Entrevista a José Luis Martín Ramos sobre Historia del PCE (XXII)

11 febrero, 202211 febrero, 2022Entrevistas a autores, Historia del PCE, José Luis Martín Ramos 14 minutos de lectura

Salvador López Arnal

«Yo no calificaría de “puro teatro” de la detención de Carrillo en diciembre de 1976»

José Luis Martín Ramos es catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus investigaciones se han centrado en la historia del socialismo y el comunismo. Sus últimas obras son El Frente Popular: victoria y derrota de la democracia en España (2016) y Guerra y revolución en Cataluña, 1936-1939 (2018), el libro que nos ocupa, y acaba de publicar en la editorial El Viejo Topo un ensayo sobre la III Internacional y la cuestión nacional.

Centramos nuestra conversación en su libro Historia del PCE, Madrid: Los Libros de la Catarata, 2021, 254 páginas.

Estamos en el 3er capítulo de la tercera parte del libro. Nos habíamos quedado en este punto (que también hemos comentado de pasada). Señalas que la primera consecuencia del acuerdo del 23/11/1976 sobre la reforma o ruptura pactada fue responder al referéndum de Suárez con una campaña de abstención, no de boicot y movilización activa. ¿No puso entonces el PCE toda la carne en el asador en la campaña de ese referéndum? ¿Por no quedarse solo, por falta de fuerzas, porque no le parecía mal del todo la estrategia de Suárez?

Podemos especular sobre lo que podía hacerse en teoría. Pero la realidad no daba margen para otras muchas opciones. Con la Plataforma de Organismos Democráticos planteando de hecho la negociación, con el muy insuficiente seguimiento de la huelga del 12 de noviembre, con la nula disposición de las organizaciones políticas con peso a secundar un boicot, ese boicot solo habría tenido resultados testimoniales, pero habría sido una derrota política en toda regla, que habría condicionado al PCE de manera muy negativa: cerrándole la puerta de la negociación, dando argumentos al gobierno para mantenerlo excluido del proceso electoral. No podía entrar en la votación con el no, porque eso le suponía aceptar el referéndum en los términos en que convocaba, amén de coincidir con los sectores de la extrema derecha que propugnaban ese no. Si consideramos los resultados del referéndum, que no fue objeto de ninguna impugnación internacional, queda también claro aunque sea con prueba a posteriori, que no había estado de opinión para el boicot.

Los grupos de extrema izquierda que lo propugnaban no tuvieron en absoluto ninguna audiencia, fue un avance de los resultados electorales que iban a tener más adelante. Participó el 77% en toda España, en Cataluña el 74%. Y en el País Vasco, en donde se produjo la mayor abstención, el 54%, pero el 94% votó sí.

¿Cuáles eran los términos del pacto en esa reforma pactada?

La legalización de prácticamente todos los partidos –lo que incluyó finalmente al PCE, a pesar de las resistencias– y la posibilidad de los partidos no legalizados –extrema izquierda, ERC, Estat Català,…– de participar en las elecciones del 15 de junio bajo etiquetas de agrupaciones de electores o integrados en candidaturas de partidos legalizados. Celebración de campaña libre y voto secreto y escrutinio público y reglado. En la perspectiva histórica tenemos que incluir la ley de amnistía de octubre de 1977 y el acuerdo de las Cortes elegidas el 15 de junio de elaborar una nueva constitución, que para validarla habría de someterse a referéndum. De una manera general, la resolución de los problemas políticos que se plantearon en el camino inmediato, la cuestión de Cataluña por ejemplo, por la vía del compromiso.

Lo único que quedó fuera de toda discusión era la continuidad de la monarquía, de la que solo podía ser titular Juan Carlos por la renuncia de Juan de Borbón en octubre de 1976. De hecho, se cumplió el plan de los «siete puntos» aprobado por la Plataforma de las Organizaciones Democráticas en noviembre de 1976, del que había quedado fuera la cuestión de la monarquía, innegociable también para los monárquicos de la oposición, y la del gobierno provisional que solo el PCE había defendido claramente

¿Fue «puro teatro» la detención de Carrillo en diciembre de 1976?

No conozco los detalles de trasfondo que pudiera haber. En cualquier caso no lo calificaría de «teatro». Cuando Carrillo vuelve a España sabe que va a ser localizado por el gobierno en un momento u otro. No sólo se expone a ello, como hicieron en el pasado otros dirigentes del PCE y el PSUC, sino que objetivamente invita a ser localizado, para forzar al gobierno plantearse la cuestión de su actitud hacia el PCE y, en definitiva, de su legalización. En otras palabras, Carrillo decide forzar su legalización personal como factor de aceleración de la legalización del partido, y eso solo puede pasar por su detención.

Después de que el PSOE celebrase su congreso en Madrid, en los primeros días de diciembre, gozando de la plena tolerancia del gobierno, Carrillo, como dijo Alfonso Osorio, decidió forzar la mano al gobierno para que no se consolidara el doble rasero con que trataba al PSOE y al PCE. La dirección del PCE, con Carrillo a la cabeza, dio una rueda de prensa en Madrid cuyas imágenes se difundieron en España y en el extranjero. Si Suárez había estado evitando detener a Carrillo –cosa que habría podido hacer antes– para no favorecer la maniobra del PCE, ahora no le quedó más remedio que detenerlo, lo hizo el 22 de diciembre para ponerlo en libertad ocho días más tarde, legalizando así de hecho su situación.

No fue «puro teatro», pero sí, como reconocieron Osorio y Martín Villa, fue una trampa del PCE que el gobierno Suárez intentó evitar hasta que el hecho resultó tan público que no tuvo otro remedio que pisarla.

También hemos hablado antes de ello, pero insisto. ¿Qué papel tuvo en la situación española la reunión pública de Carrillo, Marchais y Berlinguer el 2 de marzo de 1977 en Madrid?

Una manifestación más de que se estaba en un proceso de apertura política, que el gobierno Suárez ya no aplicaba las leyes represivas del franquismo, y de apoyo al PCE, a su legalización. Animaba a los militantes comunistas a mantener su movilización, a pesar de las decepciones que ya se estaban teniendo.

¿Y qué pudo significar para la militancia la aceptación de la bicolor y de la Monarquía? ¿Era la única política sensata? ¿No era tragar mucho?

Fue tragar mucho. Se produjo sin debate interno previo, y tuvo un impacto emocional, y político, muy duro.

Si miramos solo al PCE, fue una decisión negativa, una manera de cómo no llevar a cabo la retirada en principio. Si hubiese sido condición previa, el PCE habría quedado obligado a aceptarla antes.

Conviene seguir la cronología de los hechos. La Reunión del CC en donde se acordó esa aceptación no se produjo antes de la legalización del partido, el 9 de abril; no parece por tanto el cumplimiento de una condición previa secretamente pactada entre Carrillo y Suárez.

Morán, en su libro sobre el PCE y como es habitual en él sin precisar momento y fuente, escribió que el texto de la resolución había sido acordada, «en secreto» entre Suárez y Carrillo, y que tras su aprobación fue comunicada de manera inmediata al interlocutor puente entre Carrillo y Suárez, José Maria Armero, que esperaba en una cafetería cercana. Esa explicación no precisa cuándo habían acordado la propuesta Carrillo y Suárez, aunque Morán sugiere que fue antes, lo que Anguita recogió en su entrevista con Andrade sin aportar tampoco ningún dato más allá de decir que «después se supo» que era un compromiso previo adquirido por Carrillo como «pago a la legalización».

Sinceramente, sin precisar y aportar pruebas, la manera de escribir y de hablar de Morán y Anguita es absolutamente frívola desde la perspectiva del conocimiento y el análisis de la historia. Sin pruebas, el acuerdo bien pudo ser ante la reacción militar, es decir, después de la legalización. No como «pago», sino como derivada generada de los efectos.

La reacción militar, que no fue simplemente de protestas personales, se institucionalizó en el acuerdo del Consejo Superior del Ejército el día 12. Es importante recordar la nota pública de la reunión.

¿Nos la recuerdas?

El Consejo repudió la legalización, aunque «admite disciplinadamente el hecho consumado» –en este caso la referencia disciplinaria tenía que referirse a Juan Carlos I–, no sin hacer una «advertencia», «informar al gobierno» «que el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su bandera, la integridad de las instituciones monárquicas».

La respuesta positiva a esa «advertencia» tenía que ser la condición, de hecho, a ese acatamiento por disciplina de la legalización del PCE, el factor que dejaría la reacción militar en el nivel personal y no en una reacción institucional del Ejército. El encadenamiento lógico fue el traslado de la presión militar sobre Suárez a la presión de Suárez sobre Carrillo, sobre el PCE. A menos que Morán, o quien sea, ponga fecha concreta a la redacción del acuerdo, redacción que obviamente no podía ser pública antes de que se presentara al Comité Central, es decir, tenía que ser «secreta». Cuando la moción resultó imprescindible fue en ese momento del acatamiento con advertencia, es decir, del acatamiento condicionado del Consejo Superior del Ejército a la legalización del PCE.

La reunión del CC se desarrolló entre el 14 y el 15, en medio del importante ruido de sables y poderes fácticos en contra de la legalización del PCE. El acuerdo del 15 es indesligable de la situación del 12. Mirando el conjunto del cuadro ayudó a Suárez a contrarrestar los movimientos contrarios, que a esas alturas no se habrían quedado en impedir la legalización del PCE. Al día siguiente, el 16, no el 11, el gobierno Suárez aprobó la convocatoria de las elecciones generales del 15 de junio.

Tu opinión entonces…

Mi opinión es que las formas pudieron ser algo más finas, con algún guiño a la militancia que iba a quedar sorprendida, pero tampoco sabría decir cuáles podían ser esos guiños. La presión sobre la dirección del PCE fue enorme y urgente. Yo pienso que los problemas de identidad comunista y de división creciente entre una parte importante de la militancia y la dirección no se produjeron entonces, no fueron en esos momentos sino después. Empezando por la decisión de unas candidaturas que primó a cuadros veteranos del exilio, desplazando a cuadros jóvenes del interior que respondiera más a la presencia social del partido que a la lealtad hacia la dirección existente. Y todo lo que vino después del 15 de junio, de lo que supongo ya hablaremos.

Supones bien. Interrumpo un poco el hilo de lo que estamos hablando a propósito de ese escribir y hablar de Morán y Anguita al que has hecho referencia. Pero si fue así, si hubo ese acuerdo sobre la resolución, una hipótesis entre otras posibles, ¿no es razonable pensar que no existan documentos públicos que lo avalen? Negociaban fuera de los focos, no a la vista de todos y para dejar constancia para la Historia. Tampoco hay documentación escrita del acuerdo entre Gorbachov-Bush-Kohl sobre no ampliación de la OTAN hacia el Este, y casi nadie duda, tampoco los historiadores, que tal acuerdo existió (aunque luego no se cumpliera).

La documentación pública no se refiere únicamente a actas, a resoluciones oficiales; también están las memorias, los recuerdos confesados a otros, las pistas de hemeroteca. No hay nada de eso que sitúe el texto en términos de un acuerdo formal entre Suárez y Carrillo condicionando la legalización, antes de que esta se produjera el 9 de abril, extraño en un tema del que se podía sacar tanta punta política.

Cuando Morán escribe eso han pasado casi diez años de los hechos e, insisto, sostiene su afirmación en nada. Pasa muchas veces con Morán. El «después supimos» de Anguita es tan vago que no tiene ningún valor historiográfico. En los términos en que están hechos tienen valor político, pero no historiográfico.

Por otra parte, una resolución de ese tipo no tenía porque ser redactada entre Carrillo y Suárez. Es ingenuo pensar que se iban a poner a redactar ese texto, a menos que formara parte de un acta general de condiciones que no existe.

En definitiva, lo que yo pienso es que la secuencia cronológica y el contexto apuntan, con mayor probabilidad, a que la cuestión de la monarquía y la bandera se planteó tras la reacción hostil a la legalización y no antes. Lo planteó explícitamente el Consejo Superior del Ejército, este sí como condición bajo el eufemismo de «advertencia». En ese orden cronológico encaja que Suárez y Carrillo se plantearan la necesidad de que el PCE asumiera la advertencia para desactivar la bronca que se estaba produciendo. El proyecto de reforma podía haber encallado en ese momento y la legalización del PCE, pero no solo eso, habría quedado suspendida. Eso es lo que viene a decir Carrillo el 15 de abril al Comité Central y no hay porqué no darle crédito de una razón que correspondía a la realidad de aquellos días posteriores a la legalización.

En síntesis…

Yo no niego que hubiese acuerdo, lo que digo es que el acuerdo tiene lugar, y se plantea al PCE, después del 9 de abril, no antes.

Una última consideración, el PSOE fue legalizado en febrero de 1977 y la Federación de Partidos Socialistas en marzo. No recuerdo que se plantease en ninguno de los casos la condición del 15 de abril y la FPS en particular hacía ostentación de republicanismo. Lo que pone sobre la mesa la cuestión de la condición es la «advertencia» del Consejo Superior del Ejército.

Cojo de nuevo el hilo anterior. ¿Hubo alguna oposición a lo acordado en la reunión del Comité Central del 14 y 15 de abril? ¿Existieron voces críticas de la política carrillista o acuerdo muy generalizado?

Hubo discusión sí, dura y ajustada, en la sesión del Comité Central el día 15, cuando Carrillo presentó la moción del reconocimiento de la monarquía y la aceptación de la bandera. La planteó Joaquín Sempere y, según el testimonio de Solé Tura, «una mayoría clara pero no rotunda» la acabó aceptando, no sin amargura.

La legalización del PCE no fue un hecho menor, señalas, pero es exagerado afirmar, así lo comentas también, que eso era la «ruptura pactada». ¿Qué fue entonces? Tú mismo indicas que fue un factor fundamental del proceso de transición, fue algo más que un mal menor.

Exagerado en primer lugar porque el término de «ruptura pactada» es falaz. Suárez no pactó ninguna ruptura, la oposición tampoco. Lo que se hizo a partir de los primeros meses de 1977 –con episodios precedentes por parte de los socialistas y los demócrata cristianos– fue negociar, o precisar en términos aceptables para el conjunto de la oposición democrática, el proceso de reforma. Lo que no era en absoluto despreciable, y el hecho de legalización del PCE dio la connotación democrática al proceso de transición que no habría tenido con un PCE ilegalizado; y no solo la connotación formal, también la material.

¿Qué fuerzas no estuvieron legalizadas cuando las elecciones del 15 de junio? ¿Por qué no lo fueron?

Solo el PCE fue legalizado en el campo comunista. Por tanto, no lo estaban PTE, ORT, MC, Liga Comunista Revolucionaria, PCE(m-l).

Tampoco las que tenían una identidad específicamente republicana, por tanto ERC.

Sigo con la ley de amnistía.

Entradas anteriores:

–Entrevista a José Luis Martín Ramos sobre Historia del PCE (I): “El Frente Popular y la lucha antifranquista son los periodos de mayor influencia social”.

–Entrevista a José Luis Martín Ramos sobre Historia del PCE (II).

–Entrevista a José Luis Martín Ramos sobre Historia del PCE (III).

–Entrevista a José Luis Martín Ramos sobre Historia del PCE (IV).

–Entrevista a José Luis Martín Ramos sobre Historia del PCE (V).

–Entrevista a José Luis Martín Ramos sobre Historia del PCE (VI).

–Entrevista a José Luis Martín Ramos sobre Historia del PCE (VII).