarifas de los servicios públicos privatizados, congelados por la Ley de Emergencia desde comienzos de 2002 y prorrogada hasta fines del 2004. Tercero, la reestructuración del sistema bancario, incluyendo algunas de las tantas pretensiones de enajenar los subsistentes bancos oficiales. Además, las consabidas pretensiones de reforma tributaria y disciplinamiento fiscal de las provincias para asegurar capacidad estatal de pago a los acreedores de la deuda externa. Se debe sumar a ello la sempiterna demanda de seguridad jurídica para los inversores internacionales.

Por un lado están los reclamos del FMI, coincidentes con los acreedores externos y las clases dominantes que actúan en la Argentina, a quiénes solo les importa la recreación de condiciones para sus negocios. Nada les importa la problemática social derivada de esa voracidad concentrada en la acumulación de ganancias, riqueza y poder. Por eso les suena bien que el Financial Times pondere la "recuperación económica" de la Argentina, ya que ello genera mejores condiciones para cobrar "que hace un año". Del otro lado está el gobierno argentino y sus propósitos en materia de política económica. El presidente Kirchner le manifestó al ministro de economía francés que reclamaba por los intereses empresarios de Francia en nuestro país, que su preocupación eran 35 millones de argentinos. Eso supone anteponer las necesidades e intereses de la mayoría empobrecida, más del 50% de la población, y que vive "para y del" mercado interno, tales como los trabajadores, pequeños y medianos productores y empresarios, algo así como el 90% de la población. ¿Pero, esas necesidades insatisfechas de ciudadanos afectados por el desempleo, bajos ingresos provisionales o carencias de salud, educación e incluso crédito para la reactivación de economías regionales y desarrollo de pequeñas y medianas empresas y productores, se compadece con un superávit entre enero y mayo 2003 de 5.100 millones de pesos? La proyección para todo el año alcanza a los 10.000 millones. Es cierto que hasta mayo gobernó Duhalde y desde fines de ese mes inició su turno la gestión Kirchner, aunque claro, ambas administraciones con el mismo Ministro de Economía y encargado de negociar con acreedores y FMI.

Eso es lo que está en juego en las negociaciones con el FMI, y las autoridades argentinas deben optar por atender el pliego de condiciones del poder económico, o decidirse firmemente por resolver las necesidades socio económicas mayoritarias de la población. No se puede navegar en la indecisión de esa opción. El ejemplo es la salida de la convertibilidad. Se cambió el régimen cambiario pero se mantuvo la apertura de la economía facilitando la salida de capitales, estimada por el INDEC en más de 7.000 millones de dólares durante el 2002 y continuada en el presente año. Se afirma que las privatizaciones están para perpetuarse, ya que se revisan los contratos, pero si es necesario habrá nuevas convocatorias de privatización. La inserción internacional subordinada se confirma con el periplo por los países capitalistas desarrollados y los encuentros con sus presidentes y reafirmaciones de fe en el capitalismo y la posibilidad de construir un país normal o serio. Apertura de la economía, subsidiariedad del Estado e inserción mundial subordinada al capitalismo desarrollado fueron las banderas enarboladas por la dictadura genocida y lamentablemente sostenidas con vigencia constitucional.

Un camino alternativo supone modificar radicalmente las prioridades de política económica y colocar en primer lugar la demanda de empleo y reactivación del mercado interno. En ese marco, la deuda externa no debe ni puede pagarse. Los acreedores de la deuda externa pública de Argentina deberán aceptar que oportunamente asumieron un elevado riesgo voluntario con tasas de interés usurarias que nuestro pueblo no debe ni puede pagar. Es cierto que hay sectores populares que recibieron bonos compulsivos y son acreedores involuntarios y pueden ser afectados por una política de no pago de la deuda. Para esos casos debe resolverse un fondo especial financiado por los beneficiarios de grandes créditos pesificados y los principales apropiadores de la renta nacional en los recientes 90, e incluso desde el origen del "modelo", asociado al terrorismo de Estado. Deuda externa y crimen organizado desde el Estado son parte de una misma herencia a desterrar para superar la crisis argentina.

Buenos Aires, 27 de julio de 2003.

Entrevista con Miguel Rossetto, vice-gobernador del Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul (marzo de 2.000)

Llegando a la capital de Río Grande del Sur, el viajero mínimamente informado busca las señales, los detalles y expresiones del gobierno “democrático y popular” en este Estado brasileiro, las concreciones de una política “revolu-cionaria”. Caminando por las calles y plazas de Porto Alegre, uno encuentra realidades ya vistas, situaciones, incluso, peores a las de los países del llamado “Occidente” o “mundo desa-rrollado”. Por si fuera poco, en esos primeros días de marzo, era imposible no tener conocimiento de una pro-longada huelga de profesores de Secundaria por mejoras salariales.

Pep Valenzuela.- ¿Qué revolución es ésta? ¿Dónde y cómo se materializa el famoso presupuesto participativo (OP)? ¿Qué balance hacen ustedes de esta experiencia de algo más de un año en el gobierno del Estado?

Miguel Rosseto.- Nuestro grande y primer desafío, que fue en la Administración de Porto Alegre, donde ya gobernamos hace casi 12 años, es la experiencia de gobierno del PT más amplia, compleja y rica en Brasil. Tú vas a encontrar los resultados de esta gestión (administración) de izquierda cuando visites la ciudad, cuando visites una escuela municipal, un puesto de salud municipal; cuando encuentres las políticas de habitación, cuando convivas en los parques, con toda la recuperación del medio ambiente para la población, con todo un ambiente cultural distinto en la ciudad. El grande trabajo que nosotros realizamos en estos últimos años en Porto Alegre, fue preservar una referencia política de gestión pública radicalmente distinta del modelo de destrucción del Estado, de privatización del Estado, de concentración de renta y de poder político.

PV.- ¿Es eso posible en el marco de un país como Brasil, con un gobierno totalmente alineado con el modelo neoliberal y, peor, dependiente de los dictados del FMI y de los EE UU?

MR.- Es evidente que ese proceso en una ciudad, en un Estado como el nuestro, guarda enormes limitaciones en relación con el gobierno nacional. Por eso es importante y revolucionario lo que nosotros conseguimos comprobar: que es posible gobernar de una forma diferente. Es posible gobernar sin ampliación de la exclusión, sin ampliación de la concentración del poder económico, del poder político, sin ampliación de la violencia social en todos los sentidos. Tanto en Porto Alegre, como en Caxías y otras experiencias que estamos desarrollando.